Los xincas sí existen: CSJ suspende operaciones de la mina San Rafael

Alberto Pradilla, Plaza Pública, 5 07 17

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender de forma provisional la licencia de exploración y explotación de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael, filial de la empresa canadiense Tahoe Resources, que opera en el departamento de Santa Rosa. El fallo implica la suspensión inmediata de las operaciones, las cuales se encuentran detenidas desde el pasado 8 de junio debido a las protestas de los pobladores del municipio de Casillas, que responsabilizan a la mina de los daños que han sufrido sus viviendas.

La justicia le concedió la razón al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas): los municipios de Mataquescuintla en Jalapa, y de Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores en Santa Rosa, están habitados por indígenas xincas, y no fueron consultados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la instalación en esos territorios de los proyectos extractivos de la mina San Rafael, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Pueblos Indígenas y Tribales.

En mayo pasado, Calas presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo en contra del MEM, por la supuesta violación de los derechos de los xincas, no solo por no consultarlos sobre la instalación del proyecto minero, sino por haberlos discriminado al negar su existencia en las comunidades donde opera San Rafael. El amparo fue concedido a Calas de manera provisional el pasado 22 de junio, pero hasta el miércoles 5 de julio fue notificado a las partes. El fallo concede un plazo de 48 horas al MEM para suspender las licencias de explotación y exploración de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, mientras se realizan las audiencias respectivas para conocer los argumentos de los involucrados previo a resolver en definitiva. Ese proceso podría prolongarse por meses.

En dos ocasiones el MEM le respondió por escrito a Rafael Maldonado, abogado de Calas, que no había realizado las consultas comunitarias, porque que en los territorios donde se instalaron los proyectos de El Escobal y San Juan Bosco no hay presencia del pueblo xinca. “No se identifican pueblos indígenas, motivo por el cual no se consideró pertinente el proceso”, indicó el MEM en referencia a la autorización del proyecto San Juan Bosco. En relación a El Escobal, que es donde ya opera la mina San Rafael, argumentó que “los pobladores de San Rafael Las Flores no se identifican como indígenas”, por lo que tampoco se celebró consulta alguna. Pero, aseguró, se celebró un “proceso previo de carácter participativo e informativo”.

En la respuesta no se hacía mención a la consulta de buena fe realizada por los pobladores de las comunidades, en la que la mayoría de los vecinos rechazó los proyectos mineros.

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado,

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado, quien pone como ejemplo el caso de San Juan Bosco, donde “existen tierras comunales xincas”, lo que contradice la versión del Ministerio de Energía y Minas.

Por el momento la mina no se ha pronunciado sobre la suspensión de las licencias. Semanas atrás, consultado por la posibilidad de que los jueces paralizasen la actividad, Andrés Dávila, jefe de comunicación de San Rafael, reclamaba “seguridad jurídica” para las inversiones y alertaba de los daños económicos que podría provocar una revisión de su licencia. El lunes 3 de julio, los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financias (Cacif) exigían al Estado acciones para garantizar las operaciones de las industrias del país, principalmente las de minería e hidroeléctricas.

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Horas antes de que la resolución de la CSJ fuera dada a conocer, decenas de personas que dijeron ser pobladores de San Rafael Las Flores, se manifestaron en las afueras de la Corte, para exigir a los magistrados que no otorgaran el amparo a Calas, bajo el argumento de que esa decisión dejaría sin empleo a miles de vecinos de la zona.

A partir de esta resolución, la mina debe detener toda actividad. Según Maldonado, el principal precedente es el de La Puya, suspendida definitivamente en 2016. El abogado de Calas recordó que los responsables de la empresa siguieron desarrollando los trabajos de extracción de oro y plata después de que los jueces decretasen la suspensión, lo que les motivó la apertura de una investigación penal.

En el caso de San Rafael, la empresa lleva sin trabajar desde el 8 de junio, cuando residentes de Casillas, municipio ubicado a 11 kilómetros, comenzaron un bloqueo para protestas por los daños que habían sufrido sus domicilios después de varios temblores. Los manifestantes denunciaban que la cercanía de la empresa había provocado grietas en sus viviendas. Ponían como ejemplo lo ocurrido en la vecina aldea de La Cuchilla, actualmente convertido en un pueblo fantasma después de que la mayoría de sus 300 habitantes abandonaron la zona. La mina se apoya en informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para negar cualquier responsabilidad en los desperfectos, pero ha comprado los terrenos a casi todos los antiguos pobladores.

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Un informe del Insivumeh, que instaló un sismógrafo en la zona, negó que las grietas de Casillas fuesen causadas por los trabajos en la mina. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los residentes, que siguieron impidiendo el paso de vehículos hacia la mina tras la presentación del informe, el pasado 21 de junio.

La tensión se incrementó un día después, cuando los antimotines de la Policía Nacional Civil lanzaron gases lacrimógenos contra las personas concentradas junto a la gasolinera de Casillas. No existía orden judicial, según confirmo Juan Herrera, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Rosa. Los policías trataron de permitir el paso de camiones que se dirigían a la mina, lo que causó choques con los vecinos. Según reportes de prensa, al menos once personas resultaron intoxicadas y cuatro fueron capturadas.

El enfrentamiento no disolvió la protesta, pero sí que la modificó. Al retén que se mantenía en la entrada de Casillas se le sumó otro en la aldea Amberes del municipio de Santa Rosa de Lima.

La mina no trabaja desde el comienzo de la protesta, según confirmaba Andrés Dávila. En los últimos días, sin embargo, la empresa ha realizado acopio de combustible. Lo hizo por vía aérea, mediante un helicóptero con el que eludió los bloqueos que impedían cruzar a los vehículos. Preguntado por la peligrosidad de la operación, Dávila argumentó que la empresa encargada del transporte contaba con todos los permisos para realizar este tipo de labores. No obstante, según esta versión, el combustible era únicamente para los generadores del interior, que permiten trabajar a las máquinas dedicadas a evitar que la mina se inunde.

La suspensión de las licencias de operaciones de los proyectos mineros se acogió con alegría en Casillas, donde decenas de personas continuaban con el bloqueo que impide el paso a los vehículos que se dirigen a la empresa. “Vamos a seguir con la protesta y la resistencia pacífica, con mucha más fuerza y más unidos”, aseguraba Marina Toledo, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo del municipio. Según señaló, tienen previsto mantener el bloqueo “hasta que se produzca el fallo definitivo y el cierre”.

El giro en los acontecimientos no ha puesto fin a un conflicto que se alarga desde 2013 y cuya principal batalla se dirime ahora en los tribunales.

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Más empresas en saqueo de oro en La Puya: los Archila Marroquín y Lozano del Pinal

Las grabaciones en video y las facturas en el pago de helicópteros para saquear de manera ilegal oro en La Puya constituyen una prueba irrefutable sobre las ilegalidades de la minera Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua). Esa información permitió hacer un extenso rastreo para una primera nota. Esta segunda entrega sigue tejiendo en las relaciones y alianzas empresariales alrededor de la mina. Esta vez hangares compartidos y facturas permiten vincular a dos grandes familias: los empresarios de la información Archila Marroquín y los industriales Lozano del Pinal.

El uso de helicópteros para el transporte ilegal de oro por parte de Exmingua, subsidiaria de la norteamericana KCA, sin un destino conocido, fue una práctica común que se detectó hace un par de meses. Entre las empresas involucradas se encuentra Helicópteros Águila, S.A., una empresa de reciente creación que tiene nexos con Aereoservicios Centroamericanos, S.A. (Aerocentro), analizada en un artículo previo de CMI y en donde confluyen fuertes intereses económicos.

De esa investigación se ha ido desprendiendo más información que ayuda a complementar los intereses que rodean al proyecto Progreso VII Derivada, entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,

HASA, los Lozano y La Puya

A partir de una de las facturas publicadas en Diario Digital (enviada por Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), la empresa de servicios aéreos Helicópteros Águila, S.A. (HASA),que se identifica con el número NIT 8207694-4, prestó servicios a Exmingua un día antes que lo hiciera Sky Services, S.A., como se indicó en el artículo previo de CMI.

HASA es una empresa de reciente creación. Según el Registro Mercantil fue constituida el 25 de febrero de 2013 e inscrita definitivamente el 13 de mayo de 2013. Al ser creada, en 2013 y 2014 proveyó servicios aéreos al Instituto de Electrificación Nacional (INDE). Luego en mayo de 2016, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en una gira de autoridades del MARN sobre los ríos que han sido desviados en la Costa Sur por ingenios azucareros, palmeras y bananeras.

La dirección física que declara HASA en la factura, 3 avenida 13-78 zona 10, oficina 12, Torre CitiBank, es la misma que aparece en otras empresas que pertenecen a otras personas, por lo que se supone que se trata de un bufete de abogados no identificado.

El representante legal de HASA es Brayant Gustavo Pellecer, el mismo que representa a Aereoservicios Centroamericanos, S.A. (Aerocentro), en donde los principales socios son Guillermo Abraham Lozano del Pinal y Guillermo Abraham Lozano Bauer (prófugo), padre e hijo respectivamente, y quienes aparecen asociados con Jorge Gabriel del Águila Monterroso en la empresa constituida en Panamá, Leymond Assets, que es una de las tantas en el largo listado de los Panama Papers.

Lozano del Pinal es un reconocido agroindustrial quien fue presidente de la Cámara de Industria de Guatemala en 1975 y 1976. Es presidente de Agroindustrias Lozano, productor de la marca comercial Lozano. Mientras que Lozano Bauer es presidente de Operadora de Super Restaurantes, S.A. y Campus Café, S.A., que operan en el hangar J-6 donde Aerocentro tiene su sede.

Los Archila Marroquín y La Puya

Otras de las empresas que tiene como sede el hangar J-6 de Aerocentro, es Publicidad Aérea, S.A., presidida por Jorge Edgardo Archila Marroquín, actual presidente del grupo radial Emisoras Unidas. Las direcciones que reporta Publicidad Aérea son las de Emisoras Unidas y de las Aerocentro, al igual que los números telefónicos.

Jorge Archila Marroquín es padre de Marisol Archila Ruiz, integrante de la junta directiva de Emisoras Unidas, y esposa del actual Ministro de Agricultura, Mario Estuardo Méndez Cóbar.

Emisoras Unidas, así como otros medios de comunicación fundados por el grupo familiar como la Revista Contrapoder, Canal Antigua y Publinews, es dominada por los herederos de los Archila Marroquín, sobre todo los Archila Dehesa (familiares de Raúl Dehesa Oliva, uno de los 18 militares capturados recientemente por el caso Creompaz), a los que pertenece el exministro del MEM, Erick Estuardo Archila Dehesa.

Jorge Archila Marroquín, quien también preside la empresa Publicidad Aérea Centroamericana, S.A. (Publiair), es tío del exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa. El exministro fue durante el gobierno de Otto Pérez Molina el funcionario de mayor rango responsable de no realizar una consulta comunitaria en correspondencia con lo establecido en el Convenio 169, para que la población decidiera sobre la licencia minera Progreso VII Derivada, del proyecto minero El Tambor.

Por no respetar el derecho a la consulta, en agosto de 2014 el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS) presentó un recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Archila Dehesa, cuando aún era ministro. Este es uno de los antecedentes que condujo a que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminara a favor de la consulta comunitaria y suspendiera el proyecto minero.

Sky Services sustrae oro de la Puya: Feucht Taylor se contradice

La misma dirección física y números telefónicos que reportan Publiair y Aerocentro también son los mismos de Sky Services, S.A., representada legalmente por Gustav Alfred Feucht Taylor, empresa que también se encuentra en la picota por los conflictos legales con Aerocentro, las ilegalidades de transporte de minerales desde La Puya de parte de Exmingua y por los casos de corrupción que involucran a Raul Osoy Penados – uno de los fundadores de Sky Services- con Juan Carlos Monzón, Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina.

Según una de las facturas que Exmingua compartió al medio electrónico Diario Digital, Sky Services vendió sus servicios el 29 de marzo de 2016, el mismo día que el helicóptero TG-ECU hizo los vuelos de carga de minerales desde La Puya a un lugar desconocido. Tanto en la factura de Helicópteros Águila como en la de Sky Services no se indica cuáles fueron los helicópteros que prestaron los servicios aéreos, ni qué tipo de servicios prestaron.

Según un comentario que el representante legal de Sky Services, Gustav Feucht, ofreció en la página web del CMI en reacción al artículo anterior de esta serie, Sky Services “…operadora unas de las aeronaves que en este medio hacen referencia (sic)…como empresa de transporte aéreo se restringió a trasladar combustible, como consta en nuestros planes de vuelo.”

Existe un video donde se muestra al helicóptero TG-MIL cargando minerales en La Puya, en la misma fecha que muestra la factura de Sky Services. Feucht no indica si él se refiere al helicóptero con matrícula TG-ECU o al TG-MIL. En todo caso, ambos pertenecen Sky Services, empresa de la que es representante.

 

 

 

https://cmiguate.org/mas-empresas-en-saqueo-de-oro-en-la-puya-los-archila-marroquin-y-lozano-del-pinal/

Un grupo de mujeres en Guatemala se enfrenta a una empresa minera canadiense

El comportamiento de las multinacionales que operan en países pobres está sometido a un escrutinio cada vez más intenso. Las expectativas de la sociedad han cambiado, en opinión de expertos y analistas. Muchos ciudadanos de países ricos exigen que las empresas sean más responsables en los países en los que operan.

En Canadá hace tiempo que se intenta crear un código de buenas prácticas para las empresas extractivas. Hasta el momento, sin éxito. En 2010, la ley que habría creado la figura de un equivalente al defensor del pueblo que investigara las quejas en esta materia –e incluso denegara el acceso a líneas de crédito del sector público o aun a servicios consulares a las empresas acusadas de mal comportamiento– por poco no fue aprobada. La industria extractiva se opuso con fuerza.

John McKay, diputado del Partido Liberal que presentó la propuesta de ley, ha dicho que espera que el nuevo gobierno trate de aprobarla de nuevo. “Hay empresas haciendo cosas fuera que nunca se atreverían a hacer en sus propios países”.

McKay no es el único que piensa así. En un informe de 2014, el Council on Hemispheric Affairs, una organización basada en Washington, llegó a la conclusión de que las empresas canadienses eran responsables de entre el 50 por ciento y 70 por ciento de toda la minería de América Latina y están vinculadas con daños al medioambiente. En especial, el reporte dice que la industria “mostró indiferencia por las reservas naturales y las zonas protegidas”.

Al mismo tiempo y según el informe, se criminaliza, hiere e incluso asesina a los habitantes de esos lugares por protestar.

Las víctimas han tenido hasta ahora poco éxito con la justicia canadiense. Sus abogados han tratado de presentar casos por violaciones de los derechos humanos y por delitos penales internacionales. En la mayoría de los casos los jueces han decidido que Canadá no tiene jurisdicción y que ese tipo de denuncias deben presentarse en el lugar donde se cometió el delito aunque se trate de un lugar corrupto o disfuncional.

Los abogados de las demandantes en el caso Hudbay, Murray Klippenstein y Cory Wanless, buscaron un enfoque diferente. Dijeron que la casa matriz en Canadá incurrió en negligencia por no poner en práctica un sistema de monitoreo efectivo para estar al tanto de lo que su filial guatemalteca estaba haciendo. Al ponerlo en esos términos lograron un vínculo efectivo entre la negligencia y Canadá.

Caal y las otras mujeres que dicen que fueron violadas en Lote Ocho presentaron la denuncia contra Hudbay, con sede en Toronto. La empresa también ha sido denunciada por la muerte de un líder local, Adolfo Ich Chamán, de 50 años, y por los disparos que dejaron paralítica a una persona que pasaba por ahí durante una manifestación en el pueblo de El Estor en 2009 y no tenía nada que ver: German Chub, de 28 años.

Los abogados de la empresa trataron de conseguir que el caso fuera sobreseído por un problema de jurisdicción. Antes de que se emitiera la sentencia, pidieron a los jueces que cerraran el caso porque les parecía “obvio” que no sería aceptado. En 2013 el juez no estuvo de acuerdo con ellos.

Llegar a los tribunales no ha sido fácil para las demandantes. La mayoría solo hablá q’eqchi, un idioma local. No han ido a la escuela y viajar a Canadá les parece terrorífico. Además se enfrentan a una buena parte de la población de lugares como El Estor, donde hay una fábrica de procesamiento de níquel.

La empresa niega la mayoría de los cargos presentados contra ella. Dice que ningún empleado de la empresa estuvo en Lote Ocho durante los desalojos y que no hubo violaciones. Su sitio en internet señala que por entonces Hudbay no tenía ningún vínculo con la mina, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, que a su vez era de Skye Resources Inc. Hudbay no la compró hasta 2008, al asumir sus pasivos; después la vendió y ya no es suya.

También mantienen que no hubo ninguna negligencia en 2009, cuando era de su propiedad. Dicen que el asesinato de Ich, quien era maestro, y el de Chub, un campesino, sucedieron en el marco de la legítima defensa, es decir, mientras los guardias de la empresa se defendían de manifestantes armados.

Pero hechos recientes dan legitimidad a las acusaciones de las demandantes. El responsable de seguridad de la mina durante los desalojos de 2007 y los tiroteos de 2009, un coronel del ejército retirado llamado Mynor Padilla, se enfrenta a juicio en Guatemala por lo sucedido.

Además, dos oficiales del ejército fueron condenados en marzo por violar y esclavizar mujeres indígenas durante la guerra civil de la década de los 80. Muchos creen que ese tipo de comportamiento se ha repetido a lo largo de la historia reciente del país. Durante la guerra entre el ejército, apoyado por los Estados Unidos, y la guerrilla de izquierda, la población rural e indígena fue atacada en numerosas ocasiones.

Todavía la población q’eqchi cree que la mayor parte de la tierra les pertenece a ellos y no a las empresas.

En la época de los desalojos, no había minería en la zona pero las empresas desalojaron a las comunidades. En lo alto de las montañas, Lote Ocho es poco más de una docena de construcciones de madera donde viven alrededor de un centenar de personas, la mayoría niños.

No hay electricidad ni escuelas. La aldea está a unos 45 minutos, por una carretera de tierra, del pueblo más cercano. Llegar cuesta más de lo que los habitantes tienen. Suelen caminar y les lleva dos horas.

Margarita Caal dice que los hombres armados que la atacaron durante el desalojo se comportaron con tanta brutalidad que no pudo ni levantarse de donde la dejaron. Cuando su marido le preguntó qué había pasado le dijo que se había caído, por miedo a cómo podría reaccionar. Todavía le cuesta hablar de lo que pasó.

“Recordar es como volver a experimentar. Duele. A una mujer le duele”.

http://www.nytimes.com/es/2016/04/05/un-grupo-de-mujeres-en-guatemala-se-enfrenta-a-una-empresa-minera-canadiense/?smid=fb-share-es

Crece polémica por fallo en casos mineros

El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (Calas) acudió ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) para plantear una denuncia de desobediencia al amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), para que se destituya al director minero y se abra antejuicio contra el ministro Juan Pablo Ligorría.

Por Carlos Álvarez

Con esta situación recrudece la polémica desatada tras un reciente fallo de la CC.Calas acciona contra el MEM por no aceptar que “tres minas no cuentan con la licencia de explotación luego de que la Corte emitiera sentencias al respecto”.

El Ministerio afirma: “Las sentencias resuelven que la Dirección General de Minería debe dar trámite a las oposiciones planteadas dentro de los expedientes correspondientes, a las solicitudes de licencia de explotación identificadas con los nombres de Escolbal, Niquegua Montúfar y Sechol”.

En un comunicado, declara que las “sentencias no afectan la validez o vigencia de las licencias, ya que la CC no ordenó la suspensión o cancelación de los derechos mineros”.

Polémica

Rafael Maldonado, representante de Calas, enfatiza que “la CC confirmó la sentencia de amparo otorgado por diferentes salas de Apelaciones”, y que en los tres casos, comunitarios y Calas presentaron recursos de oposición al otorgamiento de la licencia minera, pero el MEM no los aceptó.

Luego de que la CC ordenó tramitar las oposiciones, amparada en el artículo 48 de la Ley de Minería, “el MEM deberá decidir si se otorgan o deniegan las licencias” y allí radica la duda de la validez de los permisos.

El viceministro Alfredo Gálvez reconoció que la CC emitió las sentencias, en las que ordena que se dé trámite a un proceso de oposición al otorgamiento de los derechos mineros de explotación de las tres empresas.

“El MEM lo que tiene que hacer es darle la audiencia a quienes fueron amparados. En ningún momento se desacata la sentencia de la Corte”, dijo.

Sobre la denuncia, indicó que Calas tiene derecho de petición y los tribunales decidirán.

Apelación sin lugar

El 5 de octubre último, los magistrados de la CC  Gloria Porras, Mauro Chacón, Héctor Pérez y  María Araujo declararon sin lugar el recurso de apelación del Director de Minería del MEM y confirmaron la sentencia de primer grado de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil Constituida en Tribunal de Amparo, emitida en 2013.

Esta suspende una resolución del 5 de marzo de 2013, con la que se rechaza la admisión de la oposición de licencia de explotación minera y ordena que dicte una nueva resolución, admita y dé trámite a la oposición planteada conforme a la Ley de Minería.

El magistrado Roberto Molina Barreto votó de forma disidente y argumentó que debía revocarse la sentencia apelada y denegarse amparo, tras apreciar que carece de efecto agraviante de derechos fundamentales la decisión emanada por la Dirección General de Minería del MEM.

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/crece-polemica-por-fallo-en-casos-mineros

CALAS pide aclaración a CC

POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) presentó un recurso de aclaración y ampliación de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) cumplir con la obligación legal de admitir los argumentos de oposición al proyecto minero El Escobal. Esto, con el objeto de que se establezcan los alcances de la resolución.

Una vez notificada la sentencia de la CC, surgieron dudas acerca de si esta anulaba la licencia minera otorgada a Minera San Rafael por el proyecto El Escobal, o si solo ordenaba al MEM dar trámite a la oposición e incluirlos en el expediente donde se emitió la misma, por lo que el pleno deberá explicar cuál de los dos extremos es el correcto.

CALAS envió a La Hora la sentencia emitida por la CC, así como el recurso de ampliación interpuesto.

CALAS pide aclaración a CC

Rotondo huyó a Perú, según abogado

POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt

Alberto Rotondo, exjefe de seguridad de la Minera San Rafael, habría huido a Perú para buscar tramitar el proceso penal en su contra desde allá, indicó su abogado defensor, José Toledo.

Toledo aseguró que el domingo 29 recibió un correo electrónico de quienes se identificaron como los abogados de su patrocinado en Perú, en el cual hicieron de su conocimiento que Rotondo se encontraba con ellos.

“Fue la primera noticia que yo tuve. Que él había tomado la decisión de irse de Guatemala por las injusticias de las que él estaba siendo objeto por parte de las autoridades en este país, que no habían garantías para él y que en Perú tenían en resguardo de la justicia constitucional, y que estaban planteando un habeas corpus allá, donde lo iban a amparar porque se consideraba un perseguido, ilegalmente perseguido por la justicia guatemalteca”, explicó Toledo.

El día siguiente, el lunes 30 de noviembre, el abogado presentó un escrito ante el juzgado que conoce el caso de Rotondo para informar sobre lo sucedido y renunciar a la defensa del caso.

Cuando las autoridades del Organismo Judicial acudieron a la residencia de la zona 10 donde se suponía que el sindicado debía guardar arresto domiciliar, los agentes policiales a cargo de su resguardo informaron que Rotondo no se encontraba en ese lugar y que desconocían su paradero. Por este hecho, la Fiscalía de Delitos Administrativos abrió un expediente en su contra.

Rotondo enfrenta proceso penal por agredir a seis activistas comunitarios y un menor de edad que se manifestaban en las afueras del proyecto minero El Escobal, en San Rafael Las Flores.

Andrés Dávila, relacionista público de Minera San Rafael, indicó que Rotondo no tiene relación con la empresa desde 2013. Sin embargo, señaló que lamentan este tipo de acciones, que no están apegadas a derecho.

http://lahora.gt/rotondo-huyo-a-peru-segun-abogado/

CALAS y MEM se enfrentan por resolución de la CC

El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) presentó una queja ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de Fernando Castellanos, director General de Minería y Juan Pablo Ligorría, ministro de Energía y Minas, por el supuesto desacato a sentencias de la CC, ya que a su criterio, tendrían que cancelar los proyectos mineros en El Sechol, El Escobal y Niquegua Montúfar.

Yuri Melini, director de CALAS, destacó que ambos funcionarios incumplieron una resolución dictada por la CC en tres sentencias diferentes, relativas a amparos otorgados por parte de las salas de lo civil y mercantil de la Corte de Apelaciones con relación a las licencias mineras.

A pesar de la insistencia, ni Melini ni Rafael Maldonado, abogado de CALAS han proporcionado copia de las resoluciones de la referida corte y en virtud de ello no ha sido posible verificar exactamente qué fue lo que resolvió la CC.

El director explicó que durante dos años y medio CALAS accionó buscando justicia constitucional a través del amparo para lograr la restitución de derechos de comunidades de zonas de influencia de los proyectos mineros anteriormente mencionados.

MEM RESPONDE

En tanto, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través de un comunicado pagado por la gremial de minas, explicó que las tres sentencias dictadas por la CC otorgan el amparo definitivo solicitado por una persona individual y una entidad jurídica con fines ambientales.

Asimismo, indica que las sentencias resuelven que la Dirección General de Minería debe dar trámite a las oposiciones planteadas dentro de los expedientes correspondientes a las solicitudes de licencias de explotación de Escobal, Niquegua Montúfar y Sechol.

Sin embargo, aclara que tales sentencias no afectan la validez o vigencia de las licencias otorgadas, ya que la CC no ordenó la suspensión o cancelación de los derechos mineros.

La Hora trató de obtener las sentencias otorgadas por la CC para dar validez al asunto, pero al cierre de esta edición, ni CALAS, ni el MEM, ni la CC entregaron la documentación requerida. Desde la semana pasada se ha requerido información a la CC, pero no atienden los llamados.

POR REDACCIÓN LA HORA

http://lahora.gt/calas-y-mem-se-enfrentan-por-resolucion-de-la-cc/