Comunitarios marchan por la dignidad indígena

Prensa Libre, 12.10.2016

Organizaciones campesinas salieron en una caminata pacífica desde la Plaza Obelisco, en el día de la dignidad y resistencia indígena, negra y popular. Piden la restitución de tierras.


Cientos de campesinos se reunieron en la Plaza Obelisco, en la zona 9, para dirigirse al Congreso, en la zona 1, como medio de expresión para exigir respeto a sus derechos y territorios.

Campesinos reunidos en la Plaza Obelisco para la marcha por la dignidad indígena. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Las personas se reunieron desde las 7 horas de este miércoles, día que se conmemora por el descubrimiento de América y la intervención española por parte del conquistador Cristóbal Colón, en 1942.

La marcha estará frente a la Corte Suprema de Justicia y concluirá en el organismo Legislativo, donde las personas permanecerán hasta el viernes.

Las actividades finalizan ese día con un informe que se entregará la comisión interparlamentaria que hizo la verificación sobre denuncias de desvíos de ríos, según Daniel Pascual, dirigente campesino.

Los amparos buscan la recuperación de tierras ancestrales como los casos Chuarrancho, de los pueblos ixil, chortí y  q´eqchi´ en El Estor, Izabal.

En el Congreso los manifestantes exigirán que se apruebe la ley de desarrollo rural, la ley de jurisdicción indígena, radios comunitarias, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la reforma constitucional al sector justicia.

“En el Congreso nos quedamos en una vigila de dos noches donde habrá actos culturales y se finalizará con la entrega de un informe que nos dará la comisión interparlamentaria sobre los desvíos de ríos”, dijo el dirigente.

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/marchan-por-la-dignidad-indigena

 

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Actuar de la Corte Suprema sacude la indiferencia ciudadana

por Diario La Hora – mar 21, 2016

Actuar de la Corte Suprema  sacude la indiferencia ciudadana

POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt

Guatemaltecos manifestaron su respaldo a la labor de la fiscal general Thelma Aldana en las redes sociales y en un plantón frente al Palacio de Justicia.

Luego de que se conociera un plan en el cual se busca beneficiar al exdiputado Gudy Rivera y con ello desestabilizar a Aldana, los guatemaltecos dejaron de lado la indiferencia y se manifestaron de diferentes maneras.

“La Corte Suprema debe de recordar que el pueblo ya está harto de tanta impunidad”, con esta consigna y al ritmo de batucada, dio inicio la actividad que reunió a integrantes de los movimientos JusticiaYa,  Anonymus, La Batucada del pueblo y sociedad civil, entre otros.

Los inconformes se hicieron presentes para mostrar su solidaridad hacia la jefa del Ministerio Público; llevaban consigo carteles en los que se podía leer: “Exigimos a las cortes independencia. No devolver favores a los postuladores”.

Esto se dio luego de que La Hora advirtiera que aprovechando el descanso de vacaciones los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunirían para firmar una resolución, a través de la cual se podría declarar ilegal la detención de Rivera, quien enfrenta proceso penal por tráfico de influencias, y de esta forma afectar a la Fiscal General.

Gloria Lau, ciudadana, dijo que se había hecho presente, ya que Aldana ha puesto en orden el país y destacó que el papel de los magistrados debería ser apoyar al Ministerio Público (MP) en su lucha contra la corrupción.

Lau añadió que el dinero de los impuestos es invertido en mantener a los políticos que dañan el país y derivado de ello hay mucho retroceso.

En tanto, Estanislao González, manifestó que rechaza la manera anómala en que están actuando los funcionarios de la CSJ.

“Quiero dejar patente mi inconformidad sobre la reunión llevada a cabo este día por los magistrados, pues da la impresión de que algo traman para evitar que se aplique la justicia y de esta forma perjudicar al MP”, expresó y agregó que con estas acciones ellos están evidenciando el pago de los favores recibidos, por considerar que fueron colocados en esos puestos por los sectores de impunidad que existen en el país.

Mientras Francisco Ariano, otro de los activistas, declaró que deja en duda la postura de los representantes de la Corte, ya que a su criterio se debe partir de cómo fueron las elecciones que se dieron en esa entidad.

“El caso de la jueza Claudia Escobar por el cual se le está llevando un caso penal a Gudy Rivera, que conecta de manera directa con la elección de la Corte, por lo que es preocupante ver que ellos mismos se contradigan, principalmente porque deja entrever un tipo de conspiración contra el MP, algo que anteriormente se vio en el Congreso”, explicó.

A criterio de Ariano, esta es una segunda ofensiva contra la Fiscal General, al decir que ella sobrepasó sus facultades y cayó en ilegalidad.

Por su parte Gabriel Wer,  integrante de Justicia Ya, detalló que en este caso se hace necesario exigir la independencia judicial y que se respeten los procesos. Además de solicitar que deben ser aprobadas las reformas al sector justicia.

APOYO EN LAS REDES SOCIALES

La población en general que no pudo asistir a la CSJ mostró su indignación a través de las redes sociales por medio del hashtag #YoApoyoAThelma acompañando una frase con la foto de sus carteles desde el sitio en el que se encontraban.

El usuario ‏@maritogp87 expresó:  Desde la güisachería admiramos su valentía. Mientras que @rafamorap  escribió: Desde mi trabajo “Semana Santa y yo trabajando, pero igual todo mi apoyo a la independencia judicial”.

Cabe destacar que el sector empresarial agrupado en el CACIF también apoya la lucha contra la corrupción que realiza el ente investigador de la mano de Thelma Aldana.

Actuar de la Corte Suprema sacude la indiferencia ciudadana

Una revisión a la esencia del derecho a manifestar

INCAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN GENERA MÁS PROTESTAS

En los últimos años los conflictos y demandas de diferentes sectores de la sociedad se han agudizado ante la falta de respuesta y consensos con el Gobierno, lo cual ha desencadenado una serie de protestas sociales que van desde la manifestación pacífica hasta el bloqueo de carreteras a nivel nacional, aunque la esencia de esencia ahora está siendo cuestionada.

Temas relacionados con la exploración y explotación de los recursos naturales, la demanda de tierras, los cambios generados por la reforma magisterial, el alto precio de la energía eléctrica en comunidades del interior, el irrespeto al derecho indígena, el descontento por el pago del subsidio de transporte y el clamor por el cese a la violencia que azota al país, son algunos de los tópicos que han predominado en el ambiente nacional.

En todos estos conflictos sociales, la población indica no haber hallado solución mediante el diálogo, al cual califican como un sistema carente de resultados.

De acuerdo al Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), en la actualidad se discuten 31 conflictos sociales. Es por ello que en algunas ocasiones, las manifestaciones han motivado incluso al uso de la fuerza con la excusa de recuperar la gobernabilidad en el país, aunque realmente ha agravado más los problemas.

PMT: 350 MANIFESTACIONES

Es un hecho que al menos en la ciudad de Guatemala, el tránsito llegó a un punto en el que se ha triplicado la circulación de vehículos, pues cuando deberían estar circulando 350 mil automóviles diariamente, actualmente circula un millón de automotores en el casco urbano.

En ese contexto, según el Intendente Administrativo de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, se tiene registro dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala, de 350 manifestaciones cada año desde inicios de la actual gestión de Gobierno, es decir, un promedio de una diaria, aunque algunas son más notorias que otras, lo cual repercute en las condiciones del tránsito que ya de por sí son lentas.

“Sucede que los organizadores de las protestas encuentran en el tránsito el punto álgido y crítico para llamar la atención de las autoridades a las cuales les pretenden plantear sus necesidades. ¿Por qué si el magisterio tiene un problema con el Ministerio de Educación, bloquean El Trébol o El Obelisco en lugar de hacer la concentración en el lugar correspondiente?”, cuestiona Montejo.

A decir del jefe de la PMT, el horario preferido para los manifestantes es entre las 8 de la mañana hasta las dos de la tarde y los puntos regulares de concentración, independientemente del grupo o demanda, son el Molino de las Flores, Anillo Periférico y Puente El Incienso en las zonas 11 y 7; El Obelisco en la zona 10, la Plaza de la Constitución, Casa Presidencial, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad en la zona 1; y finalmente la ruta al Atlántico y al Pacífico.

“Su derecho de manifestar está afectando el derecho de manifestación de otros y el llamado es que si van a realizar una manifestación que se va a desplazar, se utilice un solo carril. No estamos en contra de que planteen sus necesidades, pero hay que reconocer que no son solidarios en la utilización de la vía”, agrega.

Amílcar Montejo recomienda que antes de las medidas de hecho se agoten todas las instancias legales para evitar inconvenientes a las personas que son ajenas a estos eventos; además señala que si se van a realizar, se hagan de manera directa en los lugares específicos e instó a la Gobernación Departamental de Guatemala, a velar por el correcto desarrollo de las mimas.

“No es posible que si se tiene un problema con los buses de una comunidad, se vengan a protestar a la ciudad. Nuestro punto de vista es que no obstruyan el tráfico, no importa quienes son. Nosotros no damos un apoyo directo a las manifestaciones, sino damos el apoyo a los automovilistas que resultan afectados”, puntualiza el entrevistado.

MARCO LEGAL EXISTENTE

El artículo 33 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho de reunión y manifestación pública indicando que no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y solo la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.

Asimismo, obliga la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.

De igual forma, el artículo 5 de la Carta Magna establece la libertad de acción, donde toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

A decir de la profesional del Derecho, Gladys Monterroso, aunque el derecho a la manifestación se encuentre consagrado en la Constitución, el mismo ha perdido su esencia desde que se han entremezclado las causas consideradas por algunos grupos como justas, con manifestaciones que son señaladas de ser objeto de manipulación incluso por miembros de la comunidad internacional como supuestos agitadores.

Asimismo, no exime de responsabilidad al actual Gobierno no solo por no garantizar las condiciones mínimas para satisfacer las necesidades de la población más pobre, sino porque tácitamente, autoriza las movilizaciones para alcanzar ciertos objetivos, convirtiendo a las autoridades, cómplices en la transgresión de otro derecho fundamental como lo es la libre locomoción de las personas.

“A los maestros, por ejemplo, se les dejó a salir a manifestar y bloquear carreteras a nivel nacional mientras a los estudiantes de la carrera docente que manifestaron públicamente su rechazo a la Reforma Magisterial en 2012, la actitud gubernamental fue distinta hasta el punto que los elementos de las fuerzas policiales accionaron violentamente contra este último grupo y reportando varias capturas”, opina.

Y aunque se supone que las autoridades deben garantizar el ejercicio pleno de ambas garantías, para la también docente de la Usac, eso parece más una utopía para la sociedad guatemalteca que por un lado se ve más molesta, frustrada y cansada al no llegar a tiempo, a sus lugares de trabajo y estudio; y por el otro a una población que ve insatisfechas sus necesidades y a través de estas actividades hacen escuchar sus demandas, se presume, a las altas esferas del Gobierno.

“Y es que cuando un grupo de personas se manifiesta en contra de algo como lo hizo hace un par de semanas el Magisterio Nacional, comandado por Joviel Acevedo, se afectó el derecho a la libre locomoción en claro contubernio con el Gobierno, pues el fin último era ejercer presión al Congreso de la República para que aprobara implícitamente la ampliación presupuestaria por Q1 mil 500 millones para los ministerios de Salud y Educación, es decir más endeudamiento”, agrega.

CÁMARAS ACCIONAN LEGALMENTE

Precisamente en el caso de bloqueos por parte de supuestos maestros así como de transportistas extraurbanos en al menos 12 puntos a nivel nacional en el primer mes del año, la Cámara de Comercio de Guatemala presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, en contra del presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el Director de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez, a efecto de que movilizarán a las fuerzas de seguridad a los puntos bloqueados y se tomarán las acciones correspondientes en contra de estos grupos, a fin de garantizar el derecho a la libre locomoción de los guatemaltecos.

Al respecto, desde el sector empresarial, Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, subraya que aunque el sector empresarial organizado respeta el derecho a la manifestación de la opinión de los guatemaltecos, esta debe estar enmarcada en lo que la ley permite, sin incurrir en el bloqueo de las vías.

“En lo que no coincidimos es que las manifestaciones conlleven el bloqueo de carreteras porque ponen en riesgo no solo la libre locomoción de las personas sino el acceso a servicios básicos como hospitales o escuelas. Esto no solo repercute en las pérdidas económicas, sino en la pérdida de negocios que los guatemaltecos tienen, así como para el clima de competitividad del país”, argumenta Zepeda.

Al consultársele al directivo sobre las movilizaciones de personas motivadas por los empresarios en años anteriores, el mismo responde que dichas manifestaciones también se han dado, pero en escenarios positivos y sin afectar la movilización de las personas ajenas al evento; y no con el ánimo de seguir confrontando al país.

Zepeda recalca: “Nuestro ánimo no ha sido en ningún momento bloquear el paso de las personas. Esa manifestación se dio un día domingo que en ningún momento afectó la actividad económica o laboral de nadie. Es necesario acatar lo que dice la ley y lo que hay que hacer es actuar para velar por el cumplimiento y para eso están las autoridades”.

POCA REGULACIÓN

Para los afectados de estas muestras públicas, nace el cuestionamiento del rol y el verdadero sentido de las protestas sociales pues en su mayoría, transgreden otras garantías fundamentales y en anotados casos, le ha restado legitimidad a estos movimientos sociales por conseguir objetivos cortoplacistas; así como la necesidad de una mayor regulación por parte de la Gobernación de cada departamento.

Al respecto, Luis Palma, titular de la Gobernación Departamental de Guatemala, asegura que para autorizar una manifestación es necesario que la organización involucrada haga una solicitud y brinde los pormenores de la actividad como horario o puntos en donde tendrán presencia, para notificarle a la Policía Nacional Civil y a la Policía Municipal de Tránsito, a fin de coordinar la seguridad de los manifestantes.

Asimismo, se brindan las recomendaciones necesarias como no consumir bebidas alcohólicas durante el trayecto, no alterar el orden público y no dañar el patrimonio nacional ni privado.

Palma reconoce que la Gobernación, después de autorizada la protesta, solo verifica el cumplimiento del horario, el lugar y el motivo, más no el desarrollo de la misma, aunque hace notar que si hubiera daños a terceros, cada institución, empresa privada o persona que se sienta agraviada, está en la libertad de interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

“Todas las manifestaciones deberían ser pacíficas. Pero no podemos coartar la libertad a manifestar. Con relación a muchas manifestaciones que no hacen esta notificación, simplemente no nos damos por enterados del proceso y la situación es diferente. De alguna manera se trata de tener control del tránsito y la seguridad”.

CRIMINALIZACIÓN

El 4 de octubre de 2012 los indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán bloquearon cinco puntos de las carreteras que comunican la cabecera del departamento en protesta por el alto precio de la energía eléctrica, las propuestas de reforma constitucional presentadas por el Ejecutivo, y las reformas a la carrera magisterial.

Los pobladores se enfrentaron a los militares que fueron desplegados en el lugar y a quienes se señala de causar la muerte de al menos seis comunitarios.

Durante 2013, la mayoría de los conflictos sociales se registraron en Santa Rosa y Jalapa, donde las protestas en rechazo a la minera San Rafael, motivaron al presidente Otto Pérez a decretar estado de sitio en cuatro municipios y que generó la captura de 16 personas señaladas de hechos ilícitos.

También se cuenta la conflictividad en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, en contra de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, así como la resistencia en La Puya y contra la planta cementera en San Juan Sacatepéquez.

En ese marco, diversas organizaciones sociales y pro derechos humanos expusieron en octubre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de presuntas violaciones que padecen cientos de comunitarios al ser objeto de amenazas y criminalización por oponerse a proyectos tanto mineros como hidroeléctricos en el país, así como de la protesta social.

De esa cuenta, recientemente el Ministro de Gobernación anunció que los extranjeros con visa de turista y que sean sorprendidos participando en manifestaciones, serán expulsados del territorio nacional. El anuncio causó serias críticas en su momento, por parte de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca.

Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, expone que con el actual Gobierno todo tipo de protesta está siendo estigmatizada y penalmente perseguida, pero enfatiza en que el problema radica en el obsoleto Sistema Nacional de Diálogo y en los Organismos de Estado como el Legislativo, que no cumplen con legislar a favor de las minorías.

El líder del CUC acotó que el abuso de las manifestaciones se da en todos los niveles de la sociedad y recordó los hechos suscitados el 24 de julio de 2003, cuando correligionarios del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), tomaron las calles de la ciudad de Guatemala para manifestar violentamente, luego de que le negaran la inscripción para ser candidato presidencial al general Efraín Ríos Montt, lo cual ocasionó daños a la propiedad privada, decenas de heridos y la muerte de Héctor Ramírez, mejor conocido como el Reportero X.

“Aquí no podemos alegar que unos si y otros no. Igualmente este Gobierno ha traído gente para manifestar a favor de la vicepresidenta Baldetti por el supuesto atentado que sufrió. Aquí o se respeta la libertad de manifestación, que son derechos universales, o no. Salvo que se cambie la Constitución y mencione que Guatemala tiene un gobierno dictatorial, en ese momento se termina la democracia”, refiere.

Pareciera que en un país como Guatemala, en donde el abuso del poder, las brechas sociales, las desigualdades, los monopolios, la marginación y la miseria, la violencia y el saqueo del erario público, el enriquecimiento ilícito, y las tensiones sociopolíticas, son más evidentes, ponen en riesgo la convivencia social, la única salida es la desobediencia civil y el derecho a la protesta social, al ser los gobernantes incapaces de proveer servicios básicos como salud, educación, seguridad y justicia.

MANUEL RODRÍGUEZ
http:/www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/191535-una-revision-a-la-esencia-del-derecho-a-manifestar-

Reportarje: Una revisión a la esencia del derecho a manifestar

INCAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN GENERA MÁS PROTESTAS

En los últimos años los conflictos y demandas de diferentes sectores de la sociedad se han agudizado ante la falta de respuesta y consensos con el Gobierno, lo cual ha desencadenado una serie de protestas sociales que van desde la manifestación pacífica hasta el bloqueo de carreteras a nivel nacional, aunque la esencia de esencia ahora está siendo cuestionada.

Temas relacionados con la exploración y explotación de los recursos naturales, la demanda de tierras, los cambios generados por la reforma magisterial, el alto precio de la energía eléctrica en comunidades del interior, el irrespeto al derecho indígena, el descontento por el pago del subsidio de transporte y el clamor por el cese a la violencia que azota al país, son algunos de los tópicos que han predominado en el ambiente nacional.

En todos estos conflictos sociales, la población indica no haber hallado solución mediante el diálogo, al cual califican como un sistema carente de resultados.

De acuerdo al Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), en la actualidad se discuten 31 conflictos sociales. Es por ello que en algunas ocasiones, las manifestaciones han motivado incluso al uso de la fuerza con la excusa de recuperar la gobernabilidad en el país, aunque realmente ha agravado más los problemas.

PMT: 350 MANIFESTACIONES

Es un hecho que al menos en la ciudad de Guatemala, el tránsito llegó a un punto en el que se ha triplicado la circulación de vehículos, pues cuando deberían estar circulando 350 mil automóviles diariamente, actualmente circula un millón de automotores en el casco urbano.

En ese contexto, según el Intendente Administrativo de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, se tiene registro dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala, de 350 manifestaciones cada año desde inicios de la actual gestión de Gobierno, es decir, un promedio de una diaria, aunque algunas son más notorias que otras, lo cual repercute en las condiciones del tránsito que ya de por sí son lentas.

“Sucede que los organizadores de las protestas encuentran en el tránsito el punto álgido y crítico para llamar la atención de las autoridades a las cuales les pretenden plantear sus necesidades. ¿Por qué si el magisterio tiene un problema con el Ministerio de Educación, bloquean El Trébol o El Obelisco en lugar de hacer la concentración en el lugar correspondiente?”, cuestiona Montejo.

A decir del jefe de la PMT, el horario preferido para los manifestantes es entre las 8 de la mañana hasta las dos de la tarde y los puntos regulares de concentración, independientemente del grupo o demanda, son el Molino de las Flores, Anillo Periférico y Puente El Incienso en las zonas 11 y 7; El Obelisco en la zona 10, la Plaza de la Constitución, Casa Presidencial, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad en la zona 1; y finalmente la ruta al Atlántico y al Pacífico.

“Su derecho de manifestar está afectando el derecho de manifestación de otros y el llamado es que si van a realizar una manifestación que se va a desplazar, se utilice un solo carril. No estamos en contra de que planteen sus necesidades, pero hay que reconocer que no son solidarios en la utilización de la vía”, agrega.

Amílcar Montejo recomienda que antes de las medidas de hecho se agoten todas las instancias legales para evitar inconvenientes a las personas que son ajenas a estos eventos; además señala que si se van a realizar, se hagan de manera directa en los lugares específicos e instó a la Gobernación Departamental de Guatemala, a velar por el correcto desarrollo de las mimas.

“No es posible que si se tiene un problema con los buses de una comunidad, se vengan a protestar a la ciudad. Nuestro punto de vista es que no obstruyan el tráfico, no importa quienes son. Nosotros no damos un apoyo directo a las manifestaciones, sino damos el apoyo a los automovilistas que resultan afectados”, puntualiza el entrevistado.

MARCO LEGAL EXISTENTE

El artículo 33 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho de reunión y manifestación pública indicando que no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y solo la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.

Asimismo, obliga la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.

De igual forma, el artículo 5 de la Carta Magna establece la libertad de acción, donde toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

A decir de la profesional del Derecho, Gladys Monterroso, aunque el derecho a la manifestación se encuentre consagrado en la Constitución, el mismo ha perdido su esencia desde que se han entremezclado las causas consideradas por algunos grupos como justas, con manifestaciones que son señaladas de ser objeto de manipulación incluso por miembros de la comunidad internacional como supuestos agitadores.

Asimismo, no exime de responsabilidad al actual Gobierno no solo por no garantizar las condiciones mínimas para satisfacer las necesidades de la población más pobre, sino porque tácitamente, autoriza las movilizaciones para alcanzar ciertos objetivos, convirtiendo a las autoridades, cómplices en la transgresión de otro derecho fundamental como lo es la libre locomoción de las personas.

“A los maestros, por ejemplo, se les dejó a salir a manifestar y bloquear carreteras a nivel nacional mientras a los estudiantes de la carrera docente que manifestaron públicamente su rechazo a la Reforma Magisterial en 2012, la actitud gubernamental fue distinta hasta el punto que los elementos de las fuerzas policiales accionaron violentamente contra este último grupo y reportando varias capturas”, opina.

Y aunque se supone que las autoridades deben garantizar el ejercicio pleno de ambas garantías, para la también docente de la Usac, eso parece más una utopía para la sociedad guatemalteca que por un lado se ve más molesta, frustrada y cansada al no llegar a tiempo, a sus lugares de trabajo y estudio; y por el otro a una población que ve insatisfechas sus necesidades y a través de estas actividades hacen escuchar sus demandas, se presume, a las altas esferas del Gobierno.

“Y es que cuando un grupo de personas se manifiesta en contra de algo como lo hizo hace un par de semanas el Magisterio Nacional, comandado por Joviel Acevedo, se afectó el derecho a la libre locomoción en claro contubernio con el Gobierno, pues el fin último era ejercer presión al Congreso de la República para que aprobara implícitamente la ampliación presupuestaria por Q1 mil 500 millones para los ministerios de Salud y Educación, es decir más endeudamiento”, agrega.

CÁMARAS ACCIONAN LEGALMENTE

Precisamente en el caso de bloqueos por parte de supuestos maestros así como de transportistas extraurbanos en al menos 12 puntos a nivel nacional en el primer mes del año, la Cámara de Comercio de Guatemala presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, en contra del presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el Director de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez, a efecto de que movilizarán a las fuerzas de seguridad a los puntos bloqueados y se tomarán las acciones correspondientes en contra de estos grupos, a fin de garantizar el derecho a la libre locomoción de los guatemaltecos.

Al respecto, desde el sector empresarial, Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, subraya que aunque el sector empresarial organizado respeta el derecho a la manifestación de la opinión de los guatemaltecos, esta debe estar enmarcada en lo que la ley permite, sin incurrir en el bloqueo de las vías.

“En lo que no coincidimos es que las manifestaciones conlleven el bloqueo de carreteras porque ponen en riesgo no solo la libre locomoción de las personas sino el acceso a servicios básicos como hospitales o escuelas. Esto no solo repercute en las pérdidas económicas, sino en la pérdida de negocios que los guatemaltecos tienen, así como para el clima de competitividad del país”, argumenta Zepeda.

Al consultársele al directivo sobre las movilizaciones de personas motivadas por los empresarios en años anteriores, el mismo responde que dichas manifestaciones también se han dado, pero en escenarios positivos y sin afectar la movilización de las personas ajenas al evento; y no con el ánimo de seguir confrontando al país.

Zepeda recalca: “Nuestro ánimo no ha sido en ningún momento bloquear el paso de las personas. Esa manifestación se dio un día domingo que en ningún momento afectó la actividad económica o laboral de nadie. Es necesario acatar lo que dice la ley y lo que hay que hacer es actuar para velar por el cumplimiento y para eso están las autoridades”.

POCA REGULACIÓN

Para los afectados de estas muestras públicas, nace el cuestionamiento del rol y el verdadero sentido de las protestas sociales pues en su mayoría, transgreden otras garantías fundamentales y en anotados casos, le ha restado legitimidad a estos movimientos sociales por conseguir objetivos cortoplacistas; así como la necesidad de una mayor regulación por parte de la Gobernación de cada departamento.

Al respecto, Luis Palma, titular de la Gobernación Departamental de Guatemala, asegura que para autorizar una manifestación es necesario que la organización involucrada haga una solicitud y brinde los pormenores de la actividad como horario o puntos en donde tendrán presencia, para notificarle a la Policía Nacional Civil y a la Policía Municipal de Tránsito, a fin de coordinar la seguridad de los manifestantes.

Asimismo, se brindan las recomendaciones necesarias como no consumir bebidas alcohólicas durante el trayecto, no alterar el orden público y no dañar el patrimonio nacional ni privado.

Palma reconoce que la Gobernación, después de autorizada la protesta, solo verifica el cumplimiento del horario, el lugar y el motivo, más no el desarrollo de la misma, aunque hace notar que si hubiera daños a terceros, cada institución, empresa privada o persona que se sienta agraviada, está en la libertad de interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

“Todas las manifestaciones deberían ser pacíficas. Pero no podemos coartar la libertad a manifestar. Con relación a muchas manifestaciones que no hacen esta notificación, simplemente no nos damos por enterados del proceso y la situación es diferente. De alguna manera se trata de tener control del tránsito y la seguridad”.

CRIMINALIZACIÓN

El 4 de octubre de 2012 los indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán bloquearon cinco puntos de las carreteras que comunican la cabecera del departamento en protesta por el alto precio de la energía eléctrica, las propuestas de reforma constitucional presentadas por el Ejecutivo, y las reformas a la carrera magisterial.

Los pobladores se enfrentaron a los militares que fueron desplegados en el lugar y a quienes se señala de causar la muerte de al menos seis comunitarios.

Durante 2013, la mayoría de los conflictos sociales se registraron en Santa Rosa y Jalapa, donde las protestas en rechazo a la minera San Rafael, motivaron al presidente Otto Pérez a decretar estado de sitio en cuatro municipios y que generó la captura de 16 personas señaladas de hechos ilícitos.

También se cuenta la conflictividad en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, en contra de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, así como la resistencia en La Puya y contra la planta cementera en San Juan Sacatepéquez.

En ese marco, diversas organizaciones sociales y pro derechos humanos expusieron en octubre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de presuntas violaciones que padecen cientos de comunitarios al ser objeto de amenazas y criminalización por oponerse a proyectos tanto mineros como hidroeléctricos en el país, así como de la protesta social.

De esa cuenta, recientemente el Ministro de Gobernación anunció que los extranjeros con visa de turista y que sean sorprendidos participando en manifestaciones, serán expulsados del territorio nacional. El anuncio causó serias críticas en su momento, por parte de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca.

Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, expone que con el actual Gobierno todo tipo de protesta está siendo estigmatizada y penalmente perseguida, pero enfatiza en que el problema radica en el obsoleto Sistema Nacional de Diálogo y en los Organismos de Estado como el Legislativo, que no cumplen con legislar a favor de las minorías.

El líder del CUC acotó que el abuso de las manifestaciones se da en todos los niveles de la sociedad y recordó los hechos suscitados el 24 de julio de 2003, cuando correligionarios del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), tomaron las calles de la ciudad de Guatemala para manifestar violentamente, luego de que le negaran la inscripción para ser candidato presidencial al general Efraín Ríos Montt, lo cual ocasionó daños a la propiedad privada, decenas de heridos y la muerte de Héctor Ramírez, mejor conocido como el Reportero X.

“Aquí no podemos alegar que unos si y otros no. Igualmente este Gobierno ha traído gente para manifestar a favor de la vicepresidenta Baldetti por el supuesto atentado que sufrió. Aquí o se respeta la libertad de manifestación, que son derechos universales, o no. Salvo que se cambie la Constitución y mencione que Guatemala tiene un gobierno dictatorial, en ese momento se termina la democracia”, refiere.

Pareciera que en un país como Guatemala, en donde el abuso del poder, las brechas sociales, las desigualdades, los monopolios, la marginación y la miseria, la violencia y el saqueo del erario público, el enriquecimiento ilícito, y las tensiones sociopolíticas, son más evidentes, ponen en riesgo la convivencia social, la única salida es la desobediencia civil y el derecho a la protesta social, al ser los gobernantes incapaces de proveer servicios básicos como salud, educación, seguridad y justicia.

MANUEL RODRÍGUEZ
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/191535-una-revision-a-la-esencia-del-derecho-a-manifestar-

Pobladores de San Marcos rechazan minería

Esta mañana, un grupo de personas bloqueó parcialmente la ruta que conduce del municipio de Sipacapa hacia la cabecera de San Marcos

en rechazo a la licencia de exploración minera en el sector. Los manifestantes indicaron que en 2005 se realizó una consulta comunitaria en la región, en la que el resultado fue la negación a la actividad minera, y denunciaron que el Ministerio de Energía y Minas hizo caso omiso de esta decisión. El tránsito de vehículos se vio afectado en el sector.

POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt

Partes esperan resoluciones

POR JULIO F. LARA

Esta semana,  la Corte de Constitucionalidad (CC)  y la Sala Primera de Apelaciones de lo Penal  determinarán qué deben hacer con el juicio por genocidio y contra deberes  de la humanidad que se sigue contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Organizaciones SOCIALES  se manifiestan frente a la Catedral Metropolitana  en repudio de  la suspensión del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt.  estuardo paredes     Organizaciones SOCIALES  se manifiestan frente a la Catedral Metropolitana  en repudio de  la suspensión del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt.

La polémica está abierta porque se debe definir sí el caso regresa hasta el 23 de noviembre de 2011 o hasta el 19 de marzo último, cuando fue expulsado el abogado defensor del Ríos Montt, Francisco García Gudiel.

José Rodríguez, de la oficina de comunicación  del Centro para la  Acción Legal en  los Derechos Humanos (Caldh), que actúa como querellante del proceso, dijo que   confían  en que la CC resuelva los recursos planteados y con ello continuar con el juicio.

El abogado Francisco García Gudiel, quien integra el equipo de abogados del general Ríos Montt,  explicó que no hay ninguna prisa para   que la CC emita una resolución.

“No hay plazo ni premura, la Corte de Constitucionalidad  a mí no me resuelve expedientes desdel 2009, y no veo por qué en este caso debería resolverlo en una semana”, expresó.

Agregó que la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del viernes último lo reinstala  a él como abogado de Ríos Montt y suspende provisionalmente la audiencia de debate hasta que el amparo sea resuelto en definitiva.

“Esperamos que se aclare el camino”, dijo  el profesional.

La CC conocerá las acciones que presentaron la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y  Caldh,   que buscan buscan revertir el fallo de la jueza  Flores Polanco.

Caldh también interpuso un amparo en  la Sala Primera de Apelaciones de lo Penal, que también busca dejar sin efecto el fallo de la jueza.

La defensa de Ríos Montt presentó en  la CC dos recursos que buscan el debido cumplimiento a la resolución de la jueza de Mayor Riesgo, que anula lo actuado en el juicio y regresa  el proceso a su fase intermedia.

Ramón Cadena, de  la Comisión Internacional de Juristas, dijo: “Esperamos que la Corte de Constitucionalidad resuelva esta incertidumbre en la que se ha colocado el juicio, debido a la resolución  de la jueza —Carol— Flores”.

Añadió que aunque hay una apelación en la Sala Tercera, lo principal es lo que resuelva la  CC.

Cadena comentó que lo que ha sucedido    crea    incertidumbre a la partes  y  a las víctimas.

Protesta

Ayer,  varias agrupaciones de derechos humanos continuaron con manifestaciones para pedir resoluciones que reinicien el juicio por genocidio contra los militares retirados.

El Grupo de Mujeres, apoyadas por  querellantes del caso y las asociaciones de Economía, la Facultad de Derecho y las escuelas de Ciencias Políticas e Historia de la Universidad de San Carlos, permanecieron ayer en el atrio de la Catedral Metropolitana para hacer un llamado de concienciación.

Cuando los feligreses salían de la iglesia,  los manifestantes cantaban: “Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente”.

El caso que se sigue contra los generales retirados   es por  17 masacres cometidas entre 1982 y 1983 en  Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, Quiché, en  donde murieron mil 771 pobladores de la etnia ixil, según la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos.

La cifra: 19 audiencias  ha tenido el juicio  contra el general retirado   José Efraín Ríos Montt.

Asociación de jueces pide respeto 

Anabella Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, afirmó que esa entidad     manifiesta su rechazo a las interferencias que han habido a la independencia judicial.

“El rechazo es precisamente porque la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— ha realizado muchos señalamientos en contra de jueces de reconocida honorabilidad y experiencia, que han tenido la valentía de garantizar el debido proceso”.

Explicó que   exhortan a la población   a que sepan que el sector justicia lo integran varias instituciones y no solo el Organismo Judicial.

Cardona también recordó que cuando las instancias no estén de acuerdo con un fallo dictado, usen los recursos legales que establecen las leyes.

Explicó   que publicarán comunicados en los que  hacen referencia a que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y solo  están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes.

 

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Partes piden juicio y salen a las calles

POR SERGIO MORALES

Grupos  a favor y en contra del juicio por genocidio que se sigue a los militares retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez salieron ayer a  las calles a manifestar sus posturas por el polémico proceso y las resoluciones de los tribunales.

FAMILIARES Y amigos de militares se manifiestan    en la colonia Lourdes, zona 16. oscar rivas

FAMILIARES Y amigos de militares se manifiestan    en la colonia Lourdes, zona 16. 

El juicio, que se inició el 19 de marzo recién pasado, está suspendido por resoluciones del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo y de la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal.

Activistas de derechos humanos llegaron a la Corte de Constitucionalidad (CC), donde exigieron un juicio justo y que no obedezca a ninguna presión.

“Pedimos un tribunal libre de presiones  que pueda decir si en Guatemala hubo o no genocidio y delitos de lesa humanidad”, expresó Juan Fernando Soto, director del Centro para la  Acción Legal en Derechos Humanos, organización que el viernes por la noche presentó en  la CC un ocurso de queja  contra   la  resolución  de  la Sala Tercera.

Juicio sin presiones

Ayer, familiares y amigos de militares también  salieron a las calles de la colonia Lourdes, zona 16, a colocar calcomanías en los vehículos con las leyendas: “Yo amo al Ejército de Guatemala” y “Los guatemaltecos no somos genocidas”.

“Pedimos que no haya tanta injerencia internacional en el juicio”, dijo María José Flores, una de las participantes, quienes también exigen que se juzgue a los insurgentes involucrados en los abusos cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Recursos por resolver

La Corte de Constitucionalidad tiene pendiente   emitir resolución de varios recursos legales.

El MP interpuso un amparo para revertir el fallo de la jueza Carol Patricia Flores Polanco que anuló el debate.

Ríos Montt accionó por medio de dos recursos de debido cumplimiento a la resolución de la jueza de Mayor Riesgo.

Caldh interpuso un amparo en la Sala Primera de Apelaciones de lo Penal, que busca dejar sin efecto la decisión de Flores Polanco.

También  presentó un ocurso de queja en contra de la resolución de la Sala de Amparos.

 

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