La elección de Álvaro Arzú Escobar como presidente de la Junta Directiva del Congreso marca tendencia sobre cuál será la evolución política de Guatemala. El alcalde de la capital, Álvaro Arzú Irigoyen, señalado por la CICIG y el MP, logra colocar a su hijo como una de las principales figuras institucionales. Al mismo tiempo, el presidente, Jimmy Morales, presenta un triunfalista balance de 2017, en el que obvia todo lo relacionado a la grave crisis que sufrió el país. En la calle, en medio de medidas de seguridad extremas, decenas de personas protestan contra lo que consideran un nuevo “pacto de corruptos”.
Todo se alineó el sábado cuando el novato político Álvaro Arzú Escobar, logró que 91 diputados lo eligieran en planilla única como el nuevo presidente del Congreso. El hijo del alcalde capitalino y expresidente de la República (1996-2000), Álvaro Arzú Irigoyen, logró la más importante posición dentro de la Junta Directiva del Legislativo, a pesar de ser el único representante del Partido Unionista, dirigido y fundado por su padre. La elección ha sido bautizada desde sectores críticos como el segundo “pacto de corruptos” después del acuerdo para cambiar el Código Penal que provocó las protestas de septiembre del año pasado. Con la dirección del Congreso en el bolsillo, el presidente Jimmy Morales Cabrera se presentaba el domingo ante el pleno, confiado, para hacer un balance positivo de su gobierno durante 2017.
La elección del hijo de Arzú Irigoyen, quien en octubre pasado fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público del supuesto delito de financiamiento electoral ilícito, genera sospechas. En especial, la de que esconda una maniobra para intentar limitar el trabajo de estas instituciones y evitar que continúe la investigación penal en su contra.
Las labores para lograr los 91 votos a favor de la planilla encabezada por Arzú Escobar (92 con el suyo) fueron parecidas a las que se realizaron en septiembre del año pasado cuando se rubricó el primer “pacto de corruptos”. Según varios diputados de la oposición, fue Felipe Alejos, jefe de la bancada del partido Todos, formación aliada de FCN-Nación, quien se encargó del cabildeo. “Alejos fue el responsable de negociar con cada bancada y obtener los votos necesarios para la elección de su amigo”, aseguró una de estas fuentes. Arzú y Alejos compartieron aula en el Colegio Americano y se graduaron juntos del bachillerato en 2002. El dirigente de Todos, sin embargo, negó los señalamientos. «Fue un apoyo institucional, yo le hablé a los 14 diputados de Todos y esos son los votos que dimos», aseguró sonriente.
Un dato inapelable: todos los integrantes de la Junta Directiva que fueron electos participaron en el pacto de corruptos de septiembre. La diferencia ahora fue que los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Winaq tomaron distancia y votaron en contra.
Una paradoja: en el año en el que Guatemala ha sufrido una de sus peores crisis políticas de su historia reciente, su presidente acude tranquilo ante los diputados para presentar un balance triunfalista y con inexactitudes. Además, las convocatorias de protesta, que en 2017 lograron hacer recular a los diputados, esta vez apenas pudieron reunir a unas decenas de personas.
Arzú Escobar, los valores y el relativismo
La sesión extraordinaria arrancaba con la resaca de la víspera, la elección de Arzú Escobar, y entre medidas de seguridad extremas. Participaron 89 diputados de 157. En realidad, el Congreso está compuesto por 158, pero el sábado por la mañana fue capturado Julio Juárez Ramírez, diputado del FCN-Nación a quien la CICIG y el MP vincula con el asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, y todavía no ha sido sustituido.
Previo a la presentación del informe presidencial, la nueva Junta Directiva del Congreso fue juramentada para dirigir el Parlamento durante los próximos doce meses: Álvaro Enrique Arzú Escobar (Unionista) como presidente, Felipe Alejos Lorenzana (Todos) primer vicepresidente, Javier Alfonso Hernández Ovalle (FCN) segundo vicepresidente, Mayra Alejandra Carrillo de León (MR) tercer vicepresidente, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (FCN) primer secretario, Karla Andrea Martínez Hernández (AC) segundo secretario, Juan Ramón Lau Quan (Todos) tercer secretario, Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez (UCN) cuarto secretario y Eliza Leonora Cu (MR) quinta secretaria.
Estuardo Ernesto Galdámez a pesar de no pertenecer al pueblo Ixil (Nebaj) lució el traje ceremonial de esta comunidad (saco rojo y sombrero). Al ser preguntado el porqué de su vestimenta, dijo que él era originario de ese departamento (Quiché) y que lo portaba para enviar un mensaje a esta comunidad. “Aunque no soy ixil, me siento como uno de ellos”, afirmó sonriente. Galdamez, quien fue parte de la Guardia Presidencial del Ejército en la época del expresidente Arzú Irigoyen, fue electo legislador de Quiché por el desaparecido Partido Patriota y en 2016 se unió a las filas del partido oficial.
El diputado Óscar Chinchilla, presidente saliente del Legislativo, en su discurso reconoció que le tocó presidir el Congreso durante una de las peores crisis de la historia del país, pero no ahondó en ello.
En su primer discurso como presidente del Legislativo, Arzú Escobar, quien a sus 32 años se convierte en el presidente más joven de la historia del Congreso, habló de valores y buenas costumbres. Sin referirse a nadie con nombre y apellido, criticó el “relativismo político” de pretender destruir los valores y las buenas costumbres. “Cuáles son los valores que ese relativismo político ha querido destruir. Nada más y nada menos que la autoridad, responsabilidad, el respeto y las buenas costumbres. Quieren imponernos el reino de la anarquía, la irresponsabilidad, el descaro y la vulgaridad. Sin autoridad no hay justicia, sin responsabilidad no hay confianza, sin respeto no hay dignidad, y sin las buenas costumbres perdemos el sentido de lo bello, lo noble y el valor de la tradición”, dijo Arzú Escobar.
Además, frente su madre, Patricia Escobar de Arzú, quien sonriente lo escuchaba desde el palco, dejo entrever una línea contundente de lo que pretenderá sea su relación con las fuerzas sociales y diplomáticas: “Como órgano constitucional del Estado, vamos a escuchar a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a grupos organizados. Eso sí, no vamos a permitir que intenten decidir por nosotros, que traten de dictarnos qué debemos hacer, bajo medidas de hecho o de presión”.
El sábado, después de ser electo, Arzú Escobar se comprometió a buscar la unidad con las bancadas que no votaron por él. Además, negó que su padre haya participado en la negociación para que fuera electo presidente del Congreso. «Mi padre está demasiado ocupado siendo alcalde de la ciudad como para venir a meterse aquí.Obviamente cuento con el apoyo moral de él, pero las decisiones que yo tome en este Congreso van a ser responsabilidad absolutamente mías», indicó.
Para Morales 2017 fue un año de éxitos
Aunque el tema principal de conversación era la elección de la Junta Directiva del Congreso, la sesión del domingo tenía como objetivo que el presidente Jimmy Morales presentase su balance de su segundo año de gobierno. Durante una hora, el mandatario aseguró que había recibido el país en condiciones deplorables; acto seguido enumeró una serie de logros y avances que, según su versión, se dieron en todas las áreas. Señaló que su gabinete había logrado “ordenar las finanzas del Estado, la recaudación fiscal y el gasto público, el sistema de salud y educación, el modelo de seguridad y los programas sociales”. En sus palabras, 2017 fue un año llenó hitos y éxitos.
Apenas se quejó del Congreso. “Aunque no nos aprobaron el presupuesto (de Gastos del Estado para 2018), vamos hacer las transferencias en educación que sean necesarias para garantizar que los niños reciban la refacción escolar y cuenten con los 180 días de clases”, indicó.
No se refirió a la crisis política, a su fallido intento por deshacerse del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, a los señalamientos de financiamiento electoral ilícito que pesan en su contra por parte del MP, al sobresueldo de Q50 mil mensuales que se descubrió cobraba en el Ejército o del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que en marzo pasado cobró la vida de 42 niñas. Pero se declaró paladín de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Prueba de ello, afirmó, fue haberle trasladado “puntualmente” la totalidad de los fondos asignados a todas las entidades del sector justicia como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, y que estos no fueron condicionados por nada a cambio. “Una justicia, que no es imparcial, erosiona los valores democráticos de una sociedad, vulnerando la institucionalidad y el Estado de Derecho” añadió.
También señaló que hicieron los aportes a las municipalidades y consejos de desarrollo “puntuales” y sin “politización”.
En dos ocasiones de su discurso, el mandatario envió mensajes a sus opositores: “Tanto ustedes como diputados, como este servidor y presidente de la República, poseemos una gran responsabilidad con la democracia y la transparencia (…) A los diputados de la oposición, que yo sé que me están viendo en la televisión les pido que se opongan a todo, menos al desarrollo”. Además, agregó, “El mundo entero está harto de lo políticamente correcto. Simplemente hay que hacer, lo que se debe de hacer (…) Los poderes legítimos republicanos se eligen en las urnas y lo elige el pueblo, y ese poder debe ser ejercido por quienes fueron electos, no por presiones mediáticas o fácticas”. Esa última frase, y su disposición de trasladar la embajada de Guatemala en Israel del Tel Aviv a Jerusalén, le valieron vivas y aplausos por parte de una buena cantidad de diputados.
Un Congreso blindado
Mientras Jimmy Morales presentaba su informe ante un Congreso cuya dirección fue renovada con sus afines, decenas de personas protestaban en el exterior. La movilización supone la antítesis de aquellas jornadas entre el 15 y el 20 de septiembre de 2017 en las que una multitud obligó a recular a los diputados y renunciar al llamado “pacto de corruptos”. En este caso, los papeles se habían invertido. En la sede parlamentaria, los electos sesionaban sin traba alguna. En el exterior los concentrados eran pocos y sus consignas ni siquiera llegaban hasta los políticos: la Policía Nacional Civil (PNC) estableció un retén de seguridad que obligó a los inconformes a permanecer a dos cuadras del Congreso. Entre la columna del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y los convocados por grupos urbanos como La Batucada del Pueblo o Justicia Ya, alrededor de 300 personas se concentraron en el cruce entre la octava avenida y la 11 calle de la zona 1.
Por la mañana, a las 10:00, a la misma hora que estaba previsto que comenzase el acto institucional, una veintena de personas se concentraba junto a la municipalidad. El lugar tiene su simbolismo, teniendo en cuenta que el presidente del Congreso es Álvaro Arzú Escobar, hijo del alcalde y expresidente. La marcha estaba convocada por Codeca y tenía previsto llegar hasta el Parlamento. Antes de que comenzase, un detalle: un hombre a bordo de una moto negra, que no llegó a quitarse el caso, se personó ante el carro que iba a acompañar a la marcha para preguntar “contra quién iban”. Se identificó como empleado de la municipalidad. Al no obtener respuesta, marchó nuevamente en la moto, sin descubrir su rostro y haciendo con la mano la “V” de la victoria.
“Estamos en contra de la corrupción. Solo por haber elegido al hijo del alcalde, corrupto y nefasto, nos da la pauta de que se están organizando mejor. No estamos de acuerdo con este sistema ni con estos políticos corruptos”. Gilder Guzmán, de Codeca metropolitana, ponía especial atención en la impunidad que rodea al Congreso. Reconocía, no obstante, que la asistencia a la caminata no era la deseada. Esa misma sensación se extendería también en las inmediaciones del Congreso, donde en ese mismo instante, apenas unas decenas de personas lanzaban las primeras consignas ante la llegada de los diputados.
Hace apenas cuatro meses, la plaza rugió tres exigencias claras: la renuncia de Morales, la marcha de los 107 electos que trataron de aprobar los cambios en el Código Penal en septiembre y la redacción de una nueva Ley Electoral. Ninguno de los objetivos se logró. La plaza revivió tras las grandes marchas de 2015, miles de personas tomaron la calle y los diputados llegaron a pasar once horas encerrados por decenas de ciudadanos indignados. Sin embargo, los consensos de mínimos surgidos de aquellas protestas han resultado inalcanzables.
Guzmán reconoce que los movimientos sociales tienen su parte de responsabilidad. Especialmente, cuando se trata de llegar a acuerdos amplios. Además de la eterna división entre los manifestantes, el representante de Codeca apunta también otras dos razones: “el importante papel de los medios” y la falta de cultura política.
A pesar de considerar que el terreno de juego es adverso, Codeca trabaja junto a otros colectivos para poner en marcha un instrumento político, bautizado ya como Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Según Guzmán, los requisitos, que se resumen en las 22 mil firmas que exige el Tribunal Supremo Electoral, podrían estar cumplimentados este mismo mes. Codeca tiene mayor presencia en el interior que en la capital. Además de la marcha del domingo, el lunes estaban convocadas protestas a nivel departamental para denunciar la corrupción.
Buscando la tecla que mueve a un ciudadano
La marcha recorrió la Sexta Avenida sin lograr que los paseantes se sumasen a la protesta. Es posible que quienes aprovechaban el domingo para caminar o hacer compras sí que hubiesen estado en la Plaza Central el 20 de septiembre, o hubiesen rodeado el Congreso el día en el que se conmemoraba la independencia nacional. El domingo, mientras Morales, Arzú y sus aliados se hacían fuertes en el Congreso, apenas 40 personas clamaban contra la corrupción a través de la principal avenida peatonal de la capital.
¿Qué lleva a la gente a movilizarse y tomar partido? es una de las grandes interrogantes que tratan de resolver disciplinas como la Ciencia Política, la Sociología o el Marketing. Los movimientos sociales también tratan de dar con la tecla que hace que un ciudadano decida sumarse a una caminata. Hasta el momento, la lógica decía que los excesos de los gobernantes, como la declaración de “non grato” al comisionado Iván Velásquez o el “pacto de corruptos” eran los detonantes para que un acto pase de estar nutrido por los habituales a ser una demostración masiva. La víspera de la rendición de cuentas de Jimmy Morales, Álvaro Arzú Escobar, se había convertido en presidente del Congreso. Según Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, no resulta difícil pensar que uno de sus objetivos puede ser poner fin al mandato de la CICIG. A pesar de ello, el riesgo no ha sido percibido como tal por la ciudadanía. No, al menos, lo suficiente como para salir a la calle.
“Nos conformamos fácil”, reflexiona Eva Morales, del Bloque Feminista. En su opinión, las protestas de septiembre se contentaron con el paso atrás de los diputados certificado el 15 de septiembre, cuando renunciaron a los cambios en el Código Penal que facilitaban la impunidad en los casos de financiamiento ilegal y permitían eludir la prisión pagando una multa a los condenados a menos de diez años de cárcel. “Ya no se volvió a tocar el tema”, lamenta. Además, recuerda que Álvaro Arzú, el alcalde, tiene un importante apoyo en la capital.
“Tienen miedo de que pase lo de septiembre, por eso han instalado los retenes de policía”, dice Alejandro Pineda, junto a los miembros de la batucada, mientras mantenía las consignas frente a una barrera de policías. Lo cierto es que el despliegue de seguridad fue inaudito. En ocho cuadras a la redonda del Congreso, miembros de la PNC, Guardia Presidencial del Ejército, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y del cuerpo especial de los Kaibiles no permitieron la libre locomoción de las personas ni de vehículos. Las personas acreditadas para la sesión tenían que pasar tres puntos de revisión. Al ingresar al hemiciclo se limitó la movilización en diversas áreas para garantizar que el presidente Morales y los invitados al acto no pudieran ser entrevistados por los periodistas. En el exterior, los retenes impedían el paso. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas vivió en carne propia este exceso de dispositivo. «Es una seguridad desmedida, como si estuviéramos en guerra y no en tiempos de paz. No era necesario cerrar tantas calles y encontrarse a los kaibiles en el centro de la ciudad por la presentación de un informe», aseguró.
Afirmó que no cuentan con un protocolo escrito sobre las armas que se deben de utilizarse en una protesta, pero es «sentido común» el que no se utilizó al tener a tantos policías y miembros del Ejército resguardando a los diputados y al mandatario. El bloqueo policial se mantendría hasta pasadas las 14:00 horas, cuando los diputados habían abandonado el hemiciclo. Ya no había peligro de quedarse atrapados como ocurrió el 15 de septiembre y como los manifestantes se encargaron de recordarles mediante el cántico: “esos diputados, que ayer fueron comprados, están bien agüevados de quedarse encerrados”.
Regresando al otro lado de la barrera policial, al lugar preferente de la batucada, nos encontramos con el debate existencial sobre el porqué del éxito o el fracaso de una movilización. Alejandro Pineda recordaba que en 2015, cuando dimitieron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, hubo cinco meses de protestas continuadas. “Fue una seguidilla de eventos. Cuando son esporádicas es más difícil”, asumía. En su opinión, como en la de Guzmán, los medios de comunicación tienen responsabilidad en la ausencia de asistentes a la protesta. Reconoce que hay asuntos, como la corrupción, que han sido asumidos dentro del sentido común de parte del establishment. Sin embargo, denuncia que otras cuestiones, como el papel de los proyectos extractivos, se sacan de la agenda o son directamente promocionados.
El representante de la batucada también hacía mención a las divisiones existentes entre los movimientos. Un ejemplo: qué posición adoptar ante la propuesta de modificar la ley electoral. Según Pineda, conviven tres planteamientos. Los partidarios de la reforma, quienes abogan por la “refundación del Estado” y aquellos que consideran que, en estas condiciones, resulta imposible presentarse a elecciones.
La movilización social no es una ciencia exacta. Una calle vacía puede ser el anticipo de grandes protestas. El ambiente en la octava avenida era, sin embargo, de decepción. “Claro que existe un sentimiento derrotista. No hubo efecto de la elección de la nueva dirección del Congreso”, se lamentaba Pamela Saravia, integrante de la Batucada del Pueblo. Junto a ella, Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, trataba de eludir el tono pesimista, aunque reconociendo que el contexto no es favorable. “Pueden iniciar una agenda regresiva. Incluso revocar el mandato de la CICIG. Esto muestra una alianza entre la muni, el Congreso y el Ejecutivo”, lamentaba. En su opinión, la próxima batalla se librará en la elección del Fiscal General que sustituya a Thelma Aldana, en caso de que esta no aspire a repetir. El proceso se alargará hasta mayo.
Tras horas de consignas y algún discurso desde la megafonía de un camión llegó el momento del cierre. La sesión había concluido y algunos de los manifestantes trataron de romper el bloqueo policial. No pasó de unos empujones y un poco de gas lacrimógeno. En ese momento, el grueso de los manifestantes abandonó el cruce que se había convertido en campo base. Entre los que se quedaron se encontraba Marta Colaj, quien instaba a los agentes a ponerse “del lado del pueblo”. “Ellos son pueblo también, mire los rostros, desnutridos, hasta asustados”, explicaba, ante una barrera formada por tres filas de agentes. “Esto es una burla”, protestaba Colaj, en referencia a la elección de Arzú Escobar. “Es el hijo del criollo, de quien privatizó tantas cosas en Guatemala”, aseguró.
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