¿La “Línea 2” al destape? CICIG y MP asestan golpe a grandes empresarios

Las capturas del MP en conjunto con la CICIG quizá sea el inicio del destape de la denominada “Línea 2”, que supone lo que es vox populi: la participación de grandes empresarios en estructuras criminales relacionadas con defraudación, corrupción y crimen organizado. Esta vez, fue el turno de una de las empresas más importantes del país: Aceros de Guatemala.

Aceros de Guatemala en el ojo del huracán

De acuerdo con las investigaciones reportadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la empresa Aceros de Guatemala logró por medio de otra empresa la desestimación de tres querellas que estaban planteadas en su contra por un valor que asciende a más de Q255.6 millones. La historia de Aceros de Guatemala se remonta a la década de 1960, cuando fue fundada por José Luis Gabriel Abularach, quien ha sido el presidente de la empresa, que en la actualidad es una de las principales productoras de acero del país. De la familia Gabriel Abularach también es la empresa Distribuidora Universal (Distun) y Minas de Guatemala, S.A., con inversiones en Huehuetenango.

El comunicado de prensa indica “que la misma empresa -favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones- se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de una promesa remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT.”

La empresa que sirvió para que Aceros de Guatemala obtuviera esos beneficios fue Tres Puertos, que se encargó de alterar las auditorías que vinculaban a Aceros. Para eso se sirvió de la red de corrupción liderada por Omar Franco Chacón, ex Superintendente de Administración tributaria, y Geovani Marroquín Navas -integrantes de la organización criminal conocida como “La Línea”-. Ambos guardan prisión junto a otros ex funcionarios. A ellos se sumarán los funcionarios aprehendidos el día de hoy.

Continuación del Caso La Línea

De acuerdo con el comunicado del MP y CICIG emitido el 12 de febrero se capturó a varios miembros de una red de funcionarios y ex funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), “producto de actividades complementarias de investigación adelantadas por la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del MP y la CICIG”. La investigación es resultado de las evidencias detectadas en las escuchas telefónicas del caso “La Línea”, el cual es llevado por la Fiscalía contra la Corrupción. Los lazos de cooperación entre las fiscalías es un detalle importante.

En el comunicado, la CICIG informó que entre los capturados se encuentran dos representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos (José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc).

Otros capturados son los funcionarios de la SAT Alfonso Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, Intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.

Aceros de Guatemala y el ex presidente del CACIF

Gabriel Abularach son los apellidos de una familia de comerciantes que cobró notoriedad como importadores y comerciantes, desde la década de 1950, cuando fundaron la Distribuidora El Tirador, una cadena de comercios que hoy día es de las más grandes de Guatemala.

Esta familia también es recordada por la propiedad de Minas de Guatemala, S.A., dueña de las “Minas de Ixtahuacán”, famosas por la explotación de plomo y antimonio, localizadas en San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetanango. En ellas se desarrolló un movimiento sindical fuertemente reprimido durante la década de 1970. A raíz de ello los trabajadores mineros organizaron una larga caminata, conocida como la “marcha de los mineros”, en 1977, para denunciar a sus propietarios por la violencia que se ejercía y la explotación de los obreros que allí operaban. (Solano, Luis. Guatemala. Petróleo y minería: en las entrañas del poder. Páginas 40-42).

En el caso de José Luis Gabriel Abularach, previo a fundar Aceros de Guatemala, fundó otra reconocida empresa: Distribuidora Universal (Distun), que importa y vende materiales para la construcción. Actualmente, la razón social de la empresa es Aceros de Guatemala y el nombre comercial es Distun.

La empresa ha sido presidida por uno de los hijos de Gabriel Abularach, Luis Nelson Gabriel Girón (ya fallecido), y el actual vicepresidente es Boris Rodolfo Gabriel Girón, otro de los hijos.

Uno de los mandatarios de Aceros de Guatemala, según el Registro Mercantil, es Marco Augusto García Noriega, quien ha sido Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) durante varias ocasiones. García Noriega fue uno de los socios en el Banco Reformador (BANCOR) y también fue Presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (AZASGUA). Es también directivo de Luma Holdings, un grupo de empresas que se dedica al cultivo de la palma africana en la Franja Transversal del Norte (FTN).

La demanda de Ferrovías y la chatarra de Maya Quetzal

El nombre de Aceros de Guatemala también ha sonado en el contexto del caso de Ferrovías y el negocio de infraestructura de Ferrocarriles de Guatemala. El caso fue ventilado internacionalmente en una demanda que realizó la Railroad Development Corporation en contra del Estado de Guatemala, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (Cafta, por siglas en inglé). En ella se involucraron empresas de poderosos azucareros y la empresa Maya Quetzal, del ingeniero industrial Inngmar Walterio Iten Rodríguez, a quien el diario elPeriódico insistentemente lo vincula con el narcotráfico*.

En las instalaciones de Ferrovías también tiene su sede la empresa Maya Quetzal, S.A., vinculada en el negocio de venta de chatarra a Ferrovías y a Aceros de Guatemala, según el juicio comercial que vino de esa demanda. Las familias dueñas de esas empresas son la Campollo Coodina, Gabriel Abularach, y Gabriel Girón.  A Iten Rodríguez se le ha señalado de ser uno de los principales financistas de los partidos políticos ganadores de las elecciones presidenciales desde el gobierno de Alfonso Portillo hasta el de Otto Pérez Molina.

Con la apertura de este caso, surge la pregunta de si la investigación profundiza hasta una posible participación y responsabilidad de los principales socios de Aceros de Guatemala. Las ramificaciones de este caso abren las puertas para que se convierta en uno paradigmático que explica la formas de operar de grandes empresarios en la defraudación fiscal. ¿A dónde llegarán las siguientes investigaciones?

*Editor: en los comentarios a este artículo el ingeniero Iten Rodríguez y su hermano, Alejandro Berganza Rodríguez, intentan ampliar y aclarar su papel en el juicio comercial y los señalamientos de elPeriódico. Sirva eso de respuesta. Y sirvan los documentos citados para que el lector aclare por su cuenta el rol de Maya Quetzal y Aceros de Guatemala en el caso Ferrovías.

https://cmiguate.org/la-linea-2-al-destape-cicig-y-mp-asestan-golpe-a-grandes-empresarios/

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“Nunca me enteré de nada” asegura diputado electo Edgar Ovalle

Por: Redacción Canal Antigua con información de Marysabel Aldana.

06/01/2016

Tras los señalamientos del Ministerio Público y la solicitud de antejuicio en su contra, el diputado electo Edgar Ovalle manifestó su postura.

Ovalle aseguró no estar enterado de la solicitud de antejuicio que realizó el MP y que “esperará para saber cual es el procedimiento“.

Cuando fue cuestionado sobre los hechos punibles realizados mientras fungía un cargo militar, Ovalle respondió “yo no presidí el destacamento” como indicaron las autoridades del MP y además señaló que “nunca se enteró de lo que pasaba“.

Pero cuando se le preguntó sobre las acciones tomadas por el ejército, entre titubeos dijo “yo no he realizado ninguna… nada“.

Según Edgar Ovalle, estuvo 3 meses en el destacamento de Cobán en el 1983, después viajó para estudiar a Venezuela durante un año.

Ovalle deberá esperar la decisión que tomen los Magistrados de la Corte Suprema de JusticiaCSJ– para saber si llegará al día de la toma de posesión sin un juez pesquisidor que le retire el blindaje político y de luz verde al MP para que lo investigue.

https://canalantigua.tv/nunca-me-entere-de-nada-asegura-diputado-electo-edgar-ovalle/

MP insiste en que Ríos Montt se someta a juicio

El Ministerio Público (MP) reconoció que el estado de salud del general retirado José Efraín Ríos Montt es crítico, luego que las evaluaciones clínicas determinaran que sufre de “demencia vascular mixta cortical y subcortical”. Sin embargo, Hilda Pineda –fiscal a cargo del caso– solicitó al Tribunal B de Mayor Riesgo que el proceso penal en contra del ex Jefe de Estado sea representado por un familiar o por sus abogados defensores.

Asimismo, los fiscales de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, del MP, pidieron a la presidenta del tribunal, María Eugenia Castellanos, que separe los juicios de Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez y que “certifique lo conducente en contra del médico de cabecera de Ríos Montt, el doctor Mario Bolaños Duarte, ya que según los estudios podría incurrir en delitos de negligencia médica, por lo tanto es conveniente que se ordene una investigación en su contra”.

Las evaluaciones clínicas practicadas al ex Jefe de Estado durante nueve días fueron realizadas por tres médicos psiquiátricos, un cardiólogo y un médico internista, cada uno determinó por separado que la salud de Ríos Montt es crítica, debido a que la demencia es degenerativa y en su momento perderá la memoria por completo, aunado a otra serie de complicaciones.

“Se determinó que también tiene disminución de la agudeza visual y auditiva, pero lo más grave es que el cerebro lo tiene muy atrofiado con un proceso degenerativo”, dijo el psiquiatra Walter Rinze, lo que le ocasionará que en un momento pierda hasta la capacidad de manejar sus esfínteres y su movilidad por sí solo.

Jaime Hernández, abogado defensor de Ríos Montt, solicitó que se desista en la persecución contra su defendido.

Aplazan resolución

La audiencia fue reprogramada para el martes 25 de agosto, donde se conocerá la resolución del tribunal quien decidirá si José Efraín Ríos Montt enfrentará nuevamente un juicio por los delitos de genocidio.

http://elperiodico.com.gt/2015/08/19/pais/mp-insiste-en-que-rios-montt-se-someta-a-juicio/

En fase final juicio contra exguerrillero por masacre

El Ministerio Público (MP) presentó ayer al Tribunal de Sentencia de Chimaltenango, 11 medios de prueba documentales que involucran a Fermín Felipe Solano Barillas, alias teniente David, en la muerte violenta de 22 campesinos de la aldea El Aguacate, San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Se esperaba que en esta audiencia se presentaran conclusiones del caso y se fijara fecha para que el Tribunal dictara sentencia, pero el MP no logró complementar 90 pruebas, a las que se suman las 59 presentadas, el 26 de marzo.

Solano Barillas es sindicado por el MP de los delitos de asesinato en forma continuada y delitos contra deberes de la humanidad, por supuestamente haber ordenado y participado en la tortura y asesinato de los pobladores, entre el 22 y 25 de noviembre de 1988, en la aldea El Aguacate.

Las pruebas, tanto documentales como testimoniales, han referido que el señalado dirigió a un grupo de diez exguerrilleros para estrangular a las víctimas, luego de señalarlos de colaborar con el Ejército.

Esto fue evidenciado por la fiscalía en el libro Insurgentes, Guatemala la Paz arrancada, de Santiago Santa Cruz Mendoza, alias comandante Santiago, quien fue miembro de la guerrilla. Santa Cruz realizó una declaración por videoconferencia el pasado 7 de abril desde Chile, en donde reside.

Relato

La obra relata que los hombres fueron estrangulados, uno por uno, y  enterrados en cuatro fosas.

Los cuerpos fueron localizados después de un choque armado entre el Ejército y la guerrilla. Un soldado observó que había tierra removida en el lugar y al acercarse encontró el cadáver de Nicolás Xiquibat, alias Mijangos, junto a sus tres perros.

Rosmery González

http://www.elperiodico.com.gt/es/20140606/pais/248767/

“Propondré política criminal”

La aún magistrada Thelma Aldana, quien se convirtió en la sucesora de Claudia Paz y Paz como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), destaca en la siguiente entrevista que una de sus primeras acciones en el cargo será proponer una política criminal de Estado, en coordinación con el Ejecutivo para el período 2014-2018.

¿Qué piensa ahora que fue electa Fiscal General?

Estoy consciente de la enorme responsabilidad que asumiré en pocos días, pero daré mi mejor esfuerzo de redoblar la capacidad del MP, como una necesidad sentida de los guatemaltecos para lograr sentencias basadas en una sólida investigación y fortalecer la lucha contra la impunidad.

¿Cuáles serán sus primeros objetivos en el cargo?

La primera propuesta que le haré al presidente Otto Pérez Molina es que construyamos una política criminal de Estado. Si bien tenemos la política del MP y la de prevención del Ejecutivo, yo estimo que la criminalidad es un problema de Estado y, en consecuencia, hay que construir esa política criminal que priorice la investigación de la persecución penal estratégica y la prevención especialmente.

¿Esa política ya la tiene preparada o la va a construir con el presidente?

Esa política se construye de acuerdo con los lineamientos, tanto del presidente y yo como fiscal general demos, apoyados por un equipo, pues la política debe contener objetivos, estrategias, acciones, seguimientos, evaluaciones y cronograma.

¿Y en cuánto tiempo preparará esa política?

Creo que si el presidente está de acuerdo con mi propuesta, en el sentido de construir juntos esa política, vamos a tenerla preparada en tres meses.

¿Y porqué construirla con el presidente?

Porque es una política criminal del Estado, en donde estén todas las entidades del sector justicia, fundamentalmente MP y Ejecutivo.

¿Actualmente no existe una política criminal?

No. Es decir, el MP tiene su política, el Ejecutivo tiene su política de prevención, pero a mi juicio debe existir una política integral criminal del Estado.

¿Cuáles podrían ser sus principales prioridades?

El MP tiene muchas prioridades, puedo señalar el modelo de gestión que se debe mejorar en lo que respecta al momento en que los fiscales están en las audiencias frente al juez.

Hemos visto en los tribunales que algunos fiscales improvisan, y no es porque sean malos, es que es producto de que el modelo de gestión debe tener alguna falla. Hay que revisar, corregir, capacitar y hay que impulsar un sistema de gestión que permita al fiscal empoderarse del proceso judicial. También llevar la cobertura del MP a los municipios de la provincia donde la criminalidad se ha incrementado y no hay sedes del MP.

En estos cuatro años, ¿cuánto cree usted que dará cobertura en la provincia?

Tomando en cuenta que actualmente la cobertura del MP es del 17 por ciento, tiene presencia en 22 departamentos pero únicamente en 34 de los 338 municipios hay sedes del MP, haría mi mejor esfuerzo de llevar la presencia del MP a la mayoría de municipios, pero depende del presupuesto, que es uno de los puntos que hablaré con el presidente el próximo lunes, en el cual le voy a pedir fortalecer al MP con un presupuesto adecuado para lograr los objetivos que nos tracemos.

¿Usted considera que en estos cuatro años trabajará junto al Ejecutivo?

Coordinadamente, sí.

¿Y cómo garantiza la independencia del MP con el Ejecutivo?

Es que para que haya independencia del MP debe velar porque se cumplan las leyes o realizar su trabajo de manera objetiva, transparente y teniendo presente que la Constitución es la que prevalece, y la ley orgánica del MP es muy clara al establecer que no esta subordinado a ninguno de los poderes del Estado ni a autoridad alguna.

¿Y cómo hará que la población pueda diferenciar la independencia del MP respecto del Ejecutivo?

Aplicando la ley, el MP tiene su esfera, su competencia de trabajo y, en ese sentido, su independencia absoluta para presentar acusaciones, para realizar investigaciones, para litigar en los tribunales del país.

¿Continuará el proceso de investigación por genocidio?

El caso que se ha planteado en los Tribunales —caso Efraín Ríos Montt—. Tiene un trámite, debe dársele seguimiento conforme al estado en que se encuentre.

Si existe el caso, ¿debe continuar?

Claro, y debe concluir además.

¿Usted no va a detener esos procesos?

No.

Y si la investigación refiere que se debe investigar a otros militares retirados, ¿qué hará usted?

Creo que hay que esperar que se llegue a sentencia, y ya obteniendo la sentencia se puede pensar qué consecuencias o acciones seguir.

Se menciona que tiene un vínculo con el presidente y vicepresidenta

Nunca ha existido.

La percepción de algunos sectores es esa.

Pues lo lamento, pero será la percepción que tengan algunas personas, pero los que me conocen saben que no es cierto, no tengo ninguna vinculación.

¿Y qué piensa de que Gustavo Herrera fue el operador político para que usted llegara al cargo?

No es cierto.

¿Ya renunció al cargo como magistrada de la CSJ?

No, voy a platicar con el presidente para recibir el nombramiento, ya después presento la renuncia, y corresponde al Congreso su aceptación.
¿Cuándo asume el cargo?

Estimo que el 17 de mayo próximo. Ayer me habló el presidente, unos minutos antes de las 17 horas, y quedamos en reunirnos el lunes y conversaremos del plan de trabajo al detalle y algunas propuestas que yo le pueda hacer.

¿Qué rescata de la administración actual del MP?

El esfuerzo de desmantelar las estructuras criminales, la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico especialmente.

¿Seguiría en esa línea?

Sí.

POR HUGO ALVARADO

http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Propondre-politica-criminal_0_1135686455.html

“Me sorprende la decisión de la postuladora”

La jefa del Ministerio Público está a unos días de dejar el cargo que ha desempeñado por más de tres años. 

El día después de que la Comisión de Postulación a Fiscal General excluyera a Claudia Paz y Paz de la nómina final, y le negara así la oportunidad de la reelección, la actual jefa del Ministerio Público hace un repaso de los logros de su gestión, y se muestra sorprendida de la decisión de la postuladora. Nueve de los 13 comisionados votaron en su contra, a pesar de ser la segunda mejor evaluada.

¿Cómo recibió la decisión de la Comisión de Postulación de no incluirla en la nómina final de candidatos?

– Lo único que voy a decir sobre este tema es que me sorprende. Por la nota que obtuve, por el plan de trabajo presentado, por la entrevista realizada, y porque la misma Comisión de Postulación estimó que se habían desvanecido todas las objeciones que se habían presentado en mi contra. Entonces sí sorprende.

Desde que el abogado Ricardo Sagastume presentó aquel amparo con la intención de acortar su gestión, se evidenciaron las intenciones de evitar que usted fuera reelecta. ¿A qué lo atribuye?

– (Silencio). Yo creo que hay algunos sectores como los que presentaron varios antejuicios en mi contra y algunas de las tachas también, que eran claros opositores, que sin duda prefieren que en Guatemala exista la impunidad a la justicia. Estoy hablando de la Fundación contra el Terrorismo, de la Liga Pro Patria, que presentaron antejuicios que eran espurios, presentaron tachas sin fundamento. Yo no encuentro más razón que esta. Pero estoy hablando concretamente de estos grupos.

Y además de estos dos grupos, ¿notó algún tipo de presión en su contra durante el proceso?

– (Niega con la cabeza).

¿Qué Ministerio Público deja a su sucesor?

– Yo creo que este Ministerio Público está fortalecido y tiene funcionarias y funcionarios que han cumplido con su deber, porque si hoy exhibimos resultados es gracias al trabajo que ellos han hecho todo este tiempo. Han actuado con independencia y con estricto cumplimiento de la ley.

¿Qué logros destaca de su gestión?

– El aumento en el esclarecimiento de delitos contra la vida es algo muy fuerte, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, la investigación de estructuras, la unidad de análisis. Yo creo que son logros de creación de institucionalidad que, como digo, deben fortalecerse.

¿Teme que con la llegada de un nuevo Fiscal General esto deje de fortalecerse?

– Espero que no. Espero que se revise aquello que se ha hecho y que se profundice en lo que hace bien para el país.

¿Cuál es el desafío de la próxima administración?

– El desafío ahora es que no haya ningún retroceso.

Tanto en sus entrevistas como en sus planes de trabajo, los seis candidatos que quedaron en la nómina final mencionaban la necesidad de cambiar el modelo de gestión penal. ¿Esto qué podría implicar, ya no solo para la institución, sino para la justicia en Guatemala?

– Lo más importante es que conozcan y comprendan este modelo. Se centraron en la discusión entre investigación y litigación, y el modelo es mucho más que eso. Se puede superar ese tránsito de investigación a litigación con muchas medidas que se han ido adoptando sin revertir el modelo.

¿Qué problemas puede implicar que no se sigan llevando a cabo ciertos programas que logró implementar la actual gestión?

– Existe una demanda ciudadana muy grande de tener resultados, sobre todo en crímenes violentos, en muertes violentas, violaciones y crimen organizado, y esa demanda se debe satisfacer. Eso se logra revisando lo que se ha hecho o fortaleciéndolo.

¿Hay algún candidato de los seis que integran la nómina que usted considere que destaque entre el resto o que podría llevar a cabo una buena continuidad de su gestión? 

– No puedo opinar sobre eso.

Algunos aspirantes a integrar la nómina mencionaron la necesidad de fortalecer el número de fiscales en el MP y presentaron datos muy distintos a los que dio usted, que indicaban que la mayoría de personal de la institución es administrativo.

– Creo que ellos sumaron a todos los que no eran fiscales como personal administrativo, como los investigadores o el personal de atención a la víctima, pero ellos ejercen una labor de investigación, no es una labor administrativa. Ahí está el error. Por supuesto que siempre se puede fortalecer el área fiscal, sobre todo en el interior del país.

¿Qué planes tiene usted luego de salir de la institución?

– Regresar a la docencia, primero Dios.

¿Sería posible que opte a otro cargo de elección pública?

– (Niega con la cabeza).

¿Es un no rotundo?

– (Continúa negando). No, rotundamente. (Ríe)

 

POR CARMEN QUINTELA

http://elperiodico.com.gt/es/20140501/pais/246617/