Gobierno intenta prevenir e intervenir en conflictos sociales

Balcárcel considera que es un trabajo en conjunto con la sociedad civil y la iglesia porque son problemas históricos.

Sofía Menchú smenchu@elperiodico.com.gt

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Ampliar imágen EP Foto:  José Miguel Lam > elPeriódico Balcárcel asegura que buscan rediseñar y convertir las estrategias en prevención y solución de conflictos.

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Un equipo que coordina el comisionado presidencial para el Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, se prepara para hacer un mapeo de las zonas y conflictos de las áreas rurales del país con el propósito de evitar que ocurran disturbios como los sucedidos el 1 de mayo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

 

La idea, dijo, es fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional de Diálogo Permanente que se creó durante el gobierno de Álvaro Colom. “Hicimos un análisis de la realidad y la conflictividad que hay en el país; buscamos rediseñar y convertir las estrategias en prevención y solución de conflictos”, dijo.

 

Hasta el momento tienen identifica 2 mil 258 conflictos de varios tipos, de los que, según la Secretaría de Asuntos Agrarios, 258 son agrarios. Balcárcel dijo que hace falta contabilizar los problemas laborales, de salud, educación, infraestructura y del control de recursos naturales –la minería, petroleras e hidroeléctricas– que existen en cada región.  “Hemos hechos análisis y encontramos que la cultura de violencia en el país es un hecho. Hay problemas históricos y recurrentes que nos llevan a la complejidad de las relaciones en todo sentido. Le explico, una necesidad no resuelta se convierte en problema, el problema lleva al conflicto y el conflicto a la crisis”, afirmó Balcárcel.

 

Otra de las tareas que encomendó el Ejecutivo es lograr la credibilidad a las organizaciones gubernamentales que pretenden dar respuesta a las comunidades. “Podemos afirmar con cierta propiedad que el propio Estado es generador de conflictividad, porque es incapaz de resolver las necesidades de la gente”, manifestó.

 

El equipo está conformado por la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, los ministerios de Gobernación, Ambiente y Energía y Minas; además de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, el Fondo Nacional para la Paz y la Secretaría General de Planificación y Programación.

 

Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), manifestó que los hechos de Barillas y el reporte del Procurador de los Derechos Humanos, el cual identifica 154 focos de conflictividad, alertó al Gobierno.

 

“Esto le paró los pelos al General (Otto Pérez) y, si los conflictos ocurren al mismo tiempo, sería un estallido social. Hasta ahora entienden que es un detonante muy fuerte que tiene que ver con el despojo de tierras, explotaciones y demás demandas que nosotros estamos pidiendo”, dijo.

 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20120522/pais/212542/

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Los niños de San José del Golfo en el centro de la tormenta

Familias resisten frente a la entrada de una mina de Exmingua. La motivación es la niñez.

Daniela Castillo dcastillo@elperiodico.com.gt

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Ampliar imágen EP Foto:  Carlos Alonso > elPeriódico Un niño juega frente a la entrada del proyecto minero El Tambor, ubicado en el límite de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El proyecto pertenece a la empresa minera Exmingua.

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Jugaba con su camión de juguete en la tierra, aquí solo se permiten camiones a escala para que los niños puedan seguir jugando. Los grandes no, esos no pasan.

 

Justo atrás, un camino de tierra que se esconde entre la montaña, un portón rojo cerrado con candado. El niño juega frente a la entrada, los demás niños corren, ríen y juegan alrededor. Las mujeres y los hombres vigilan, están alerta. Llevan 2 meses y unas semanas en resistencia frente a la entrada del proyecto minero El Tambor (Progreso 7 Derivada) ubicado en el límite de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El proyecto le pertenece a la empresa minera Exmingua (Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.) la que a su vez es subsidiada por la empresa canadiense Radius Exploration Ltd.

 

“Yo estoy aquí por los niños, esto es tragedia no progreso”, comenta una de las mujeres en la resistencia.

 

Hace calor, es un área seca y la mina utilizaría enormes cantidades de agua en los pozos que tiene previsto perforar. Según los pobladores un pozo utilizaría un aproximado de un galón de agua por segundo para la extracción de oro y plata. Un río pasa por el área en el que esta ubicada la mina y lleva agua a dos aldeas más. Si el agua llegara a contaminarse o el río llegara a secarse, sería un grave problema para la salud de las familias que habitan estos lugares.

 

Selvin Morales, el actual gerente general de Exmingua, durante una visita que se realizó a la mina con gente de la comunidad, representantes del Ministerio de Energía y Minas, un diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, resalta que “no se va a usar cianuro, solo algunos detergentes” y que no va a comprometer “la capacidad de agua de esta comunidad”.

 

“Lamentablemente Selvin Morales no tiene ética profesional, porque él, siendo el director general de Minería, del Ministerio de Energía y Minas, en su momento empezó a tramitar la licencia para esta mina y ahora es el gerente general de Exmingua. Nosotros no estamos con los ojos cerrados”, comenta Yoli Oqueli, vecina activa de la resistencia en San José del Golfo.

 

El 8 de mayo, durante la madrugada, llegó un convoy de maquinaria escoltado por aproximadamente 45 radiopatrullas, 400 elementos de la Policía Nacional Civil y 2 camionetas de antimotines.

 

“Querían entrar a la mina, les pedía de corazón que se fueran, no queremos violencia”, dice una vecina.

 

“Pedían placas de carros, había patrullas por todo el camino. No dejaban pasar, tenían armas, querían rodearnos. A un muchacho que tomó fotos le quitaron la cámara y le borraron las fotos”, agrega un vecino.

 

“Se metieron a terreno privado. Tiraron cercos, no es cierto que quieren diálogo, nunca han dado la cara. Quieren dialogar con solo una persona, no con todos, aquí lideres somos todos”, comenta una señora.

 

Ella pregunta, “¿Por qué vienen con antimotines a tratarnos como basura?”

 

En el 2002 el Ministerio de Energía y Minas le otorgó la licencia de exploración a Exmingua. En el 2007 se hizo un túnel de 200 metros.

 

“En toda licencia de exploración y reconocimiento no puede haber ninguna obra de construcción”, dice Carlos Mejía, diputado del partido URNG Maíz, “este túnel es una violación flagrante a nuestra ley y no debió haberse permitido, esto bastaba para tener un argumento de violación para cancelar incluso la licencia de exploración”.

 

La ley de minería establece que hay tres tipos de licencia: de reconocimiento, exploración y explotación.

 

Selvin Morales explica que “hay varios métodos de exploración” que se dividen en tres fases, la última es la de perforación, “hay proyectos que necesitan de un túnel de exploración”.

 

“En ningún momento se explotó”, agrega un ingeniero que trabaja para Exmingua.

 

Francisco Quan, del departamento de Control Minero responde que “la ley no lo estipula, no dice no hacerlo ni sí hacerlo”.

 

Los rostros de los comunitarios están indignados.

 

Un representante de la empresa contratista se dirige a los pobladores y dice, “el proceso de ahorita no tiene nada que ver con minería, es una obra totalmente de construcción que se hace igual para una planta de explotación y tratamiento de oro como se hace igual para un centro comercial al que todos asistimos”.

 

Entre las verdes montañas que los rodean no existe ni un solo centro comercial. Es un área de agricultura, donde se siembra frijol y milpa, por eso en este lugar defienden la tierra.

 

La licencia que se les otorgó tiene una fase de explotación de 25 años, pero la empresa asegura que solo van a explotar 5 o 7 años.

 

“Es un tiempo corto en años que el proyecto se cierra y va llegar una etapa en la que esta empresa reforesta y lo deja en las mismas o mejores condiciones que antes”, dice Morales.

 

Según Morales, Exmingua tiene previsto explotar 150 toneladas de oro al día, dejarlo en bruto, pesarlo, pagar las regalías al Gobierno y enviarlo a Japón en donde se inicia el proceso para transformarlo en lingotes.

 

Los vecinos escuchan escépticos. La destrucción al medio ambiente es evidente desde donde todos están parados y eso no se puede esconder con palabras.

 

“Nosotros empezamos la resistencia porque ya estábamos cansados de tantos atropellos de la empresa minera que venía a hacer las cosas sin consultarle a la comunidad, incluso hasta el día de hoy”, comenta Yoli.

 

“El pueblo no se va a retirar mientras no haya una consulta comunitaria”, dice un vecino.

 

La consulta comunitaria es un derecho. En el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Número169 se establece que “se reconocen las aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades. Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión”.

 

En las comunidades alrededor de la mina no se hizo ninguna consulta comunitaria. Llego el día en que de repente el territorio fue vendido e invadido por maquinaria.

 

“A nuestros recursos naturales como pueblo tenemos la harta obligación de defenderlos, luchar por ello y defendernos como ciudadanos de una invasión extranjera, ya lo dice nuestro himno”, comenta uno de los vecinos que participa en la resistencia.

 

Afuera de la mina los niños siguen jugando, se oyen las risas, la comunidad se aglomera frente al portón y se entona …“si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera a vencer o a morir llamará… que tu pueblo con ánima fiera antes muerto que esclavo será… nunca esquivan la ruda pelea si defienden su tierra y su hogar, que es tan solo el honor su alma idea y el altar de la patria su altar…”

 

Los niños salen corriendo y continúan el juego de la infancia y como dice Galeano “ciento veinte millones de niños en el centro de la tormenta”

(video)

 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20120522/pais/212538/

Pide calma en poblados

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, advirtió de que no permitirá más acciones de comunidades que generan ingobernabilidad en varios municipios del país.

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POR MYNOR TOC

La reacción de López ocurre dos días después de que vecinos de El Regadío, Quiché, retuvieran a tres policías, a quienes pretendían canjear por un líder comunitario capturado, sindicado de varios delitos.

“Cualquier persona que obstaculice una diligencia judicial incurre en delito. No vamos a permitir más este tipo de acciones, porque generan ingobernabilidad. La Policía actuará con apego a la Ley”, manifestó.

El funcionario pidió a la población no dejarse manipular por personas vinculadas con el crimen organizado o grupos que se amparan en organizaciones no gubernamentales y cooperativas que “avivan falsas luchas de reivindicación y protestas”.

López Bonilla explicó que las órdenes de captura y los cateos en varias comunidades se ejecutan por orden judicial, y no son decisiones unilaterales de la Policía Nacional Civil.

Conflictividad

El funcionario presentó un mapa de riesgo en el que identificó los municipios conflictivos, en donde han ocurrido linchamientos, retención de policías, protestas en contra de alcaldes a quienes niegan que asuman sus cargos y manifestaciones que han originado el cierre de estaciones policiales.

Extranjeros

El Ministro advirtió a extranjeros de que serán detenidos conforme a las leyes del país, si se verifica que promueven protestas.

Las autoridades anunciaron el retorno de la Policía a 25 municipios de donde fueron expulsados los agentes.

 

http://prensalibre.com/noticias/Pide-calma-poblados_0_647335294.html

¿Cuál paz?

HACE 15 AÑOS SE SUSCRIBIERON los acuerdos de paz, cuyo objetivo era eliminar las causas que generaron el conflicto armado y dar paso a una sociedad democrática, próspera y respetuosa de los derechos humanos. Lástima que se haya desperdiciado tanto tiempo, porque los avances han sido pocos y de carácter formal, lo cual no ha garantizado que la democracia se extienda en aspectos sociales y económicos. Los diferentes gobiernos se han concretado a mantener con vida las instancias que surgieron de los acuerdos,

Haroldo Shetemul HAROLDO SHETEMUL

las cuales se han convertido en entes burocráticos sin ninguna utilidad. El Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, la Secretaría de la Paz, el Programa Nacional de Resarcimiento y el Fondo de Tierras, entre otros, sencillamente vegetan y son reductos que lapidan recursos sin que tengan resultados efectivos.

EN ESTOS TRES LUSTROS no se ha logrado reducir sustancialmente la pobreza. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, la cantidad de guatemaltecos que viven en extrema pobreza, o sea que tienen menos de Q12 al día, se situó este año en 1.9 millones de habitantes (13.3% del total de la población del país). Quienes están sumidos en la pobreza suman cinco millones 909 mil personas (40.3% del total) que sobreviven con Q24 cada día, que deben estirar para alimentación, vivienda, salud y demás etcéteras. Si bien se logró una reducción de la pobreza extrema de 1.87% en los cinco últimos años, la pobreza en general se amplió porque en el 2011 este nivel se situaba en el 35.8% del total y ahora subió 4.58% más.

Lo anterior significa que la paz social no ha llegado, pues ha habido un retroceso en la calidad de vida de millones de compatriotas.

EL ÁREA DONDE se ha observado un mayor avance formal es en la política, ya que no ha habido interrupción en el traspaso de poder. Sin embargo, el sistema hace agua porque mantiene una estructura que no permite la democratización y el libre acceso a la disputa de cargos de elección popular, porque los comicios se han privatizado. Solo quienes cuentan con padrinos del sector privado y el crimen organizado pueden competir en las elecciones. Los partidos y comités venden a sus candidatos como si fueran mercancías con un amplio despliegue propagandístico que una persona sin recursos jamás podrá lograr, como ocurrió en la campaña pasada, en la que el Partido Patriota dio muestras de que era patrocinado por gente de mucho billete.

 

AUNQUE YA NO HAY conflicto armado, ahora todos estamos con el temor de morir en cualquier esquina por un ataque violento. El Estado ha sido desmantelado y está ausente de muchas partes del país, lo cual ha permitido que la criminalidad se adueñe de espacios, lo que significa una flagrante violación al derecho a la vida. Por eso, a 15 años de que se suscribieran los acuerdos de paz, es un buen momento para redirigir el barco. Otto Pérez Molina fue uno de los firmantes de esos tratados, y en sus manos está la posibilidad de retomarlos como el norte que guíe los esfuerzos por lograr una mejor calidad de vida para los guatemaltecos.

http://prensalibre.com/opinion/paz_0_617338279.html

Acuerdos de paz tienen logros parciales tras 15 años

El balance en el cumplimiento de los acuerdos de paz, 15 años después de haberse firmado, no presenta mayores avances en uno de los componentes más importantes: la pobreza, causa fundamental del conflicto.

POR BILL BARRETO

Tras cuatro administraciones gubernamentales, la falta de oportunidades aún es una tarea pendiente, recordaron los protagonistas de la firma en este nuevo aniversario, el próximo jueves.

Según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida, el 53.71 por ciento de la población se encuentra en pobreza, y el 13.33 por ciento, en pobreza extrema.

El futuro presidente, Otto Pérez Molina, coincidió con otros protagonistas de aquel acontecimiento en que el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria es uno de los que menos avances presenta.

Estudios de la Secretaría de Asuntos Agrarios confirman ese rezago y establecen que la conflictividad agraria abarca a más de un millón de personas.

Además del cese de hostilidades, el alcance de esos convenios comprende cambios profundos en la sociedad.

El sociólogo Edelberto Torres-Rivas, en su estudio Guatemala: desarrollo, democracia y los acuerdos de paz, plantea que estos constituyeron un pacto propuesto a la sociedad para democratizarla y, en consecuencia, modernizarla.

Torres-Rivas señala que se negoció en esos convenios “el futuro desarrollo económico, social y político del país”.

Una agenda de nación

Para un grupo tan heterogéneo de actores de la política nacional como Pérez Molina, un general retirado; el excomandante guerrillero Pablo Monsanto —Jorge Ismael Soto—; el ex vicepresidente Eduardo Stein y la primera secretaria de la Paz, Raquel Zelaya, esos convenios aún constituyen el marco para el desarrollo del país.

Para Stein, quien fue canciller en la administración de Álvaro Arzú, en cuyo primer año de gestión se firmó la paz, el eje transversal de los convenios pretendía atender los orígenes del conflicto, que se prolongó por 36 años.

Zelaya señaló que los acuerdos no buscaban nada semejante a una “reforma agraria”, sino crear condiciones que propiciaran cambios como la democratización del crédito en el área rural; por ejemplo, con la transformación de Bandesa en Banrural.

El secretario de la Paz, Eddy Armas, admitió que el Fondo de Tierras (Fontierras) no ha dado respuesta a ese problema, ya que solo responde a una economía de mercado que encarece el precio de la tierra.

La creación del Registro de Información Catastral, para reducir los conflictos por linderos y límites, así como Fontierras, buscaban paliar esas carencias, aspecto enturbiado por los señalamientos de corrupción contra el segundo ente, comentó Zelaya.

En materia de gasto social, los compromisos implícitos en los acuerdos apuntan a un incremento en la recaudación fiscal, con meta del 12 por ciento del producto interno bruto, que aún no se cumple.

Stein apuntó que la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la negociación del Pacto Fiscal al final de la administración de Óscar Berger pretendían cumplir ese propósito.

Sin embargo, la perspectiva de una nueva fiscalización, más transparente y con atención a la calidad del gasto, se ha visto postergada por cada gobierno.

Según Stein, los avances han sido parciales, “pero no suficientes. Esperamos que el nuevo gobierno retome el Pacto Fiscal y asuma la responsabilidad de promover los cambios que eso conlleva”.

Oportunidad truncada

La victoria del “no” en la consulta popular de 1999 fue, según protagonistas de la Firma, uno de los lastres para la consecución de diversos aspectos de los compromisos de paz.

Se truncaron reformas como el reconocimiento constitucional de Guatemala como país multiétnico y pluricultural, así como cambios al régimen electoral y la función del Ejército en la sociedad, lo que a criterio de Stein, fue porque el sistema político se autoprotegió para preservar algunos de sus vicios.

“La mayoría de las personas conscientes ven ahora, 15 años después de la firma de la paz y a 12 de la consulta popular, que Guatemala necesita una modernización y una reforma profunda de su sistema político”, agregó Stein.

Avances y retos

Un punto destacado por los analistas es la irreversibilidad de diversos aspectos de los acuerdos en la sociedad. En el discurso político, temas como la equidad de género y los derechos de los pueblos indígenas, el incremento en el gasto social y el respeto a los derechos humanos, son irrenunciables.

“En el contexto de los acuerdos, nadie puede decir que esta es una sociedad igual; hay avances en términos de participación de mujeres, indígenas, y en que ya no sea política de Estado la violación de los derechos humanos”, afirmó Zelaya.

La participación ciudadana, por medio de los consejos de Desarrollo y del poder local es mayor, según Armas.

Sin embargo, estos logros se ven superados por el alcance de nuevos desafíos. “El principal enemigo para no prosperar es la cortina de impunidad que cubre la acción de los ciudadanos”, indicó Zelaya.

Los nuevos factores son, según Stein, la globalización acelerada, que hace crecer la interdependencia, y el crimen organizado, el cual permea distintos sectores de la sociedad.

La creación de la Policía Nacional Civil, en 1997, es vista como un avance que no ha sido capitalizado, por los problemas de corrupción, mientras en el sector justicia la impunidad figura como un reto importante.

Los procesos penales derivados de la guerra son, para Armas, una oportunidad para saldar las heridas del conflicto, según las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, mientras que Stein señaló que en ellos existe un riesgo que puede propiciar la polarización social.

http://prensalibre.com/noticias/Acuerdos-logros-parciales-anos_0_616738354.html

 

Amenazan a peritos del caso Dos Erres

Jerson Ramos

El Ministerio de Gobernación coordina medidas de seguridad.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) denunció ayer que miembros de la referida agrupación, que declararon como peritos en el juicio por la masacre de Las Dos Erres, son víctimas de amenazas de muerte.
Fredy Peccerelli, director ejecutivo de FAFG, indicó que las agresiones iniciaron el 4 de agosto, después que el Tribunal Primero de Alto Impacto emitió la condena de 6 mil 60 años de prisión contra los militares Daniel Martínez Méndez, Manuel Pop Zun y Reyes Colín Gualip, y de 6 mil 66 años contra Carlos Antonio Carías López. “Nos dicen que nos mantienen vigilados y que en cualquier momento nos van a matar,”, explicó Peccerelli.

“Inmediatamente se puso en actividad el equipo de la oficina de protección a activistas, quienes mantienen comunicación con los peritos de la fundación y coordinan las acciones necesarias”, informó Nery Morales, vocero del Ministerio de Gobernación.
Miguel Ángel Alvizures, de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo que  las amenazas estuvieron presentes y lamentó que en esta ocasión sean amenazados los peritos.

Acusan a líderes de coacción y amenazas

Santa Cruz del Quiché.- Dos líderes comunitarios y tres integrantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital Nacional Santa Elena, de Santa Cruz del Quiché, fueron denunciados en el Ministerio Público, por amenazas y coacción.

POR ÓSCAR FIGUEROA

Aura Lolita Chávez Ixcaquic, lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’; Rubén Samayoa, del Consejo Comunitario de Desarrollo de la cabecera departamental; y los sindicalistas Remberto Echeverría, Julio Ramírez y Domingo Reynoso son acusados de coacción y amenazas.

La acción legal fue interpuesta por Andrés Barrios Gómez, director del Hospital, quien denunció que los cinco señalados promovieron una reunión en la que él fue obligado a renunciar del cargo.

“Tengo evidencias de las amenazas públicas de las que fui objeto. Me obligaron a dimitir de mi cargo, pero el Ministerio de Salud me respaldó”, expresó Barrios.

Chávez dijo que la comunidad pidió la renuncia del médico, por su incompetencia al frente de ese nosocomio, y él aceptó, pero luego se arrepintió y por eso los acusó.

http://www.prensalibre.com/noticias/Acusan-lideres-coaccion-amenazas_0_436756364.html