Proyectos se atrasan

De las 45 plantas de generación de energía que fueron adjudicadas para largo plazo y están en construcción, el 40% de los proyectos tiene atrasos, indicó ayer el viceministro de Energía, Edwin Rodas.

Estas deberán suministrar a Energuate y a la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), a partir de mayo del 2015.

El viceministro Rodas dijo que los atrasos son variados, entre estos, financieros, descontento social y permisos para pasos de servidumbre.

Stephany Dávila, relacionista pública de Energuate, dijo que existen proyectos que han invocado las cláusulas de fuerza mayor por temas sociales.

Las plantas presentan retrasos, pero todavía no han hecho alguna solicitud de extensión de tiempo, según el cronograma del contrato, agregó.

Carlos Rodas, gerente de planificación de EEGSA, indicó que hay atrasos en dos plantas, por temas sociales. En ambos casos se ha solicitado fuerza mayor, pero están en proceso de resolver si lo aceptan o no. Agregó que en otras plantas hay adelantos.

En total, 49 generadoras fueron adjudicadas en las licitaciones de largo plazo, de las cuales, 45 están en construcción.

En estas se adjudicaron 820.45 megavatios, que incluyen 19 hidroeléctricas, una de gas, una de carbón, una de biomasa, además de tres eólicas, y dos solares y 22 hidroeléctricas de menos de cinco megavatios. Estos últimos tres tipos pueden proveer energía pero no potencia.

Energuate fue informado que se mantienen las fechas para que empiece a operar el proyecto con carbón, Jaguar, en septiembre y diciembre del 2014.

Siepac

La Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (Crie) intenta   rebajar  los cargos en las tarifas al usuario.    La Crie propuso  disminuir el  presupuesto del 2014 para el Siepac, cobro que se  traslada a los usuarios por medio del peaje, y fijarlo en  US$58 millones. El usuario tendría que pagar  un centavo de quetzal por kilovatio hora, explicó el viceministro Edwin Rodas.

 

http://www.prensalibre.com/economia/Proyectos-atrasan_0_1040895905.html

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Comunas buscan soluciones a monto de tarifa eléctrica

La Asamblea Nacional de Municipalidades (Anam) se reúne con el presidente Otto Pérez Molina, para hablar sobre la tarifa municipal en el cobro de la energía eléctrica. Las posturas podrían variar.

POR LUIS ARÉVALO
larevalo@lahora.com.gt

El presidente de la Asamblea Nacional de Municipalidades, Rubelio Recinos, dijo que la revisión de la tarifa municipal de energía eléctrica es un tema que lleva tiempo, y que no necesariamente se discute por los incidentes de la Cumbre de Alaska, del jueves 4 de octubre, donde una de las inconformidades planteadas por medio de un bloqueo de carretera, era el costo de la energía eléctrica para los usuarios.

Recinos recordó que cada Municipalidad es autónoma y que cada concejo edil puede modificar la tarifa. Sin embargo, según él, esa tarifa sirve solamente para pagar el alumbrado público, que dependería del número de usuarios que exista en cada localidad.

En la reunión prevista para hoy con el mandatario, se tratará ese tema en el que se busca “la salida adecuada y correcta para todas las municipalidades”, señaló el Presidente de la Anam, que beneficie a los vecinos para terminar con la problemática, destacó.

La propuesta de la Anam se conocería luego de la reunión con el mandatario, quien también tendría una para modificar las tasas municipales.

“El alumbrado público es un tema municipal y las municipalidades gozamos de autonomía”, recordó el Presidente de la organización edil y, aunque no dio detalle, dijo que la propuesta municipal es apostarle a la tecnología.  Sin embargo, dejó entrever que podrían pedir ser incluidos en la Comisión Nacional de Energía.

El presidente Pérez Molina, dijo ayer a periodistas, luego de su reunión de Gabinete, que el Ministro de Energía y Minas, Erick Archila, presentó la situación de los costos de energía eléctrica para los usuarios finales y la estructura del mismo. En ese sentido, el mandatario comentó que en algunos municipios la tarifa de alumbrado público puede llegar hasta el 50 o 56 por ciento del total del recibo del servicio.

Para modificar esa carga en los recibos de los usuarios, se necesitaría únicamente reformar artículos del reglamento de comercialización de energía, que podría hacer el mismo Ejecutivo, para colocar un techo del porcentaje que podría representar la tarifa del alumbrado público.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/167045-comunas-buscan-soluciones-a-monto-de-tarifa-electrica

Protestan contra construcción de hidroeléctrica

Pobladores de la aldea La Ciénaga, en jurisdicción del municipio de San Raymundo, realizaron una protesta en la zona 1, para protestar en contra de la construcción de una hidroeléctrica.


De acuerdo con María Mercedes Bux, una de las manifestantes, se oponen a la construcción debido a que, según tienen entendido, no cumplieron con el requisito del estudio de impacto ambiental. Además, denunció que la construcción está a unos diez o doce metros de una escuela pública, que alberga a unos 200 estudiantes, que se verían afectados con la hidroeléctrica.

La protesta bloqueó el paso en el Centro Histórico capitalino, a la altura de la 7ª. avenida y 10ª. calle. Aseguraron que insistirían en la protesta hasta que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se pronunciara.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/161350-protestan-contra-construccion-de-hidroelectrica

Diálogo entre el Organismo Ejecutivo y campesinos no avanza

La deuda agraria, la presencia militar y la moratoria de la industria minera se mantienen en discusión.

S. Medina/S. Menchú smedina@elperiodico.com.gt

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Foto:  Walter Peña > elPeriódico El obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, ha estado presente en las dos reuniones realizadas.
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EP

“En el caso de la deuda con Fontierras debemos revisar caso por caso para analizar a quién se va a subsidiar”.

Elmer López, secretario de Asuntos Agrarios.

“Nosotros queríamos cerrar esos puntos y abordar nuevos, pero fue una reunión de pocos avances, solo se concretaron mecanismos operativos”.

Daniel Pascual, dirigente del CUC.

Cinco horas después a las -15:00 horas- de que se iniciara la segunda reunión entre el Ejecutivo y la dirigencia campesina, el presidente Otto Pérez arribó sin que sonara La Granadera y tomó su lugar, mientras un representante de la población de San Juan Sacatepéquez manifestaba su descontento con la instalación de un destacamento militar. Al concluir, en pocos segundos Adrián Zapata, comisionado de Desarrollo Rural Integral, le resumió la reunión a Pérez.

 

La discusión se centró en la deuda agraria y la presencia militar en comunidades en conflicto. En el primer tema, Zapata  dijo que presentaron el cronograma y la hoja de ruta que corresponde al seguimiento de los compromisos. “El Gobierno asumirá la responsabilidad de la deuda agraria, pero no de manera absoluta, sino a partir de los mecanismos del Fondo de Tierras (Fontierras), se individualizará cada caso y se otorgará un subsidio”, explicó.  Los campesinos no aceptaron el planteamiento.

 

En  el segundo tema, Noé Ulises Anzueto, ministro de la Defensa, realizó una exposición general.

 

Pero fue cuestionado por la presencia del Ejército en puntos de conflicto y la relación de los militares con empresas privadas. “Nosotros prestamos seguridad general, no protegemos instalaciones particulares” y como ejemplo asegura que rechazó el ofrecimiento de una cementera en San Juan Sacatepéquez para que el destacamento militar utilizara sus instalaciones.  Pérez escuchó lo anterior, respaldó al Ministro,  y aseguró que no tenían la intención de militarizar.

 

Al momento de tratar de salir del salón , Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), le pidió al mandatario que se quedara 10 minutos más para escucharlos. “Las familias quieren una condonación”, dijo,  y con documento en mano Pascual recordó la promesa hecha en la primera reunión: “El Ejecutivo asumirá la deuda”. Pascual pidió la intervención de Fontierras y que se cubriera el cien por ciento de los casos. “Para nosotros, los destacamentos, brigadas o como quieran llamarles, es una militarización  que ha reactivado el reclutamiento”, concluyó.

 

De nuevo, el Presidente se acercó a Pascual para despedirse y para asegurarle que el próximo 15 de junio tendrán el análisis de todas las propiedades. En medio de la tensión, sin un micrófono que  dejara escuchar  la conversación entre ambos,  se suspendió la reunión por media hora. Edy Díaz, gerente general de Fontierras, explicó que de otorgarse el subsidio se necesitarán más de Q300 millones. La problemática involucra a más de 14 mil familias y 199 fincas, de las cuales dicha institución otorgó crédito al 60 por ciento. “ 123 familias pagaron la finca”, aseguró Omar Gerónimo, representante de la Plataforma Agraria. “El fondo se volcó para desarrollarlas, por eso son un caso de éxito”, dijo.

 

La reunión se retomó con la moratoria a hidroeléctricas y minas. Ekaterina Parrilla, viceministra de Desarrollo Sostenible, coincidió con Pérez en que el Ejecutivo no promoverá una ley al respecto y aseguró que trabajan en una serie de reformas puntuales en la consultas como el cierre técnico de las minas, el régimen financiero, entre otros. La discusión se mantuvo, y Gerónimo aseguró  que los funcionarios “ponen los derechos de las empresas sobre los derechos humanos”, situación que negó Erick Archila, ministro de Energía y Minas. “Todos tienen el mismo derecho, la ley está plasmada y trabajamos para actualizar el marco jurídico”, dijo.

 

Así lo resume el Gobierno

 

Zapata aseguró que han satisfecho el 80 por ciento de la demanda campesina, que no existe un acuerdo en San Juan Sacatepéquez, que se tiene una solución parcial de la deuda agraria y la presencia militar, y que 6 peticiones ya fueron resueltas. “Deben replantear sus propuestas o tomaremos acciones”, advirtió Gerónimo.

Gobierno intenta prevenir e intervenir en conflictos sociales

Balcárcel considera que es un trabajo en conjunto con la sociedad civil y la iglesia porque son problemas históricos.

Sofía Menchú smenchu@elperiodico.com.gt

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Ampliar imágen EP Foto:  José Miguel Lam > elPeriódico Balcárcel asegura que buscan rediseñar y convertir las estrategias en prevención y solución de conflictos.

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EP

Un equipo que coordina el comisionado presidencial para el Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, se prepara para hacer un mapeo de las zonas y conflictos de las áreas rurales del país con el propósito de evitar que ocurran disturbios como los sucedidos el 1 de mayo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

 

La idea, dijo, es fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional de Diálogo Permanente que se creó durante el gobierno de Álvaro Colom. “Hicimos un análisis de la realidad y la conflictividad que hay en el país; buscamos rediseñar y convertir las estrategias en prevención y solución de conflictos”, dijo.

 

Hasta el momento tienen identifica 2 mil 258 conflictos de varios tipos, de los que, según la Secretaría de Asuntos Agrarios, 258 son agrarios. Balcárcel dijo que hace falta contabilizar los problemas laborales, de salud, educación, infraestructura y del control de recursos naturales –la minería, petroleras e hidroeléctricas– que existen en cada región.  “Hemos hechos análisis y encontramos que la cultura de violencia en el país es un hecho. Hay problemas históricos y recurrentes que nos llevan a la complejidad de las relaciones en todo sentido. Le explico, una necesidad no resuelta se convierte en problema, el problema lleva al conflicto y el conflicto a la crisis”, afirmó Balcárcel.

 

Otra de las tareas que encomendó el Ejecutivo es lograr la credibilidad a las organizaciones gubernamentales que pretenden dar respuesta a las comunidades. “Podemos afirmar con cierta propiedad que el propio Estado es generador de conflictividad, porque es incapaz de resolver las necesidades de la gente”, manifestó.

 

El equipo está conformado por la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, los ministerios de Gobernación, Ambiente y Energía y Minas; además de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, el Fondo Nacional para la Paz y la Secretaría General de Planificación y Programación.

 

Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), manifestó que los hechos de Barillas y el reporte del Procurador de los Derechos Humanos, el cual identifica 154 focos de conflictividad, alertó al Gobierno.

 

“Esto le paró los pelos al General (Otto Pérez) y, si los conflictos ocurren al mismo tiempo, sería un estallido social. Hasta ahora entienden que es un detonante muy fuerte que tiene que ver con el despojo de tierras, explotaciones y demás demandas que nosotros estamos pidiendo”, dijo.

 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20120522/pais/212542/

Los niños de San José del Golfo en el centro de la tormenta

Familias resisten frente a la entrada de una mina de Exmingua. La motivación es la niñez.

Daniela Castillo dcastillo@elperiodico.com.gt

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Ampliar imágen EP Foto:  Carlos Alonso > elPeriódico Un niño juega frente a la entrada del proyecto minero El Tambor, ubicado en el límite de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El proyecto pertenece a la empresa minera Exmingua.

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Jugaba con su camión de juguete en la tierra, aquí solo se permiten camiones a escala para que los niños puedan seguir jugando. Los grandes no, esos no pasan.

 

Justo atrás, un camino de tierra que se esconde entre la montaña, un portón rojo cerrado con candado. El niño juega frente a la entrada, los demás niños corren, ríen y juegan alrededor. Las mujeres y los hombres vigilan, están alerta. Llevan 2 meses y unas semanas en resistencia frente a la entrada del proyecto minero El Tambor (Progreso 7 Derivada) ubicado en el límite de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El proyecto le pertenece a la empresa minera Exmingua (Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.) la que a su vez es subsidiada por la empresa canadiense Radius Exploration Ltd.

 

“Yo estoy aquí por los niños, esto es tragedia no progreso”, comenta una de las mujeres en la resistencia.

 

Hace calor, es un área seca y la mina utilizaría enormes cantidades de agua en los pozos que tiene previsto perforar. Según los pobladores un pozo utilizaría un aproximado de un galón de agua por segundo para la extracción de oro y plata. Un río pasa por el área en el que esta ubicada la mina y lleva agua a dos aldeas más. Si el agua llegara a contaminarse o el río llegara a secarse, sería un grave problema para la salud de las familias que habitan estos lugares.

 

Selvin Morales, el actual gerente general de Exmingua, durante una visita que se realizó a la mina con gente de la comunidad, representantes del Ministerio de Energía y Minas, un diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, resalta que “no se va a usar cianuro, solo algunos detergentes” y que no va a comprometer “la capacidad de agua de esta comunidad”.

 

“Lamentablemente Selvin Morales no tiene ética profesional, porque él, siendo el director general de Minería, del Ministerio de Energía y Minas, en su momento empezó a tramitar la licencia para esta mina y ahora es el gerente general de Exmingua. Nosotros no estamos con los ojos cerrados”, comenta Yoli Oqueli, vecina activa de la resistencia en San José del Golfo.

 

El 8 de mayo, durante la madrugada, llegó un convoy de maquinaria escoltado por aproximadamente 45 radiopatrullas, 400 elementos de la Policía Nacional Civil y 2 camionetas de antimotines.

 

“Querían entrar a la mina, les pedía de corazón que se fueran, no queremos violencia”, dice una vecina.

 

“Pedían placas de carros, había patrullas por todo el camino. No dejaban pasar, tenían armas, querían rodearnos. A un muchacho que tomó fotos le quitaron la cámara y le borraron las fotos”, agrega un vecino.

 

“Se metieron a terreno privado. Tiraron cercos, no es cierto que quieren diálogo, nunca han dado la cara. Quieren dialogar con solo una persona, no con todos, aquí lideres somos todos”, comenta una señora.

 

Ella pregunta, “¿Por qué vienen con antimotines a tratarnos como basura?”

 

En el 2002 el Ministerio de Energía y Minas le otorgó la licencia de exploración a Exmingua. En el 2007 se hizo un túnel de 200 metros.

 

“En toda licencia de exploración y reconocimiento no puede haber ninguna obra de construcción”, dice Carlos Mejía, diputado del partido URNG Maíz, “este túnel es una violación flagrante a nuestra ley y no debió haberse permitido, esto bastaba para tener un argumento de violación para cancelar incluso la licencia de exploración”.

 

La ley de minería establece que hay tres tipos de licencia: de reconocimiento, exploración y explotación.

 

Selvin Morales explica que “hay varios métodos de exploración” que se dividen en tres fases, la última es la de perforación, “hay proyectos que necesitan de un túnel de exploración”.

 

“En ningún momento se explotó”, agrega un ingeniero que trabaja para Exmingua.

 

Francisco Quan, del departamento de Control Minero responde que “la ley no lo estipula, no dice no hacerlo ni sí hacerlo”.

 

Los rostros de los comunitarios están indignados.

 

Un representante de la empresa contratista se dirige a los pobladores y dice, “el proceso de ahorita no tiene nada que ver con minería, es una obra totalmente de construcción que se hace igual para una planta de explotación y tratamiento de oro como se hace igual para un centro comercial al que todos asistimos”.

 

Entre las verdes montañas que los rodean no existe ni un solo centro comercial. Es un área de agricultura, donde se siembra frijol y milpa, por eso en este lugar defienden la tierra.

 

La licencia que se les otorgó tiene una fase de explotación de 25 años, pero la empresa asegura que solo van a explotar 5 o 7 años.

 

“Es un tiempo corto en años que el proyecto se cierra y va llegar una etapa en la que esta empresa reforesta y lo deja en las mismas o mejores condiciones que antes”, dice Morales.

 

Según Morales, Exmingua tiene previsto explotar 150 toneladas de oro al día, dejarlo en bruto, pesarlo, pagar las regalías al Gobierno y enviarlo a Japón en donde se inicia el proceso para transformarlo en lingotes.

 

Los vecinos escuchan escépticos. La destrucción al medio ambiente es evidente desde donde todos están parados y eso no se puede esconder con palabras.

 

“Nosotros empezamos la resistencia porque ya estábamos cansados de tantos atropellos de la empresa minera que venía a hacer las cosas sin consultarle a la comunidad, incluso hasta el día de hoy”, comenta Yoli.

 

“El pueblo no se va a retirar mientras no haya una consulta comunitaria”, dice un vecino.

 

La consulta comunitaria es un derecho. En el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Número169 se establece que “se reconocen las aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades. Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión”.

 

En las comunidades alrededor de la mina no se hizo ninguna consulta comunitaria. Llego el día en que de repente el territorio fue vendido e invadido por maquinaria.

 

“A nuestros recursos naturales como pueblo tenemos la harta obligación de defenderlos, luchar por ello y defendernos como ciudadanos de una invasión extranjera, ya lo dice nuestro himno”, comenta uno de los vecinos que participa en la resistencia.

 

Afuera de la mina los niños siguen jugando, se oyen las risas, la comunidad se aglomera frente al portón y se entona …“si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera a vencer o a morir llamará… que tu pueblo con ánima fiera antes muerto que esclavo será… nunca esquivan la ruda pelea si defienden su tierra y su hogar, que es tan solo el honor su alma idea y el altar de la patria su altar…”

 

Los niños salen corriendo y continúan el juego de la infancia y como dice Galeano “ciento veinte millones de niños en el centro de la tormenta”

(video)

 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20120522/pais/212538/

Pobladores de Santiago Sacatepéquez se oponen a cableado eléctrico

Entregarán la próxima semana una denuncia al presidente Otto Pérez Molina.

Redacción Web

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Ampliar imágen EP Foto:  Elías Roríguez/elPeriódico

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En la reunión de este lunes estuvieron:

 

Francisco Puac, presidente del Comité del pueblo.

Manuel Augusto Navas, alcalde de Santiago Sacatepéquez.

Teresa de Jesús Chocoyó, gobernadora de Sacatepéquez.

Manuel Larios, sacerdote de Santiago Sacatepéquez

Cientos de pobladores de Santiago Sacatepéquez realizaron este martes una manifestación pacífica en rechazo al cableado eléctrico y las torres de alta tensión que se instalan en la localidad.

 

Autoridades locales presentaron públicamente un documento para reunir firmas y denunciar la situación al presidente Otto Pérez Molina. El alcalde del municipio, Manuel Agusto Navas, expresó que no comparte el acuerdo que autorizó su predecesor, por lo cual organizó la iniciativa.

 

Según declararon los afectados, el proyecto inició en el 2011, y la empresa colombiana Trexa, S.A., les aseguró que no causará algún daño. Sin embargo, los locales sostienen que después de investigar, la alta tensión “si afecta a los cultivos y a las personas”. Además denunciaron que un vehículo “intimida” a los líderes comunitarios.

 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20120522/pais/212559/