Ahora, a hacer los deberes (Análisis de Coyuntura)

Desde 2012 Guatemala ha tenido tres ocasiones de dar pequeños saltos  hacia la modernidad, tal como la entiende la extensa comunidad de  naciones a la cual las elites locales aspiran a pertenecer con  credenciales de plena ciudadanía, es decir, participando de los  negocios, las inversiones y los beneficios de la cooperación.

La primera oportunidad surgió cuando el presidente Pérez abrió un debate sobre reforma constitucional que ponía en relieve la diversidad étnica, daba chances de renovar el régimen político, afirmaba la propiedad sobre bienes públicos estratégicos y recuperaba asuntos pendientes de los Acuerdos de Paz. Ese salto –que solo las naciones aliadas apreciaron positivamente– se frustró por la desconfianza entre los diversos actores, y antes de arriesgar unos cambios ciertos disimuladamente se cerró la carpeta, y nadie lo lamentó.

La segunda ocasión apareció con el juicio del genocidio que asustó a los veteranos atrincherados de la Guerra Fría, pero que –además de la abierta simpatía internacional– en un inicio gozaba de un acuerdo implícito de las elites, incluyendo los altos mandos del Gobierno, hasta que se levantó el fantasma de la conspiración: se ajustará cuentas a todo aquel que asomó a los círculos oficiales hace 30 años y, cuando menos, quedarán manchados como cómplices de crímenes de guerra, un daño irreparable a la reputación y condena al ostracismo. Las elites lo creyeron cuando la advertencia no vino de la vieja camada radical, sino de intelectuales moderados que legitimaban el rechazo al juicio. Y el intento eclipsó cuando el Presidente dio el carpetazo al oír que un testigo lo implicaba directamente en la barbarie.

La tercera oportunidad es en realidad un capítulo que no se termina de cerrar y se refiere a la oportunidad de edificar el sistema de justicia a partir de operadores creíbles. Para la comunidad de naciones la Fiscal General resume el modelo de interlocutor fiable y capaz de emprender los cambios institucionales con independencia. Sin embargo, los saltos frustrados hacia la modernidad en 2012 y 2013 ejercieron un efecto debilitador del cambio; además, la acumulación del desgaste gubernamental enconchó a la administración de Otto Pérez generando su propia realidad1 y desconfiando de lo que no controla.

Hasta allí los intentos frustrados de la modernidad en este periodo, que arrojan un saldo en general regresivo. El modelo republicano ha quedado desdibujado por la abierta invasión de poderes del Estado desde el Ejecutivo, constantes choques y aridez en el Congreso, la institución más desacreditada a ojos del pueblo, pero sin duda la más expuesta bajo el lente de las oportunidades perdidas ha sido la Corte de Constitucionalidad. Por otro lado surgieron los rasgos autoritarios ante las protestas sociales no administradas y el desprecio abierto a la soberanía del Congreso, además de eventos de persecución política bajo el manto de demandas judiciales o escándalos mediáticos. Mientras, las instituciones continúan perdiendo capacidades básicas de gerencia, lo cual se refleja en la pobre administración del financiamiento público. Y la sociedad quedó crispada entre racismo (posmatanza de octubre 2012 en Alaska, Totonicapán) e ideologías en desuso en el mundo.

En el medio del tercer salto, decididamente estropeado aunque no consumado, el carpetazo vino del Capitolio. En la lógica de la membresía al club de las naciones modernas, el mensaje se puede leer como: si quieren gozar de los beneficios del club tienen que hacer algunos deberes, aunque no les gusten. La visita el 10 y 11 de febrero del subsecretario del Departamento de Estado para asuntos de seguridad, el veterano William Brownfield, fue sospechosamente amable, subrayando el respeto a las decisiones de los organismos del Estado, aunque su apuesta quedó registrada en las imágenes de los medios: la Fiscal General y la CICIG.

Ante el duro mensaje del condicionamiento de asistencia y préstamos multilaterales, el presidente Pérez reclamó respeto a la soberanía, tratando a la vez de diferenciar entre una Casa Blanca amiga y un Capitolio desinformado. No obstante el rechazo a las condiciones, el Gobierno ha empezado a hacer la tarea y a diferencia de los tres últimos años si no la hace bien tendrá consecuencias, y el tiempo no es su aliado. Ya la ministra de Finanzas ha adelantado que este año el Gobierno requiere, mínimo, US$238 millones del Banco Mundial para financiar gasto corriente. La diplomacia del garrote y la zanahoria sigue operando, esta vez para recordar que en el club global de la modernidad se agotan las membresías de cortesía.

IPN-USAC  Instituto de Problemas Nacionales  / Universidad de San Carlos

http://elperiodico.com.gt/es/20140216/domingo/242741/

 

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Juicio por genocidio contra Ríos Montt se reiniciará en 2015

Defensores y acusadores difieren sobre las circunstancias en las que el juicio por genocidio será reiniciado.

La presidenta del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B, Jeannette Valdez, indicó que el reinicio del debate contra el exjefe de Estado José Efraín Ríos Montt, y el exjefe de Inteligencia Militar Mauricio Rodríguez Sánchez, será el 5 de enero de 2015.

La juzgadora explicó que el proceso por genocidio contra dos exaltos mandos militares fue incluido en la agenda de esa instancia, debido a que los recursos que estaban pendientes de resolverse ya han sido añadidos al expediente.

A criterio de Alejandro Balsells, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon),  es imposible cumplir la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de regresar el caso hasta el 18 de abril, ya que un tribunal no puede llevar una parte del debate y otro la otra, por lo tanto, el juicio debe empezar desde cero.

El pasado 10 de mayo, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, mientras que Rodríguez resultó absuelto. Sin embargo, la condena fue anulada diez días después por la Corte de Constitucionalidad (CC), al considerar que se había violado el derecho de defensa de Ríos Montt.

La CC ordenó que empezara el juicio desde la mitad, y el Tribunal de Mayor Riesgo A se inhibió porque ya había emitido opinión, por lo que el proceso se trasladó al Tribunal B.

Arturo Aguilar, asesor del Ministerio Público (MP),  dijo que el año y dos meses de espera es una muestra de que se necesitan más tribunales de máximo riesgo, y descartó la posibilidad de que la fiscalía interponga alguna acción para adelantar el juicio.

Héctor Reyes, abogado querellante del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), espera que el debate se reprograme antes de esa fecha, como sucedió con el primer juicio.

Francisco Palomo, abogado defensor de Ríos Montt, opinó que es incierta la fecha de inicio del debate, ya que aún quedan amparos sin resolverse, la solicitud de amnistía y la decisión de la jueza Carol Patricia Flores de regresar el proceso a noviembre de 2011.

El exjefe de Estado aún espera ser beneficiado con la amnistía que sus defensores solicitaron a la Corte de Constitucionalidad.
El exjefe de Estado aún espera ser beneficiado con la amnistía que sus defensores solicitaron a la Corte de Constitucionalidad.

Expediente en la CSJ

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió ayer de la Corte de Constitucionalidad (CC) el expediente del caso de Efraín Ríos Montt. La CSJ debe trasladar el caso a la Sala Primera de Apelaciones, para que cumpla con lo ordenado por el Tribunal Constitucional de fundamentar el fallo de por qué no se puede aplicar la amnistía según el Decreto ley 8-86. En la CSJ informaron que entre hoy y mañana se trasladará el expediente a la Sala, pero antes deben realizarse dos copias legalizadas de la resolución de la CC.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20131106/pais/237436/

Ríos Montt se acerca a amnistía, según Corte de Constitucionalidad

23 de octubre 2013

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió ayer por mayoría amparar al militar retirado José Efraín Ríos Montt, al estar de acuerdo con su planteamiento de que se le debe aplicar el decreto 8-86, que contiene la amnistía a todos los miembros de las fuerzas armadas y a los guerrilleros, sin ninguna excepción, por delitos que se hubieran cometido durante el conflicto armado interno.

 
 José Efraín Ríos Montt, durante el juicio en el que se le impuso pena de 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de humanidad.

Familiares de las víctimas de una masacre en la región ixil inhumaron los restos.

CIUDAD DE GUATEMALA – Con ese fallo, la CC abre la puerta para aplicar la amnistía a Ríos Montt, al ordenar a la jueza de Mayor Riesgo A, Patricia Flores, que debe emitir nueva resolución y fundamentar por qué acepta o rechaza el incidente de excepción de la extinción de la persecución penal, presentado por la defensa del militar con base en el decreto emitido por el general Óscar Humberto Mejía Víctores, el 10 de enero de 1986.

En mayo del 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, pero el veredicto fue anulado por el máximo tribunal, por lo que el proceso regresó al 23 noviembre del 2011.

En el pleno de ayer participaron los cinco magistrados titulares y dos suplentes, de los cuales cinco votaron a favor de la petición del militar y dos emitieron su voto razonado disidente.

Retroactividad

De acuerdo con el análisis jurídico de la CC, corresponde la retroactividad de la ley, porque se beneficia al sindicado, tal y como lo establece el Código Penal.

En el fallo, al cual tuvo acceso Prensa Libre, se lee que Ríos Montt promovió la excepción de la extinción de la persecución penal por ser reconocida como vigente por la Constitución, al tenor del artículo 16 transitorio, en donde se establece: “Se reconoce la validez jurídica de los decretos-leyes emanados del Gobierno de la República a partir del 23 de marzo de 1982, así como a todos los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la ley a partir de dicha fecha”.

Ríos Montt gobernó el país del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, tiempo durante el cual hubo acción militar contra comunidades ixiles, en donde se calcula murieron mil 771 personas.

Procedente

Los magistrados, si bien no declaran abiertamente que se debe otorgar la amnistía, sí hablan de que los hechos supuestamente atribuidos a Ríos Montt ya fueron amnistiados y, por lo tanto, es procedente la excepción planteada con el argumento de que una ley anterior se conserva bajo el imperio de una posterior.

“Concluyendo entonces que se mantiene su posición de amnistiado por los hechos acaecidos en ese período de tiempo”, dice la sentencia en la que cinco magistrados apoyan al militar en su posición de que se debe declarar la extinción de la persecución penal.

O sea que no debe ser juzgado por genocidio y delitos contra deberes de humanidad, cuyo segundo juicio está previsto que comience en abril del 2014, después de que la CC anulara la pena de 80 años de prisión en su contra.

También señala la CC que el juez primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, omitió hacer un análisis respecto de los derechos adquiridos y la posición jurídica del amnistiado —Ríos Montt—.

“Y por el contrario resolvió la cuestión sometida a su conocimiento, confundiendo las instituciones de prescripción y amnistía e invocando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no es aplicable”, afirma el fallo.

Además, subraya que el juzgador leyó un documento que tenía preparado para la audiencia y así declaró sin lugar la excepción planteada.

Por tal razón, los magistrados consideran que Gálvez no fundamentó su resolución tal y como lo establece la ley.

Al mismo tiempo, el máximo tribunal justifica que no es la primera ocasión en que se ordena a jueces y magistrados que fundamenten sus resoluciones.

El amparo fue promovido contra la resolución de la Sala Primera del ramo Penal, que conoció la apelación planteada por la defensa de Ríos Montt, en la que se solicitó que se revoque la resolución del juez Gálvez, por considerar que él resolvió lo que no se solicitó.

Gálvez denegó que el general Ríos Montt se pudiera acoger a la Ley de Reconciliación Nacional cuando el militar no solicitó ese beneficio.

En primera instancia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó amparo al militar, pero este fue apelado por los querellantes Asociación para la Justicia y Reconciliación y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, a quienes la CC les denegó las apelaciones y confirmó la sentencia de la CSJ.

LARGO CAMINO

El proceso seguido contra el militar retirado Efraín Ríos Montt se ha  desarrollado en medio de una lluvia de impugnaciones legales.

15-12-2011 Goza de salud

A pocos días de dejar su curul como diputado, Ríos Montt llegó al MP para informar que se encontraba con buena salud y que deseaba someterse a la justicia.

20-01-2012 Primera cita

La jueza primera de Mayor Riesgo A, Patricia Flores, lo cita a rendir su primera declaración como sindicado  por las masacres que le atribuye el MP, en donde murieron mil 771 de la etnia ixil.

26-1-2013 Abre proceso

La juzgadora resolvió ligarlo a proceso por  genocidio y delitos contra deberes de humanidad. Se le impuso una fianza de Q500 mil para evitar la prisión.

17-2-2012 Pide amnistía

El general Ríos Montt  solicitó a la jueza Flores  acogerse a la figura de amnistía para que se cierre el proceso penal en su contra y que su proceso fuera archivado en definitiva.

21-5-2012 Segundo proceso

La jueza de Mayor Riesgo A   ligó a proceso a Ríos Montt por  la masacre de  Dos Erres, Petén, en donde murieron 201 personas.

10-5-2013 Condenado

El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión, al encontrarlo culpable de genocidio y delitos contra  deberes de  humanidad. Ese fallo fue anulado por la CC.

FALLO

La CC está de acuerdo con otorgar amnistía.

Es procedente la excepción de la extinción penal  por mantener su posición de amnistiado.

Se conserva una ley anterior bajo el imperio de otra posterior.

Juez omitió análisis de derechos adquiridos por Ríos Montt.

Juzgador resolvió denegar petición con documento preparado para la audiencia.

CC señala que el juez conculcó los derechos del militar, por carecer de motivación fáctica y jurídica la resolución.

80  años fue la condena   contra Ríos Montt.

En región ixil hubo 11 masacres

El Ministerio Público (MP) acusa  al general José Efraín Ríos Montt  de haber cometido 11 masacres en donde murieron mil 771 personas de la etnia ixil, en Quiché.

Según el órgano investigador, el militar utilizó para cometer las masacres los planes militares Victoria 82, Firmeza 83 y Sofía,  así como  el de desarrollo y seguridad, los cuales supuestamente fueron creados  para aniquilar a la etnia  ixil, cuyos integrantes eran considerados enemigos internos del Estado.

Según la Fiscalía, son 72 hechos los que se le atribuyen a Ríos Montt, incluida la muerte de un bebé de 3 meses, así como crímenes contra mujeres y hombres.

El MP indica que los planes militares fueron utilizados para matar a población civil que supuestamente ayudaba a grupos guerrilleros.

Del total de víctimas de las masacres, solo se han identificado 267.

Contenido de ley de 1986

El decreto ley 8-86, promulgado por el general Óscar Humberto Mejía Víctores, el 10 de enero de 1986,  otorgó amnistía a los militares y guerrilleros que cometieron diversos hechos durante el conflicto armado interno.

Artículo 1. Se concede amnistía general a toda persona responsable o sindicada de haber cometido delitos políticos y comunes conexos, durante el período comprendido entre el 23 de marzo de 1982 y el 14 de enero de 1986.  De consiguiente, no podrá entablarse ni seguirse acción penal de ninguna especie contra autores y cómplices de tales delitos, ni contra quienes hubieren cometido el delito de encubrimiento en relación con los referidos hechos; ni contra quienes hayan intervenido en cualquier forma en su represión o persecución.

Artículo 2. Esta ley será aplicable, asimismo, a las personas que se encuentren sujetas a proceso penal ante los tribunales del orden común, siempre que no se hubiese dictado sentencia condenatoria o bien que el fallo no se encuentre firme. En tales supuestos, los referidos tribunales dictarán el auto de sobreseimiento definitivo, de oficio o a solicitud de parte intervenida.

POR BYRON ROLANDO VÁSQUEZ / GUATEMALA

¿Quién manipula a los ixiles?

Se celebró el Día del Ejército, pero un Ejército, décadas después de la firma de la paz, todavía bajo asedio. De día y de noche los oenegeros mercenarios no paran de conspirar para profundizar este asedio contra los militares. Como no tienen base ni soporte de la mayoría de ixiles —esos mismos ixiles que votaron en contra de ellos en cuatro diferentes elecciones, superándolos 10 a uno; esos mismos ixiles que en su mayoría quieren la paz y no la confrontación; esos mismos ixiles que aún recuerdan cómo fueron manipulados para tomar las armas

ALFRED KALTSCHMITT

para después ser abandonados a su suerte por sus “comandantes”, quienes huyeron cobardemente a un exilio dorado de lujos, luciendo caretas de héroes defensores “de pobres inditos” ante la pléyade ingenua europea deseosa de tragarse la versión única de la guerrilla subversiva.

Después del circo de juicio que les perdió su jueza privada Jassmin Barrios, ahora organizaron una caravana conformada por algunas docenas de carros para viajar a Nebaj y “entregar al pueblo ixil la sentencia por genocidio” —aunque esta fue anulada—. La estrategia tenía un objetivo muy simple: ampliar la convocatoria del movimiento antimilitar, recuperar el perfil mediático perdido después de la revocación de la sentencia y, lo principal: “cautivar a los ixiles con las promesas de cuantiosos resarcimientos”. Con este incentivo perverso pretenden ganar masivamente adeptos cautivados por la promesa de remuneraciones dinerarias, multiplicando por miles de “nuevos testigos detectados”. Materia prima para explotar en futuros “juicios” contra militares. Bandeja de plata para que muchos ixiles pobres cambien sus testimonios como lo hicieron anteriormente con la primera oleada de resarcimientos y que a la fecha le ha costado al Estado la bicoca de mil 200 millones de quetzales.

Es el mismo incentivo perverso que convirtió a la guerrilla en eonegeros mercenarios para retomar la guerra por otros medios. Para este juicio lograron persuadir a las oenegés europeas —que están atravesando serios problemas financieros debido a la situación económica que impera en ese continente— de explotar el tema de genocidio para el levantamiento de fondos, tema que tiene gran resonancia con los donantes individuales europeos.

Y los convencen y siguen convenciendo de la misma manera que lo han venido haciendo desde antes y después de la firma de la paz: Mediante el informe Rehmi (Recopilación de la Memoria Histórica) y el informe CEH (Comisión de Esclarecimiento Histórico), en adición a la cuantiosa literatura escrita por adeptos ideológicos desde hace décadas y que superan 10 a uno a las obras de escritores con otras versiones del conflicto armado.

Esta vasta proliferación de literatura e informes, con evidentes sesgos ideológicos, mentiras a medias, deformaciones y absolutas falsedades, es lo que ha generado la plataforma seudocientífica y literaria para persuadir a medio mundo de que aquí hubo una matanza indiscriminada contra masas de indígenas indefensos cometida por un ejército sangriento y cruel, y una guerrilla totalmente invisibilizada —como si no hubiesen existido— que cometió algunos “pecadillos” defendiendo a los “inditos” contra la oligarquía explotadora y su ejercito cuasi privado.

La Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos la oportunidad de terminar de una vez por todas este genocirco que ha venido a polarizar a los guatemaltecos como nunca antes. La amnistía de 1986, que favorece a guerrilla y militares, fue aprobada por la Constituyente de mayor convocatoria en la historia política de nuestro país. El espíritu, la razón de ser y el objetivo de esa amnistía era prevenir, “precisamente”, lo que está pasando ahora. Evalúenlo serenamente, señores, porque si no es así, esto no terminará nunca.

Ríos Montt regresó a su casa con beneficio de arresto domicilario

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/179120-rios-montt-regreso-a-su-casa-con-beneficio-de-arresto-domiciliario

11 de junio de 2013 por Jody García

José Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado, abandonó el Centro Médico Militar donde se encontraba internado, y regresó a su residencia en condición de arresto domiciliario.

Ayer el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jeannette Valdés inició con el análisis del expediente contra Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, y dentro de las primeras resoluciones ordenó que al ex jefe de Estado se le retirara la custodia y continuará vigente la medida sustitutiva de arresto domiciliario.

Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario (SP) informó que la Dirección General de la entidad recibió a las 15:00 horas, la instrucción judicial donde se giraban directrices para que se efectuara el retiro de los elementos carcelarios que custodiaban al General retirado.

Tras haber recibido la notificación, dicha orden fue ejecutada a eso de las 23:00 horas informó Esquivel. Según la información, Ríos Montt dejó el Centro Médico Militar poco después de la medianoche.

Algunos de sus abogados y familiares llegaron al nosocomio para acompañar al General a su residencia.

La información fue confirmada por Francisco Palomo, abogado defensor de Ríos Montt, quien, además, explicó que esto se debió a que la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia emitida por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, a cargo de Yassmin Barrios, por lo que dicha custodia de guardias de presidios debía ser eliminada.

“Antes de la ilegal sentencia se encontraba con arresto domiciliario y vigilancia de la Policía, y así es como está ahora”, indicó. Por último Palomo señaló que el nuevo Tribunal que conoce el caso, aún no les ha notificado sobre el curso que tomará el debate.

Por su parte, Rodolfo Díaz, médico que atendió a Ríos Montt desde su ingreso al centro médico, indicó que el estado de salud del General era estable.

El exjefe de Estado estuvo interno en dicho centro durante 27 días, desde el 13 de mayo, cuando manifestó afecciones de hipertensión y problemas en la próstata.

De acuerdo con la orden de Díaz, quedaron pendientes algunas consultas y tratamientos sobre el señalado.

SIN CONOCIMIENTO

Al momento de cierre de esta edición, el Ministerio Público, y los querellantes en el caso no habían recibido una notificación de la disposición del Tribunal, por lo que desconocían la situación del traslado de Ríos Montt.

El pasado 10 de mayo, Ríos Montt fue condenado a 50 años por el delito de genocidio y 30 por deberes contra la humanidad, por su responsabilidad en la muerte de 1,771 indígenas del área Ixil. Posteriormente la CC anuló dicha condena.

Aún no existe certeza de la forma en que procederá el Tribunal B en ese caso, puesto que al anular la sentencia, el máximo órgano constitucional también dejó sin efecto lo actuado durante el juicio desde el pasado 19 de abril.

La defensa considera, “sin lugar a dudas” que el debate reiniciará, mientras que los querellantes estiman que el órgano de sentencia debe consultar a la CC como proceder.

Sala confirma amparo a favor de Ríos Montt

La Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal confirmó el amparo que se otorgó al abogado Francisco García Gudiel, quien defiende al general José Efraín Ríos Montt, para que continúe en el debate que se sigue por genocidio y delitos contra deberes de humanidad. Al general José Mauricio Rodríguez Sánchez también se le acusa por los mismos hechos.

POR JERSON RAMOS Y BYRON VÁSQUEZ

La resolución de la judicatura, emitida y notificada ayer, indica que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo debe aceptar al profesional, para que asista a Ríos Montt.

También se explica que el juicio por 17 masacres de indígenas en el área ixil, Quiché, tiene que suspenderse hasta que el Tribunal resuelva una recusación planteada por la defensa del ex jefe de Estado, en contra de los jueces Jazmín Barrios y Pablo Xitumul. El documento consta de 15 páginas.

Manolo López, secretario de la Sala, explicó que 24 horas después de que el Tribunal reciba la notificación se debe dar cumplimiento al fallo.

“En la resolución se establece que el Tribunal tiene que tomar las medidas que considere pertinentes para no entorpecer el desarrollo del debate que se tramita y por el cual se otorgó el amparo”, agregó López.

El secretario de la Sala indicó que a eso de las 13 horas de ayer se envió la notificación del fallo a las partes del proceso.

Trámite

Jaime Hernández, defensor de Ríos Montt, aseguró que la resolución obliga al Tribunal a que regrese el proceso al 19 de marzo, cuando comenzó el debate en contra de los militares, y que suspenda el juicio por cinco días.

En esa fecha fue cuando García Gudiel pidió que se le otorgara un plazo para conocer las actuaciones del proceso, pues acababa de ser contratado como abogado de Ríos Montt.

“Cuando se retome el juicio se tiene que dar trámite a la recusación en contra de los jueces —Barrios y Xitumul—. El Tribunal tiene tres opciones: acepta, rechaza pero se excusa o rechaza y continúa. En cualquiera de los casos debe trasladar el expediente a la Sala de Apelaciones jurisdiccional”, dijo Hernández.

Se buscó la opinión de Édgar Pérez y Héctor Reyes, representantes de la Asociación para la Justicia y Reconciliación y del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, pero no contestaron a las llamadas a sus teléfonos móviles.

El Tribunal convocó para retomar el debate hoy.

Acciones pendientes

Aún existen recursos legales que deben resolver la CSJ y la CC.

Solicitud de la defensa para suspender el juicio. Debe resolver la Corte de Constitucionalidad.

Apelación de proceso civil abierto en contra de la jueza Jazmín Barrios. Conoce la CC.

Amparo de la Fiscalía contra fallo de resolución que anuló el debate. Se tramita en el máximo tribunal constitucional.