MEM amplía el plazo para operación petrolera

La empresa Petro Energy tiene luz verde para operar hasta diciembre de 2028. El Ejecutivo aún debe avalar seis contratos de operaciones petroleras nuevas. “Con la Ley del Fondo Petrolero solo se prorroga los contratos si hay mejoras económicas para el Estado”. Luis Ayala Director MEM . El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó ayer la prórroga para el contrato petrolero 1-91 que opera la empresa Petro Energy por un plazo de 15 años en los que deberá cumplir con un programa de trabajo que incluye la perforación obligatoria de dos pozos y tres más de acuerdo a la viabilidad técnica y económica del área.

El Acuerdo Gubernativo 488-2013 considera que con las modificaciones incluidas en la ampliación se mejora los ingresos que percibe el Estado por las operaciones en los campos Chocop, en Petén, y Yalpemech, en Alta Verapaz.

Aunque para el director de la Escuela de Economía de la Universidad de San Carlos, Erasmo Velásquez, los beneficios que percibe el Estado son insuficientes para atender las necesidades de desarrollo en las comunidades de donde se extraen los recursos.

Una de las cláusulas del contrato establece que Petro Energy deberá pagar una regalía adicional del uno por ciento en caso que el precio del crudo Maya puesto en el Golfo de EE. UU. esté dentro del rango entre US$85 y US$110 el barril. El 2 por ciento adicional si el precio se cotiza entre US$110 y US$150 y de 3.5 por ciento en el caso que se supere ese umbral.

Luis Ayala, director de Hidrocarburos del MEM, informó que el pago de regalía en el área de Chocop es del cinco por ciento y en Yalpemech alcanza el 15 por ciento debido a la calidad del petróleo que se extrae y que posee entre 20 y 22 grados API.

Para la participación estatal pasará del 30 por ciento al 42, en caso que la producción sea hasta los 10 mil barriles diarios; el 50 por ciento si se mantiene en 20 mil. Luego se incrementa hasta llegar al 80 por ciento para la producción neta exceda los 50 mil barriles al día. Adicional pagará entre 2 y 3 por ciento basada en el precio del crudo.

Ayala explicó que en el caso de los fondos privativos que se establecen en la prórroga se destinarán para fortalecer la fiscalización. “En las condiciones actuales, Petro Energy pagará US$25 mil anuales debido a la cantidad que se produce”, indicó. El acuerdo establece el pago de hasta US$275 mil por año si la producción logra superar los 10 mil barriles por día.

El MEM recibe anualmente entre Q6 y Q8 millones de todas las operaciones petroleras que se destinan al fondo privativo para fiscalizar las áreas de petróleo y comercialización (estaciones de servicio). Para Velásquez las empresas productoras son las que seguirán ganando más que el Estado porque se carece de la coparticipación en las operaciones petroleras como ocurre en otros países donde las compañías se asocian con empresas públicas.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20131228/economia/240218/

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Proyectos se atrasan

De las 45 plantas de generación de energía que fueron adjudicadas para largo plazo y están en construcción, el 40% de los proyectos tiene atrasos, indicó ayer el viceministro de Energía, Edwin Rodas.

Estas deberán suministrar a Energuate y a la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), a partir de mayo del 2015.

El viceministro Rodas dijo que los atrasos son variados, entre estos, financieros, descontento social y permisos para pasos de servidumbre.

Stephany Dávila, relacionista pública de Energuate, dijo que existen proyectos que han invocado las cláusulas de fuerza mayor por temas sociales.

Las plantas presentan retrasos, pero todavía no han hecho alguna solicitud de extensión de tiempo, según el cronograma del contrato, agregó.

Carlos Rodas, gerente de planificación de EEGSA, indicó que hay atrasos en dos plantas, por temas sociales. En ambos casos se ha solicitado fuerza mayor, pero están en proceso de resolver si lo aceptan o no. Agregó que en otras plantas hay adelantos.

En total, 49 generadoras fueron adjudicadas en las licitaciones de largo plazo, de las cuales, 45 están en construcción.

En estas se adjudicaron 820.45 megavatios, que incluyen 19 hidroeléctricas, una de gas, una de carbón, una de biomasa, además de tres eólicas, y dos solares y 22 hidroeléctricas de menos de cinco megavatios. Estos últimos tres tipos pueden proveer energía pero no potencia.

Energuate fue informado que se mantienen las fechas para que empiece a operar el proyecto con carbón, Jaguar, en septiembre y diciembre del 2014.

Siepac

La Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (Crie) intenta   rebajar  los cargos en las tarifas al usuario.    La Crie propuso  disminuir el  presupuesto del 2014 para el Siepac, cobro que se  traslada a los usuarios por medio del peaje, y fijarlo en  US$58 millones. El usuario tendría que pagar  un centavo de quetzal por kilovatio hora, explicó el viceministro Edwin Rodas.

 

http://www.prensalibre.com/economia/Proyectos-atrasan_0_1040895905.html

Rechazan proyecto eléctrico

Unos 400 delegados de las comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, se presentaron el martes recién pasado en la Gobernación Departamental para entregar un documento en el ratifican su rechazo al paso de un proyecto de energía eléctrica por su territorio, el cual es identificado como PET1-2009 y por el que nunca fueron consultados.

Antonio Tambriz, representante de Nahualá, dijo que en ocasiones las autoridades municipales y departamentales los han engañado, ya que los convocan para reuniones y tratar el tema de la electricidad, pero nunca llegan.

Manuel Hilario Ambrosio, delegado de Santa Catarina Ixtahuacán, refirió que los pobladores han sido burlados constantemente, por lo que ahora entregaron por escrito su rechazo a un proyecto que, según expertos consultados por ellos, puede causar daños a los habitantes de los lugares por donde pasará el cableado.

Al recibir el documento, Luis García Chutá, gobernador de Sololá, se comprometió públicamente a que llevaría personalmente la petición a la Presidencia de la República.

Cifra

400 vecinos,  aproximadamente, llegaron a la Gobernación Departamental a entregar documento.

POR ÉDGAR RENÉ SÁENZ

http://www.prensalibre.com/solola/Rechazan-proyecto-electrico_0_941305880.html

Promocionan hidroeléctricas

Las hidroeléctricas Chixoy, en Alta Verapaz; Jurún Marinalá y Aguacapa, en Escuintla, y Los Esclavos, en Santa Rosa, forman parte de un programa turístico piloto que pretende exponer el potencial hídrico del país.

El plan denominado “Ruta de la Energía”, el cual fue presentado en Chixoy —a 195 kilómetros de la ciudad— fue presentado ayer de manera conjunta entre el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Marinus Boer, gerente general del Inde, explicó que uno de los propósitos es dar a conocer a la población la forma en que se produce la energía eléctrica renovable y así reducir cualquier oposición.

“Hay grupos que están en contra y lo que tenemos que hacer es enseñar las instalaciones”, refirió.

El jefe de desarrollo de producto turístico del Inguat, Cristian Méndez, indicó que se espera atraer a unos mil turistas. Para optar a este tipo de visitas se debe consultar la página http://www.inde.gob.gt o por medio de las excursiones organizadas por el Inguat. La intención del plan es promocionar las nueve hidroeléctricas operadas por el Inde.

Érick Archila, ministro de Energía y Minas, reiteró la intención de impulsar la construcción de la hidroeléctrica Xalalá, que se ubicaría en Quiché y Alta Verapaz con un potencial de 180 megavatios.

El funcionario agregó que en el último trimestre del 2013 se definirá el origen de la inversión calculada en US$350 millones. De aprobarse, esta podría estar construida en el 2018.

Dato

Mil turistas  es lo que espera el Inguat atraer a  las hidroeléctricas.

POR EDDY CORONADO

http://www.prensalibre.com/economia/Promocionan-hidroelectricas_0_886711324.html

Mantienen reclamos

El incremento en las tarifas de la energía eléctrica, la inclusión del Ejército en tareas de seguridad ciudadana, como lo propone la reforma a la Constitución del Ejecutivo y la eliminación del magisterio con los cambios en la carrera docente son los puntos a los que se oponen las autoridades comunales y vecinos de Totonicapán que originaron la protesta del jueves último.

 POR BILL BARRETO

Entre las demandas, solo la revisión de las tarifas por alumbrado público a escala municipal podrían tener una vía de solución.

La Asociación Nacional de Municipalidades tratará mañana en reunión de junta directiva un proyecto para que las comunas cobren por alumbrado público un porcentaje sobre el consumo de cada residencia y así reducir el monto total.

La Comisión de Legislación tiene previsto para este viernes el primer foro sobre las reformas a la Constitución en la provincia, el que aún no ha sido integrado. En cuanto a la reforma a la carrera docente, la propuesta del Ministerio de Educación continúa sin cambios.

Planteamientos de los 48 cantones

Pobladores de Totonicapán, en coordinación con  las autoridades comunales de los 48 cantones, se manifestaron el jueves recién pasado por las siguientes causas.

Rebaja en costo de energía

Pobladores de los 48 cantones han  protestado  contra el alto costo del servicio que presta la Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima (Deocsa).

Los líderes comunitarios demandan desde el 22 de mayo de este año que se anule un contrato por mil lámparas públicas de ese departamento, ya que el costo del alumbrado se incrementó, pese a que  representantes de Deocsa aseguraron que  bajaría.

Además, los vecinos   han exigido en varias oportunidades  que  aumente   la cuota de la Tarifa Social a 200 kilovatios  y  se mejore el servicio.

Rechazo a reforma constitucional

La propuesta de reforma a la Carta Magna presentada por el Ejecutivo permitiría la participación de  las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana. El artículo 244 que se pretende  reformar estipula que el Ejército “podrá apoyar a las fuerzas de seguridad civil en la seguridad interior”, a lo que se oponen los manifestantes.   El proyecto de modificación lo maneja la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que ya  ha convocado a 10 foros en igual número de departamentos y cuyo comienzo   estaba  programado  para esta  semana.

Carrera magisterial

Los vecinos de Totonicapán han reclamado y protestaron el jueves recién pasado contra  los cambios en la carrera magisterial dispuestos por el Ministerio de Educación. Piden  que se vuelvan a discutir las propuestas de cambios en el pénsum de estudios.

Los  normalistas se oponen al incremento de tres a cinco años con especialización en nivel universitario para ejercer como maestros de educación primaria. También solicitan que queden sin efecto los cambios previstos y que las normales puedan seguir formando a los maestros de educación primaria.

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Mantienen-reclamos_0_788921123.html
 

Protestan contra construcción de hidroeléctrica

Pobladores de la aldea La Ciénaga, en jurisdicción del municipio de San Raymundo, realizaron una protesta en la zona 1, para protestar en contra de la construcción de una hidroeléctrica.


De acuerdo con María Mercedes Bux, una de las manifestantes, se oponen a la construcción debido a que, según tienen entendido, no cumplieron con el requisito del estudio de impacto ambiental. Además, denunció que la construcción está a unos diez o doce metros de una escuela pública, que alberga a unos 200 estudiantes, que se verían afectados con la hidroeléctrica.

La protesta bloqueó el paso en el Centro Histórico capitalino, a la altura de la 7ª. avenida y 10ª. calle. Aseguraron que insistirían en la protesta hasta que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se pronunciara.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/161350-protestan-contra-construccion-de-hidroelectrica

Diálogo entre el Organismo Ejecutivo y campesinos no avanza

La deuda agraria, la presencia militar y la moratoria de la industria minera se mantienen en discusión.

S. Medina/S. Menchú smedina@elperiodico.com.gt

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Foto:  Walter Peña > elPeriódico El obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, ha estado presente en las dos reuniones realizadas.
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EP

“En el caso de la deuda con Fontierras debemos revisar caso por caso para analizar a quién se va a subsidiar”.

Elmer López, secretario de Asuntos Agrarios.

“Nosotros queríamos cerrar esos puntos y abordar nuevos, pero fue una reunión de pocos avances, solo se concretaron mecanismos operativos”.

Daniel Pascual, dirigente del CUC.

Cinco horas después a las -15:00 horas- de que se iniciara la segunda reunión entre el Ejecutivo y la dirigencia campesina, el presidente Otto Pérez arribó sin que sonara La Granadera y tomó su lugar, mientras un representante de la población de San Juan Sacatepéquez manifestaba su descontento con la instalación de un destacamento militar. Al concluir, en pocos segundos Adrián Zapata, comisionado de Desarrollo Rural Integral, le resumió la reunión a Pérez.

 

La discusión se centró en la deuda agraria y la presencia militar en comunidades en conflicto. En el primer tema, Zapata  dijo que presentaron el cronograma y la hoja de ruta que corresponde al seguimiento de los compromisos. “El Gobierno asumirá la responsabilidad de la deuda agraria, pero no de manera absoluta, sino a partir de los mecanismos del Fondo de Tierras (Fontierras), se individualizará cada caso y se otorgará un subsidio”, explicó.  Los campesinos no aceptaron el planteamiento.

 

En  el segundo tema, Noé Ulises Anzueto, ministro de la Defensa, realizó una exposición general.

 

Pero fue cuestionado por la presencia del Ejército en puntos de conflicto y la relación de los militares con empresas privadas. “Nosotros prestamos seguridad general, no protegemos instalaciones particulares” y como ejemplo asegura que rechazó el ofrecimiento de una cementera en San Juan Sacatepéquez para que el destacamento militar utilizara sus instalaciones.  Pérez escuchó lo anterior, respaldó al Ministro,  y aseguró que no tenían la intención de militarizar.

 

Al momento de tratar de salir del salón , Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), le pidió al mandatario que se quedara 10 minutos más para escucharlos. “Las familias quieren una condonación”, dijo,  y con documento en mano Pascual recordó la promesa hecha en la primera reunión: “El Ejecutivo asumirá la deuda”. Pascual pidió la intervención de Fontierras y que se cubriera el cien por ciento de los casos. “Para nosotros, los destacamentos, brigadas o como quieran llamarles, es una militarización  que ha reactivado el reclutamiento”, concluyó.

 

De nuevo, el Presidente se acercó a Pascual para despedirse y para asegurarle que el próximo 15 de junio tendrán el análisis de todas las propiedades. En medio de la tensión, sin un micrófono que  dejara escuchar  la conversación entre ambos,  se suspendió la reunión por media hora. Edy Díaz, gerente general de Fontierras, explicó que de otorgarse el subsidio se necesitarán más de Q300 millones. La problemática involucra a más de 14 mil familias y 199 fincas, de las cuales dicha institución otorgó crédito al 60 por ciento. “ 123 familias pagaron la finca”, aseguró Omar Gerónimo, representante de la Plataforma Agraria. “El fondo se volcó para desarrollarlas, por eso son un caso de éxito”, dijo.

 

La reunión se retomó con la moratoria a hidroeléctricas y minas. Ekaterina Parrilla, viceministra de Desarrollo Sostenible, coincidió con Pérez en que el Ejecutivo no promoverá una ley al respecto y aseguró que trabajan en una serie de reformas puntuales en la consultas como el cierre técnico de las minas, el régimen financiero, entre otros. La discusión se mantuvo, y Gerónimo aseguró  que los funcionarios “ponen los derechos de las empresas sobre los derechos humanos”, situación que negó Erick Archila, ministro de Energía y Minas. “Todos tienen el mismo derecho, la ley está plasmada y trabajamos para actualizar el marco jurídico”, dijo.

 

Así lo resume el Gobierno

 

Zapata aseguró que han satisfecho el 80 por ciento de la demanda campesina, que no existe un acuerdo en San Juan Sacatepéquez, que se tiene una solución parcial de la deuda agraria y la presencia militar, y que 6 peticiones ya fueron resueltas. “Deben replantear sus propuestas o tomaremos acciones”, advirtió Gerónimo.