“Hay graves violaciones de derechos humanos en el país” Víctor Hugo Godoy, titular de la Copredeh

Por ENRIQUE GARCÍA, El Periodico, 16 de septiembre 2016

Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), Víctor Hugo Godoy, justifica trabajo de la institución, que maneja un presupuesto de Q141.6 millones.

¿Cómo funciona la Copredeh si los integrantes no se reúnen?

– Es una Comisión sui géneris en el sentido que no se reúne para funcionar, esta coadyuva a cada uno de sus integrantes en cada unidad administrativa para que pueda realizar tareas que le corresponde durante los procesos y diversos informes que piden los sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos.

¿Entonces todo el proceso y estudio de tareas, cada quien lo realiza de manera independiente?

– Le explico. Recibimos de parte de ambos sistemas las peticiones al Estado por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos nos las trasladan y nosotros evacuamos los informes y requerimientos de nuevo por medio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, si hay algunos casos que no se resolvieron del todo, pasa a la Corte Interamericana, entonces pedimos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que dé un mandato para representar al Estado, si el requerimiento de las instancias internacionales es aceptado, entonces pedimos información a las entidades de seguridad y justicia.

¿Es después de todo este proceso que  los comisionados se ponen de acuerdo?

– Hay una unidad administrativa especializada en varios temas dentro de Copredeh que ve el tema de las quejas internacionales. Ellos informan al Estado por medio de una misión que nos representa ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Cancillería, a la vez nos avisan a nosotros. Como le mencioné, comenzamos a recabar más información en todas las entidades, luego se elabora un informe que se envía por medio de Relaciones Exteriores, quienes entregan la documentación oficial a la Comisión.

¿Qué sucede cuando ese informe es admitido internacionalmente?

– Aquí iniciamos la tercera fase, recabar información para defender al Estado con los argumentos ya aprobados.

Si la Comisión no acepta las pruebas estatales, ¿qué recomendaciones dan?      

– Es enviada de una vez a la Corte Interamericana y aquí solicitamos a la PGN para que otorgue un mandato para representar al Estado.

¿Por qué tiene que ser precisamente Copredeh la única entidad que lleve este tipo de casos en nombre del Estado?

– Porque es quien ha llevado todos los procesos desde el comienzo, no puede venir la Procuraduría General de la Nación a defender el caso sin conocer todo lo que ha sucedido, por ello Copredeh tiene unidades especiales.

Si es una entidad que tiene un acercamiento estrecho con instancias de derechos humanos, ¿es importante entonces el nombramiento que da el Presidente de la República?

– Cuando el Presidente nombra al titular de Copredeh da un mensaje sobre el tipo de representación que tendrá el Estado. Si nombra a un activista de derechos humanos quiere decir que el mandatario es proclive a que estos activistas sean flexibles hacia las peticiones de la Comisión y de los demandantes.

Pero, ¿si no es así?

– Ahí envía otro mensaje, como en mi caso que he sido funcionario que me he dedicado al tema de derechos humanos pero no soy un activista; esto es un punto intermedio.

Usted fue presidente de Copredeh en 2000, ¿cuáles eran las soluciones que daban?

– Eran soluciones amistosas firmadas con la Comisión Interamericana, porque antes de esa fecha la postura era negar; aquí no sucedió nada, aquí no ha pasado nada y solo era una postura jurídica.

Entre 2000 y 2012 Guatemala fue miembro de la comunidad internacional de derechos humanos, ¿cambió con la llegada del gobierno de Otto Pérez Molina?

– El que llegó cuestionó todo y se negó a acatar las sentencias de la Corte Interamericana y no acató las recomendaciones de la Comisión Interamericana, eso hizo que nos condenaran en un informe presentado por la Corte el año pasado, en el cual nos bajan de categoría.

¿Entonces en derechos humanos no está colaborando Guatemala?

– En efecto. De acuerdo al informe, hay graves violaciones a los derechos humanos en el país y entonces nos ganamos un lugar con Venezuela y Cuba.

¿Se puede revertir dicha decisión de las cortes internacionales?

– Lo que hice es reunirme con la Corte y la Comisión para tratar de hacer un calendario de cumplimiento, porque se acumuló una presa de 21 sentencias que se deben cumplir, desde entonces he venido dialogando con los peticionarios para ver si encontramos una salida a esas sentencias.

http://elperiodico.com.gt/2016/09/16/pais/hay-graves-violaciones-de-derechos-humanos-en-el-pais-victor-hugo-godoy-titular-de-la-copredeh/

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El tardío juicio contra las autoridades comunitarias de Huehuetenango

Siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango han guardado prisión preventiva por más de un año. Cambios en los delitos de la acusación, audiencias suspendidas y reprogramadas enmarcan su proceso judicial. Hace dos semanas inició el debate oral en el Tribunal A de Mayor Riesgo. Durante las audiencias, la defensa de los acusados ha presentado fotografías, videos y audios para confrontar las declaraciones de los 42 testigos de la Fiscalía. Las pruebas materiales coinciden con la hora de las supuestas retenciones narradas por los agraviados.

 

Los líderes comunitarios procesados, que llevan más de un año en prisión preventiva, son los representantes de comunidades que se oponen a la instalación de megaproyectos en Huehuetenango, por considerar que los recursos naturales son un bien social que debe ser preservado para toda la humanidad.

El Ministerio Público (MP) acusa a Sotero Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Francisco Juan Pedro, Mynor López, Ermitaño López Reyes, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez.  Un líder religioso, un maestro, un pastor,  un miembro del Consejo de Pueblos Mayas (CPO)  y dos representantes del Gobierno Plurinacional de Huehuetenango (GP). La Fiscalía les sindica los delitos de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción y obstaculización a la acción penal.

Miembros de sus comunidades, esposas, hijos y amigos, acompañan a los líderes en las audiencias del juicio iniciado hace dos semanas, y que está a punto de concluir. Rigoberto Juárez, representante del Gobierno Plurinacional (GP) –una organización que agrupa a miembros de cuatro pueblos mayas, Q’anjob’al, Chuj, Acateca y Poptí–, centro de atención de los periodistas, sereno, sonríe a sus conocidos y trata de confortarlos y animarlos.

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La Fiscalía tardó dos semanas en presentar a sus testigos. Había días en que no tenía personas para rendir su declaración ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. La jueza Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal, tuvo que fijarle un plazo para pronunciarse sobre los testigos que no acudieron a declarar. Los abogados defensores señalaron esta actitud del Ministerio Público como una forma de retrasar el proceso. Este martes 19 de julio, el Ministerio Público renunció al resto de sus testigos. En total tenían programados 60.

*  *  *

La tarde del 22 de abril de 2013, según testimonios de 10 empleados de la empresa Hidro Santa Cruz, fueron detenidos por un grupo de personas que bloqueaba la carretera de la aldea El Recreo C, en el municipio de Barillas, Huehuetenango. Los agraviados narraron que los condujeron al área conocida como “La Resistencia”, donde pobladores manifestaban en oposición a la hidroeléctrica. En sus declaraciones ante el tribunal, los supuestos agraviados aseguraron que el profesor Arturo Pablo Juan, Mynor López, y los líderes religiosos Francisco Juan Pedro y Sotero Adalberto Villatoro, Cruz  dirigían a las personas que los detuvieron y amenazaron con quemarlos vivos.  Ese día, relataron que los obligaron a firmar un documento en el cual se comprometían a no seguir trabajando en la empresa Hidro Santa Cruz.

El norte de Huehuetenango es una zona apetecida de inversión para las empresas generadoras de energía eléctrica por sus ríos caudalosos. Algunos pobladores están a favor y otros en contra de la implementación de megaproyectos. Las consultas populares no han sido respetadas, y según las autoridades comunitarias no han obtenido la respuesta  y el diálogo que esperaban del Estado. El antropólogo, Santiago Bastos, presentó durante el juicio un peritaje sobre el contexto socio-histórico  de la conflictividad en el departamento.  En su informe explica que la criminalización es usada para impedir la movilización de los opositores. Según Bastos, hay una estrategia entre las empresas y operadores de justicia. En su peritaje evidencia que desde 2009 se dio un auge en la persecución penal contra opositores a megaproyectos.

El exabogado de los empleados de la hidroeléctrica, Victor Hugo Ma Villatoro, reconoció ante el Tribunal que parte de sus honorarios fueron pagados por medio de un convenio con la empresa Hidro Santa Cruz. Ese extremo lo había negado en otras ocasiones.

Los empleados de la hidroeléctrica —que en la primera audiencia renunciaron a ser querellantes adhesivos en el proceso—, declararon en su calidad de agraviados ante el Tribunal. Dijeron que siguieron trabajando para la empresa hasta junio de 2016. Mynor Ernestino López explicó que desde abril de 2013 ya no acudieron a las instalaciones de la hidroeléctrica a limpiar el terreno, pero la empresa les “reconoció” el tiempo invertido en este proceso. “Nos dijeron que nos ayudarían con un abogado, que teníamos que seguir trabajando porque venían audiencias y debíamos ir a declarar”.  Hace un mes, relató López, representantes de Hidro Santa Cruz convocaron a los 10 empleados de la hidroeléctrica a un almuerzo y les dijeron que esa era la última vez que iban a convivir. “Firmamos un documento donde decía que la empresa ya no nos iban a ayudar y allí se acabó todo”, agregó.

El exabogado de los empleados de la hidroeléctrica, Victor Hugo Ma Villatoro, reconoció ante el Tribunal que parte de sus honorarios fueron pagados por medio de un convenio con la empresa Hidro Santa Cruz. Ese extremo lo había negado en otras ocasiones.

Cambio de los delitos

La mañana del 23 de enero de 2014, se celebró la audiencia de primera declaración para Sotero Villatoro, Arturo Pablo y Francisco Juan en el juzgado de Santa Eulalia, se les investigaba por los delitos de amenazas y detenciones ilegales por supuestas retenciones a empleados de Hidro Santa Cruz, en abril de 2013. Sin embargo, el juez Luis Felipe Zamora los ligó a proceso por los delitos de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción, amenazas y plagio o secuestro.

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El miércoles 20 de julio, el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro asistió a rendir su declaración, tras la conducción dictada por el Tribunal. El abogado fue representante de los empleados de la hidroeléctrica durante este proceso judicial, hasta que  el mes pasado desistieron como querellantes adhesivos. Ma Villatoro negó haber pactado el cambio de los delitos con la fiscal a cargo del expediente, como había declarado el auxiliar fiscal René Maldonado y Maldonado. “Sugerí a la fiscal Adelina Juárez que había suficientes elementos para calificar el delito de plagio o secuestro. Ella me decía que entendía, pero que el caso estaba difícil”, explicó Ma.

Después de emitida la resolución del juez Zamora, en 2014, empleados del CAJ aseguran que el personal fue retenido y personas coaccionaron al juez para cambiar la decisión. El juez accedió a celebrar la audiencia de revisión a las 15:45 horas. En el audio se escucha al fiscal del Ministerio Público, Gildardo Chúa Martínez  decir: “Tenemos conocimiento de que el Juez de Paz, al parecer, fue agredido físicamente al salir de acá. No tenemos una versión oficial. Insto a los líderes que podrían salir beneficiados para que pidan a las personas que están afuera del CAJ que no atenten contra la integridad del personal”. Al finalizar la audiencia, el juez cambió la resolución de plagio o secuestro  emitida en la mañana, por el delito de detenciones ilegales.

Fotografías presentadas como prueba por la defensa de Ermitaño López Reyes, muestran a un grupo de 15 a 20 personas dentro del Centro de Administración de Justicia (CAJ). Según las fotos, l puerta principal de la entrada al CAJ estaba cerrada con candado a las 12 del mediodía, cuando todavía no había gente en las afueras. Después de finalizada la segunda audiencia, hay imágenes de varios niños, mujeres, jóvenes y adultos afuera del CAJ. Se mostraban felices porque sus líderes habían sido liberados.

Según testimonios de los empleados del CAJ, estuvieron retenidos y no pudieron salir de las instalaciones hasta las once de la noche. “Creímos que con la liberación de sus líderes se terminaba el problema. Pero la gente siguió su manifestación en las calles. Tiraban piedras al Ministerio Público, me tuve que refugiar en el baño porque quebraron vidrios”, dijo el oficial e intérprete del juzgado, José Sebastián Mateo. Se sindica a Ermitaño López Reyes de dirigir las retenciones y convocar las manifestaciones de ese día. De estos hechos, no hay fotografías que comprueben lo relatado por los agraviados.

Las peticiones

El 19 de enero de 2015, autoridades comunitarias de los municipios de San Juan Ixcoy, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Santa Cruz Barillas, Soloma, en Huehuetenango se dirigieron al Centro de Administración de Justicia (CAJ). Llevaban consigo las peticiones de sus comunidades. A las dos de la tarde se reunieron con el coordinador del CAJ, Pascual Tiu Zapeta, para plantear la problemática de cada comunidad.

Durante las audiencias de este proceso en la capital, varios testigos hablaron de esa reunión. Empleados del CAJ recuerdan que los líderes comunitarios mostraban una actitud violenta, pero un vídeo grabado por un colaborador de radio Snuq’ Jolom Konob’ muestra que el diálogo entre las autoridades comunitarias y el coordinador Tiu Zapeta fue pacífico. En las imágenes se veía a los líderes sentados en una banca dentro de los pasillos del CAJ. Ninguno se mostraba exaltado ni gritando.

En las imágenes se veía a los líderes sentados en una banca dentro de los pasillos del CAJ. Ninguno se mostraba exaltado ni gritando.

Uno de los líderes comunitarios grabó con su teléfono la conversación. Se escucha a uno de los líderes decir que la población veía que los problemas se agudizaron con la llegada de megaproyectos, sentían que la Policía Nacional Civil (PNC) estaba al servicio de los empresarios de las hidroeléctricas. “Hemos agotado los mecanismos de diálogo y no se nos ha escuchado. Como líderes estamos mediando para que no suba la tensión, sólo estamos defendiendo nuestros derechos”, se oye decir a otro de los representantes comunitarios.

Eduardo Gaspar Pablo Tercero, alcalde comunitario de Santa Eulalia, leyó las cinco peticiones de las comunidades: la principal era la libertad de Jesús y Casimiro Mateo Mateo,  capturados esa mañana. Se les acusaba por los asesinatos de Mateo Alonzo Mateo y de Nicolás Francisco Francisco en 2014, durante un enfrentamiento entre los vecinos de San Mateo Ixtatán y la aldea de Ixquisís que estaban a favor y en contra de la hidroeléctrica Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A. También solicitaban dejan sin efecto otras 12 órdenes de captura de pobladores de Ixquisís, así como la cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas y petroleras; una mesa de diálogo de alto nivel con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); eliminar presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y destacamentos militares dentro del territorio.

La respuesta del Tiu Zapeta fue que no podía hacer nada, excepto informar a sus jefes y empezar las gestiones para coordinar una mesa de diálogo.

La audiencia extraordinaria

Luego de casi dos horas de diálogo, según se escuchó en la grabación, y al ver que las peticiones no iban a ser cumplidas, se escucha la tensión de los presentes en la reunión, querían respuestas. Las comunidades que representan les pedían explicaciones. En medio de las voces, resalta la voz de una mujer: “Les vamos a dar tiempo que hablen, que llamen, y después de eso vamos a cerrar”.  Tras lo que Tiu Zapeta responde: “Usted, la señora que habló, espero que me entienda que nada se puede hacer de la noche a la mañana. Yo no puedo llegar a pedir que dejen libre a X o Y persona”.

El auxiliar fiscal, René Maldonado y Maldonado, declaró durante el juicio que vivía en el tercer nivel de un edificio frente a las instalaciones del Centro de Administración de Justicia (CAJ). Durante la tarde observó a la gente aglomerarse frente al CAJ, cada vez eran más y ocupaban toda la calle. Calcula que eran unas 400 personas. Oyó que algunos  hablaban por altoparlantes para convocar a la gente a manifestar. A las 9 de la noche, una compañera del juzgado lo llamó para avisarle que iban a atentar contra el personal del CAJ. Los abogados defensores le preguntaron por qué no tomó alguna fotografía que ahora podría ser usada como medio de prueba, pero argumentó que su celular no tenía cámara.

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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) testificaron que a las 7 de la noche del 19 de enero, un grupo de personas los sacó de la subestación policial. Les pidieron acompañarlos en comitivas formadas por los manifestantes, querían  encontrar al juez Mario Ernesto Olivares Interiano, y a fiscales del Ministerio Público para celebrar una audiencia que ordenara la liberación de los hermanos Jesús y Casimiro Mateo Mateo.  Los encontraron en sus viviendas y los llevaron al CAJ cerca de las 2 de la madrugada.

El juez Olivares Interiano asistió el lunes 18 de julio a la audiencia, pero no quiso declarar. La jueza Yassmín Barrios aceptó su decisión de acogerse al derecho que gozan los jueces en funciones de abstenerse a declarar. El juez Alberto Calvo Ramírez también se acogió al derecho de no testificar.

Los testimonios de empleados del CAJ y de otros testigos sobre lo que sucedió en enero son inciertos. Lo único probado es que se celebró una audiencia de primera declaración extraordinaria a las 2:30 de la madrugada. En la audiencia no estuvieron los sindicados, a pesar de ser un procedimiento  ilegal. A pesar de las irregularidades, el juez Olivares Interiano ordenó la libertad condicional a Jesús y Casimiro Mateo Mateo. Por los hechos ocurridos el 19 y 20 de enero 2015, se sindica a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar.

Ahora, el juicio está llegando a su fin. El jueves 21 de julio, fueron escuchados los últimos testigos de la defensa. El Ministerio Público pidió al tribunal  condenas de nueve y 12 años de prisión en contra de los procesados, por los delitos de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción y obstaculización a la acción penal. Los abogados defensores, durante 30 minutos cada uno, expusieron los argumentos en los que justifican la inocencia de sus patrocinados, y pidieron la absolución. El Tribunal A de Mayor Riesgo, emitirá su sentencia en los próximos días.

https://www.plazapublica.com.gt/content/el-tardio-juicio-contra-las-autoridades-comunitarias-de-huehuetenango

 

Los Méndez-Ruiz y su vinculación con el Caso Creompaz

CMI Guate, 14. Abril 2016

Ricardo Ménde-Ruiz ha sido crítico de los casos en contra de militares. El caso Creompaz, donde su padre es buscado por el MP, es el último caso conocido. Archivos desclasificados y recopilación de información permiten entender la razón de su defensa: él mismo fue Oficial de Inteligencia en la Base Militar de Cobán en los años de las masacres. ¿Supo Méndez-Ruiz de las muertes que hoy se juzgan en los Tribunales de Mayor Riesgo?

El primero de enero del 2016 el presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, dio la primera noticia de duelo del año. Su padre, Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser, había muerto súbitamente un día antes. La noticia no fue mediática hasta que cinco días después, en la mañana del miércoles 6 de enero de 2016, el Ministerio Público anunció más de una decena de capturas por las masacres cometidas en la Zona Militar No. 21 de Cobán, Alta Verapaz, durante los años más cruentos de la guerra. Entre las capturas resaltaba Manuel Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala de agosto de 1981 a marzo de 1982, y Edgar Justino Ovalle Maldonado, diputado electo del partido de Jimmy Morales y oficial de Operaciones (S-3) en la zona militar No. 21 de Cobán de enero a abril de 1983.Pero había una captura importante que había sido frustrada: el ex ministro de Gobernación de Efraín Ríos Montt, el coronel (r) Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser estaba en la lista. Su muerte una semana antes entonces tomó otro matiz. ¿Se habría salvado de ser juzgado el coronel de Ingeniería retirado o su muerte era un montaje?

La vehemencia con que arremetió la FCT contra el caso Creompaz dio más luces sobre los intereses de Ricardo Méndez-Ruiz Valdés. El presidente de dicha entidad fue secuestrado por un comando del partido comunista (PGT) por los mismos años en que se cometieron las masacres que hoy se juzgan. Ese secuestro abre las puertas para conocer la relación de los Méndez-Ruiz y el caso Creompaz.

Redacción CMI

Un secuestro y su contexto

Mi hijo fue secuestrado en la Ciudad Universitaria, el 23 de junio. Días después recibimos una comunicación del Partido Comunista de Guatemala, el PGT, haciéndose responsable del plagio.”, dijo en cadena nacional el 15 de julio de 1982 el coronel Méndez-Ruiz Rohrmoser, según consta en su libro de memorias.

El PGT (Comité Central, una de sus fracciones) en vez de canjear a Méndez-Ruiz Valdés por dinero, buscaba liberar a 9 militantes de su organización secuestrados y desaparecidos por el Ejército. Entre ellos estaba Emil Bustamante, catedrático (1976-1978) y profesional egresado de la Facultad de Veterinaria, secuestrado el 13 de febrero de 1982 y aún desaparecido. En ese entonces Ricardo Méndez-Ruiz Valdés estudiaba en esa Facultad y tenía 23 años.

A la mañana siguiente del discurso, el gobierno dio inicio al Plan de Operaciones Sofía en la región Ixil El PGT también buscaba romper el cerco mediático de la dictadura y publicar varios comunicados de prensa. El primero de ellos, dedicado a rechazar la amnistía decretada por Ríos Montt, logró salir en los grandes medios el 29 de junio de 1982 bajo el título: ¡No! A la demagogia de la dictadura. Adelante a la guerra revolucionaria popular”, según consta en un reportaje de Plaza Pública.

Pero Méndez-Ruiz Rohrmoser, según dijo en su libro, se negó a liberar a los militantes del PGT porque eso había ocurrido durante el pasado gobierno, el del general Romeo Lucas García. En aquel discurso que causó tanto revuelo, Méndez-Ruiz Rohrmoser se distanció del gobierno de Lucas y reconoció públicamente la violencia e impunidad del luquismo. A la vez mostró las pugnas que habían dentro del Ejército en ese momento al defender a capa y espada al gobierno de Ríos Montt. El coronel Méndez-Ruiz R. fue uno de los que comandó el golpe de estado contra Lucas García el 23 de marzo de 1982 desde la zona militar No. 21 de Cobán1.

No obstante, a la mañana siguiente de aquel discurso riosmonttista que propinó Méndez-Ruiz R. el gobierno dio inicio al Plan de Operaciones Sofía en la región Ixil (16/07/82), el punto más alto de la política genocida.

El coronel de Ingenieros y la represión

“En ese tiempo, Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser también mandaba a matar hasta a los desertores”, dijo el 12 de enero de 2016 un testigo protegido presentado por el Ministerio Público en la audiencia de primeras declaraciones en el caso Creompaz.

Cuenta de Twitter de Prensa Libre. 12 de enero de 2016.

En sus memorias, Méndez-Ruiz Rohrmoser se defiende de los señalamientos. Llega a afirmar que

durante la época que gobernó el General Ríos Montt no hubo asesinato ni desaparecidos, a pesar que sectores interesados describen ese tiempo como el más sangriento de nuestra historia”.

Luego de las declaraciones que Méndez-Ruiz Rohrmoser hiciera publicas el 15 de julio de 1982, el PGT distribuyó un panfleto el 19 de julio de 1982, donde daba a conocer que el Ministro de Gobernación se negaba a realizar una segunda publicación en medios, mientras lo señalaba de complicidad con Lucas García:

El Coronel Méndez-Ruiz es cómplice y partícipe de esa política criminal. Fue comandante del Agrupamiento Táctico de la Fuerza Aérea, donde se tortura y asesina a guatemaltecos. Fue jefe de operaciones represivas en el área de Chimaltenango, donde se realizan las masacres que denunciamos. Fue Comandante de la Zona militar de Alta Verapaz, donde se intensificaron los crímenes del Ejército en la Zona. Fue jefe corrupto de sección en la Policía Nacional.”

Estos puestos fueron confirmados años después por la organización estadounidense National Security Archive (NSA). Luego de ser comandante del Agrupamiento Táctico de la Fuerza Aérea de 1975 a diciembre de 1979, Lucas García lo envió a coordinar el Instituto de Transformación Agraria (INTA), donde la familia Lucas García tenía intereses económicos sobre la Franja Transversal del Norte (FTN). Méndez-Ruiz R. logró hacerse en la década de 1970 de tierras en Poptún, Petén y por las cuales tuvo conflictos con algunos miembros del “2 de agosto” como Adolfo Putzeys Pacheco2.

Luego fue nombrado comandante de la Zona Militar No. 21 de Cobán, cargo que ocupó del 1 de junio de 1981 al 9 de junio de 1982. Sobre las masacres en Alta Verapaz, en 2012 la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) encontró fosas clandestinas en esa Zona Militar donde, desde el 2004, funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) de las Naciones Unidas.

Como resultado de las excavaciones, en el llamado “Caso Creompaz”, a la fecha se han encontrado 558 osamentas humanas (443 adultos, 90 menores de edad, 3 adultos de la tercera edad y 22 aún sin determinar), de las cuales 97 han sido identificadas por pruebas de ADN, según una publicación reciente. Según el Ministerio Público, esta es la lista de las Masacres en Cobán durante la comandancia del coronel Méndez-Ruiz R..

Fecha

Hechos

Resultados de las exhumaciones

Hombres de Pambach
02 de junio 1982 Un grupo de soldados realizaron un operativo militar en la aldea Pambach, Santa Cruz Verapaz, Cobán, se llevaron aproximadamente 75 hombres, los más jóvenes de la aldea, indicando que iban a prestar servicio militar; mismos que fueron desaparecidos forzadamente. En la fosa FAFG 1433-XVII se localizaron 64 osamentas y se han identificado por ADN a 31 hombres, se presume que las demás osamentas también pertenecen a los desaparecidos.
Río Negro San Cristóbal Verapaz
13 de mayo 1982 Elementos del Ejército de Guatemala y Patrullas de Autodefensa Civil –PAC- asesinaron aproximadamente a 80 personas -población civil no combatiente-. Las mujeres y niños sobrevivientes fueron trasladados a la Zona Militar número 21. En la Fosa 1433-XV se localizaron 63 osamentas, según análisis osteológico realizado, corresponden a mujeres y niños.
Hombres de Chisec
Febrero de 1982 Hombres de Chisec fueron obligados a trasladarse a la zona militar No. 21, permanecieron un día privados de su libertad y 3 de ellos fueron desaparecidos en la misma área. En la fosa FAFG 1433-XVIII se logra localizar 7 osamentas, entre las cuales se encuentra la de Genaro Caal, uno de los desaparecidos.
Chiacal San Cristóbal Verapaz
Diciembre de 1981 Ricardo Mis Pacay, de 28 años de edad, salió de su casa ubicada en la aldea San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, hacia su parcela ubicada dentro de la misma aldea, pero ya no regresó. Se exhumó la osamenta FAFG 1433-V-21 y se logró identificar por ADN.
Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz
28 de diciembre de 1981 En el Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, el Ejército de Guatemala realizó un operativo militar llevándose al menos a 3 personas. En la fosa FAFG 1433-XIV se localizaron 13 osamentas, de las cuales 3 han sido identificadas por ADN, entre éstas, Alfonso Jom Lem, Lázaro Oswaldo Morán Ical y Teresa Jul.

Fuente: Ministerio Público.

Debido a la intensificación de las operaciones contrainsurgentes en el área, se creó una zona militar en el norte de Quiché, en el Ixcán, la cual también fue también comandada por el coronel de Ingenieros Méndez-Ruiz R., del 1 de enero de 1982 al 9 de junio de 1982. En un artículo del antropólogo Ricardo Falla, se numeran las masacres en el Ixcán ocurridas mientras Méndez-Ruiz R. era su comandante.

 

No.

Fecha

Ubicación

Personas masacradas

1 14 de febrero Santo Tomás Ixcán 41
2 15 de febrero Santa María Tzejá 17
3 18 de febrero Playa del río Xalbal 10 Carismáticas de la comunidad Pueblo Nuevo
4 20 y 21 de febrero Polígono-14 13
5 27 de febrero Kaibil Balam 14
6 Del 14 al 16 de marzo Cuarto Pueblo Más de 360
7 Del 31 de marzo al 5 de abril Xalbal y Kaibil Aproximadamente 40
8 Del 18 al 30 de mayo Piedras Blancas Aproximadamente 80

 

Ya con Ríos Montt, se decretó una amnistía para que se entregara la población considerada “subversiva” por apoyar las guerrillas. La amnistía venció el 1 de julio de 1982, y ese mismo día junto a su Ministro de Gobernación, Méndez-Ruiz R., decretaron un Estado de Sitio en todo el país y crearon los Tribunales de Fuero Especial para realizar juicios sumarios.

Méndez-Ruiz R. había asumido el cargo de Ministro de Gobernación el 9 de junio de 1982, luego que Ríos Montt disolviera el triunvirato del que era parte y se proclamara presidente de facto. Estuvo al frente de la cartera del interior hasta el 31 de julio de 1983.

Una de las instancias destinadas para las operaciones contrasubversivas urbanas era el Centro de Operaciones Conjuntas (COC), coordinado entre el Ejército y el Ministerio de Gobernación que llevaba a cabo las acciones a través de la Policía Nacional (PN) y sus respectivos Cuerpos ubicados en distintas zonas de la ciudad capital. En el caso de la USAC, solo de julio a octubre de 1982, fueron desaparecidos 22 universitarios. El paradero de cientos de San Carlistas es incierto hasta la fecha.

Total de asesinatos y desapariciones de universitarios, por mes, de 1978-1984

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Fuente: Paul Kobrak, 2012.

Méndez-Ruiz (hijo) como oficial de Inteligencia

Yo les dije lo mismo que le dije a mi papá. No hablen, no hablen porque eso lleva una mala intención. Hágame el favor, cuente lo que yo le conté, cuál es mi forma de pensar, que es el reflejo de la forma de pensar de los veteranos militares, creo yo. Va a comenzar a correr la sangre otra vez en Guatemala, y ustedes lo van a ver de lejos, y nosotros nos vamos a matar aquí”, dijo el Presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés a elPeriódico el 6 de agosto de 2012, en el contexto del descubrimiento de las fosas en Creompaz.

En el discurso en cadena nacional de radio y televisión que dio su padre en 1982 luego de su secuestro, el coronel Méndez-Ruiz R. trató de desligar a su hijo de cualquier relación con el gobierno.

Jamas ha participado en política, ni fuera, ni dentro de la Universidad, dedicándose exclusivamente a sus estudios y a realizar actividades deportivas. Por lo tanto no había razón para que fuera objeto de algún tipo de protección. Sin embargo, fue y sigue siendo víctima de secuestro. Ajeno por completo a las luchas partidistas, sin ninguna responsabilidad de las actuaciones de su padre; es decir, inocente de cualquier cargo que se le quiera imputar, por irrazonable que fuera”. 

Ricardo Méndez-Ruiz Valdés fue sargento de las reservas militares en 1979 y sacó el curso de paracaidista en 1988, y si bien un soldado de tropa tenía más jerarquía que él, en la práctica, siendo el hijo de un Coronel de Ingenieros que estaba siendo pieza importante de la contrasubversión, su puesto no era menor cosa.

Un panfleto distribuido por el PGT el 19 de julio de 1982 (en respuesta al discurso de Méndez-Ruiz R.) arrojó más datos claves sobre Méndez-Ruiz Valdés.

En el panfleto del PGT se adjunta una copia del carné de Ricardo Rafael Méndez-Ruiz Valdés con número de credencial 815-B, donde resalta que estuvo asignado como oficial de investigaciones de la Sección de Inteligencia (S-2) de la Zona Militar No. 21 de Cobán, para el periodo comprendido del 11 de febrero de 1982 al 30 de junio de 1982, es decir, mientras era estudiante de Veterinaria en la USAC. Eso le daba permiso para portar armas de fuego.

El camino de la Fiscal

El carné está autorizado por el Comandante de la Zona Militar No. 21, que en ese entonces era su padre, Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser. Esto queda constatado no sólo por la fecha en que fue emitido el carné de S-2 de Méndez-Ruiz Valdéz, sino porque la firma de autorización es la misma que aparece en otros documentos oficiales, como el Decreto Ley 45-82, publicado el primero de julio de 1982, y firmado por Méndez-Ruiz R. en su cargo como Ministro de Gobernación.

Gobierno del General Efraín Ríos Montt. Decreto Ley 45-82. 01 de julio de 1982

En el carné extendido por la Sección de Inteligencia de la Zona Militar No. 21 de Cobán, se lee que el oficial de investigaciones de la S-2, Ricardo Méndez-Ruiz Valdéz:

Se encuentra en el cumplimiento de una comisión del servicio, y en esa virtud, se suplica a las Autoridades Civiles y Militares, prestarle el apoyo que necesite en su carácter oficial y guardarle las consideraciones inherentes a su empleo.”

Durante el periodo en que Méndez-Ruiz Valdés estuvo asignado como oficial de investigaciones de la S-2 (11/02/82-30/06/82), tiempo en el que su padre era Comandante de la Zona Militar No. 21, se cometieron las masacres de “Hombres de Chisec”, “Río Negro San Cristobal Verapaz”, y “Hombres de Pambach”.

Las secciones de Inteligencia asignadas a las brigadas o zonas militares fueron centrales en la tarea de “quitarle el pez al agua”. Según el Manual de Guerra Contrasubversiva, elaborado por la Escuela de Comando y Estado Mayor del Centro de Estudios Militares (CEM) del Ejército de Guatemala, las actividades de la Sección de Inteligencia (S-2) en un teatro de operaciones eran las siguientes:

5. Las actividades de inteligencia deben intensificarse tan pronto como se tenga las menores indicaciones del inicio de alguna actividad subversiva.
6. En la guerra contrasubversiva la inteligencia debe tener como objetivo: a. Identificar la existencia de la subversión. b. Identificar los grupos e individuos que participan en la subversión. c. Impedir que los elementos subversivos obtengan información y se infiltren en el gobierno. d. Suministrar información que sirva a las operaciones de la guerra constrasubversiva. e. Proveer información para utilizarla en los programas de desarrollo socio económico y control de la población y los recursos.

Fuente: TE-06-I. Pág. 210.

Los jefes de la Sección de Inteligencia (S-2) de la Zona Militar No. 21 de Cobán que pudieron estar al frente Ricardo Méndez-Ruiz Valdés cuando estuvo asignado como oficial de investigaciones son el general Luis Felipe Miranda Trejo y César Augusto Cabrera Mejía.

El general Miranda Trejo estuvo en el cargo en algún momento entre el 1 de diciembre de 1979 al 1 de agosto de 1983, y luego fue dirigente del FRG, de Avemilgua y del partido FCN.

En su caso, logró escapar durante el allanamiento realizado por el Ministerio Público por el caso Creompaz. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia. En esa ocasión fueron hallados unos fusiles de asalto en la residencia, por lo que su esposa se encuentra bajo prisión preventiva en la cárcel de Santa Teresita.

Al respecto Méndez-Ruiz Valdes escribió en su columna de opinión de elPeriódico del 12 de enero de 2016:

(…) la captura de la señora Lucrecia Aguiluz Batres de Miranda, esposa del general Felipe Miranda Trejo, a quien la CICIG pretendía aprehender en su residencia, y al no encontrarlo a él, se la llevaron a ella, que guarda prisión en Santa Teresa. Me provoca una pena profunda, pues es una dama a quien conozco desde hace casi cuarenta años y estimo mucho, lo mismo que a su esposo. La zarpa de la izquierda se hundió de lleno en la familia militar.”

Miranda Trejo tuvo una participación muy activa en la contrainsurgencia en Huehuetenango, lugar donde reorganizó a las ex-PAC, para luego convertirse en diputado por el FRG (2000-2004). Por tanto, tampoco extraña que Méndez-Ruiz Valdes cuente con nexos con excomisionados militares y excomandantes de patrulla en Huehuetenango de cara a la defensa de megaproyectos y minería en aquella región occidental.

Cabrera Mejía aparece como Jefe de esa Sección de Inteligencia del 16 de mayo de 1982 y terminó después del 1 de abril de 1983. Luego de sonar como posible ministro de Gobernación de Jimmy Morales, fue uno de los 14 militares retirados que fueron capturados el 8 de enero de 2016 en el Caso Creompaz.

En el caso de Méndez-Ruiz Valdés, este fue liberado el 12 de agosto de 1982, luego de que su padre Méndez-Ruiz R. posicionara públicamente a su hijo como víctima inocente del comunismo y accediera a publicar un segundo comunicado del PGT.


1 El levantamiento militar fue iniciado por un pequeño grupo de oficiales jóvenes. Tenientes, subtenientes y capitanes se insubordinaron de la mano de Gustavo Muñoz Piloña, Héctor Mauricio López Bonilla, Víctor Manuel Argueta Villalta y José Orlando Aguilar Menéndez. Todos ellos se pusieron bajo las órdenes del coronel Méndez Ruiz R. De acuerdo a Muñoz Piloña, el capitán Aguiler Menéndez fue uno de los principales líderes del movimiento golpista. Aguilar es dueño de la radio evangélica Shekina, localizada en Peteń (fundada en 1997 con el apoyo de la iglesia Elim, que jugó un papel durante la constrainsurgente) y es hermano de Mildred Guadalupe Aguilar Menéndez de Barquín, esposa del ex diputado Manuel Barquín. Durante el golpe de 1982, Aguilar Menéndez pertenecía al Comando de Comunicaciones e Informática, dependiente del Batallón de Transmisiones del ejército.

2 Levantamiento de 142 cadetes de la Escuela Politécnica del 2 de agosto de 1954, en oposición a los “liberacionistas”. Algunos miembros de ese levantamiento son Benedicto Lucas García, Efraín Ríos Montt, Francisco Luis Gordillo Martínez, miembro del Triunvirato encabezado por Ríos Montt; Méndez-Ruiz R., Ministro de Gobernación de Ríos Montt; y Manuel Francisco Sosa Avila, hermano de María Teresa Sosa Ávila, esposa de Efraín Ríos Montt.

Los Méndez-Ruiz y su vinculación con el Caso Creompaz

 

La espera de los líderes comunitarios en prisión: ¿criminalización o justicia?

Plaza Pública

Dos líderes comunitarios de Santa Eulalia, Huehuetenango, esperan desde hace más de un año el día en que en el Tribunal A de Mayor Riesgo se diluciden los hechos de la noche del 19 de enero en que según la Fiscalía los acusados incitaron a la población a retener a operadores de justicia para forzar una liberación. Éste es uno más de varios casos en que se debate si el Estado extralimita su fuerza para quienes se oponen a los megaproyectos.

 

Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar son dos de los líderes comunitarios, de una serie de acusados en diversos casos, que esperan juicio derivado de sus acciones en los casos de oposición a proyectos extractivos o hidroeléctricos. Organizaciones de Derechos y observadores internacionales coinciden en que sus procesos están llenos de anomalías desde el Ministerio Público o en el Organismo Judicial. Les preceden dos casos de líderes de la zona en que la Justicia acusó a la Fiscalía de “actuar negligente” y otro en el que el juez Miguel Ángel Gálvez sentenció que el MP no estaba siendo objetivo. El MP asegura que sólo hace su trabajo. Ahora, tras un año en prisión, Juárez y Baltazar siguen a la espera de que su proceso judicial avance.

Que los líderes encerraron y amenazaron al personal de justicia, que el alcalde o su seguridad dispararon a dos pobladores, que personas infiltradas llevaron a una mujer al parque en donde la raparon, desnudaron y violentaron. Intentar averiguar lo que sucedió la noche del 19 de enero de 2015  en Santa Eulalia es encontrarse con un laberinto de opiniones y hechos divergentes. El mismo choque sucede cuando se pregunta a los vecinos si apoyan o no a los megaproyectos en el norte de Huehuetenango. Alrededor de la construcción de las hidroeléctricas se ha generado, antes que electricidad, un clima de conflictividad y de las que una de sus explosiones, la de  Santa Eulalia, se intenta resolver (o neutralizar) ahora en tribunales.

Por los sucesos de aquella noche fueron denunciados dos líderes comunitarios de la zona, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, y el abogado Pedro Rubel Toledo, quien fue encarcelado pero ahora está libre y  quien asegura que acudió como mediador. Estos son los señalamientos que se han judicializado, pero según los abogados de la defensa hay al menos 20 órdenes de captura más en contra de personas relacionadas a los movimientos sociales de la región por la revuelta de esa noche. Y permanece la denuncia contra Diego Marcos, exalcalde de Santa Eulalia, aunque no ha sido ligado a ningún proceso.

Con el auge de las inversiones en empresas generadoras de energía eléctrica, el norte de Huehuetenango se ha convertido en zona apetecida por sus ríos caudalosos. Sus habitantes se encuentran ante la disyuntiva de apoyar los megaproyectos o resistir ante éstos —que cuentan con el aval del gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas, que da licencias a las empresas para que exploten el caudal de los ríos—.

Con el auge de las inversiones en empresas generadoras de energía eléctrica, el norte de Huehuetenango se ha convertido en zona apetecida por sus ríos caudalosos. Sus habitantes se encuentran ante la disyuntiva de apoyar los megaproyectos o resistir ante éstos.

En esta historia figuran dos hidroeléctricas: Hidro Santa Cruz, derivada de la compañías española Hidralia Energía Ecoener, que desarrolla los proyectos Cambalam I y II en el río del mismo nombre en Santa Cruz Barillas; y Promoción y Desarrollos Hidrícos, S.A. (PDHSA), que contrató los servicios de Hidralia Energía para realizar la construcción de las hidroeléctricas Pojom I y II en San Mateo Ixtatán.

Santa Eulalia es el vértice de un triángulo entre dos poblados en conflicto: Hacia el norte, a 28 kilómetros, San Mateo Ixtatán, y por el otro, a 59 kilómetros, Santa Cruz Barillas. Hacia el sur, a 88 kilómetros de Santa Eulalia, está la cabecera departamental de Huehuetenango. En Santa Eulalia estaba ubicado el Centro de Administración de la Justicia (CAJ) y por eso la protesta en contra de unas capturas en San Mateo Ixtatán desembocó allí.

Dos pobladores de San Mateo Ixtatán, Jesús y Casimiro Mateo Mateo,  fueron capturados por los asesinatos de Mateo Alonzo Mateo, de 40 años, y de Nicolás Francisco Francisco, de 16, ocurridos en noviembre del año de 2014 durante un enfrentamiento entre los vecinos de San Mateo Ixtatán que apoyan a la hidroeléctrica y aquellos que no, en la comunidad de Ixquisís.

Un comunicado distribuido por el Gobierno Plurinacional (GP) —una organización que ha liderado los reclamos en contra de las empresas que buscan asentarse en el norte de Huehuetenango, y que reclama la autonomía­ del territorio q’anjob’al— refiere que el 19 de enero a partir de las seis de la mañana, 400 agentes de la Policía Nacional acompañados por personal de la empresa PDHSA capturaron a los hermanos Jesús y Casimiro Mateo Mateo, presuntos implicados en dos asesinatos. Los capturados fueron trasladados en avioneta hacia Huehuetenango ese día; meses antes, el 23 de noviembre de 2014, los ahora detenidos habían sido heridos a machetazos, según la versión del movimiento, por operadores de la empresa.

Según el comunicado, a partir de las tres de la tarde, los representantes del GP se reunieron con autoridades del CAJ para llevar a cabo una mediación. Pascual Tiu Zapeta, coordinador del CAJ, indica que a esa hora un grupo de 25 personas —entre ellas Rigoberto Juárez— lo amenazó para que convocara a los encargados de las instituciones para lograr la libertad de los dos capturados.

También pedían cancelar las órdenes de captura en contra defensores locales (el GP asegura que durante las detenciones, la Policía iba con órdenes de captura contra 16 personas más, aunque la fiscalía no las confirma debido a la confidencialidad del proceso), el retiro de megaproyectos, de la Policía y del Ejército del norte de Huehuetenango, así como la apertura de una mesa de diálogo con los tres poderes del Estado y Naciones Unidas. Las peticiones no fueron atendidas.

Al CAJ de Santa Eulalia llegaron al menos 500 personas, a pesar de que los detenidos ya habían sido enviados a la cabecera departamental. El juez y el fiscal no estaban allí, por lo que una comitiva los localizó en sus viviendas, los sacó y los llevó al filo de la medianoche a la sede del CAJ con el propósito de que se oficiara una audiencia, donde, con la presión de los pobladores aglomerados afuera del Centro, y con cinco abogados del GP, lograron forzar una audiencia exprés que comenzó a las 2:30 de la mañana, y concluyó con una resolución que ordenaba la puesta en libertad condicional a los dos capturados, a pesar de lo irregular de la audiencia, debido a que no es legal realizar un proceso de este tipo sin los acusados presentes.

Hasta el día de hoy, los liberados por la sentencia de esa audiencia, Jesús y Casimiro Mateo Mateo, están libres. Y en el OJ no hubo una revisión sobre este inusual proceso.

Sandra Sebastián

Por estos acontecimientos la fiscalía señala a Domingo Baltazar y a Rigoberto Juárez, líderes del Gobierno Plurinacional, por los delitos de obstaculización de la acción penal, detención ilegal y coacción. Se les señala de liderar las aglomeraciones que presionaron para la liberación de los dos capturados. Como querellante actúa  Pascual Tiú Zapeta –quien fungía como coordinador del CAJ. Otros nueve trabajadores fueron acogidos como querellantes provisionales, pero no demostraron interés en adherirse al caso, por lo que quedaron sólo como agraviados.

También se unió al proceso, como tercero interesado, el exalcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro, a quien vecinos de ese lugar señalan por agresiones contra la prensa, por el cierre de la radio comunitaria de la localidad, y de la muerte de un hombre a consecuencia de los balazos que se presume salieron de su carro la noche de la audiencia. El exalcalde asegura que esa noche también fue obligado a salir de su casa, aunque otros testimonios aseguran que llegó por cuenta propia al CAJ.

La muerte de Pascual Basilio, uno de los dos que sufrieron ataques por bala esa noche, es investigada por la fiscalía de Huehuetenango, pero hasta ahora no se ha hecho ningún señalamiento, y la Fiscalía no contestó a la solicitud de información sobre los avances en este caso.

La acusación en contra de Baltazar y Juárez se basa en al menos 21 testimonios y cuatro denuncias presentadas por los agraviados. Entre ellos, la del juez suplente Marlon Olivares Interiano que indica que cuando tomaron las instalaciones del CAJ también retuvieron a su hijo. Otra declaración, de Javier Mateo Pedro, señala que los acusados llevaban altoparlantes, llamando a la gente a manifestarse. Los testimonios aseguran uso de violencia, golpes, amenazas con quemarlos vivos o lincharlos.

Domingo Baltazar asegura que el día de los acontecimientos sufrió un accidente, y que mientras ocurrían los hechos estaba en su casa reposando; su esposa confirma esa versión. Según Juárez, él acudió al llamado para mediar y conciliar entre las exigencias de los manifestantes y el sistema de justicia.

¿Líderes, culpables o chivos expiatorios?

En su comunidad a los sindicados se les reconoce por defender los derechos de los indígenas y liderar la lucha en contra de megaproyectos hidroeléctricos y extractivos. De ahí que miembros de movimientos similares y organizaciones de derechos humanos consideran que el proceso en contra de Baltazar y Juárez es un castigo a la resistencia que dirigen.  Por eso los considera “presos políticos”. Organizaciones de Derechos Humanos y medios de comunicación alternativos —como el Centro de Medios Independientes o Prensa Comunitaria—insisten en que sus detenciones han sido arbitrarias y que buscan silenciar al movimiento de resistencia y criminalizar la protesta social.

Otros miembros del movimiento de resistencia en Santa Cruz Barillas también se encuentran en la cárcel: Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo Juan, dos líderes religiosos y un maestro acusados por plagio o secuestro, instigación a delinquir, coacción y detenciones ilegales, así como Bernardo Ermitaño López Reyes, excandidato a alcalde por Convergencia CPO, y señalado de los delitos de atentado, coacción, amenazas, instigación a delinquir, obstaculización de la acción penal y plagio o secuestro.

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Esta situación ha puesto la mirada sobre el proceso de investigación del MP y el proceso judicial. Tres parlamentarios europeos así como la premio Nobel de la paz de 1997, Jodie Williams, quien visitó a los cinco presos en el centro preventivo de la zona 18 el pasado 25 de febrero, junto con Rigoberta Menchú, laureada con el mismo premio en 1992. Williams denunció patrones de continuación de la guerra en estos procesos, porque “algunos gobiernos, si no tiene a la mano armas y ya no pueden asesinar personas, recurren a otras formas de reprimir, las inventan”. La visita de los europarlamentarios también se debe a que existe capital español en una de las hidroeléctricas.

Representantes de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) han acompañado los procesos. Según Giovani Guzmán, encargado de mediación de la PDH, el Estado ha fallado en resolver los intereses diversos entre las comunidades y los pobladores.

El seguimiento de la PDH, además del proceso judicial, ha sido desde la cabecera departamental de Huehuetenango, ya que cerró su auxiliatura en Santa Cruz Barillas debido a que el 26 de febrero de 2015, cuando se dieron las capturas por otro caso que implica a tres líderes del municipio, un grupo de pobladores que se identificaron como parte del Gobierno Plurinacional retuvo a los trabajadores de la Auxiliatura Municipal de la PDH durante diez horas aproximadamente.

Jorge Santos de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), asegura que las acciones del sistema de justicia en el proceso en contra de Baltazar y Juárez —como las acusaciones del MP, los retrasos en los juzgados y la prisión preventiva a toda costa— demuestran que las acciones de los defensores de derechos humanos están siendo criminalizadas.

Mónica Mazariegos Rodas, abogada especializada en derechos humanos, coincide al indicar que el fenómeno que se observa en tribunales, relacionados con líderes de organizaciones o movimientos sociales que se oponen a megaproyectos, va más allá de la prisión y abarca muchos ámbitos en los que el derecho penal se utiliza para debilitar y desviar la atención de los movimientos sociales hacia una lucha por los presos y no una lucha por defensa del territorio y los recursos naturales. Es decir, según Mazariegos, se estarían utilizando herramientas del derecho penal para neutralizar a los líderes y sus protestas.

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¿La represión se viste de legalidad?

Llegó a escuchar un juicio y se quedó arrestado. Le han cancelado la misma audiencia seis veces. Le dictaron arresto domiciliario y cuando lo iban a liberar, lo arrestaron por otros delitos. Lo absolvieron de las acusaciones, pero pasó 78 días más en prisión… Lo que tienen en común estas situaciones no es sólo que forman parte de procesos judiciales engorrosos y de dudoso proceder; esto le ha ocurrido a estos y otros líderes del norte de Huehuetenango cuando sus casos se han conocido en el sistema judicial.

Según la Udefegua en Guatemala existe un esquema de represión en contra de las personas que defienden derechos básicos en sus comunidades. “Es un mecanismo de represión con rostro de legalidad”, resume Ramón Cadenas, director de la Comisión Internacional de Juristas, quien también enfrenta una denuncia por detención ilegal, allanamiento, coacción, discriminación, amenazas, usurpación agravada, apología del delito, instigación a delinquir, conspiración y asociación ilícita, promovida por Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo.

Cadenas, Mazariegos y Santos detallan la estrategia —política y judicial— para debilitar los movimientos sociales locales: Primero, se señala a un líder comunitario. El delito se selecciona entre aquellos por los que la ley no admite ninguna medida de sustitución y se condena a pasar tiempo en prisión preventiva a la espera de un juicio.

El Código Penal establece que ante los delitos de asesinato, parricidio, violación agravada, plagio o secuestro, sabotaje, robo y hurto agravado no podrá concederse ninguna medida sustitutiva, tampoco aquellos delitos relacionados con el narcotráfico.

La estrategia continúa, según Cadenas y Santos, con explotar la burocracia del sistema judicial. Las audiencias no se llevan a cabo y se posponen. Un caso no avanza y por lo tanto el señalado continúa en prisión a la espera de que su proceso progrese. Santos señala que el objetivo de prolongar la prisión logra la muerte social al separar al individuo de su entorno y perjudica al movimiento de lucha social al que pertenece, y que además le genera un estigma.

Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estas acciones vulneran el derecho de protesta de los defensores de derechos humanos por su liderazgo en las protestas sociales, y de manera indirecta la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, los derechos sindicales y de huelga.

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Según Cadenas, el Estado de Guatemala se ha ido construyendo para los intereses de determinados grupos de poder. Desde el Congreso, se aprueban leyes que favorecen la criminalización —como la reforma en 2009 del artículo 201 del Código Penal que define el delito de plagio o secuestro con una descripción más ambigua, que comparte elementos similares con la detención ilegal, la cual ya estaba regulada—. El Ejecutivo no resuelve una política agraria, y no muestra avances en las mesas de diálogo de los conflictos por megaproyectos y el uso de los recursos naturales. Y,  el Organismo Judicial actúa como cómplice, según el jurista, al legalizar y certificar todo el uso de medidas legales para intimidar a liderazgos comunitarios.

El efecto de esta modificación al Código Penal es que las imputaciones del MP señalan ambos delitos. Pero “o es uno o es lo otro”, se queja Santiago Choc, abogado defensor de Francisco Juan Pedro de Barillas. Choc indica que el actuar de la Fiscalía no es objetivo debido a que imputa delitos como si fuera una lotería, “esperando a ver cuál queda y cuál no”.  Orlando López, director de la Fiscalía de Derechos Humanos, coincide con la defensa: los hechos no pueden encuadrarse en dos delitos muy parecidos, sino sólo en uno. Sin embargo, en los casos de los dos acusados de Santa Eulalia y los tres acusados de Barillas, el fiscal Maynor Aguilar presentó acusaciones por los delitos de plagio o secuestro a la vez que el de detenciones ilegales. Plaza Pública intentó en varias audiencias entrevistar al fiscal Aguilar, quien rechazó las solicitudes.

En el caso contra Juárez y Baltazar, todo el proceso se ha basado en la imputación de plagio o secuestro, aunque este delito no forma parte de la acusación principal a la que el sistema judicial ha dado trámite, sino que era parte de una acusación alternativa que el MP manejaba. La audiencia de primera declaración, prevista para el 16 de junio del año pasado, se canceló en cinco ocasiones, por excusas de la jueza Carol Patricia Flores, un traductor del sistema judicial y la inasistencia del exalcalde, querellante del caso.  Se realizó hasta el 25 de febrero pasado.

El MP construyó el caso con base en testimonios y denuncias. No se ha conocido algún medio de prueba documental o científico, y el proceso aún llega  a debate.

Benito Morales Laynes es abogado defensor en los casos de líderes de Barillas y Santa Eulalia. Según él, éste no es un caso aislado, sino que se conecta con la persecución penal de otros líderes del norte de Huehuetenango que figuran en el “Informe Estructura Criminal Huehuetenango, Mayo 2014” (al que no se pudo tener acceso por considerarse medio de prueba), que formaba parte del expediente de investigación del MP en el caso de Barillas. El informe retrata a los acusados como líderes violentos, opositores que incitan a las masas a delinquir, pero el expediente también indica la ruta que dicho documento siguió: según Morales Laynes, el director de la fiscalía de derechos humanos, Juan Orlando López, informó a la fiscal general Thelma Aldana, que dicho documento le fue entregado por Víctor Hugo Ma Villatoro, representante legal de Hidro Santa Cruz. En el proceso de Barillas dicho informe fue admitido como prueba a pesar de la insistencia de la Fiscalía para excluirlo, debido a que provenía de una de las partes implicadas.

Morales también señala que lo que se está dando en las Cortes es solo un reflejo de una disputa histórica del poder, en la que los poderosos buscan mantenerlo valiéndose de amenazas, muertes, criminalización. Sobre todo criminalización, porque Morales ve una estrategia muy clara en contra de las resistencias en general.

Pero el fiscal Orlando López disiente de estas acusaciones: “No creo que esto sea criminalización”, indica el jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos. La criminalización, dice, implica inventar hechos, pero en estos casos existen pruebas de que los acusados estuvieron en el lugar de los hechos y que la Fiscalía cuenta con testimonios que señalan a los acusados.

“No creo que esto sea criminalización”, indica el jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos. La criminalización, dice, implica inventar hechos, pero en estos casos existen pruebas de que los acusados estuvieron en el lugar de los hechos y que la Fiscalía cuenta con testimonios que señalan a los acusados.

En otro caso derivado de lo que ocurrió el 19 de enero en Santa Eulalia, se sindicó al abogado Pedro Rubel Toledo de haber instigado públicamente para que golpearan a los funcionarios (no hay informe  del Instituto de Ciencias Forenses que dictaminen lesiones). Su arresto encaja en la definición de detención arbitraria porque, aunque fue detenido por elementos de la PNC, no le presentaron una orden de captura. El juez Miguel Ángel Gálvez del Tribunal de Mayor Riesgo B de la Ciudad de Guatemala conoció este caso y resolvió la falta de mérito de los delitos por los cuales el abogado fue imputado. En la cárcel desde el 3 de octubre de 2015, Pedro Rubel obtuvo libertad el 4 de noviembre del mismo año.

Antes de dictar libertad, el juez Gálvez explicó su razonamiento. “El MP no está siendo objetivo” dijo, señalando la gran cantidad de contradicciones entre las declaraciones, como las del exalcalde de quien no se tiene claro su estatus durante los hechos. “Me da la impresión de que el MP se está dejando manipular, ¿Cómo es posible que traigan un proceso de esta naturaleza a juzgados?”, riñó Gálvez. El juez expuso en la audiencia que la investigación del MP no estaba bien fundamentada. Cuestionó el uso excesivo de muchos tipos penales en las imputaciones y expuso las consecuencias de este proceder: “se está perdiendo la credibilidad de nosotros, los operadores de justicia”, declaró. El MP a través del Fiscal Maynor Aguilar apeló la decisión, pero ésta fue rechazada.

La competencia de la Fiscalía de Derechos Humanos

Uno de los señalamientos de Jorge Santos y de los abogados defensores en el caso de Barillas en contra del MP, reside en que la fiscalía de derechos humanos es la que hace la investigación y acusación en estos casos.

Su participación como ente investigador es justificable en los casos que se derivan de lo ocurrido la noche del 19 de enero en Santa Eulalia. Ambos bandos, agraviados y señalados, entran en el calificativo de defensores de derechos humanos: de un lado los operadores de justicia del CAJ y del otro los líderes del Gobierno Plurinacional.

Esta fiscalía también conoce los dos procesos en contra de los líderes de Santa Cruz Barillas, Arturo Pablo Juan, Adalberto Villatoro y Francisco Juan Pedro, así como el de Ermitaño López. La asignación de esta fiscalía para el primer caso pareciera no encajar con el mandato de dicho ente, establecido en el Acuerdo 3-2005 del MP. A la Fiscalía de Derechos Humanos le compete la investigación de delitos contra “periodistas, sindicalistas, operadores de justicia, activistas de derechos humanos” y aquellos relacionados con el esclarecimiento histórico y cometidos por aparatos clandestinos de seguridad. La investigación de denuncias realizadas por empleados de una hidroeléctrica no cabría en su mandato.

Sin embargo, el jefe de la fiscalía explica que las razones para hacerlo son dos: la primera, porque recibió la orden del despacho del consejo directivo del MP; y la segunda, que sí compete a la fiscalía debido a que dentro de ella existe una unidad que se encarga de los delitos en contextos de conflictividad social, liderada por Sonia Montes de Luján. Es por eso que los expedientes de los casos en contra de los líderes de la oposición a megaproyectos en el norte de Huehuetenango terminan en los archivos de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Una historia repetida

El 1 de mayo de 2012, luego de que apareciera muerto Andrés Pedro Miguel, un opositor a una hidroeléctrica en Barillas, un grupo de pobladores se manifestó en contra de Hidro Santa Cruz y destruyó maquinaria de la empresa. El gobierno instauró estado de sitio. Y es a partir de ese día que comenzaron las capturas hacia los que lideraron la oposición a la hidroeléctrica CanBalam I de Hidro Santa Cruz, quienes han visto su expediente judicial tachado con procesos por diversos delitos y detenciones arbitrarias, señalan organizaciones de derechos humanos y los líderes de la oposición a estos proyectos.

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Saúl Méndez Muñoz y Rogelio Velásquez fueron detenidos el 2 de mayo de 2012, junto a otros siete comunitarios, cuando el estado de sitio aún no había cobrado vigencia. Por esto y porque no había una orden de captura, sus detenciones fueron declaradas arbitrarias por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitrariade Naciones Unidas.  El sistema de justicia no encontró pruebas en su contra, así que ambos salieron libres en enero del 2013.

El 27 de agosto de 2013 los volvieron a capturar, durante una audiencia de cierre de su proceso penal. La nueva acusación era por los delitos de asesinato y femicidio —ambos delitos conllevan prisión obligatoria—, se les acusaba de formar parte en el linchamiento de una pareja en 2010 en Barillas. Ellos repetían que eran inocentes, pero el 14 de noviembre de 2014 el Tribunal de Femicidio y Delitos Contra la Mujer de Huehuetenango los condenó a 33 años de prisión. Apelaron el fallo en diciembre del 2014, y en abril del siguiente año el proceso se trasladó a un juzgado de Quetzaltenango. Los acusados pasaron de estar retenidos en la prisión de Huehuetenango, al centro preventivo de la zona 18. El 15 de abril se aceptó la apelación y se ordenó la repetición del juicio. En septiembre del 2015 inició un nuevo debate en el Tribunal de femicidio de Quetzaltenango, que los absolvió. Casi tres meses más pasaron en la cárcel, antes de ser finalmente liberados.

En la sentencia, se señala a la Fiscalía Distrital de Santa Cruz del Quiché (representada por el fiscal distrital Casimiro Efraín Hernández Méndez y el agente fiscal Sergio Aníbal Toc de León ) de actuar negligente, los testigos en lugar de confirmar la teoría de la fiscalía, la destruyeron. En la sentencia se hace mención a “relatos fantasiosos, manipulados, carecen de coherencia, de lógica, de credibilidad clínica menos procesal” y que cuando “una prueba es prefabricada siempre presenta contradicciones, que ocurrió en el presente caso”.   Se solicitó información al Ministerio Público sobre una posible revisión del caso y auditoría al accionar de los fiscales, pero al cierre de éste, los datos sobre el caso aún no habían sido entregados.

El sistema de justicia y sus operadores

Los casos de los dos acusados de Santa Eulalia y los tres de Barillas han sido conocidos por la jueza Claudette Domínguez del Juzgado A de Mayor Riesgo; en un caso complejo, el sistema judicial debe impartir justicia para sus colegas, los operadores de justicia, como ha señalado la defensa en distintas audiencias, para acusar de imparcialidad el proceso. La mayoría de testimonios provienen de fiscales, jueces y otros trabajadores del CAJ de Santa Eulalia.

El CAJ funcionaba como sede de los Juzgados de Paz y de Primera Instancia, el Instituto de la Defensa Pública Penal, Bufete Popular, Ministerio Público y el Centro de Mediación del Organismo Judicial. El 20 de enero de 2015, luego de los sucesos que llevaron a dos detenciones y la presión de pobladores del lugar para realizarles audiencias, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Josué Felipe Baquiax Baquiax ordenó cerrar el Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia y trasladar  a todos los funcionarios a la cabecera departamental de Huehuetenango.

Benito Morales, el abogado defensor, apunta que los hechos que se le imputan a Rigoberto Juárez (sacar a operadores de justicia de sus casas y llamarles a dilucidar un conflicto) forman parte de la mediación que el CAJ debería hacer en un contexto en el que también opera el sistema indígena de justicia. Pero, según la Fiscalía de Derechos Humanos, Juárez convocó a pobladores y junto a ellos obligó a que los operadores de justicia desarrollaran audiencias en las que terminaron resolviendo en línea con los intereses de los manifestantes. “Eso no es mediación, la mediación es voluntaria”, apunta el fiscal Orlando López.

Gladys Tzul, socióloga integrante de la comunidad de Estudios Mayas, estaba presente en la audiencia del viernes 26 de febrero en la que se dictó apertura de juicio en contra de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar. Tzul señala el choque entre sistemas y visiones: mientras que un sistema de justicia resuelve vía encarcelamiento y penalización, el trabajo de los líderes indígenas suele llevar consigo dilucidar los hechos y disolver un conflicto. “Aquí hay  dos formas de resolución que no son compatibles y esto se ve claramente en los tribunales”, dice Tzul.

La socióloga también señala la fricción entre la visión individual de un sistema liberal jurídico y la labor del dirigente comunal, quien encarna una voluntad comitiva, de acompañamiento.

Sobre estos casos, Benito Morales declara: “Podemos hablar sobre todos estos procedimientos jurídicos, podemos llevarlo a la Corte de Constitucionalidad, pero al final de cuentas nunca nos darán la razón porque esto no es un tema jurídico, sino de disputa del territorio y el poder. Y los que tienen el poder son ellos, que tienen al servicio toda la infraestructura del sistema de justicia para aplacar la lucha de la gente”.

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Tras un año en prisión preventiva, dos procesos penales, al menos siete audiencias suspendidas o reprogramadas, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar irán a juicio por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir. La jueza Domínguez declaró los delitos de amenazas, atentado, obstaculización de la acción penal y plagio o secuestro como faltos de mérito. Aún no se ha programado una fecha para el debate.

https://www.plazapublica.com.gt/content/la-espera-de-los-lideres-comunitarios-en-prision-criminalizacion-o-justicia

Barillas: abogados defensores informan sobre prisión política

Comunitariapress, 11. Abril 2016

El día de hoy domingo 10 de abril de 2016, recibimos la visita de los abogados Benito Morales y Javier García, parte de la defensa técnica de los presos políticos de Barillas; junto a ellos miembros del Consejo de Pueblos de Occidente -CPO- en coordinación con la Comisión de Presos Políticos de Barillas, se convocó a una reunión informativa para dar a conocer la situación actual y legal de los hermanos Francisco Juan Pedro, Sotero Villatoro, Arturo Pablo, detenidos el 26 de febrero de 2015; y Ermitaño López, detenido el 02 de junio de 2015.

“El trabajo que venimos haciendo no es sólo como abogados, es como hermanos mayas por la lucha de nuestros Pueblos; tenemos que estar unidos para enfrentar esta lucha contra un Estado racista… no podemos seguir siendo mozos de las grandes empresas, debemos tomar el poder político para terminar con esto”, dijo Benito Morales abogado maya quiché, especialista en derechos humanos y de los pueblos indígenas. El es reconocido a nivel nacional e internacional por su ardua labor en defensa de los derechos de los pueblos.

El acompaña varios de los procesos penales que se siguen en contra de líderes comunitarios de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, entre estos; criminalizados por la defensa del territorio y los recursos naturales, ante la imposición de empresas transnacionales y extractivas. El abogado Morales, fue parte querellante del juicio por el asesinato de Andrés Pedro Miguel y el atentado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Mateo, ocurrido el 1 de mayo de 2012 en Barillas, Huehuetenango.

Los acusados son dos trabajadores de la empresa española Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz: Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortiz Solares. Benito Morales y Javier García forman parte de la defensa técnica de Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo y Sotero Villatoro, en el proceso donde se les acusa de haber detenido a varios trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz, fueron acusados por los delitos de secuestro, amenazas, instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas; en este proceso se logró la modificación de delitos, y ha sido enviado al Tribunal de Sentencia A, para iniciar el juicio oral y público por los delitos de detenciones ilegales, coacción e instigación a delinquir, el cual dará inició el próximo 06 de julio.

Así mismo, son abogados defensores de Ermitaño López, quien fue acusado de secuestrar al Juez de Primera Instancia Penal y a empleados del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia, luego que se celebrara una audiencia pública de 4 líderes comunitarios de Barillas el 23 de enero de 2014; el pasado 31 de marzo se logró una modificación de delitos en su proceso, llevándolo a debate por los delitos de: detenciones ilegales, obstaculización a la acción penal e instigación a delinquir.

Cabe mencionar que en este proceso también fueron involucrados Francisco Juan, Arturo Pablo, Sotero Villatoro, Rigoberto Juárez, y 11 personas más, quienes tienen activa órdenes de captura. El abogado Morales es parte de la defensa técnica de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, de Santa Eulalia, quién logró conseguir la absolución por falta de mérito del Licenciado Pedro Toledo, de Santa Eulalia y de Víctor Pérez, líder comunitario de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, quien fue absuelto el 8 de febrero de 2016. Se espera que en la audiencia programada para el próximo 13 de abril por el caso de Ermitaño López, se puedan discutir las medidas de coerción, así mismo el Ministerio Público y la defensa técnica presentarán todos los medios de prueba necesarios; posteriormente se espera la fecha de inicio de debate.

Ha sido un logro muy importante la modificación de delitos en este proceso, pues uno de los delitos más graves y que no consiguen libertad condicional, es el delito de plagio o secuestro, pero este ya ha sido cambiado por el detenciones ilegales, el cual sí alcanza medida sustitutiva; se tiene todo preparado para comprobar que no existe peligro de fuga.

Esta es una audiencia muy importante para lograr la libertad inmediata de Ermitaño López. En el proceso que se sigue contra Chico Palás, Sotero Villatoro y Arturo Pablo, también hubo una reforma del auto de procesamiento, pero la jueza no les otorgó ninguna medida sustitutiva, ya que considera que existe peligro de fuga; este proceso tiene ya fijada la fecha para inicio de debate, el cual iniciará el 06 de julio de 2016, en el tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo, del grupo A, dirigido por Jazmín Barrios.

Acompañado a este proceso, resulta uno nuevo contra ellos; dentro de esta causa los denunciantes son trabajadores del CAJ de Santa Eulalia, el Juez de Primera Instancia y el Juez de Paz del mismo lugar, este proceso fue conexado al anterior, por lo que lo convierte en UNA sola carpeta judicial; la cual ya debió ser trasladada al tribunal de sentencia y NO celebrarse ninguna audiencia más en el Juzgado de Mayor Riesgo, el cual preside la licenciada Claudette Domínguez, ya que se estaría repitiendo el proceso, lo cual es ilegal, y fue manifestado por la defensa técnica oportunamente.

Pese a los argumentos de los abogados, la jueza Domínguez ha fijado una próxima audiencia, la cual se llevará a cabo el 18 de julio, en el Juzgado de Mayor Riesgo A, en el 14vo. Nivel de la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala. Francisco Rocael, del Consejo de Pueblos de Occidente –CPO-, hizo un llamado a la unidad, así mismo manifestó que como CPO están acompañando estos procesos en Huehuetenango y otros departamentos en donde se ha criminalizado la lucha social.

Familiares de los presos políticos, agradecieron la visita de los abogados y la información que se ha trasladado públicamente; “es muy importante que todos estén informados y mejor si es de la propia voz de los abogados”.

https://comunitariapress.wordpress.com/2016/04/11/barillas-abogados-defensores-informan-sobre-prision-politica/

Tres jóvenes encontrados en Base Militar de Cobán son sepultados

Por Rolanda García, CMI Guate, 10 Abril 2016

A 5 días que comiencen de nuevo las audiencias del caso Creompaz, los Mos Caal fueron inhumados luego de más de 34 años de estar desaparecidos. En el caso están siendo señalados más de 10 militares con diversos cargos, incluyendo los generales retirados Benedicto Lucas y César Cabrera. El coronel retirado y diputado del FCN, Édgar Ovalle, quedó fuera del proceso tras los fallos de la Corte Suprema y la CC.

os restos de Héctor, Domingo y Rigoberto Mos Caal fueron identificados en un cementerio clandestino, ubicado en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz, Creompaz, donde funcionó la antigua zona militar número 21, en Coban, Alta Verapaz.

De acuerdo a las versiones de sus progenitores, los hermanos Mos Caal se dedicaban a la agricultura. Uno de ellos tenía un día de contraer matrimonio cuando el ejército en junio de 1982 sorpresivamente los detuvo en la comunidad Pambach, de Santa Cruz Verapaz, supuestamente para sujetarlos al servicio militar obligatorio. Sin embargo, a pocos días de sus capturas resultaron masacrados junto a otras 75 hombres en una finca aledaña, en Santa Cruz Verapaz, de Alta Verapaz.

Para sus familiares el paradero de los hermanos era incierta hasta que en el año 2012 sus restos se encontraban entre las 558 osamentas exhumadas en Creompaz, e identificados a través de exámenes de ADN. José Mos Cahuec, padre de las víctimas, reafirma que la muerte de sus tres hijos significó un retroceso familiar cuyos aportes económicos eran incalculables. “Uno tenía dieciséis años, ¿que será eso?, él sale pero a trabajar, a rosar, a limpiar milpa, siempre así lo hacía” señala don José.

En la comunidad Ticario, donde estos jóvenes fueron inhumados, fueron nombrados héroes comunitarios, de tal manera aseguran los sobrevivientes que sus memorias serán transmitidas por familiares y autoridades ancestrales, quienes en el día de la inhumación narraron ante centenares de estudiantes, niñas y adolescentes, las dolencias y perversidades del genocidio en la vida de la juventud.

Por esas y otras ejecuciones, están ligados a proceso judicial y enviados a prisión once altos mandos militares, acusados de efectuar las masacres en el referido destacamento, por lo que estas acciones para los sobrevivientes fueron signos de esperanzas tras su clamor por exigir justicia por más de tres décadas.

Tres jóvenes encontrados en Base Militar de Cobán son sepultados