En busca del hilo en el laberinto del genocidio

Por Emiliano Castro Sáenz, 3 05 17, Plaza Publica

Fiscales y querellantes deben probar que José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en el parcelamiento Dos Erres, Petén, en diciembre de 1982. Los denunciantes habían pedido que se le acusara de delitos contra los deberes de humanidad y asesinato, pero la jueza Carol Patricia Flores lo modificó en la primera fase del proceso judicial. El MP tiene pocos elementos para argumentar genocidio. Los denunciantes sospechan ese cambio es parte de la estrategia de defensa del anciano general.

Cuenta la mitología griega que cuando Teseo, rey de Atenas, ingresó al laberinto del Minotauro, el monstro con cuerpo de hombre y cabeza de toro, en la isla de Creta, amarró en la entrada el inicio de un carrete de hilo que desenrollaría a cada paso para encontrar la salida al regresar. Antes de ello, casi 40 personas que habían entrado al laberinto, terminaron como alimento de la bestia al no poder salir. Con ese punto de certeza, Teseo logró encontrar al Minotauro, vencerlo, seguir el estambre y poner fin al maleficio de la isla.

En el nuevo capítulo del juicio de la masacre de las Dos Erres, el delito de genocidio se ha convertido en el laberinto del Minotauro para los fiscales del Ministerio Público (MP) y querellantes adhesivos. Entrar a la cueva para probar que el expresidente golpista José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en ese parcelamiento extinto no es una iniciativa propia, sino una resolución que en mayo de 2012 tomara la jueza Carol Patricia Flores, entonces encargada de la etapa intermedia en el Juzgado A de Mayor Riesgo, y hoy relegada en los juzgados de turno de la planta baja de Tribunales.

Ni fiscales ni querellantes pidieron entonces ni ahora que se le imputara a Ríos Montt ese delito, pues no consideraban contar con todos los elementos para probarlo. Eso les llevó a pensar que esa decisión, más que afectar a Ríos Montt, formaba parte de una estrategia de la defensa que buscaba beneficiarlo con medidas sustitutivas y un alargamiento del proceso.

Era la segunda vez en cuatro meses que al exgolpista se le acusaba de genocida. A finales de enero de ese año, en la sala contigua, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, había resuelto enviarlo a juicio junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de Inteligencia Militar (G-2), por el mismo delito, así como por incumplimiento de deberes de humanidad contra el pueblo ixil entre 1982 y 1983.

Un año después, el 10 de mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión, por el genocidio cometido en contra del pueblo ixil. El fallo fue anulado diez días más tarde por la Corte de Constitucionalidad, por “errores de procedimiento del juzgado” y aún está pendiente de repetirse.

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Las pruebas de la fiscalía y los querellantes en el caso Dos Erres contra Ríos Montt giraban en torno a los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato por la masacre de 201 personas en el poblado de Dos Erres, el 7 de diciembre de 1982, como sucedió con los cuatro kaibiles sentenciados en 2011 a 6,060 años y sucedería con otro más, al año siguiente, por 6,066 años. Pero a la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.

El tiempo durmió el expediente hasta que, en junio del año pasado, uno de los kaibiles que participó en la masacre —Santos López Alonso— fue deportado desde Estados Unidos, a donde había migrado tras retirarse del Ejército. Entonces la jueza que retomó el proceso, Claudette Domínguez, se encontró con un caso pendiente por genocidio, delitos contra los deberes de humanidad y alternativa de asesinato contra Ríos Montt, quien en su calidad de presidente de facto y comandante general del Ejército en el momento en que ocurrieron los hechos, debía conocer las acciones del escuadrón de élite kaibil.

Los querellantes y la Fiscalía consideraron que no tenían suficientes elementos probatorios para acusar a Ríos Montt de genocidio, pero con base en el artículo 333 del Código Procesal Penal lograron reformular la acusación: No tuvieron éxito en eliminar la acusación de genocidio, pero pudieron incluir la alternativa de asesinato.*

A la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.

El pasado 31 de marzo, la jueza Domínguez decretó que el general deberá enfrentar un nuevo juicio por el delito de genocidio a partir del 18 de mayo próximo. Será, según la decisión de la juzgadora, un “juicio especial” en el que el anciano general estará representado por sus abogados —debido a la gravedad de su estado de salud—. Se realizará a puerta cerrada. Domínguez se abstuvo de explicar su resolución.

Ante esa decisión, dice Edgar Pérez, el abogado que dirige la acusación de parte de los querellantes, no hay otra opción más que acatar el fallo: “Si quieren que lo investigamos por genocidio, pues así lo haremos”.

Los años le han dado más herramientas al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), los querellantes del caso, así como a la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, para lograr una sentencia condenatoria. Pero aún está por verse si conseguirán un hilo lo suficientemente largo y resistente para salir del laberinto al que la jueza Flores los orilló a entrar.

Mientras tanto, la salud del general Ríos Montt sigue en deterioro. De aquel diputado saliente que se presentó ante la Fiscalía de Derechos Humanos en diciembre de 2011 para solicitar información sobre posibles investigaciones en su contra; el derrotado el 10 de mayo de 2013 en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, cuando el Tribunal A de Mayor Riesgo lo declaró culpable de genocidio en contra del pueblo ixil, y el declarado interdicto (imposibilitado para ejercer sus derechos por sí mismo) hace dos años, hoy queda poco. Acaso un hombre postrado en una cama sin posibilidad siquiera de defenderse con su propia voz.

Los cuatro kaibiles condenados en agosto de 2011, previo a escuchar el fallo del tribunal.

Su abogado defensor, Jaime Hernández, explica que lo vio por última vez hace tres meses y su estado de salud era delicado. “Fidel Castro aguantó menos que el general”, compara. El fallecido líder de la revolución cubana, agrega, “no estaba siendo procesado por nada y murió”. Ríos Montt cumplió 90 años de edad en junio pasado; la misma edad que tenía Fidel cuando murió en noviembre de 2016. “El general está acostado, postrado. Está afectado. Lo tienen en el primer nivel de su casa; lo sacan cargado las enfermeras. Lo atienden muy bien”, dice el abogado.

Zury Ríos Sosa, hija del general, se presentó en noviembre como su tutora y dejó encargado a los abogados la defensa de su padre. Plaza Pública le pidió su opinión acerca de este nuevo proceso judicial, pero prefirió no hablar. “Es un tema muy amplio para tratarlo a priori”, indicó por la vía telefónica. “No me voy a pronunciar en este momento”.

El hilo más corto

Tras la resolución de la jueza Carol Patricia Flores en mayo de 2012, creció la sospecha en el MP y el equipo de abogados del BDH, de que, por contradictoria que fuese, la decisión de imputar a Ríos Montt por genocidio fue para su propio bien.

El asesinato, delito por el que habían sido señalados los cuatro kaibiles condenados, siempre fue el móvil de la acusación.

“La sorpresa fue que la jueza argumentó que para ella los hechos encuadraban en la figura de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y ligó al general Ríos Montt por esos delitos, con la alternativa de asesinato. Pensamos en que buscó beneficiarlo, pues la figura de genocidio permite medidas sustitutivas, mientras el asesinato, no”, dice el abogado de Famdegua y director del BDH, Édgar Pérez.

Pero según la jueza Carol Patricia Flores, cabía la posibilidad de que Ríos Montt hubiese cometido genocidio (además de los delitos de deberes contra la humanidad y asesinato, propuestos por el MP), pues el artículo 376 del Código Penal establece que lo comete quien, “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso”, haya efectuado cualquiera de los hechos contemplados en los cinco incisos, entre los que destaca –para este caso–, el primero: “Muerte a los miembros del grupo”.

Dos Erres era una comunidad aislada, a una decena de kilómetros de Las Cruces, el poblado más cercano, que contaba con su propio ritmo de desarrollo. Estaba compuesta de campesinos del oriente y sur del país que habían llegado desde finales de los 60, con el apoyo de la agencia gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén (Fydep). En poco más de diez años ya tenían escuela, iglesias y una producción agrícola importante. Todo eso terminó en diciembre de 1982, cuando unidades del Ejército ingresaron a esa pequeña comunidad de agricultores en busca de una célula guerrillera que había robado unos fusiles en la comunidad de San Diego, dos meses atrás. La madrugada del 7 de diciembre, la maquinaria de la patrulla especial kaibil, la más sanguinaria de las Fuerzas Armadas, accionó contra niños, mujeres, campesinos y ancianos y los eliminaron.

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Los abogados querellantes analizaron la resolución de Flores y concluyeron que, si querían que se investigara el genocidio, así lo harían. “Sin embargo, estirando la figura vemos que es muy complejo, pues tiene que haber un reconocimiento nacional de las víctimas distinto al grupo nacional que representa al país. Nos cuesta llegar a concluir que sea genocidio, desde el punto de vista del principio de legalidad, porque doctrinariamente podríamos aspirar a comprobarlo, porque se elimina completamente a un grupo, o por lo menos esa era la intención, pues la comunidad Dos Erres ya no existe”, explica Pérez.

El fiscal encargado de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, Érick de León, confirma la teoría de Édgar Pérez. “El artículo 264 del Código Procesal Penal, que regula el delito de asesinato, excluye el podérsele otorgar una medida sustitutiva al acusado y el artículo 376, de genocidio, sí la permitía. Al final, ignoramos por qué llegó a esa decisión la jueza que llevaba el caso, pero pensamos que lo hizo porque es un tipo penal que nos habilita llevar alternativamente el delito de asesinato”, puntualiza. Es decir, una estrategia para que Ríos Montt fuera beneficiado con arresto domiciliar, sino también para que fuera declarado inocente.

El tipo penal de genocidio ya levantó ampollas, generó polémica y esperanza. Cuando en 2013 se llevó a cabo el debate oral y público del caso, la defensa ideó estrategias dilatorias, descalificó los testimonios de las víctimas y al juzgado y tuvo sus mejores aliados en sectores conservadores de la sociedad, como grupos de militares, políticos y empresarios que desconocieron el proceso y la sentencia con el fin de presionar para retrotraer el juicio.

Mientras tanto, sobrevivientes, familiares de las víctimas y otros grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos lucharon por distintos medios para defender el proceso judicial, que históricamente habían impulsado con el fin de obtener justicia.

Las tijeras sin filo

En la noche del Viernes de Dolores, el abogado Jaime Hernández aún atiende clientes en su churrigueresca oficina, anunciada con enormes letras doradas al final de un oscuro pasillo en una de las torres de un edificio de zona 4. Da la impresión de ser un consultorio médico en el que los pacientes se forman y van pasando de uno en uno.

Previo a un viaje familiar para el cual prepara un playlist y una serie de fotos en su celular, argumenta durante unos minutos que el caso de Dos Erres, para Ríos Montt, “cae por su propio peso”. Las tijeras de la defensa, que podrían cortar el hilo en el laberinto de los perseguidores penales se basan en que el jefe de Estado no podía estar enterado de todo y, si acaso, el delito de asesinato es cosa del pasado.

Mientras cambia su entonación para argumentar su punto, presume que la acusación contra su patrocinado, es una ocurrencia. “Supuestamente José Efraín Ríos Montt tenía que haber sabido que los kaibiles iban a ir a matar, a exterminar al pueblo de Dos Erres. Y eso nunca lo supo. Pero a ellos se les ocurre y, solo por eso, proponen asesinato. Y no puede haber asesinato y mucho menos genocidio, pues la responsabilidad penal es personalísima”.


El que Ríos Montt haya dicho a unos documentalistas norteamericanos en 1982 (Pamela Yates y Thomas Siegel), que él controlaba al Ejército, “no es una prueba”, dice el abogado. El artículo 16 de Constitución, prohíbe declarar en contra de sí mismo, dice, por lo tanto “esa declaración del general es una utopía”.

De vuelta al delito de asesinato, Jaime Hernández apunta que prescribió porque han pasado 34 años y “la prescripción penal es de 20 años y si fuese de pena de muerte, serían 25. Y no lo digo porque sea yo la defensa, sino porque así dice la ley. Una cátedra en derecho les he dado en el juzgado a los fiscales y querellantes”.

Pero, en este caso, el asesinato no puede prescribir, según el fiscal De León, porque el artículo 14 de la Constitución, dicta “imprescriptibilidad si es que el custodio hiciere uso de las armas”. Y hay más agravantes, como el artículo 28 del Código Penal, agrega, que establece la no prescripción de los delitos ordenados por funcionarios públicos. “Los órganos jurisdiccionales en la etapa media vieron eso: la imprescriptibilidad”, por eso mantuvieron el delito.

Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.

Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.

Aún más complicado si, como dice el defensor Jaime Hernández, deben cumplirse “todos los verbos rectores del delito de genocidio y aquí no se dan. Aquí no hay genocidio”.

¿Entonces por qué la jueza Carol Patricia Flores consideró los elementos suficientes para investigar a Ríos Montt por genocidio en Dos Erres? El abogado defensor del general considera que es “porque en ese tiempo estaba en boga ese tipo de sindicación en contra de mi cliente, sin embargo, no hay tal”. A este tipo de decisión, el abogado explica que también influyen “los diferentes cursos que toman los jueces enviados por la Corte, en forma de capacitación; donde abrazan las teorías de tal manera que consideran estar en una resolución correcta, cuando realmente no lo están”.

Según Hernández, a los defensores del general no les “importa” ni les “interesa resolver el tipo penal de genocidio o asesinato”, dado que cliente “no puede ser condenado”.

Sin embargo, con el tiempo en contra y un delito a probar cuesta arriba, aún hay esperanza para las víctimas, quienes no creen que las tijeras tengan el suficiente filo para cortar el hilo conductor de este caso.

La luz al final del laberinto

Debajo de las decenas de miradas que iluminan las paredes de la sala de espera de Famdegua, se encuentra sentada Aura Elena Farfán, directora de dicha organización, pionera en la persecución penal de la masacre ocurrida en Dos Erres.

Son miradas retratadas en cuadros con rostros y nombres de desaparecidos durante la guerra. Farfán escoge sentarse en ese sillón que coincide con la figura de su hermano, Rubén Amílcar, el directivo del sindicato de la Universidad de San Carlos detenido-desaparecido por la G-2 y la Policía Nacional el 15 de mayo de 1984.

Para Farfán el caso de Dos Erres ha sentado un precedente para el país por el hecho de que se señale por genocidio a un exmandatario. “Es simbólico ver sentado en el banquillo al general y más si se le encuentra culpable, pues futuras generaciones lo comprenderán así. Y no se trata de venganza. Queremos sentar precedentes para que nunca se vuelva a repetir la historia negra de Guatemala”.

El genocidio es un delito que se puede probar según Farfán, pues se trata de un grupo de nacionales que fue masacrado. “Hoy las Dos Erres es un campo de guamil, maleza, de pasto para ganado. En Dos Erres hay sobrevivientes de la Costa Sur, Oriente, de la Capital, por lo que no todos tenían rasgos indígenas, sino que se nombraban a sí mismos ladinos. Pero el genocidio no es por rasgos ni apellidos, sino por que se eliminó a un grupo de nacionales”, explica.

Más allá de lo que se suceda a partir del próximo 18 de mayo, cuando los protagonistas se internen en el laberinto para comprobar un genocidio con cuerpo de humano y cabeza de toro, está la reivindicación de la población. “Cuánta gente en el caso de genocidio que no tenía nada qué ver con los ixiles, se sentía reflejado en ese juicio”, acota el abogado Édgar Pérez. “Gente que no se había interesado en estos casos, pero tomó conciencia con ello. Yo siento que ha habido muchos reveses, tropiezos, obstáculos. Pero ese un paso que se avanzó, que jamás se olvidará. Y este caso, el de Dos Erres, también lo tiene”.

https://www.plazapublica.com.gt/content/en-busca-del-hilo-en-el-laberinto-del-genocidio

Jueza de EE. UU. sentencia a kaibil por mentir

El kaibil  Jorge Vinicio Sosa Orantes, de 55 años,  fue sentenciado ayer, en California, EE. UU., a 10 años de prisión por haber mentido sobre su papel en el ejército guatemalteco, al solicitar  ciudadanía estadounidense.

Jorge Vinicio Sosa Orantes, cuando fue capturado en Canadá y extraditado a EE. UU.

Además de la pena de cárcel, la jueza federal Virginia A. Phillips  despojó a Sosa de la  ciudadanía mencionada.  Sosa Orantes fue hallado culpable por un jurado federal,  en octubre del 2013, de haber  mentido al hacer su solicitud de naturalización, en el 2007, sobre su papel en el ejército guatemalteco y su presunta participación en la masacre perpetrada  en el parcelamiento Dos Erres, Petén, en 1982.  El acusado dijo a la Corte que es inocente y manifestó su desacuerdo con el veredicto del jurado.

El debate

En el juicio contra Sosa Orantes fueron escuchados  testimonios “desgarradores” de varios de sus excompañeros y un sobreviviente de la masacre, quien relató que cuando era  niño vio  a soldados llevarse a su madre    para matarla mientras ella suplicaba por su vida. Otros  kaibiles  acusaron a Sosa Orantes de haber atacado con un mazo a niños en Dos Erres, así como de haber tirado una granada a un pozo en el que fueron lanzados la mayoría de los habitantes de esa población, que sufrieron además vejaciones y violación  por parte de los militares. EE. UU. perseguía la máxima sentencia —15 años de cárcel— por “la horrible naturaleza de los delitos contra los derechos humanos que el acusado ocultó para obtener la ciudadanía”, según indicó la acusación.

“Este caso va más allá de los típicos casos de fraude en el proceso de naturalización”, refirió. El abogado defensor Shashi Kewalramani refirió que Sosa es un miembro de la sociedad respetuoso de las leyes y no estuvo en un juicio por crímenes de guerra. Explicó que las mentiras de su cliente no dañaron a nadie, por lo que no debería estar en prisión más de un año.  “El Gobierno busca una puerta trasera para aplicar la ley guatemalteca”, escribió Kewalramani en un documento. “Este no es el foro apropiado para castigar al señor Sosa por su presunta conducta en Guatemala, donde no ha sido enjuiciado”, manifestó. Las autoridades federales presentaron evidencias en la Corte de Riverside de que Sosa Orantes estaba al mando de una  unidad de operaciones especiales del Ejército —kaibil—,  responsable de la masacre. Sosa Orantes, no obstante, no fue juzgado por crímenes de sangre, sino por haberle mentido al Gobierno de EE. UU. al omitir su pasado militar violento.

La huida

El ahora condenado abandonó Guatemala en 1985 y buscó asilo en EE. UU. con el alegato de que era perseguido por la guerrilla. Al ser rechazada su petición encontró acomodo en Canadá, donde logró obtener la ciudadanía. Después se casó con una estadounidense y consiguió la residencia permanente, conocida en EE. UU. como green card, antes de solicitar la ciudadanía. En Guatemala, cinco kaibiles fueron sentenciados  a seis mil  60 años de  prisión por la matanza de 201 personas, en juicios desarrollados entre el 2011 y el 2012. El exmilitar trabajaba como instructor de artes marciales en el condado de Riverside. Fue arrestado en el 2011, en Canadá, y extraditado a EE. UU.

Dato

201 muertes se documentaron en masacre, en Petén.

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Jueza-sentencia-kaibil-mentir_0_1082891723.html

Pérez Molina: “Los kaibiles no somos mentirosos ni traidores”

Pérez Molina: “Los kaibiles no somos mentirosos ni traidores”

Pérez Molina: “Los kaibiles no somos mentirosos ni traidores”
El MP descarta realizar una investigación del mandatario a corto plazo.
S. Menchú/Evelyn Boche/A. Montenegro elPeriódico    
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Foto:  Jean Marie Simon
Otto Pérez Molina, (segundo) en Nebaj, Quiché, cuando se encontraba en el destacamento militar de Quiché, retratado en un libro escrito por Jean Marie Simmons.
Lo que dijo Hugo

En su testimonio, Hugo indicó: “Y ellos, los militares, los soldados, a órdenes del mayor Tito Arias, conocido como don Otto Pérez Molina, el general Quilo Ayuso y comandantes de la Compañía de Ingenieros coordinaron la quema y el saqueo de la gente, para luego ejecutarla”.

Quilo Ayuso negó la versión del testigo y evitó dar más declaraciones. “Mis abogados me instruyeron que no hablara del tema, ya que soy un perito propuesto por la defensa”, puntualizó.
“El objetivo del juicio es probar si hubo o no genocidio en Guatemala, y obtener una sentencia contra los dos acusados, José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez”.
Arturo Aguilar, secretario privado del MP.
 
“Ni el Ministerio Público ni el tribunal pueden obviar el señalamiento. Un silencio, a lo infinito, minaría la credibilidad del sistema de justicia”. Marco Antonio Canteo, penalista.

 
El presidente Otto Pérez Molina tenía ayer más agentes de seguridad que los cuatro o seis que acostumbra. Después de la inauguración del Comedor Seguro en Mixco, la Secretaría de Comunicación Social no permitía a los periodistas abordarlo. Con el brazo de un custodio en el cuello, y batallando con los empujones de los guardias se intentaba preguntar al mandatario sus vínculos con Hugo, quien lo involucró con su testimonio en las masacres de Nebaj, Quiché.
 
“No voy a emitir opinión sobre las mentiras que están diciendo. No me voy a prestar a ese circo”, dijo. Sin embargo, después de repartir bolsas seguras en San Vicente Pacaya sí dio declaraciones, y señaló al Ministerio Público (MP) de usar testigos “falsos” en el juicio contra Efraín Ríos Montt.
 
Pérez Molina negó que su nombre de guerra fuera Tito Arias, y comentó que el Ministerio de la Defensa le entregó datos de Hugo Ramiro Leonardo Reyes. “Primero aclaro que esta persona no es kaibil. Los kaibiles no somos mentirosos ni traidores. Además nació el 22 de enero de 1966, quiere decir que para 1982 tenía 16 años. Ingresó como planillero y luego fue mecánico. Estuvo en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en 1983, cuando yo ya había salido”, indicó.
 
Respaldado en los datos militares, el mandatario criticó el proceso. “Que ahora salgan testigos de ese tipo que le quitan toda la seriedad, pone en duda el juicio que se está llevando que hasta denominan histórico”, señaló. También aceptó que estuvo en Nebaj, pero que se dedicó al “rescate” de personas y que mientras estuvo a cargo no hubo asesinatos.
 
El Ministerio Público (MP) no tiene entre sus planes inmediatos investigar al presidente Otto Pérez Molina, de acuerdo con el secretario privado de la Fiscal General, Arturo Aguilar. Hugo, un testigo protegido de la fiscalía, declaró el jueves que los soldados que ejecutaron masacres en el área Ixil seguían órdenes del comandante Tito Arias, el nombre de guerra que usó Pérez Molina.
 
Antes de presentarse en el juicio, Hugo declaró en la sede fiscal. En esa oportunidad no mencionó al mandatario, explicó Aguilar. El señalamiento no estaba previsto. Se desconoce por qué Hugo guardó esa información para integrarla en su testimonio, bajo juramento, ante el tribunal.
 
El penalista Marco Antonio Canteo indicó, que tarde o temprano, el MP tendrá que indagar sobre los alcances de la declaración del testigo. También habrá que esperar si el tribunal le da valor probatorio al testimonio.

Acepta pruebas
 
La jueza Jazmín Barrios acató ayer la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 3 de abril, y admitió las pruebas de la defensa de Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, que fueron negadas por el juez de primera instancia Miguel Ángel Gálvez.
 
Gálvez había rechazado las pruebas el 3 de febrero, por lo que los abogados defensores interpusieron un amparo ante la CC.
 
El defensor Moisés Galindo dijo que se ha violado el debido proceso, porque se debió haber programado una audiencia para que el juez de Primera Instancia Miguel Ángel Gálvez incorporara las pruebas, “porque un tribunal no está facultado para hacerlo”.

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Juicio llega a fase final

Jueces de Instancia Penal critican el desempeño de fiscales en las audiencias y afirman que sus investigaciones son débiles, lo que según ellos influye para que no sustenten el trabajo del Ministerio Público (MP) y no se logren sentencias condenatorias.

POR HUGO ALVARADO

Anabella Cardona, jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia, dijo que los fiscales le dan prioridad a la cantidad de pruebas que presentan, en lugar de ponerle atención a la calidad.

Afirmó que en ocasiones el ente investigador presenta “acusaciones descriptivas”, es decir que “toman la declaración de un testigo y redactan la acusación sin tomarse el tiempo para corroborar la investigación que aquel les proporciona”.

Indicó que otro inconveniente es que el fiscal que asiste al debate no es el que efectuó la investigación, por lo que le es difícil defender una prueba.

“A nosotros no nos importa la cantidad de pruebas, sino que no queden duda; de lo contrario, tenemos que absolver al sindicado. […] Que van a encontrar pruebas convincentes, yo no lo creo. Lo que ocurre es que un sindicado es procesado, pero no hay pruebas”, refirió.

Desconocimiento

Cardona explicó que en una oportunidad, durante un debate contra acusados de asociación ilícita, una fiscal presentó como prueba tres celulares.

Sin embargo, cuando se le pidió que determinara a quién correspondía cada aparato y su función en la supuesta agrupación criminal, no pudo explicarlo.

Otra debilidad que critica Cardona es que cuando se llega a las conclusiones de los juicios, el MP cambia al fiscal que presenció el debate y envía a otro para que se encargue de esa fase.

“Las investigaciones deben ser serias, oportunas y responsables. Eso lo decimos en la sentencia, ya que es el único mecanismo de defensa que tenemos para resolver”, expuso la jueza.

Improvisados

“Disculpe, honorable tribunal, es que hasta ayer me hice cargo del proceso”, es la frase que con frecuencia escuchan los jueces de parte de los fiscales en las audiencias.

“La intención es contar con un tiempo que nos permita conocer el expediente, pues minutos antes de la audiencia nos enteramos del nombramiento para asistir a los tribunales”, explicó un fiscal que solicitó que no se revelara su nombre.

Según jueces, en ocasiones, al momento de presentar indicios de investigación o pruebas durante un juicio, han tenido que enmendar la plana al MP, que imputa, en forma atropellada, delitos a los sindicados.

Aseguran que muchas veces las pruebas que aportan los fiscales no son acordes con los delitos en los que en apariencia incurrieron los acusados, por lo que los jueces han tenido que cambiar la calificación de los hechos ilícitos.

Una jueza que prefirió no ser identificada expuso que una vez —por medio de un oficial del juzgado— le envió a un fiscal un mensaje en el cual le aconsejaba qué debía solicitar en la audiencia.

Carlos Aguilar, juez segundo Penal y presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, aseguró que ese problema se incrementó desde que la fiscal general, Claudia Paz y Paz, impulsó una reingeniería en el MP, en febrero último.

“La Fiscal dividió el MP en unidades de decisión temprana, investigación y de litigios, lo cual significó que no exista un hilo conductor en la investigación y que en ocasiones termine en resultados negativos”, explicó Aguilar.

Más tiempo

Los jueces refieren que una falencia recurrente es que el MP no cumple con el plazo de investigación.

De acuerdo con Aguilar, en varios procesos el día en que se vence el plazo para acusar a los sindicados, los fiscales piden una prórroga, con el argumento de que no fue suficiente el tiempo fijado para investigar.

Por si eso no fuera suficiente, en lo que respecta a la diligencia de primera declaración, los jueces deben llamar por teléfono al MP para que envíe a un fiscal. Según estos, la respuesta que reciben es que en ese momento “no hay disponibles, están ocupados o llegarán más tarde”.

Prensa Libre intentó obtener la versión de Paz y Paz, pero fue imposible. Se le buscó durante varios días y se le envió un cuestionario —que no respondió—.

Al final, la funcionaria le envió al reportero un mensaje en el que le anunciaba que sería a través del Departamento de Prensa de la Fiscalía General como se pronunciaría acerca de los señalamientos de los jueces.

Pocas sentencias

Según el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, del Organismo Judicial, el año último los tribunales del ramo Penal emitieron mil 490 sentencias absolutorias, y este año ya van 910.

En lo que se refiere a sentencias condenatorias este año han sido resueltas siete mil 712, mientras que en el 2010 fueron 15 mil 824.

http://www.prensalibre.com/noticias/Jueces-critican-labor-fiscales_0_566943318.html

El retorno de los “Gramajistas”

Son un grupo de kaibiles y paracaidistas acompañados por un puñado de civiles. Los lazos que los unen se forjan en la guerra y se consolidaron con la paz. En sus manos estará cumplir la principal promesa del gobierno.

Asier Andrés

Al hablar de ellos, los libros de historia relatarán que en su mayoría orbitaron alrededor del general y ministro de la Defensa Alejandro Gramajo durante el primer gobierno democrático, y que 25 años después volvieron a ser convocados por su principal discípulo, el también general Otto Pérez Molina. Gramajo y su tesis de la Estabilidad Nacional les dotó un sustento ideológico que los llevó a lograr que el Ejército se supeditara al poder civil y a fi rmar los Acuerdos de Paz. Otto Pérez y “su mano dura” les devolvió a la cúpula del Estado con una nueva misión: institucionalizar políticas de seguridad efectivas.

 

Durante la última década, Otto Pérez construyó un partido político y se rodeó de compañeros de viaje que han obtenido su espacio correspondiente en el gobierno. Pero para ejercer el poder, Otto Pérez ha convocado a un grupo de hombres que coincidieron con él en los momentos cruciales de su carrera militar. Ofi ciales de fuerzas especiales y civiles que se congregaron a la sombra de Gramajo, se agruparon en el Centro de Estudios para la Estabilidad Nacional (Estna) a fi nales de la década de 1980 y adquirieron gran relevancia como promotores de la Paz durante el gobierno de Ramiro de León. Serán ellos una parte crucial de su estado mayor y la médula de su equipo de combate a la criminalidad.

 

Mauricio López Bonilla

EL SOLDADO QUE AMABA LA POLÍTICA

 

El Presidente y el Ministro de Gobernación se encontraron en bandos opuestos durante los golpes de 1982 y 1983. Sería el ministro de la Defensa Gramajo quien los pondría a trabajar juntos por primera vez. Ambos integraron el Estado Mayor personal del Ministro con una misión: ganarle la guerra diplomática a la guerrilla y recuperar la respetabilidad de Guatemala en la comunidad internacional. Como parte de esta estrategia el actual Ministro de Gobernación fue enviado por Gramajo a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

 

Para entonces, López Bonilla ya era uno de los principales cuadros políticos del Ejército, el prototipo de soldado académico y reformista.

 

Entre 1993 y 1996, López Bonilla formó parte de los estados mayores personales de los ministros Mario Enríquez y Julio Balconi. Mientras Pérez coordinaba la negociación de la paz desde el Estado Mayor Presidencial (EMP), López Bonilla trabajaba en los detalles técnicos, como el retorno de los refugiados o la desmovilización de la guerrilla.

 

Quienes lo conocen aseguran que López Bonilla lleva la política en las venas y no hay nada que desee más que llegar a la Presidencia. Pero es también un experto en seguridad empresarial. Es consultor de la Business Alliance for Secure Commerce (BASC), un compañía internacional dedicada a certifi car que empresas e instituciones que participan en el proceso de exportar productos cumplen con estándares de seguridad. Como consultor de BASC –cuya fi lial en Guatemala preside Francisco Toruño, directivo de la Gremial de Transporte de Carga de la Cámara de Industria (CIG)– López Bonilla certifi có a las portuarias Quetzal y Santo Tomás de Castilla, al Aeropuerto Internacional La Aurora y a Combex-Im, la empresa de la CIG que maneja las exportaciones en el aeropuerto, de la que fue representante el diputado patriota Pedro Muadi. También acreditó a Prosersa, una contratista del Estado que provee cámaras, detectores de metales, aparatos de rayos X, y que, por ejemplo, diseñó los sistemas de ingreso al Preventivo de la zona 18 y a El Infiernito. Como administrador único de Prosersa fi gura en el Registro Mercantil Carlos Humberto Fabián, socio de López Bonilla en otros negocios.

 

Ricardo Bustamante

EL OFICIAL DE INTELIGENCIA

 

Cuando a fi nales de 1991 Otto Pérez fue nombrado Director de Inteligencia (D2), una de sus primeras decisiones fue reclutar a un grupo de ofi ciales con experiencia en inteligencia que le sirvieran de guías en el mundo del espionaje. Desde entonces y hasta fi nales de 1996, Pérez y Ricardo Bustamante nunca se separarían, primero en la D2 y después en el EMP de Ramiro de León.

 

Los 2 oficiales se conocieron hacia 1978, mientras servían en la Guardia Presidencial de Lucas García. Ambos eran kaibiles y paracaidistas, pero a partir del golpe de 1982 sus carreras discurrieron por caminos separados.

 

Mientras Pérez seguía en las fuerzas especiales, Bustamante se especializaba en análisis e interrogatorios en Taiwán, lo que le llevó a la D2 en 1987. Desde la Dirección de Inteligencia, Bustamante trabajó con López Bonilla preparando la estrategia del Estado ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.

 

En el EMP, a partir de 1993, Pérez y Bustamante lideraron el proceso de desmilitarizar la Policía Nacional y el entorno de la Presidencia. Sentaron las bases de la SAAS y la SAE, aunque no culminaron el proceso. El primer titular de la SAE, Édgar Gutiérrez, asegura que el EMP actualizó sus bases de datos de control poblacional hasta 1999, algo ilegal. Bustamante fue también el ofi cial que entregó a Joaquin El Chapo Guzmán a México en 1993.

 

Como les ocurrió a la mayoría de ofi ciales “titos” –llamados así por su fi delidad a Otto Pérez– Bustamante fue apartado de la línea de mando durante el gobierno de Alfonso Portillo. En 2004, cuando Pérez estuvo de nuevo cerca del poder, Bustamante fue ascendido a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). Poco después se fue a retiro como General de División, el rango más alto nunca alcanzado por un “tito”.

 

Bustamante creó el Instituto de Estudios en Seguridad (IES) de la Universidad Galileo y proveyó de análisis   información al Partido Patriota. Su experiencia académica y la confianza de Pérez le han colocado en un cargo, que según explican en el entorno del Presidente, estará en el mismo nivel que el Ministerio de Gobernación. La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, que creó el Consejo Nacional de Seguridad, cuenta desde junio de 2011 con un reglamento que desarrolla todas las funciones del secretario técnico de la institución.

 

Ulises Noé Anzueto Girón

EL KAIBIL

 

Cuando se especulaba con quién ocuparía el Ministerio de Defensa en su gobierno, Otto Pérez insistió en que respetaría “los tiempos y la institucionalidad” del Ejército. Pero a la hora de la verdad, mandó a situación de disponibilidad a 13 generales y rescató de la marginalidad a un coronel que debió ser ascendido a general hacía dos años, y que nunca había ejercido como primer comandante en ninguna unidad. Pérez premió a un “tito”: Ulises Noé Anzueto, un ofi cial que ha pasado la mayor parte de su carrera o en la Escuela Kaibil o en la Brigada de Paracaidistas o en la de Fuerzas Especiales.

 

La relación entre ambos se remonta a 1984 cuando Anzueto era comandante de pelotón en la Brigada de Paracaidistas y Pérez ofi cial de operaciones. Volverían a coincidir en el Estado Mayor personal de Gramajo –Anzueto era ofi cial edecán del Ministro– y finalmente entre 1994 y 1996 en el EMP. Anzueto sirvió a las órdenes de Pérez como ofi cial de plana mayor de la Guardia Presidencial durante el gobierno de Ramiro de León.

 

Pero algo más les une: la presunta implicación de ambos en la muerte del guerrillero Efraín Bámaca. Anzueto era en 1992 ofi cial de operaciones en la Zona Militar 18 (San Marcos), un destacamento en el que, según los testimonios y los documentos relacionados con el caso, estuvo preso y fue torturado el comandante de ORPA. En el relato que le ofreció al fi scal Julio Arango, el guerrillero Santiago Cabrera identifi có a Anzueto como uno de los ofi ciales que custodiaban al prisionero. Pero él no fi gura entre los denunciados por Jennifer Harbury.

 

Otros “titos” rodean a Anzueto en el alto mando actual: el viceministro José Antonio Lemus Guzmán, y el subjefe del EMDN, Manuel López Ambrocio. Ambos formaron parte del EMP de Ramiro de León y se perfilan como los candidatos con más posibilidades de alcanzar el cargo de Ministro tras el retiro de Anzueto el próximo año.

http://elperiodico.com.gt/es/20120123/investigacion/206887/

Usarán kaibiles contra el narco

El Presidente electo, Otto Pérez Molina, indicó en una entrevista al periódico mexicano El Universal, que usará dos fuerzas élites del Ejército –entre estas los kaibiles– para la batalla contra los cárteles mexicanos del narcotráfico.

POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

El funcionario destacó que demandó ayuda financiera y “más decisión” de Estados Unidos para combatir al crimen organizado en Centroamérica; aclaró que evitará incrementar las tropas estadounidenses en suelo guatemalteco, aunque rechazó que pretenda emular a México y ordenar la militarización para enfrentar a las mafias.

Pérez Molina anunció que las unidades del Ejército –como los kaibiles– serán más activas en la batalla contra narcotraficantes mexicanos.

“Hay dos unidades élite aquí.  Las fuerzas especiales Kaibil, que mantienen la paz mundial (con Naciones Unidas) están preparadas para una tarea muy importante contra el narcotráfico,  y la Brigada de Paracaidistas, con alto nivel de entrenamiento”, destacó el nuevo presidente.

Según El Universal, Pérez Molina negó pensar impulsar una amnistía de militares y ex militares guatemaltecos involucrados en violaciones a los derechos humanos en la guerra de Guatemala (1960-1990).

¿CONTRAPRODUCENTE?
Nery Rodenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), destacó que la propuesta de involucrar kaibiles en la lucha contra el narcotráfico podría ser contraproducente, pues se sabe de la infiltración del crimen organizado en esta fuerza élite.

“Creo que la propuesta podría ser contraproducente, el narcotráfico ha captado a los kaibiles y muchos de ellos están involucrados con el crimen organizado; es muy difícil que puedan combatirlos”, destacó Rodenas.

Según el entrevistado, la propuesta de esta organización fue diferente, pues lo más conveniente sería cerrar la Escuela Kaibil.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/147304-usaran-kaibiles-contra-el-narco

EE. UU. ordena la deportación de ex kaibil implicado en masacre

Un juez de Inmigración de Estados Unidos ordenó este miércoles la deportación del ex kaibil Pedro Ríos Pimentel, argumentado que se le negó el asilo solicitado, por su implicación en la masacre Dos Erres, en Petén, perpetrada en 1982, informó la agencia Prensa Asociada.

POR PRENSA LIBRE.COM Estados Unidos

El abogado Michael Selph quien representa al ex kaibil indicó que su cliente teme que en Guatemala no recibirá un juicio justo, además, niega su participación en la matanza perpetrada en Petén.

Pimentel es uno de más de 12  miembros de una élite de la fuerza militar guatemalteca, que son buscados por su participación en la masacre, en la que más de 200 personas murieron. Sin embargo Estados Unidos los sindica de mentir en la solicitud de ciudadanía que realizaron los ex kaibiles.

El ex kaibil fue detenido por las autoridades de inmigración de Estados Unidos en mayo del 2010, después de que se descubrió que mintió al solicitar su naturalización.

Por este mismo hecho están sindicados Santos López Alonso, quien fue capturado en febrero del año pasado, así como Gilberto Jordán, y Jorge Vinicio Sosa Orantes.

Jordán fue detenido en febrero del año pasado en Florida, donde residía desde principios de la década de 1990 y trabajaba como cocinero, mientras que Pimentel fue arrestado en California, Estados Unidos, y Sosa en Calgary, Canadá en enero de este año.

Según las pesquisas en Guatemala los detenidos están sindicados de delitos contra deberes de humanidad y el asesinato de por los menos 251 personas en la aldea Dos Erres, Petén, en 1982.

Las capturas forman parte de la reactivación de la persecución contra 17 militares vinculados en los hechos y fueron ordenadas por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

http://www.prensalibre.com/noticias/EE-UU-deportacion-implicado-Erres_0_478752374.html