Militares rodean el poder en Guatemala

Militares retirados, muchos de ellos amigos, compañeros de promoción o cercanos a las máximas autoridades, se mantienen cerca del poder, en varios puestos de diferentes instituciones, incluso en algunas clave relacionadas con la seguridad o en puertos.

  Destacan papel de la mujer en el Día del Ejército

CIUDAD DE GUATEMALA- En prácticamente todas las esferas del Gobierno hay algún militar retirado, en ministerios, secretarías y otras instituciones bajo intervención o autónomas.

Expertos en seguridad ven una “rearticulación” de círculos militares, varios de los cuales coincidieron en alguna fase del proceso de paz o el conflicto armado interno, pero también creen que así como en esta administración sucede con egresados del Ejército, en gobiernos anteriores pasó con otros grupos, como simpatizantes ideológicos, colegas empresarios o excompañeros de colegio.

LOS GRUPOS

Afuera del Ministerio de la Defensa, que por mandato legal es dirigido por militares, el presidente Otto Pérez Molina, general de División retirado (r), está rodeado por viejos compañeros y conocidos de estudio en la Escuela Politécnica.

El teniente coronel (r) Mauricio López Bonilla es uno de sus más cercanos, en la cartera de Gobernación. Este, a su vez, tiene confianza en el viceministro de Seguridad, Edi Juárez Prera, de la promoción 93, dos después que la del ministro.

Muy cerca, en la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), figura un especialista en inteligencia, el exministro de la Defensa, general (r) Ulises Anzueto —de la misma promoción que Juárez—, quien rápidamente consiguió la confianza del mandatario, y luego de retirarse del Ejército por cumplir su tiempo de servicio fue colocado en esa secretaría de Estado.

DESCARGUE: Amplia presencia en el Ejecutivo

El general (r) Édgar Ricardo Bustamante, junto con Anzueto, López Bonilla y Pérez Molina forman parte del grupo “gramajista”, es decir afines al general Héctor Gramajo, el ministro de la Defensa de Vinicio Cerezo.

Bustamante es el coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que asesora al Ejecutivo y discute asuntos de seguridad con el fin de recomendar acciones y políticas al respecto.

El encargado de la seguridad del mandatario es el coronel (r) Wálter David Zepeda, secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad.

OTROS CARGOS

Mario Mérida, coronel (r) que ingresó en la Escuela Politécnica al año siguiente que el mandatario, es ahora el director general del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, en el Sistema y Consejo Nacional de Seguridad.

El exministro de la Defensa de Óscar Berger, general (r) Carlos Humberto Aldana Villanueva, y el compañero de promoción de Pérez Molina, el general (r) Roberto Eduardo Letona Hora, trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesores del despacho.

El director-interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil es el teniente coronel, piloto aviador, Jair Alberto Samayoa, mientras que hace poco más de una semana fue juramentado Carlos Antonio Lainfiesta Soto, quien fue comandante de la Marina, como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal.

También figura el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado de Pérez Molina y compañero de promoción del diputado oficialista Estuardo Galdámez, ambos de la 108.

El secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, también estuvo por un corto tiempo en el Ejército, y el alcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, hijo del mandatario, es de la promoción 121.

ANÁLISIS

“Demuestra que hay círculos que siguen estando unidos una vez que están fuera. No es que se encontraron hace 10 años y ahora otra vez, sino que son hilos conductores que se han estado forjando posterior a que estuvieron en el Ejército, a través de la participación en empresas conjuntas o en áreas de acción donde también pueden estar conjuntamente”, afirmó Carmen Rosa de León-Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible.

La experta en temas de seguridad indicó que este gobierno “les abrió las puertas” de puestos de alto nivel a varios militares retirados, lo que implica que hay toda una orientación de naturaleza castrense en instituciones de seguridad.

De acuerdo con Lorena Escobar, abogada y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así como en este gobierno ocurre con militares, en otras administraciones también ha sucedido lo mismo, pero con otros grupos, ya sea del partido en el poder o de sectores afines.

“Cuando alguien pertenece a un gremio, oficio o a una profesión, entonces se rodea de aquellos que son de su confianza y conoce, y eso se da por la convivencia y el conocimiento a través de los años, y normalmente es en la formación, en la universidad o en la academia”, refirió Escobar.

La analista expuso que en la gestión de Álvaro Colom sucedió algo similar con personas afines a la socialdemocracia, y en el caso de Óscar Berger, se vio porque él y su vicepresidente, Eduardo Stein, así como varios funcionarios, eran egresados del Liceo Javier.

Asimismo, Édgar Celada, encargado del Área de Justicia y Seguridad Ciudadana, del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos, indicó que preocupa si hay intenciones de un control institucional con fines personales.

También afirmó que es motivo de preocupación que la “rearticulación de algunas redes militares” en dependencias del Estado se concentre en instituciones relacionadas con la seguridad en el país.

Sin embargo, el experto hizo ver que este despliegue de militares retirados en el Gobierno puede tratarse de personas que actuaron juntas en responsabilidades de Estado durante el conflicto armado interno, en las fases finales de este, pero que en el pasado significaría un “desborde militar” que ya no tendría que haber ahora.

“Es motivo de preocupación que eso se esté reproduciendo bajo las actuales circunstancias, cuando no estamos en medio de un conflicto, sino que, según el decir público, lo que predomina es el afán de control de instituciones del Estado con propósito de hacer negocios”, expresó Celada.

Ejecutivo justifica cargos

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, negó que se priorice algún compañerismo, sino que la selección de los funcionarios en mención deriva de sus cualidades profesionales, su preparación en las ramas en que se desempeñan, y su comprobada experiencia.

“Debo expresar que son personas que además de sus cualidades se han preparado en distintas profesiones, alcanzando títulos como abogados, administradores, incluyendo maestrías y doctorados, lo que les permite desarrollar con plena capacidad y sostenido conocimiento los cargos que han sido designados”, indicó el funcionario.

 

“En el caso actual es porque varios coincidieron en el proceso de paz. Es esa coincidencia y conocimiento de relaciones interpersonales que se dan a través del tiempo”. Lorena Escobar, analista en seguridad.

POR GEOVANNI CONTRERAS CORZANTES
Prensa Libre

Detienen a militares por delitos vinculados al conflicto armado interno

Fuerzas de seguridad capturaron a dos militares retirados, sindicados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, por hechos cometidos entre 1982 y 1983 en el destacamento de Sepur Zarco, ubicado en El Estor, Izabal.

 Víctimas dieron su testimonio en septiembre de 2012. (Foto Prensa Libre: Archivo)
 

CIUDAD DE GUATEMALA – En un allanamiento la zona 6 capitalina se detuvo a Esteelmer Francisco Reyes Girón, sindicado de asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad.

Reyes Girón era oficial del Ejército y comandante del destacamento. Según investigaciones, bajo su mando se capturo y ejecutó a una madre y sus tres hijas.

El otro allanamiento tuvo lugar en Panzós, Alta Verapaz, donde se detuvo a Heriberto Valdez Asij por el delito de desaparición forzada, por hechos ocurridos en Sepur Zarco.

Valdez Asij participó como comisionado militar en un operativo realizado el 25 de agosto de 1982, donde capturaron y desaparecieron a 18 personas.

Entre 1982 y 1983, 15 mujeres fueron víctimas de servidumbre en el destacamento de Sepur Zarco, también sufrieron violencia sexual. Ellas ya declararon en anticipo de prueba.

En la actualidad mediante exhumaciones se logró la recuperación de la osamenta de una mujer y dos vestimentas de niñas.

Los ahora capturados deberán declarar ante el Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B.

El conflicto armado interno

Guatemala vivió una guerra civil entre 1960 y 1996. El informe de la Memoria Histórica, elaborado por Naciones Unidas, detalló que unas 245 mil personas murieron o desaparecieron en ese período.

En mayo pasado, el Congreso emitió un Punto Resolutivo en el que negaba que hubo genocidio en Guatemala, este fue propuesto por el diputado Luis Fernando Pérez, amigo del expresidente Efraín Ríos Montt, quien fue condenado en mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad por la muerte de 1 mil 771 indígenas ixiles a manos de soldados del Ejército guatemalteco durante su gestión como presidente de facto entre 1982 y 1983.

 

POR PRENSA LIBRE.COM / GUATEMALA

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/conflicto_armado_interno-militares_detenidos-sepur_zarco-izabal_0_1157284314.html

Gobierno alista incursiones en 30 municipios

POR GEOVANNI CONTRERAS

En 30 municipios con altos índices de inseguridad se  implementará  algún estado de Excepción en el lapso    de tres semanas a un mes, con el fin de reducir los números rojos por  varios delitos, anunció ayer  el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, luego de la reunión semanal del Gabinete de Gobierno

El destacamento Militar de San Juan Cotzal fue instalado el 12 de junio del 2012.   ÓSCAR FIGUEROA

 El destacamento Militar de San Juan Cotzal fue instalado el 12 de junio del 2012. 

Los estados de Excepción, mediante los cuales el Gobierno puede restringir algunas garantías constitucionales,  se  impondrán   por rangos que van de 24 hasta 72 horas, se podrán implementar en forma simultánea en hasta tres municipios y, según el funcionario, no será necesaria la ratificación del Congreso.

“La herramienta que nos permite la Ley  de Orden Público es una herramienta que todo mundo ha estado acostumbrado a visualizarla en un tema nacional o en algún momento se llevó a cabo a nivel de departamento o a nivel de un municipio específico como fue Barillas. Pero es una herramienta que se puede aplicar mucho más focalizada en áreas mucho más pequeñas, mucho más específicas”, explicó el ministro de Gobernación.

Agregó que se   priorizaron 30 municipios —al  inicio eran  25—,  según un mapa de riesgos  en áreas donde hay mayor incidencia en homicidios, circulación de armamento y narcomenudeo.

Lugares elegidos

Aunque al principio el ministro no quiso revelar en qué sectores se impondrían los estados de Excepción, para evitar causar el “efecto cucaracha”, de alertar a “todo el mundo” y que todos desaparezcan, después mencionó algunos.

“Sabemos   en quéáreas debemos concentrarnos para poder ser  efectivos. Sin ninguna duda entonces, en municipios como el de Guatemala, la capital y sus suburbios es crucial trabajar. Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Villa Canales, son otros municipios   que  están bajo las mismas condiciones”, detalló el funcionario, que después mencionó  la cabecera  de Escuintla.

Además de municipios de Guatemala y Escuintla, podrían figurar algunos lugares de Izabal, Petén, Chiquimula, Quetzaltenango, Jutiapa, Jalapa, Alta Verapaz, Chimaltenango y Zacapa.

En 15 días, las autoridades planean tener todos los “mecanismos afinados”, para que en un plazo de  tres a cuatro semanas se implementen las primeras incursiones, que pueden ser simultáneas en hasta tres municipios, y que, según las necesidades, pueden durar de uno a tres días.

Según el ministro, por tratarse de estados de excepción cortos, no requeriría la refrenda del Congreso, como cuando esa medida dura un mes o más, para lo cual puso el ejemplo de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

López Bonilla resaltó que existe  una vigencia específica en la que  “el Ejecutivo puede actuar”.

De los cinco estados de Excepción que se establecen en  la Ley de Orden Público —Prevención, Alarma, Calamidad Pública, Sitio y Guerra— solo el de Prevención especifica  que  no necesita de la aprobación del Congreso, contrario al de  Guerra, que es decretado por el Parlamento.

Opiniones

“Es natural mercadear  el carácter ‘corto’ o ‘atípico’ de estos operativos para actuar por el carril auxiliar y no requerir ninguna aprobación del Legislativo”, señaló David Martínez-Amador,  de la Red de Investigadores Insumisos Latinoamericanos.

En cuanto al impacto que pudiera tener en el descenso de los índices delincuenciales, el también profesor universitario aseguró:  “Allí el ejemplo en Brasil del operativo relámpago para recuperar las favelas de Cajú. Fueron necesarios mil 300 policías y 200 militares, pero la permanencia policial  es permanente, pues al retirarse los efectivos, los criminales regresan”.

Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, coincide con Martínez-Amador, al decir: “Lo más importante es qué medidas se van a tomar cuando se levante ese estado, porque ha sucedido que cuando se levanta, no es sostenible y vuelve otra vez a evolucionar la delincuencia si no se cambian medidas que garanticen que van a cambiar la realidad del lugar”.

“La presión por generar resultados en materia de seguridad que sean ‘propios’ de este gobierno, y  ante un posible escenario de modificaciones en las posiciones ministeriales a partir de junio producen mucha presión en la cartera de Gobernación”, añadió Martínez-Amador.

El ministro de Gobernación instó a los jueces a no otorgar fianzas  a quienes son detenidos por  portación ilegal de armas, debido a que podrían tratarse de sicarios.

“El año pasado hubo dos mil 900 consignaciones de personas por portación ilegal de arma de fuego, pero, ¿cuántas de esas dos mil 900 personas están presas?”, cuestionó López Bonilla.

 

ESTADOS:

De Prevención

No necesita la aprobación del Congreso y su vigencia no excederá de 15 días. Incluye la militarización de los servicios públicos, limita las reuniones al aire libre y  manifestaciones, y prohíbe la circulación de vehículos.

– De Alarma

Debe señalarse el todo o parte del territorio afectado por él.

Se puede intervenir el funcionamiento de los servicios públicos y de las empresas privadas que los presten y obligar a cualquier persona a permanecer en su residencia.

– De Sitio

Según la Ley de Orden Público, el Ejecutivo podrá decretar estado de Sitio “cuando se registren o tuvieren indicios fundados de   actos de sabotaje, incendios, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados (…) u otras formas de delincuencia”.

Sitios con más incidencia

Según el Gobierno,  los 25 municipios con los mayores índices de homicidios y lesionados son:

Del departamento de Guatemala: Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Amatitlán, Villa Canales,  Petapa y Chinautla

De Izabal: Puerto Barrios y Morales

De Chiquimula: Chiquimula, Esquipulas y Camotán

De Jalapa: solo la cabecera

De Zacapa: solo la cabecera

De Escuintla: Escuintla, Nueva Concepción, Puerto San José y Tiquisate

De Alta Verapaz: solo la cabecera

De Chimaltenango: solo la cabecera

De Quetzaltenango: Coatepeque y Quetzaltenango

De Jutiapa: solo la cabecera

De Huehuetenango: solo la cabecera

De Petén: La Libertad

 

http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Gobierno-alista-incursiones-municipios_0_902309771.html

Reformas incluirían participación de Ejércitos

Las reformas constitucionales contendrían un agregado que daría como resultado la eventual participación de ejércitos extranjeros en el territorio guatemalteco sin dar aviso previo al Congreso de la República, dijo Gabriel Orellana, experto en Derecho Constitucional, por lo que se debe poner atención a ese tipo de modificaciones, pues aunque no estima que esta reforma se haga de mala fe, la considera “mal estudiada”.

Al artículo 246 se contempla agregar el inciso “c”, que permitiría al Presidente de la República en el ejercicio implementar estado de excepción en cualquier momento, dijo el experto, pero además, debido a que los ejércitos de la región están tomando roles de seguridad interna, dejarían de lado la seguridad externa, por lo que las tropas de países vecinos podrían participar en actividades de reducción de desastres, pero esto podría dar lugar a que permanezcan en el territorio nacional cualquier cantidad de tiempo.

 

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/167953-reformas-incluirian-participacion-de-ejercitos

Familia de Chiroy Sal pide investigación

Familiares del coronel Juan Chiroy Sal, quien guarda prisión preventiva por la muerte de seis campesinos de Totonicapán, pidieron a las autoridades investigar a las personas que incitaron al enfrentamiento.

O Herrera y F Rodríguez elPeriódico

Odi de León, cuñada del militar, lamentó la muerte de los manifestantes, así como la negligencia de los dirigentes de los bloqueos que no pudieron evitar lo ocurrido.

 

“Hay videos donde claramente se ve que nomás vieron a los soldados se les lanzaron para agredirlos. Chiroy no abandonó a su tropa. Él sacó a una soldado que había sido herida”.

 

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, dijo que este viernes presentará su resolución final respecto de las investigaciones realizadas.

 

ESTE DÍA

 

Los 48 Cantones volverán a protestar hoy por la falta de respuesta a sus demandas. Será una caminata pacífica, informó Eusebio Hernández, vicepresidente. Partirán a las 8:00 horas de La Estación y se dirigirán hacia el parque de Totonicapán. En la ruta establecida no se tiene contemplado pasar por Cuatro Caminos, punto importante de tráfico en la Ruta Interamericana.

 

Ayer, una de las 3 demandas de los 48 Cantones continuó en discusión. Rubelio Recinos, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, aseguró que ya se estudia una propuesta hecha por la Comisión Nacional de Energía para facturar el alumbrado público de manera proporcional al consumo. En las próximas semanas, el proyecto será socializado con los otros alcaldes y podrán emitir una opinión.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20121023/pais/219580

Nuevo protocolo para cuando la PNC y el Ejército deban trabajar en conjunto

Desaparecerán juntas locales de Seguridad que dependen de la Policía Nacional Civil.

Claudia Palma cpalma@elperiodico.com.gt

El Plan Estratégico de Seguridad presentado ayer contempla dos cambios fundamentales a políticas implementadas en años anteriores. Sustituye las juntas de seguridad por comisiones y crea un protocolo general para acciones conjuntas de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.

 

Este fue elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad, comité conformado este año, que reúne al Presidente, la Vicepresidenta, el Procurador General de la Nación, los ministros de Relaciones Exteriores, de la Defensa y de Gobernación, y el Secretario de Inteligencia. Se dio a conocer 18 días después de los enfrentamientos ocurridos en Totonicapán, donde murieron 6 personas.

 

De acuerdo con Mauricio López Bonilla, titular de Gobernación, se acordó que el plan gire alrededor de tres ejes: conflictividad, seguridad interna y seguridad externa.

 

Los cambios

 

En el eje de conflictividad se pretende hacer un solo protocolo general, para cuando el Ejército y la PNC trabajen en conjunto en manifestaciones o desastres naturales, para evitar incidentes como los sucedidos el pasado 4 de octubre en la Cumbre de Alaska. “Se redefine el papel que desempeñan los escuadrones de seguridad ciudadana, las fuerzas de la Policía Militar y  las fuerzas regulares en cada situación”, agrega el Ministro.

 

Ronaldo Leiva, experto en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), ve positivo que el protocolo establezca el nivel de participación del Ejército junto con la PNC. Esto implica que los operativos no serán al azar. Cita el Acuerdo 40-2000, el cual define que las fuerzas armadas son las que apoyan a la Policía y es esta la que está al mando.

 

La reforma estructural más significativa está en el de la seguridad pública comunitaria, donde desaparecen las juntas locales creadas por la Policía Nacional Civil y en su lugar nacen las comisiones de Seguridad Ciudadana.

 

De esta manera se evitarán situaciones como las ocurridas en Sololá y en San Juan Sacatepéquez. En octubre 2011, 2 miembros de la Junta Local de Seguridad de Panajachel fueron capturados por la desaparición de Luis Gilberto Tian Sente. Y en julio pasado, 27 personas ligadas a la Junta Local de Seguridad de Ciudad Quetzal, sindicados de los delitos de secuestro, asesinato, extorsiones, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego, fueron detenidas.

 

Las comisiones de Seguridad Ciudadana, conformadas por vecinos organizados en barrios, responderán de los Consejos Departamentales de Desarrollo. “La estructura es civil no policial”, explica López Bonilla.

 

Entre otras funciones, las Comisiones Municipales de Seguridad estructurarán planes de alerta temprana de acuerdo con la PNC, y serán supervisados por el Tercer Viceministerio de Gobernación y la Subdirección de Prevención del Delito.

 

Además, se buscan convenios con el Ministerio de Educación para  incorporar al plan de estudios de primaria y secundaria la educación para la prevención del delito. Se incluyen reuniones de padres de familia para diseñar estrategias que protejan a los escolares.

En cuanto a la seguridad externa, otro de los ejes, comprende todas las medidas para resguardar las fronteras litorales y espacio aéreo, puertos y aeropuertos.

elPeriódico intentó comunicarse con el Secretario de Inteligencia, pero se excusó de estar en una reunión.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20121023/pais/219578/

Arresto de militares marca cambio en Guatemala

Mientras gritaban lemas y ondeaban pancartas en protesta por los altos precios de la electricidad, miles de indígenas inermes bloqueaban una carretera en el oeste de Guatemala.

Por ROMINA RUIZ-GOIRIENA GUATEMALA / Agencia AP
Llegaron dos camiones de soldados y se escucharon disparos de armas de fuego. El saldo: ocho manifestantes muertos y 34 heridos.

Lo que siguió a este incidente ocurrido el 4 de octubre no tenía precedentes en este país flagelado por décadas de guerra civil y violencia contra la mayoría indígena, así como por años de impunidad para las poderosas fuerzas militares.

Las autoridades emprendieron las investigaciones de los hechos de violencia y detuvieron a los presuntos responsables.

La fiscal general de la república –exactivista de derechos humanos conocida por su audaz persecución de criminales– envió al menos 175 fiscales e investigadores al lugar de la protesta, donde recogieron casquillos, muestras de sangre y evidencia de ADN.

Otros viajaron a dos hospitales cercanos para entrevistar a los manifestantes heridos y testigos.

En una semana, los fiscales detuvieron a ocho soldados rasos y un coronel a los que fincaron cargos penales.

Dos de los soldados y el coronel podrían afrontar cada uno penas máximas de 500 años de prisión por el cargo de ejecución extrajudicial y seis efectivos, 320 años, por el cargo de homicidio en grado de tentativa.

En un informe adjunto se afirma que los militares desatendieron las recomendaciones de la policía de que se mantuvieran a distancia de la protesta.

Los soldados involucrados no recibieron ayuda o capacitación estadounidense en un país en el que Estados Unidos ha gastado 85 millones de dólares en el combate al narcotráfico desde que terminó la guerra civil en 1996.

El presidente Otto Pérez Molina presionó para que se levantara una prohibición a la ayuda militar de Estados Unidos que se impuso durante el conflicto por inquietudes sobre abusos a derechos humanos. Para combatir el problema del narcotráfico, Pérez aprobó la creación de dos nuevas bases castrenses y la modernización de una tercera para añadir hasta 2 mil 500 efectivos. También firmó un tratado para permitir que 200 infantes de Marina de Estados Unidos patrullen la costa oeste de Guatemala para interceptar embarques de drogas.

Pérez, un general retirado del ejército al que se ha investigado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil, dijo que apoyaba la pesquisa y aceptaría las disposiciones de la fiscal general.

Pérez Molina se comprometió además a nunca utilizar de nuevo efectivos militares para suprimir protestas, bloqueos e invasiones de tierras, acciones a las que recurre la mayoría predominantemente pobre de Guatemala cuando protesta contra políticas del gobierno.

Observadores externos indicaron que el proceso judicial, después de una serie de intentos del gobierno de exculpar a los soldados, se atribuye en su mayor parte al poder político de Claudia Paz y Paz, de 46 años, una agresiva fiscal general que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y otros países que proveen ayuda esencial a Guatemala.

Eso le ha dado el poder para enfrentar al presidente y al ejército, y evitar intentos obvios para desbaratar o aplastar su investigación.

En las 24 horas posteriores al tiroteo ocurrido en las afueras del poblado de Totonicapán, Paz había desplegado fiscales de cinco oficinas de tres diferentes estados, especialistas en escenas del crimen e investigadores. La abrumadora mayoría de los equipos han sido capacitados en el extranjero con financiamiento de los gobiernos de España y Canadá, indicó José Arturo Aguilar, secretario de asuntos estratégicos y privados de la Fiscal General.

«El papel del Ministerio Público es consolidar la justicia como un mecanismo fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia», dijo Paz.

Un vocero de Pérez dijo que al aceptar las acciones de la fiscal muestra su compromiso para reformar un país afectado por la corrupción y la impunidad.

«La reacción del presidente ratifica su promesa de fortalecer el Estado de Derecho que robustecerá a la democracia de Guatemala», declaró el portavoz Francisco Cuevas.

Guatemala tiene una extendida corrupción institucional «que incluyen asesinatos ilegales, tráfico de drogas y extorsión, además de una extendida violencia social, que incluye violencia contra mujeres y numerosos asesinatos, muchos relacionados con el tráfico de drogas», de acuerdo con un reporte reciente del Departamento de Estado norteamericano.

Los expertos señalan que las acciones recientes marcan un drástico cambio en un país conocido alguna vez por su renuencia a castigar a sus militares. De hecho, es la primera vez que se acusa a soldados de reprimir ilegalmente protestas desde el fin de la guerra civil en el país en 1996.

«Este es un punto de salida importante de la larga historia de impunidad de Guatemala para crímenes similares», dijo Kelsey Alford-Jones, directora de Guatemala Human Rights Commission/USA, un organismo sin fines de lucro con sede en Washington. «Justicia en este caso, junto con la desmilitarización de la seguridad ciudadana, serán un paso importante para asegurar una solución no violenta al conflicto social en el futuro».

Representantes de los manifestantes consideraron que el proceso es un paso adelante, pero dijeron a la prensa local que todavía quieren ver que renuncien los ministros del interior y defensa.

Desde que asumió el liderazgo del Ministerio Público en 2010, Paz ha perseguido vigorosamente a altos militares y otros sospechosos, y ha hecho subir al estrado a cuatro generales de la época de la guerra civil por acusaciones de crímenes contra la humanidad y genocidio después de que sus casos se estancaron por décadas. La fiscal también presiona por capacitación internacional para que los fiscales puedan llevar a cabo procesos con base en la ciencia.

«Estamos viendo los logros de un Ministerio Público actuando con completa autonomía», dijo Marlies Statters, directora de la Impunity Watch, una organización internacional que vigila si los gobiernos cumplen con las obligaciones legales de víctimas de crímenes.

La verdadera prueba para Paz y sus fiscales será hacer que los arrestos lleven a juicios, dijo Anita Isaacs, una investigadora guatemalteca y profesora de Ciencias Políticas de Haverford College en Pensilvania. Señaló que el Ministerio Público pertenece a un sistema judicial que aún es considerado altamente ineficiente y, en muchos sentidos, corrupto.

Paz, en primer lugar, parece estar tomando ese cargo con seriedad. Sus agresivos procesos y su reputación por no involucrarse en actos de corrupción le han dado el respaldo del gobierno estadounidense, que brinda millones de dólares en ayuda a Guatemala y cuenta con cerca de 200 marines en el país en misiones contra el narcotráfico. Paz es la única oficial de alto rango de Guatemala que se ha reunido con la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Diplomáticos con información privilegiada dijeron que Estados Unidos no ha ocultado su insistencia en que Pérez retenga a Paz, apoye la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y reforme el débil sistema judicial del país.

«Claudia Paz tiene mucho respaldo de la comunidad internacional, pero eso tiene que ver con su eficacia profesional y su competencia profesional. Eso ha generado que el Presidente se dé cuenta y lo sepa reconocer», dijo René Mauricio Valdés, coordinador residente de Naciones Unidas en Guatemala.

Las medidas militares contra civiles son un tema muy delicado en un país marcado por una guerra de 36 años entre grupos paramilitares de derecha y las guerrillas marxistas que causó la muerte de cerca de 200.000 personas —la mayoría de ellas indígenas mayas. Muchas personas fueron violadas, torturadas y ejecutadas en asesinatos masivos.

Mientras tanto, voces conservadoras, en su mayoría de la élite empresarial guatemalteca, advirtieron que no debe compararse el tiroteo de manifestantes en las afueras del poblado de Totonicapán con la guerra civil.

Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), dijo que es necesario mantener la calma y evitar usar este incidente para revivir el pasado. Su organismo presentó una queja oficial al Ministerio Público en la que acusa que los grupos indígenas violan los derechos de los miembros al bloquear la carretera.

Guatemala también ha estado bajo una larga presión internacional para enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra. Un acuerdo de 2006 del nivel de tratado con Naciones Unidas creó la CICIG. El organismo independiente cuenta con 50 fiscales internacionales, agentes de policía y abogados a cargo de investigar un número limitado de casos delicados.

La CICIG ha llevado a juicio varios casos de gran importancia, pero su misión a largo plazo es fortalecer la oficina de la Fiscalía General y otras instituciones del Estado antes de que la comisión abandone Guatemala, lo que se espera suceda después del 2015. Supervisa la contratación de cientos de fiscales, muchos de ellos asignados a nuevas unidades de investigación, y ha ayudado con su entrenamiento para el uso de evidencia forense en los juicios.

De acuerdo con un informe del ministerio público, la evidencia balística mostró que los soldados abrieron fuego contra los manifestantes, en contradicción con las aseveraciones iniciales del presidente y otros ministros del gobierno de que los militares estaban desarmados así como con las afirmaciones posteriores de que estaban armados pero que sólo habían hecho disparos al aire.

El presidente dijo la semana pasada a la prensa que guardias de seguridad armados habían conducido a los soldados hasta las protestas y uno de primeros al parecer fue el que comenzó los disparos.

Después, un número no precisado de soldados abrió fuego para protegerse de lo que consideraban como una multitud amenazante, señaló Pérez. Paz dijo que fueron arrestados todos los soldados que abrieron fuego.

Ricardo Guzmán, segundo subsecretario general del Ministerio Público, dijo que el Ministerio de Defensa de Guatemala cooperó plenamente con la investigación porque facilitó la lista con cada uno de los soldados que estuvieron en el lugar de los hechos.

Guzmán indicó que todas las armas de los soldados fueron remitidas a su oficina para las pesquisas y que a decir de los investigadores con varias de ellas coincidieron específicamente los fragmentos de las balas retiradas a los cadáveres.

«Lo que sucedió en Totonicapán fue una tragedia terrible, terrible. Pero puedo decir que con esta investigación vimos el trabajo de un Ministerio Público independiente», dijo Michael Früling, embajador de Suecia en Guatemala. Desde la creación de la CICIG, Suecia ha donado más de 13 millones de dólares a la comisión.

Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, dijo que las conclusiones de su despacho coinciden con las del Ministerio Público. Afirmó que tales resultados habrían sido impensables hace apenas unos años.

«La investigación de Paz y Paz nos demuestra dos cosas. La capacidad de la CICIG de otorgar capacitación técnica y el alto nivel de profesionalismo con el que hoy cuenta el Ministerio Público», dijo Brunori.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/167363-arresto-de-militares-marca-cambio-en-guatemala

El Ejército continuará apoyando a la PNC con labores de seguridad

El Ejército de Guatemala continuará en labores de seguridad interna mientras la Policía Nacional Civil (PNC) no aumente en número ni en calidad, dijo el presidente Otto Pérez Molina, luego de su reunión semanal de gabinete.

POR LUIS ARÉVALO
larevalo@lahora.com.gt
La semana pasada, varios sectores de la sociedad pidieron al Gobierno de Otto Pérez Molina excluir al Ejército de labores de seguridad interior, que corresponden a la Policía Nacional Civil, que está bajo el mando del Ministerio de Gobernación. Aunque no es la primera vez que se hace ese tipo de peticiones, estas tuvieron mayor eco debido al desenlace fatal del jueves 4 de octubre en la Cumbre de Alaska.  Incluso, a nivel internacional, hubo foros donde se daba ese tipo de discusión.

El presidente Pérez Molina dijo recientemente que respeta la postura de las diferentes entidades que hicieron la petición y sobre todo el curso de la investigación que realiza el Ministerio Público, que tiene como resultado la captura de nueve militares sindicados de muerte extrajudicial y muerte extrajudicial en grado de tentativa, supuestamente por los resultados mortales en la ruta Interamericana en incidentes a causa de bloqueos en esa carretera.

Ayer, luego de su reunión semanal de Gabinete, en la que se discute varios temas de interés nacional para el gobierno del país, el mandatario informó que se hizo una revisión del Decreto 40-2000 del Congreso de la República, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil. Sin embargo, debido a la profundidad y extensión del tema, Pérez Molina comentó que integró una comisión en la que participarán el Secretario General de la Presidencia, el Ministro de Defensa, el Ministro de Gobernación, el Secretario de Inteligencia Estrategia y el Secretario de la Paz para hacer la propuesta de modificación que se pretende presentar al Organismo Legislativo, y que permita que solo las fuerzas civiles se encarguen de la seguridad interna.

“No estamos quitando al Ejército”, afirmó el mandatario, mientras recordaba parte de su propuesta electoral y el cumplimiento de la misma desde su perspectiva. “Yo lo dije en campaña y estamos cumpliendo con lo que estamos diciendo”, aseguró.

Es decir, que  “aquí, mientras no seamos capaces de aumentar, de profesionalizar y hacer las reformas en la Policía Nacional Civil, no podemos permitir que se nos vuelva una anarquía y que se vuelva un irrespeto al Estado de Derecho”, agregó el Presidente.

CONSCIENTE DE PROBLEMÁTICA
Pérez Molina aseguró conocer “las grandes desigualdades, los graves problemas, de los grandes rezagos que existen en el interior y tenemos que trabajar sobre eso” y que por ello nombró a varios funcionarios para que se encarguen de esos temas, como el Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural Integral y el apoyo a la iniciativa de ley sobre el mismo tema.

Por ello, el jefe del Ejecutivo afirmó que “lo que tenemos que ver como guatemaltecos, es cómo hacemos de Guatemala un país viable, donde todos respetemos la ley y los derechos de los demás guatemaltecos”.

Advirtió que los ciudadanos deben ser conscientes de que en Guatemala, “si seguimos en la línea de la confrontación, de que tenemos que tomar medidas de hecho para solucionar nuestros problemas, vamos entrar en un círculo vicioso del que va ser imposible que salgamos”.

JUZGADO SEXTO
Dan trámite a antejuicio

El Juzgado Sexto del Ramo Penal dio trámite al antejuicio promovido por el Ministerio Público, en contra del presidente Otto Pérez Molina y el Ministro de la Defensa, Ulises Anzueto, para que se establezca si hay motivo de ser despojados de su inmunidad y sean investigados por los hechos ocurridos en la Cumbre Alaska. Según la jueza Silvia de León, ambos son señalados de la posible comisión de los delitos de ejecución extrajudicial en grado de tentativa, ejecución extrajudicial, lesiones, violación a la Constitución, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.

BANCADA
Cuestionan hechos

Diputados de Encuentro por Guatemala cuestionaron a autoridades del Ministerio de la Defensa sobre los hechos registrados la semana pasada en la Ruta Interamericana, donde seis personas murieron en los disturbios.

Los diputados señalaron que para manifestaciones o bloqueos de población civil no se debe utilizar la fuerza militar, por naturaleza el soldado es entrenado a repeler ataques incondicionalmente, es parte de su entrenamiento, señalaron.

Militares aceptan que se perdió el mando y control

Realizan una investigación interna sobre el desempeño de los 7 soldados que accionaron sus armas durante la manifestación del 4 de octubre.

EVELYN BOCHE eboche@elperiódico.com.gt

La doctrina militar se basa en dos principios: la disciplina y la obediencia, expresa el subjefe de Comunicación del Departamento de Prensa del Ejército, Gilmar Castellanos Luna. Asegura que la reacción de los siete soldados que dispararon sus armas fue contraria a esa doctrina. “Aceptamos que se perdió el mando y control, ya que el personal salió desorganizadamente, retirándose del lugar donde se estaban suscitando los hechos”, precisó.

La versión que cuenta la institución castrense es que los soldados, que pertenecen a la Brigada de Reservistas de la Guardia de Honor, dispararon por iniciativa propia. “Se movieron del lugar de la manifestación y fueron encontrados por la turba. Sintieron que su vida corría peligro”, agregó Castellanos Luna. Así como lo dijo el Presidente (Otto Pérez), los efectivos aseguran que dispararon al aire, puntualiza.

“Al verse en esa situación de peligro y que temían por su vida, dispararon. En sus testimonios reconocen que no obedecieron una orden superior”, detalló Castellanos.

Los castrenses ya fueron interrogados por el Ministerio Público, según los investigadores. Se trata de soldados que fueron desmovilizados durante la administración del entonces presidente Óscar Berger, y que fueron contratados para apoyo de la seguridad ciudadana.

Aunque la entidad asegura que los soldados actuaron por su propia convicción, Jorge Santos, coordinador del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), señala que hay una responsabilidad institucional de los ministerios de la Defensa y Gobernación. “Los titulares de esas carteras deben ser sancionados con la destitución, y se les debe deducir la responsabilidad legal”, dice.

 

EL MIEDO CUENTA

 

El analista Pedro Trujillo dijo que es probable que en la mente de los soldados haya estado presente el episodio del 1 de mayo, en Santa Cruz Barillas. En esa ocasión un grupo de pobladores retuvo y agredió a varios efectivos castrenses.

A eso se suma que cada vez hay más iniciativa del subordinado, respecto del superior. Eso se ha visto en varias partes del mundo, como en Afganistán, precisó. “Hay que dejar enfriar esto, para hacer un análisis más racional y completo”, puntualizó.

Bajo investigación

Los 7 elementos del Ejército que indicaron que dispararon el 4 de octubre en Totonicapán se mantienen en su lugar de trabajo, la Brigada de Reservistas de la Guardia de Honor. “No se trata de un arresto, tampoco se les está tomando en cuenta para que apoyen las tareas de la institución, mientras que avanzan las investigaciones penales y el procedimiento interno”, explicó el subjefe de Comunicación del Ejército, Gilmar Castellanos Luna.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20121011/pais/219061/

PRESIDENTE DESISTE DE ENVIAR EJÉRCITO A MANIFESTACIONES

Soldados continuarán apoyando en zonas con índices delincuenciales.

SOFÍA MENCHÚ smenchu@elperiodico.com.gt

Después de siete días de críticas de distintos sectores, incluidas las opiniones del Cuerpo Diplomático, el mandatario Otto Pérez Molina anunció que los soldados ya no serán enviados para disolver manifestaciones.

 

La negociación y control de los grupos sociales para liberar el paso vehicular estará a cargo únicamente de la Policía Nacional Civil (PNC). “Ya ordené a los dos ministros que revisen los protocolos para determinar en qué situaciones se necesita al Ejército”, indicó.

 

Pérez recordó que la presencia militar es reclamada en algunos lugares, para patrullar y en ese caso todo seguirá igual. “En las protestas o manifestaciones donde no se utilizará al Ejército será asignada la Policía, aunque no tenga los recursos ni elementos necesarios, pero que miren ellos qué pueden hacer”, comentó.

 

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, consideró que el Presidente tiene razón en preservar al Ejército, pues su naturaleza no es apoyar en conflictos sociales. “Debemos hacernos cargo con la Policía hasta donde podamos, pero mientras no alcancemos el nivel que necesitamos tendré que usar al Ejército para el combate al crimen organizado”, señaló. Mencionó que en la promoción de agosto se graduaron 1,500 agentes, pero se jubilaron 300 y consignaron a los tribunales a 200. “Esta es una de las complicaciones que enfrenta la institución”, acotó.

 

“Con la promoción de enero del próximo año tendremos otros 1,500 policías y así equilibramos un poco. El objetivo es graduar 6 mil agentes durante 2013, equiparlos y capacitarlos”, detalló.

 

Héctor Rosada, analista político, opinó que durante la presente administración el Presidente ha tomado decisiones contradictorias que no responden a un plan estratégico preestablecido en materia de seguridad. “El Ejército está preparado para combatir y eliminar al enemigo y el mejor ejemplo es el del 4 de octubre. El problema de fondo es que el Gobierno ha mostrado incapacidad  y pierde fácilmente el control. Eso genera ingobernabilidad”, señaló.

Rosada dijo que Pérez carece de buena asesoría y que las personas que lo rodean no actúan como equipo. “Conocí al Presidente cuando era Jefe del Estado Mayor y tenía la imagen de alguien que sabe armar un equipo y dirigirlo, lo que pasa es que le falla su gente y tiene que acudir al Ejército, pero esa opción no funciona”, explicó.

 

EL PROTOCOLO DE GOBERNACIÓN

Según la cartera del Interior, los pasos previo a un desalojo son:

Dos miembros del equipo antidisturbios conversan con los líderes de la protesta para que desistan de las acciones; depende de los requerimientos de los manifestantes los negociadores analizan la posibilidad de una mesa de diálogo con las autoridades responsables del tema. Si no se logra un acuerdo, los agentes se colocan en fila para prevenir la intervención, realizar la desmovilización y accionar contra los inconformes.

 

“No hay ninguna  contrariedad, es decir lo que trasladé  al principio fue la versión de los que estuvieron en el área, no podía inventarme otra cosa”.

 

Otto Pérez, presidente, en relación al informe balístico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sobre las heridas de bala provocadas a los campesinos de los 48 Cantones.

“No fue fallo de protocolo”

 

> El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, narró ayer que los soldados que resultaron involucrados en los ataques a pobladores se desmovilizaron luego de que hubo un acuerdo en la capital y los líderes de los campesinos acordaron desbloquear  las vías. “El paso de la Cumbre de Alaska fue el único que se mantuvo bloqueado”, dijo. Explicó que los soldados trataron de regresarse para evitar cualquier enfrentamiento, pero los manifestantes los empezaron a atacar.

 

 

No más bloqueos

 

 

> Gobernación pedirá a la Corte de Constitucionalidad una opinión consultiva para determinar si los bloqueos de carreteras son una violación o constituyen un delito. “Hasta el día de hoy todo el mundo lo considera como un arma legítima para la lucha reivindicativa, pero no se toma en consideración que la lucha por los derechos de unos violenta los derechos de miles de personas”, indicó Mauricio López.

 

Héctor Rosada, analista político, comentó que durante la época de Carlos Menocal se tomó una decisión sensata donde se liberaba un carril y el otro permanecía cerrado. “Me deja un sabor amargo de cuando se utilizaba la ley para limitar derechos sociales”, expresó.

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