Los xincas sí existen: CSJ suspende operaciones de la mina San Rafael

Alberto Pradilla, Plaza Pública, 5 07 17

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender de forma provisional la licencia de exploración y explotación de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael, filial de la empresa canadiense Tahoe Resources, que opera en el departamento de Santa Rosa. El fallo implica la suspensión inmediata de las operaciones, las cuales se encuentran detenidas desde el pasado 8 de junio debido a las protestas de los pobladores del municipio de Casillas, que responsabilizan a la mina de los daños que han sufrido sus viviendas.

La justicia le concedió la razón al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas): los municipios de Mataquescuintla en Jalapa, y de Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores en Santa Rosa, están habitados por indígenas xincas, y no fueron consultados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la instalación en esos territorios de los proyectos extractivos de la mina San Rafael, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Pueblos Indígenas y Tribales.

En mayo pasado, Calas presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo en contra del MEM, por la supuesta violación de los derechos de los xincas, no solo por no consultarlos sobre la instalación del proyecto minero, sino por haberlos discriminado al negar su existencia en las comunidades donde opera San Rafael. El amparo fue concedido a Calas de manera provisional el pasado 22 de junio, pero hasta el miércoles 5 de julio fue notificado a las partes. El fallo concede un plazo de 48 horas al MEM para suspender las licencias de explotación y exploración de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, mientras se realizan las audiencias respectivas para conocer los argumentos de los involucrados previo a resolver en definitiva. Ese proceso podría prolongarse por meses.

En dos ocasiones el MEM le respondió por escrito a Rafael Maldonado, abogado de Calas, que no había realizado las consultas comunitarias, porque que en los territorios donde se instalaron los proyectos de El Escobal y San Juan Bosco no hay presencia del pueblo xinca. “No se identifican pueblos indígenas, motivo por el cual no se consideró pertinente el proceso”, indicó el MEM en referencia a la autorización del proyecto San Juan Bosco. En relación a El Escobal, que es donde ya opera la mina San Rafael, argumentó que “los pobladores de San Rafael Las Flores no se identifican como indígenas”, por lo que tampoco se celebró consulta alguna. Pero, aseguró, se celebró un “proceso previo de carácter participativo e informativo”.

En la respuesta no se hacía mención a la consulta de buena fe realizada por los pobladores de las comunidades, en la que la mayoría de los vecinos rechazó los proyectos mineros.

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado,

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado, quien pone como ejemplo el caso de San Juan Bosco, donde “existen tierras comunales xincas”, lo que contradice la versión del Ministerio de Energía y Minas.

Por el momento la mina no se ha pronunciado sobre la suspensión de las licencias. Semanas atrás, consultado por la posibilidad de que los jueces paralizasen la actividad, Andrés Dávila, jefe de comunicación de San Rafael, reclamaba “seguridad jurídica” para las inversiones y alertaba de los daños económicos que podría provocar una revisión de su licencia. El lunes 3 de julio, los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financias (Cacif) exigían al Estado acciones para garantizar las operaciones de las industrias del país, principalmente las de minería e hidroeléctricas.

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Horas antes de que la resolución de la CSJ fuera dada a conocer, decenas de personas que dijeron ser pobladores de San Rafael Las Flores, se manifestaron en las afueras de la Corte, para exigir a los magistrados que no otorgaran el amparo a Calas, bajo el argumento de que esa decisión dejaría sin empleo a miles de vecinos de la zona.

A partir de esta resolución, la mina debe detener toda actividad. Según Maldonado, el principal precedente es el de La Puya, suspendida definitivamente en 2016. El abogado de Calas recordó que los responsables de la empresa siguieron desarrollando los trabajos de extracción de oro y plata después de que los jueces decretasen la suspensión, lo que les motivó la apertura de una investigación penal.

En el caso de San Rafael, la empresa lleva sin trabajar desde el 8 de junio, cuando residentes de Casillas, municipio ubicado a 11 kilómetros, comenzaron un bloqueo para protestas por los daños que habían sufrido sus domicilios después de varios temblores. Los manifestantes denunciaban que la cercanía de la empresa había provocado grietas en sus viviendas. Ponían como ejemplo lo ocurrido en la vecina aldea de La Cuchilla, actualmente convertido en un pueblo fantasma después de que la mayoría de sus 300 habitantes abandonaron la zona. La mina se apoya en informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para negar cualquier responsabilidad en los desperfectos, pero ha comprado los terrenos a casi todos los antiguos pobladores.

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Un informe del Insivumeh, que instaló un sismógrafo en la zona, negó que las grietas de Casillas fuesen causadas por los trabajos en la mina. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los residentes, que siguieron impidiendo el paso de vehículos hacia la mina tras la presentación del informe, el pasado 21 de junio.

La tensión se incrementó un día después, cuando los antimotines de la Policía Nacional Civil lanzaron gases lacrimógenos contra las personas concentradas junto a la gasolinera de Casillas. No existía orden judicial, según confirmo Juan Herrera, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Rosa. Los policías trataron de permitir el paso de camiones que se dirigían a la mina, lo que causó choques con los vecinos. Según reportes de prensa, al menos once personas resultaron intoxicadas y cuatro fueron capturadas.

El enfrentamiento no disolvió la protesta, pero sí que la modificó. Al retén que se mantenía en la entrada de Casillas se le sumó otro en la aldea Amberes del municipio de Santa Rosa de Lima.

La mina no trabaja desde el comienzo de la protesta, según confirmaba Andrés Dávila. En los últimos días, sin embargo, la empresa ha realizado acopio de combustible. Lo hizo por vía aérea, mediante un helicóptero con el que eludió los bloqueos que impedían cruzar a los vehículos. Preguntado por la peligrosidad de la operación, Dávila argumentó que la empresa encargada del transporte contaba con todos los permisos para realizar este tipo de labores. No obstante, según esta versión, el combustible era únicamente para los generadores del interior, que permiten trabajar a las máquinas dedicadas a evitar que la mina se inunde.

La suspensión de las licencias de operaciones de los proyectos mineros se acogió con alegría en Casillas, donde decenas de personas continuaban con el bloqueo que impide el paso a los vehículos que se dirigen a la empresa. “Vamos a seguir con la protesta y la resistencia pacífica, con mucha más fuerza y más unidos”, aseguraba Marina Toledo, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo del municipio. Según señaló, tienen previsto mantener el bloqueo “hasta que se produzca el fallo definitivo y el cierre”.

El giro en los acontecimientos no ha puesto fin a un conflicto que se alarga desde 2013 y cuya principal batalla se dirime ahora en los tribunales.

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Acusan a la minera Tahoe de esconder información a sus inversionistas

Plaza Pública

Una nueva demanda pesa sobre la empresa Minera San Rafael, S.A. y su casa matriz, la transnacional canadiense Tahoe Resources. Estas operan la mina de oro y plata El Escobal, situada en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. La demanda se dirige a la Security and Exchange Commission (SEC). Esta agencia del gobierno de los Estados Unidos, una especie de policía de la bolsa de valores, tiene por misión proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados financieros.

La ONG estadunidense Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), y el Consejo Diocesano en Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), de la Iglesia Católica guatemalteca, acusan a Tahoe de ocultar información clave a sus inversionistas sobre los conflictos con las comunidades que rodean a la mina.

Según las organizaciones, el rechazo social a la minería podría obstaculizar o detener los planes de expansión de la minera San Rafael. Cinco municipios aledaños —Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, Casillas, Mataquecuintla y Jalapa—, dijeron no a la minería en sus respectivas consultas comunitarias. Según la denuncia, el hecho de no haber informado a los inversionistas sobre estas consultas impidió que estos últimos midieran bien el riesgo que conlleva comprar acciones de Tahoe.

En un informe brindado por Tahoe Resources a la SEC el 9 de agosto 2016, se lee que la empresa no seguirá explorando áreas fuera de la concesión de El Escobal “mientras no haya obtenido acuerdos adicionales con las comunidades locales y no haya recibido la aprobación del gobierno”.

Las organizaciones sociales argumentan que la empresa tampoco comunicó acertadamente sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas por la presencia del proyecto minero. Entre otros casos, en abril 2013, siete campesinos fueron baleados por guardias de seguridad de la mina El Escobal. Por este hecho, fue capturado el jefe de seguridad de la mina, el peruano Alberto Rotondo. Este logró fugarse, pero fue recapturado en Perú en enero 2016.

Según NISGUA y CODIDENA,  haber escondido esta información pone en riesgo a quienes confíen su dinero a Tahoe. Como ejemplo, citan el caso del poderoso fondo de pensiones de Noruega que prefirió desvincularse de Tahoe porque esta inversión constituía un “riesgo inaceptable de contribuir a violaciones a los derechos humanos”.

Sin embargo, Tahoe afirma haber tomado medidas después de estos hechos. En un informe de 2015, la transnacional explica que, tras los “problemas de seguridad” que culminaron en abril 2013, el 100% de su personal de seguridad recibió un curso sobre derechos humanos y capacitación para “evitar la escalada de tensiones y tratar los problemas de seguridad de manera pacífica”.

Según Becky Kaump, coordinadora de programas de NISGUA, lo que buscan con esta demanda es que la SEC realice una investigación sobre estos hechos. La SEC puede multar a las empresas o a sus directivos si se detecta que estas proporcionan información falsa. Otro de los objetivos de esta demanda, explica Kaump, es “dar a conocer violaciones a los derechos humanos” que han ocurrido en torno a este emprendimiento. Además, esperan que los inversionistas sepan que las comunidades en donde se encuentra la mina se oponen al proyecto. “Tenemos la esperanza que la empresa y los inversionistas respeten la decisión de las comunidades”, concluye Kaump.

Contactada por Plaza Pública, la Minera San Rafael declinó dar declaraciones y remitió a la casa matriz, Tahoe Resources, puesto que ellos son objeto de la demanda. Se intentó hablar con Mark Utting, vicepresidente de Tahoe y encargado de las relaciones con los inversionistas, pero no contestó a las llamadas a su celular.

https://www.plazapublica.com.gt/content/acusan-la-minera-tahoe-de-esconder-informacion-sus-inversionistas

Rotondo huyó a Perú, según abogado

POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt

Alberto Rotondo, exjefe de seguridad de la Minera San Rafael, habría huido a Perú para buscar tramitar el proceso penal en su contra desde allá, indicó su abogado defensor, José Toledo.

Toledo aseguró que el domingo 29 recibió un correo electrónico de quienes se identificaron como los abogados de su patrocinado en Perú, en el cual hicieron de su conocimiento que Rotondo se encontraba con ellos.

“Fue la primera noticia que yo tuve. Que él había tomado la decisión de irse de Guatemala por las injusticias de las que él estaba siendo objeto por parte de las autoridades en este país, que no habían garantías para él y que en Perú tenían en resguardo de la justicia constitucional, y que estaban planteando un habeas corpus allá, donde lo iban a amparar porque se consideraba un perseguido, ilegalmente perseguido por la justicia guatemalteca”, explicó Toledo.

El día siguiente, el lunes 30 de noviembre, el abogado presentó un escrito ante el juzgado que conoce el caso de Rotondo para informar sobre lo sucedido y renunciar a la defensa del caso.

Cuando las autoridades del Organismo Judicial acudieron a la residencia de la zona 10 donde se suponía que el sindicado debía guardar arresto domiciliar, los agentes policiales a cargo de su resguardo informaron que Rotondo no se encontraba en ese lugar y que desconocían su paradero. Por este hecho, la Fiscalía de Delitos Administrativos abrió un expediente en su contra.

Rotondo enfrenta proceso penal por agredir a seis activistas comunitarios y un menor de edad que se manifestaban en las afueras del proyecto minero El Escobal, en San Rafael Las Flores.

Andrés Dávila, relacionista público de Minera San Rafael, indicó que Rotondo no tiene relación con la empresa desde 2013. Sin embargo, señaló que lamentan este tipo de acciones, que no están apegadas a derecho.

http://lahora.gt/rotondo-huyo-a-peru-segun-abogado/

Crece polémica por fallo en casos mineros

Por Carlos Álvarez

4 de Diciembre de 2015 a las 00:00h

El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (Calas) acudió ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) para plantear una denuncia de desobediencia al amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), para que se destituya al director minero y se abra antejuicio contra el ministro Juan Pablo Ligorría.
Con esta situación recrudece la polémica desatada tras un reciente fallo de la CC.Calas acciona contra el MEM por no aceptar que “tres minas no cuentan con la licencia de explotación luego de que la Corte emitiera sentencias al respecto”.

El Ministerio afirma: “Las sentencias resuelven que la Dirección General de Minería debe dar trámite a las oposiciones planteadas dentro de los expedientes correspondientes, a las solicitudes de licencia de explotación identificadas con los nombres de Escolbal, Niquegua Montúfar y Sechol”.

En un comunicado, declara que las “sentencias no afectan la validez o vigencia de las licencias, ya que la CC no ordenó la suspensión o cancelación de los derechos mineros”.

Polémica

Rafael Maldonado, representante de Calas, enfatiza que “la CC confirmó la sentencia de amparo otorgado por diferentes salas de Apelaciones”, y que en los tres casos, comunitarios y Calas presentaron recursos de oposición al otorgamiento de la licencia minera, pero el MEM no los aceptó.Luego de que la CC ordenó tramitar las oposiciones, amparada en el artículo 48 de la Ley de Minería, “el MEM deberá decidir si se otorgan o deniegan las licencias” y allí radica la duda de la validez de los permisos.

El viceministro Alfredo Gálvez reconoció que la CC emitió las sentencias, en las que ordena que se dé trámite a un proceso de oposición al otorgamiento de los derechos mineros de explotación de las tres empresas.

“El MEM lo que tiene que hacer es darle la audiencia a quienes fueron amparados. En ningún momento se desacata la sentencia de la Corte”, dijo.

Sobre la denuncia, indicó que Calas tiene derecho de petición y los tribunales decidirán.

Apelación sin lugar

El 5 de octubre último, los magistrados de la CC  Gloria Porras, Mauro Chacón, Héctor Pérez y  María Araujo declararon sin lugar el recurso de apelación del Director de Minería del MEM y confirmaron la sentencia de primer grado de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil Constituida en Tribunal de Amparo, emitida en 2013.Esta suspende una resolución del 5 de marzo de 2013, con la que se rechaza la admisión de la oposición de licencia de explotación minera y ordena que dicte una nueva resolución, admita y dé trámite a la oposición planteada conforme a la Ley de Minería.

El magistrado Roberto Molina Barreto votó de forma disidente y argumentó que debía revocarse la sentencia apelada y denegarse amparo, tras apreciar que carece de efecto agraviante de derechos fundamentales la decisión emanada por la Dirección General de Minería del MEM.

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/crece-polemica-por-fallo-en-casos-mineros

CC ordena revisar oposición a mina El Escobal

Por Joel Suncar y Byron Vásquez

26 de Noviembre de 2015 a las 19:57h

La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió un amparo y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM), escuchar los argumentos de oposición e incluirlos en el expediente donde se emitió la licencia de explotación a la minera San Rafael, en Santa Rosa.
La CC dejó sin lugar el pasado 5 de octubre el recurso de apelación interpuesto por el Director General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

La sentencia no significa que se suspenda la licencia de explotación de la mina, según confirmaron fuentes de la CC, y será el MEM que deberá escuchar a través de un proceso administrativo, los argumentos del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) y a los pobladores ahí representados y considerar la oposición para emitir los permisos de explotación.

La resolución confirma el amparo otorgado por el Tribunal de Primer Grado y retrotrae el proceso hasta octubre de 2012, cuando el MEM se habría negado a escuchar a CALAS.

Para Rafael Maldonado, director legal de CALAS, la resolución de la CC significa que se suspende la licencia y la mina tiene que dejar de operar, sin embargo representantes de la minera opinan que se trata de un proceso administrativo ante el MEM que no afecta las operaciones.

Mina conflictiva

El rechazo de un grupo de pobladores al proyecto minero se registró desde hace varios años, incluso hubo enfrentamientos entre pobladores y personal de seguridad de la empresa. La tensión llegó al punto que el Gobierno tuvo que declarar Estado de Excepción en el área por los altos niveles de conflictividad.En septiembre de 2013, tres personas heridas, una autopatrulla incendiada y al igual que dos bodegas, fuer el saldo de un enfrentamiento en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Los disturbios fueron reportados por los cuerpos de socorro que atendieron la emergencia en el kilómetro 95, las víctimas tenían heridas de bala.

Los incidentes siguieron y también se reportó la retención de 23 policías y el bloqueo de la ruta hacia San Rafael Las Flores.

Luego de esos incidentes, el Gobierno de Otto Pérez Molina decidió decretar estado de Excepción en el área.

En abril de este año, siete guatemaltecos que resultaron heridos en esos disturbios presesntaron una demanda contra Tahoe Resources, en la Corte Suprema de Columbia Británica, Canadá.

La empresa aún busca desligarse del juicio civil que comenzaron los demandantes en Guatemala, sobre la base de que los tribunales canadienses no tienen jurisdicción sobre lo sucedido, dijo abogada Karen Carteri.

La demanda se respalda en las acciones que los guardias de seguridad cometieron para dispersar a los manifestantes que se habían congregado fuera de la mina Escobal el 27 de abril de 2013, lugar donde se ubica la Mina San Rafael, en Santa Rosa.

Mina de plata

El proyecto minero El Escobal, de acuerdo al portal electrónico de Tahoe Resource, es la tercera mina más grande del mundo, con depósitos de veta de plata, oro, plomo y zinc.Durante el primer año de producción según la información de la empresa canadiense, se produjo 20.3 millones de onzas de metales. “Al 23 de enero de 2014, los Recursos Medios e Indicados del depósito Escobal eran 434 millones de onzas de plaza”, cita la página web.

La mina está ubicada a tres kilómetros del área urbana de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, un pueblo con una población estimada de tres mil habitantes a 70 kilómetros de la capital.

Pugna legal por mina llega a Corte de Constitucionalidad

En vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC), representantes de las comunidades de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, revelaron que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no cumplió con la orden judicial de tramitar las objeciones contra el proyecto minero El Escobal.


Pobladores de Nueva Santa Rosa portan carteles en los que manifiestan su oposición a la minería en El Escobal.

Quelvin Ottoniel Jiménez Villate, representante de los comunitarios, dijo a los magistrados de la CC que, de manera ilegal y con abuso de autoridad, la Dirección General de Minería del MEM rechazó, sin entrar a conocer, más de 300 oposiciones presentadas por las comunidades afectadas por la minera San Rafael, propietaria del proyecto.

“Asumió atribuciones que ni la Ley de Minería ni otra facultan al director general de Minería —Fernando Hugo Castellanos Barquín—, lo cual quedó demostrado al momento en que él se ampara en argumentaciones falsas a la hora de rechazar la oposición”, afirmó Jiménez Villate.

Añadió que la Sala Primera de Apelaciones Civil, al ampararlo, ordenó que se debían admitir para trámite las objeciones de los pobladores.

El abogado de los vecinos refirió que el funcionario justificó que no podía entrar a conocer el expediente porque contenía delitos ambientales, y que para ello había órganos pertinentes.

Subrayó que el delito de contaminación industrial fue comprobado por el Ministerio Público el 10 de septiembre del 2012.

Además, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses certificó la contaminación de la quebrada El Escobal, donde se ubica la mina.

Entretanto, afuera, decenas de pobladores portaban carteles con mensajes contra la minería.

Argumentos del MEM

Víctor Taracena, abogado del MEM, indicó que Castellanos Barquín no podía admitir el expediente de oposición porque el principal argumento es una denuncia de contaminación ambiental.

“Al hacer el análisis, el director de Minería determinó que no tiene competencia para conocer respecto de un supuesto ilícito que se estuviera cometiendo”, puntualizó Taracena.

Álvaro Rodrigo Castellanos, representante de la minera San Rafael, indicó que el MEM actuó dentro del marco legal al no entrar a conocer el expediente, y aseguró que no se han violado los derechos de las comunidades.

Minería

300 oposiciones  presentaron pobladores contra el proyecto minero.

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Pugna-legal-mina-llega-CC_0_1024697555.html

EL ESCOBAL: CC definirá futuro de proyecto minero

La Corte de Constitucionalidad tendrá en sus manos la suspensión de la licencia al proyecto “El Escobal” de Minera San Rafael.

Sin embargo, el director de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castellanos, asegura que la resolución de la sala de apelaciones no menciona en ningún momento la suspensión de la licencia minera y estima que solamente está ordenando conocer nuevamente la oposición a dicha licencia.

Según Castellanos el Ministerio hizo caso omiso de lo resuelto por la Corte de Apelaciones y se apeló ante la CC el rechazo a la oposición, ya que no se ha violado el debido proceso.

Por su lado, Rafael Maldonado, representante legal del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), expresa que la sala primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgó un amparo definitivo para suspender la licencia minera, esto porque el director de Minería deberá conocer la oposición antes de entregar la licencia minera, porque se violentó el debido proceso  al rechazar la oposición presentada por Kelvin Jiménez.

Maldonado dice que, ilegalmente, el director general de Minería otorgó la licencia minera, porque cuando recibió las oposiciones de la población, decidió rechazar la oposición y autorizar inmediatamente la licencia minera, violando el derecho de Jiménez al oponerse a la licencia minera de explotación, que ilegalmente fue otorgada el 3 de abril.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/186285-cc-definira-futuro-de-proyecto-minero