Comisión acelera definición de lista

La comisión de postulación que nominará a los candidatos a fiscal general trabajará contra reloj a partir de hoy, durante tres días, para concluir con el proceso de integración de la nómina en que se incluirá a seis profesionales de los 26 que aspiran a dirigir el Ministerio Público.

El magistrado Arturo Sierra, presidente de la postuladora, dijo vía telefónica a Prensa Libre que esperan tener definida la lista de los seis postulados para el próximo miércoles, después de haber terminado la fase de evaluación de los 20 abogados que están pendientes. La semana pasada calificaron a los primeros seis.

“Esta semana se espera concluir la evaluación de los restantes —20 candidatos— y luego proceder de una vez a elegir a las personas que integrarán la planilla —nómina de seis aspirantes— y la pretensión que tenemos es de terminar con todo esto el miércoles —30 de abril—”, aseveró.

La sentencia emitida el 7 de marzo último por la Corte de Constitucionalidad fijó que el 17 de mayo próximo se inicia el período constitucional del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público.

Sierra indicó que se tiene previsto que a inicios de la próxima semana se le entregue la nómina al presidente Otto Pérez Molina, para que designe al nuevo funcionario.

Explicó que el tiempo máximo que tiene la postuladora para entregar la nómina es hasta cinco o seis días antes de la toma de posesión del nuevo funcionario, es decir que podría ser entregada a más tardar el 11 de mayo. Sin embargo, la comisión prefiere adelantarse.

El magistrado insistió en que la comisión acordó trabajar a tiempo completo, “hasta que el cuerpo aguante”, durante estos tres días, para finiquitar el trabajo de postulación para el que fueron convocados.

Refirió que el gobernante podría tomarse entre uno o dos días para hacer la designación del nuevo jefe del MP.

Proceso anterior

El 3 de diciembre del 2010, la votación para integrar la nómina comenzó a las 15.15 horas y concluyó dos horas después.

En la primera ronda, que duró 10 minutos, los comisionados eligieron a los primeros cuatro candidatos. En esa ocasión quedaron fuera Julio César Rivera Clavería, Benedicto Tenas y José Arturo Rodas Ovalle, porque obtuvieron ocho votos en contra.

En los siguientes 45 minutos hubo cuatro rondas, en las que los comisionados no lograban acuerdos, por lo que tomaron un receso, de igual tiempo, para despejar la mente e intercambiar ideas.

En la sexta ronda, que duró tres minutos, los dos candidatos restantes fueron electos; el último, por unanimidad.

Ese mismo día fue entregada la nómina al vicepresidente Rafael Espada, presidente en funciones, quien llegó a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia para recibir en persona el listado y los expedientes.

Cuatro días después, organizaciones de derechos humanos pidieron una cita al presidente Álvaro Colom para que escuchara sus puntos de vista en relación con la elección del fiscal general. La reunión se llevó a cabo el 8 de diciembre del 2010. Ese mismo día Espada se entrevistó con cuatro de los seis candidatos, para escuchar sus planes de trabajo. El 10 de diciembre, Colom tomó la decisión de elegir a Claudia Paz y Paz como fiscal general.

De concretarse la entrega de la nómina a Pérez Molina, el 5 de mayo próximo, el funcionario tendría 13 días para analizar los expedientes.

POSTULACIÓN PASADA

La comisión de postulación de fiscal general repitió el proceso, por orden de la Corte de Constitucionalidad.

La fiscal general, Claudia Paz y Paz, fue nombrada el 10 de diciembre del 2010 por el entonces presidente Álvaro Colom.

El Acuerdo Gubernativo 90-2010, firmado por Colom, le dio posesión el 9 de diciembre del 2010 y la nombró en el cargo para un período de cuatro años.

Su antecesor, Conrado Reyes, asumió como fiscal general el 25 de mayo de ese año, pero la CC anuló el proceso y este dejó el cargo.

El jefe del MP, Amílcar Velásquez Zárate, renunció a su puesto el 16 de mayo del mismo año, pero acciones pendientes no permitían nombrar al nuevo funcionario.

POR BYRON VáSQUEZ

http://www.prensalibre.com/postuladora_fiscal_general/Comision-acelera-definicion-lista_0_1128487175.html

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Reportaje: MP: Legado de persecución criminal y reto de lucha contra la corrupción

El próximo 10 de mayo concluye la gestión de la fiscal general Claudia Paz y Paz, lo que supone un fin anticipado a los planes de las actuales autoridades del Ministerio Público (MP), que además participan para lograr la reelección y continuar con el trabajo hasta ahora realizado.

Analistas opinan sobre el estado de la Fiscalía, el legado en el sistema de justicia y los espacios en donde no se lograron los resultados esperados.

Hace tres años y cuatro meses Paz y Paz asumió el cargo como jefa del MP, una entidad que, como muchas del Estado, era blanco de señalamientos por ineficiencia y corrupción. La percepción de la ciudadanía sobre el ente persecutor de delincuentes y criminales era la de una institución que no generaba resultados, ni confianza. La justicia parecía entonces un privilegio de las personas con poder.

Las cosas han cambiado y ahora hay datos que revelan, por ejemplo, una reducción del 30 por ciento de impunidad en crímenes contra la vida, y varias sentencias llevaron a la sociedad a quizás empezar a creer que el lema “justicia pronta y cumplida” no es solo una aspiración.

En estos momentos la Comisión de Postulación para Fiscal General conduce el proceso para elegir a los seis candidatos a jefe del MP de los próximos cuatro años; el presidente Otto Pérez Molina tendrá la palabra para determinar quién de los actuales 26 aspirantes es el más calificado para ocupar el cargo.

En ese contexto se hace un repaso de las estrategias, procedimientos y métodos de investigación que la Fiscalía le hereda al sistema de justicia, y se cuestionan también aquellas asignaciones que no lograron ser solventadas.

Los legados y retos del MP, según analistas y organizaciones de la sociedad civil, son cuestionables.

LAS CIFRAS Y EL CAMBIO

En el informe Observador Judicial 94-2014 del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), se da a conocer que en promedio, cada año el MP recibe 350 mil denuncias, de las cuales desestima una tercera parte e investiga las dos restantes.

Esto, según el documento, responde a la visión de la política criminal del MP, acerca de la persecución penal estratégica, que busca combatir estructuras criminales, encontrar patrones delictivos en los casos y desarticular grandes bandas. También obedece al reconocimiento de las autoridades comunitarias,  principalmente indígenas y sus formas de aplicación de justicia, debidamente legitimadas en la población.

En el informe se refiere que los cuatro delitos más graves son contra la vida, contra la libertad sexual, extorsiones y diferentes tipos de robo del crimen organizado. La decisión de la Fiscalía es que el 80 por ciento de los recursos se dediquen a estos cuatro tipos de crímenes y el restante 20 por ciento a los demás ilícitos.

En relación a los casos conocidos por la Fiscalía de Derechos Humanos, se señala que desde el año 2008 el ente recibió 5 mil 18 denuncias, de las cuales desestimó mil 191, lo que llevó a condenas de 96 personas.

Pese a los resultados alcanzados, de los cuales únicamente se lograron algunas sentencias, el ICCPG considera urgente que el MP cuente con una policía de investigación criminal, profesional, capacitada y trabajando coordinadamente con la fiscalía para potencializar los avances del ente investigador.

No obstante la efectividad del trabajo en la Fiscalía depende de hombres y mujeres con vocación de servicio público, refiere el Observatorio Judicial, ya que se necesita capacidad e independencia para hacer el trabajo de persecución penal.

Requiere además de una lucha fuerte contra el crimen organizado, el cual desea cooptar los espacios públicos para seguir incrementando impunemente sus ganancias, a un altísimo costo social: el estancamiento del desarrollo político y económico de todas y todos los guatemaltecos.

Uno de los puntos que aborda el ICCPG es que a pesar de la creación de la Dirección General de Investigación Criminal, ésta aún no funciona; si se pusiera en marcha permitiría potencializar los resultados del MP.

Según el instituto, el MP se enmarca en un paradigma de política criminal orientado a la persecución penal estratégica, cuyo axioma es: “más recursos para los delitos menos graves”.

NO SE TRATA DE CRECER POR CRECER

Edgar Celada, de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), considera que actualmente una de las principales carencias del MP es su tamaño, en relación con las dimensiones de la criminalidad en el país.

El analista dijo que según el más reciente dato oficial –a octubre de 2012–, el MP tiene más de 4 mil 287 funcionarios y empleados, de los cuales el 75 por ciento –3,216 personas– está directamente vinculado a la actividad sustantiva de la entidad.

“Compare estos 3 mil 216 funcionarios dedicados a la persecución penal con los 5 mil 253 homicidios reportados por la PNC en 2013 y a eso súmele unos 80 mil casos de delitos contra el patrimonio que se producen cada año, sin mencionar otro tipo de transgresiones criminales de la ley”, cuestionó el analista.

Las cifras evidencian la falta de cobertura e incapacidad para atender todos los delitos que se cometen en Guatemala.

Relacionado con lo anterior y siempre en la línea de la insuficiencia principal del MP, está su limitada presencia territorial, refirió Celada. Actualmente el ente investigador tiene presencia directa e inmediata en 56 municipios, equivalentes al 16.5 por ciento de los 338 municipios del país. Lo que significa que en más del 84 por ciento de las localidades la Fiscalía está ausente, al menos de forma inmediata.

Además Celada indicó que a limitada presencia territorial cabe agregar una justificada duda sobre la adecuación del MP a la realidad multicultural, multiétnica y plurilingüe de Guatemala. En 2013 el MP contaba únicamente con 54 intérpretes o traductores de 14 idiomas, mientras que en el país hay 23 idiomas reconocidos.

El problema de ausencia territorial está vinculado con la falta de recursos. En ese sentido, la estrategia para el esparcimiento del ente investigador, según Celada, debe corresponder a un plan que tome en cuenta la incidencia de la criminalidad.

Ese plan de expansión, además, debería contemplar la presencia de fiscalías especializadas en cabeceras departamentales determinadas, dependiendo del mapeo de la criminalidad.

“No se trata de crecer por crecer, ni de una expansión territorial desordenada, sino de algo pensado que busque la combinación virtuosa entre cantidad y calidad. Un plan de ese tipo supone que continúe el crecimiento del presupuesto del MP, no sólo en términos nominales sino también reales”, subrayó.

Por otro lado, el analista de IPNUSAC refiere que en cuanto a resultados en los casos, los números hablan de la eficacia, de la calidad técnica y profesional de la institución.

“Si nos atenemos a las cifras del propio MP, en 2010 se llevaron a juicio 4 mil 899 casos y en 2013 esa cifra se elevó a 7 mil 679 juicios abiertos. Esto es un crecimiento de 56.7 por ciento. Por lo que toca a condenas obtenidas, el crecimiento en el período considerado es de casi 91 por ciento (3 mil 894 condenas en 2010 versus 7 mil 486 en 2013)”, explicó.

Los datos reflejan avances, y lo que se espera, insistió Celada, es que no haya retrocesos con el posible cambio de autoridades de mayo próximo.

De los retos, el analista explicó que el problema de la investigación criminal sigue siendo una asignatura pendiente, pero no solamente del MP, sino también de la Policía Nacional Civil, y en su momento de la Dirección General de Investigación Criminal, creada en el 2012, pero que continúa en proceso de construcción.

En cuanto al presupuesto que ha recibido la entidad desde el año 2003 al 2013, este pasó de Q447 millones 966 mil 027 a Q1,287 mil millones 670 mil 843, lo que significa que creció en 287.4 por ciento.

Además desde el año 2010 opera la Extinción de Dominio, la que solamente en el 2012 aportó Q5 millones al MP.

AUTONOMÍA

“La autonomía del MP y del conjunto del sistema de justicia es una condición indispensable para que la palabra adquiera su pleno sentido. Si se me permite la expresión: para que haya una “justicia justa”, refirió Celada acerca de la autonomía de la entidad.

Pese a los esfuerzos, el entrevistado refiere que el tema continúa siendo más bien una aspiración permanente.

“La autonomía debe ser expresión de una orientación general de política institucional, que se concreta caso por caso. No nos engañemos: el MP continuará, durante mucho tiempo, siendo objeto de todo tipo de presiones por parte de poderes fácticos”, admitió.

El esfuerzo es que ahora el MP luche por mantener su autonomía para no plegarse dócilmente a esos poderes y no esté al servicio de ellos: “Que tenga la habilidad para navegar en un complejo mar de intereses contrapuestos, de manera que se preserve el interés general por encima de los interese particulares”.

CORRUPCIÓN

Uno de los aspectos más criticados de la actual gestión del MP es la falta de respuesta en los grandes casos de corrupción. La fiscalía encargada de conocer este tipo de delitos ha cambiado de jefe durante los últimos años, y de igual forma ha modificado sus métodos de investigación.

Eugenio Fernández, presidente de la Asociación de Protección del Contribuyente (Asprodeco), califica a la actual fiscal, Aura Marina López, como una funcionaria capaz de investigar este tipo de delitos, no obstante su trabajo se ve afectado por una serie de limitantes.

La primera dificultad, según Fernández, es el presupuesto, ya que dicha Fiscalía recibe un presupuesto de Q7 millones, que según el entrevistado únicamente alcanza a cubrir los salarios de los trabajadores y quizás recursos de transportes.

“No se le da la prioridad a la Fiscalía contra la Corrupción cuando la propia Vicepresidenta dice que calcula que se pierden Q15 mil millones al año por actos de corrupción”, dijo enfático.

Fernández señaló que el tema de la lucha contra este flagelo está vinculado con decisiones políticas de las autoridades que no le prestan atención a este tipo de delitos.

“No ha habido voluntad política desde el MP para apoyar a la Fiscalía contra la Corrupción y Delitos Administrativos, ambas cuentan presupuestos raquíticos, y cómo se va a combatir un problema de Q15 mil millones con Q7 millones”, criticó.

El entrevistado señaló que las consecuencias de la falta de persecución de la corrupción abarcan temas de salud, educación, vida, seguridad, etc.

“HEREDAMOS LA ORGANIZACIÓN”

Alejandro Rodríguez, secretario de Política Criminal del MP, habló acerca de lo que las autoridades de la institución valoran y califican como un legado para el sistema de justicia.

El entrevistado señaló enfáticamente que el principal legado ha sido la organización y nueva cultura de persecución penal.

“El MP con la doctora Paz y Paz ha iniciado ya con una persecución penal estratégica, que significa que antes se trabajaban los casos inconexos; cada caso era trabajado aisladamente y no había una visión en conjunto de lo que estaba sucediendo”, indicó.

El enfoque actual de persecución penal estratégica consiste en encontrar los patrones sistemáticos de la criminalidad, el análisis del fenómeno criminal en su conjunto y la determinación de las situaciones que originan el delito.

“De esa manera la Fiscalía ha generado las Unidades de Enlace que hacen análisis del entorno criminal para ir haciendo mapas de criminalidad y hacer el esbozo de las estructuras criminales y sistematizar la información del delito”, explicó.

De esa cuenta el trabajo se vuelca sobre la persecución de las organizaciones criminales, así como la acusación y búsqueda de condenas. Además el MP le deja al sistema la implementación de una ubicación y sistematización de los instrumentos que utilizan las bandas.

“Una de las instrucciones más importantes que ha hecho la doctora Paz se refiere al análisis obligatorio que debe hacerse sobre las armas de fuego y portación por medio del sistema IBIS”, señaló.

Por su parte, Javier Monterroso, asesor de Paz y Paz reconoció que la asignatura pendiente fueron los resultados de la lucha contra la impunidad, que según explicó derivó de una infructuosa relación interinstitucional.

En el marco del proceso de elección del próximo Fiscal General, el Observador Judicial 94-2014 del ICCPG refiere que “la conducción del MP no es un asunto de buenas intenciones, necesariamente, requiere una propuesta técnica político criminal, de un planteamiento sobre cómo enfrentar democráticamente el fenómeno criminal desde una perspectiva racional vinculada a la promoción y respeto de los derechos humanos”.

ANÁLISIS

¿Cuál es el legado que le deja al sistema de justicia la gestión de la fiscal general Claudia Paz y Paz?

Edgar Celada, de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC):

“La evaluación general en la que concuerdan muchos analistas en el área de justicia y seguridad es que la gestión de Claudia Paz y Paz marca una diferencia cualitativa respecto de sus antecesores a partir del enfoque y la orientación estratégica de la institución.

Desde esa perspectiva, el principal legado parece ser el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, cuyos resultados y evaluación con sentido de Estado debería ser una de las primeras tareas, si no es que la primera, de quien resulte designado a partir del 17 de mayo próximo. El punto es este: una institución como el MP no puede ‘reinventarse’ cada cuatro años.

Hay aspectos que deben ser objeto de atención (y evaluación), en los que cabría esperar que no haya marcha atrás, lo cual no implica descartar la posibilidad de ajustes. Entre esos aspectos destaco tres:

a)   Modelo de gestión. La mejora de resultados obtenidos por el MP en los últimos dos años parecen vinculados a las bondades del nuevo modelo de gestión, más allá de que hay aspectos que suscitan polémica, como la modalidad de que unos fiscales dirigen y/o realizan la investigación de los casos y otros fiscales son quienes presentan (o litigan) el caso en el tribunal. Los defensores de esa modalidad sostienen que de ese modo se logra profundizar las investigaciones y dar sustento más sólido a las acusaciones. Pero sus detractores señalan que, en la práctica, se produce un divorcio entre el fiscal que investiga y el fiscal que litiga, con el agravante de que suele haber poco tiempo entre una fase y otra, de suerte que el fiscal litigante no logra disponer de las condiciones apropiadas (a veces pocas horas) para ‘apropiarse’ del caso.

b)   Atención a la víctima. Asistimos a un cambio de cultura institucional importante, en el cual crece la conciencia sobre los derechos y la dignidad de las víctimas de los actos criminales.

c)   La justicia transicional. Aunque este es uno de los asuntos que causan mayor escozor entre algunos sectores, parece que por fin se comprendió en el MP que la impunidad del pasado y la impunidad del presente son hermanas gemelas. Que no se puede atender a esta última sin ocuparse de la primera”.

DATOS

Según datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala:

Actualmente hay 56 sedes fiscales en igual número de municipios

Existen 17 fiscalías especializadas

Cada año el MP recibe 350 mil denuncias, en promedio

El número de denuncias desestimadas constituye la tercera parte de los casos que ingresan.

LOGRO
Reducción de la impunidad en la persecución criminal en delitos contra la vida.

RETO
Procesos contra la corrupción de alto nivel, más allá de los casos contra jefes ediles.

“Compare estos 3 mil 216 funcionarios dedicados a la persecución penal con los 5 mil 253 homicidios reportados por la PNC en 2013 y a eso súmele unos 80 mil casos de delitos contra el patrimonio que se producen cada año, sin mencionar otro tipo de transgresiones criminales de la ley”. Edgar Celada IPNUSAC

POR JODY GARCÍA

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/194519-mp-legado-de-persecucion-criminal-y-reto-de-lucha-contra-la-corrupcion

 

Se inicia fase de entrevistas para candidatos al MP

A partir de hoy, hasta el próximo miércoles, las 26 personas que buscan la dirección del Ministerio Público (MP) deberán presentarse individualmente a una entrevista en la Sala de Audiencias de la Corte de Constitucionalidad (CC).

 

Los miembros de la Comisión postuladora utilizarán como base una evaluación compuesta por seis preguntas base. Se incluyen cuestionamientos referidos a las motivaciones personales que los lleva a pretender el cargo, cuál es la estrategia que implementaría para garantizar la independencia del MP y su plan de trabajo, entre otras.

Jorge Calderón, secretario de la Comisión de Postulación, asegura que estas preguntas no son limitativas, y que de ser necesario, los evaluadores podrían cuestionar otros aspectos que consideren necesarios.

David Gaitán, de Acción Ciudadana (AC), considera que si bien han existido avances en los procesos de elección para aspirantes al MP, existen aspectos que podrían mejorar. Por ejemplo, en lo referido a las evaluaciones de las pruebas de descargo, deberían establecerse los criterios para dar de baja los señalamientos, además de discutir estos argumentos a viva voz, entre otros.

En cuanto al cuestionario de la Comisión, Gaitán estima que no aporta mucho, por lo que hoy presentarán un nuevo paquete de preguntas, las cuales consideran ellos contribuirían mejor al proceso de evaluación.

Las entrevistas iniciarán cada día a las 8:00 horas, las mismas serán abiertas al público. Los horarios y fechas establecen cuándo será evaluado cada uno de los aspirantes, además del listado de preguntas, puede ser consultado y descargado desde la página web del Organismo Judicial.

20

Minutos es el tiempo asignado a cada entrevista.

Por Francisco Rodríguez

http://www.elperiodico.com.gt/es/20140421/pais/245979/

ORGANISMO JUDICIAL

Imputarán a más personas por explosión
Nery Batén, abogado de Fundación Sobrevivientes, informó que por la explosión de una bomba en un autobús de las Rutas Quetzal, tres personas más serán llamadas a declarar

entre ellas Josué Alberto Mendoza, alias Smoking, integrante de la Rueda del Barrio, máximo órgano de la Mara 18. Según indicó, las investigaciones apuntan a que también fueron parte de la organización del ataque. Por este caso, el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo condenó a seis pandilleros a penas que van desde los 14 a los 526 años de prisión.

Abogados recuperan su libertad

El Juzgado Primero A de Mayor Riesgo autorizó que bajo el pago de una caución económica de Q20 mil, Óscar Recinos Flores y Rodolfo Lázaro Padilla recuperen su libertad. Ambos fueron sujetos a proceso penal por supuestamente tener vinculación con la estructura Los Topacios, dedicada al despojo de bienes inmuebles. La resolución fue dictada por Carol Patricia Flores. Lázaro fungió como abogado defensor de Roberto Barreda, principal sospechoso de la desaparición de Cristina Siekavizza.

Enjuiciarán a banqueros por estafa

El Juzgado Noveno del Ramo Penal resolvió que Celeste Aída Desirée Soto, Jorge Alfredo González Castillo y Ariel Estuardo Camargo Fernández, exdirectivos del desaparecido Bancafé, deberán enfrentar juicio. El Ministerio Público les acusa por los delitos de estafa propia y casos especiales de estafa por el monto de 145 millones de quetzales a 286 ahorrantes. Los imputados habrían engañado a los inversores de Bancafé al asegurar que la financiera Vipasa tenía el aval de la Junta Monetaria. Mientras tanto, el Juzgado benefició con el cierre del proceso penal a Eduardo Alberto Palomo Marh.

POR JODY GARCÍA

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/191122-organismo-judicial

PDH denunciará por incumplir ley de acceso a la información

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, informó que esa institución abrirá expedientes y presentará denuncias en el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas contra funcionarios de 693 instituciones públicas y privadas, de mil 243, por no entregar el informe sobre acceso a la información pública que están obligadas a presentar cada 31 de enero.

A pesar de que hubo un incremento en la entrega de estos reportes en comparación del 2012 con el 2013, el 55.76 por ciento de las instituciones incumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que denota la poca cultura de transparentar los actos de la administración pública, indicó.

De las 693 instituciones que incumplieron, la mayoría son municipalidades, ya que 111 no entregaron el informe. Las más reincidentes en este tema son las de Palencia, San José del Golfo y Chinautla. Los jefes ediles de estas dos últimas comunas tienen denuncias por supuestos malos manejos de los fondos públicos.

A ello se suman los consejos departamentales de Desarrollo, las federaciones deportivas, hidroeléctricas, minas y oenegés.

Deben entregar un informe que contenga el número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de información requerida, el resultado de cada una de las solicitudes de información, los tiempos de respuesta, la cantidad de solicitudes pendientes, la cantidad de solicitudes con ampliación de plazos, el número de solicitudes desechadas, la cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información reservada o confidencial y número de impugnaciones.

“Me preocupa que haya muchos funcionarios que no quieren dar a conocer cuánto se paga en salarios, en qué invierten el dinero de los guatemaltecos, y por primera vez en la historia de la institución —PDH— abrimos expedientes en contra de todos los que han incumplido. Vamos a remitir los expedientes al MP y la Contraloría”, explicó.

De León manifestó que los expedientes de todos estos funcionarios serán trasladados al MP, ente que deberá establecer si hay comisión de “delitos”, ya que muchas alcaldías y entidades privadas no entregaron el informe.

“El mensaje que damos es que no se debe tolerar la falta de transparencia y falta de información”, afirmó el procurador.

FALTA MUCHO

El presidente de la Comisión de Transparencia, del Congreso, Jairo Flores, refirió que en el país no hay una cultura de transparencia, pero resalta que falta trabajo por hacer, porque es un proceso que se inició con la Ley de Acceso a la Información Pública, pero se debe mejorar la aplicación de la ley.

“Hay instituciones que deben mejorar su acceso a la información. Un ejemplo son las municipalidades y los consejos de Desarrollo, dos instituciones donde hay que enfocarse precisamente para que se abran más en cuanto a la ejecución de sus presupuestos y sus obras”, explicó Flores.

El parlamentario aseguró que se debe mejorar el acceso a la información, no solo por el informe que deben presentar, sino “porque parte del trabajo que vamos a realizar en la comisión es viabilizar más el acceso a la información en cada una de las instituciones”.

“Un informe que tenemos resalta que no están funcionando las oficinas de acceso como lo establece la Ley, por lo que es necesario hacer un llamado de atención a las entidades descentralizadas y del gobierno central para que se agilice y se facilite el acceso a todos los sectores que la requieran”, dijo el diputado.

Gerson López, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), indicó que el tema de acceso a la información es importante para la nueva gestión, por lo que se impartirán talleres a los jefes ediles para que el 85 por ciento de las comunas cumplan con esta obligación legal.

“Los primeros pasos que se dieron es la contratación de un experto en informática, para que desde la página de la Anam podamos dar seguimiento a las páginas de las municipalidades y cumplan con la normativa”, refirió.

Afirmó: “Elaboramos un calendario jurídico con las obligaciones y atribuciones que los municipios tienen que cumplir mes a mes, donde resaltamos entregar estos informes que demanda la Ley de Acceso a la Información Pública”.

El directivo señaló que estos 53 municipios que se incorporaron al cumplimiento legal son una muestra de la “voluntad” de los gobiernos locales de “cumplir” con una de las materias que han tenido pendientes, que es el cumplimiento del acceso a la información.

“En este año esperamos que unas 70 comunas de las 111 que aún no cumplen con esta obligación se sumen y cumplan con la Ley”, expresó López.

RESERVA
Accionan

La PDH  presentó recursos de revisión y de inconstitucionalidad contra cuatro comunas, luego de que  reservaron información, en  contravención con la Ley de Acceso a la Información Pública.

La primera fue contra la comuna de La Unión, Zacapa, que reservó información personal de funcionarios, empleados y asesores municipales, actas de empresas y otros documentos. Luego de la acción se revocó esa disposición.

La PDH también accionó contra la Municipalidad de Flores, Petén, que restringió a la población el acceso a los videos que captan las cámaras de seguridad.

Otro recurso fue presentado contra la comuna de San Miguel Petapa, que declaró reservada  la información sobre los bienes de las personas de ese municipio.

La comuna solo cambió de  confidencial a reservada la información.

Otra inconstitucionalidad fue presentada contra la Municipalidad de San Luis Jilotepeque, Jalapa, que  reservó  información de  bienes inmuebles con el argumento de robo de propiedades. A esa acción ya se le dio  trámite en la CC. Según la PDH, la reserva   limita el acceso a la información de registros públicos. Sin embargo, aclaró que esa no es la forma de contrarrestar el robo o usurpación de terrenos.

POR MANUEL HERNáNDEZ MAYéN

Baja participación caracteriza postulación a Fiscal General

A la sede de la Comisión llegaron ayer 30 abogados a dejar su papelería, diez menos que en 2010 y la mitad del número en 2002.

La lista de aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) ya está cerrada. La Comisión de Postulación, encargada de elaborar la nómina de seis candidatos que debe presentar al Presidente de la República, ya tiene en sus manos los nombres de los 30 abogados que optarán al cargo.

La cifra se aleja de los 40 abogados que dejaron su papelería en septiembre de 2010 y de los 48 que se presentaron en 2006, año en que José Amílcar Velásquez Zárate fue juramentado en el cargo. En 2002, cuando resultó electo Carlos David de León Argueta, la cifra llegó a 62.

Una de las postulaciones más esperadas fue la de la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, que llegó a la sede de la Comisión 45 minutos antes de que se cerrara el plazo.

Paz y Paz se presentó a la reelección a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) todavía no había resuelto entonces cuándo finalizaba su periodo. Preguntada al respecto, la Jefa del MP comentó que “para mí era muy importante contar con una sentencia de la CC”. Al no darse la misma dentro del plazo de recepción de expedientes, decidió presentarse, con el fin de dar continuidad a los procesos iniciados en el MP. “Era necesaria mi postulación”, indicó.

Planes de trabajo

Algunos aspirantes comentaron los planes que llevarán a cabo de llegar a ocupar el cargo. Eunice Mendizábal, viceministra Antinarcóticos, explicó que mejorará debilidades como “el delito común”, que no han sido atendidas. “Ampliar métodos especiales de la Ley contra el Crimen Organizado, entregas vigiladas de agentes encubiertos, ampliar la cobertura del modelo de atención integral a las fiscalías, y llevar la tecnificación del trabajo en la escena del crimen a todo el país”, propuso Paz y Paz.

Anabella de León, actual registradora de la Propiedad, que se mostró “preocupada” porque el actual MP realice persecución penal “solo de delitos de alto impacto social”, comentó que la institución está dañada por lo que presentó su plan de siete puntos.

Repiten postulación

Varios candidatos presentados se habían postulado también en el último proceso de 2010. Además de Paz y Paz, llegaron Julio César Rivera Clavería, Leopoldo Liu, Edgar Enrique Lemus Orellana, Óscar Rolando Contreras, Marco Antonio Cortez Sis, Edgar Abel López Sosa y Marco Antonio Villeda Sandoval

Solo la Fiscal General, Lemus Orellana y Villeda Sandoval conformaron la nómina de seis aspirantes que la postuladora presentó al Presidente de la República hace cuatro años.

Carmen Quintela

http://www.elperiodico.com.gt/es/20140308/pais/243879/

César Barrientos se quitó la vida, según informe del Inacif

Concluidos los análisis científicos al cuerpo de César Barrientos Pellecer, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público confirmó que se suicidó, según el informe rendido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Claudia Paz y Paz, fiscal general, informó que los análisis arrojaron que el magistrado tenía en la mano derecha residuos de pólvora, y que solo hubo un disparo en el vehículo en que se conducía. Además, la bala coincide con el arma de fuego utilizada.

Por medio de la necropsia se descubrió que el disparo fue a corta distancia. Paz y Paz no descartó que el arma de fuego estuviera asignada al magistrado y pertenezca a la CSJ.

“Las conclusiones de la investigación de campo y científica entregadas a la Fiscalía es que él se provocó el disparo”, expuso.

Los análisis no inculpan al piloto ni al guardaespaldas del magistrado, pues sus cuerpos no tenían restos de pólvora.

“El celular no se tocó y se dio aviso al Ministerio Público. Esto evidencia que nunca se lo llevó. Ojalá que no le borren nada porque debe tener valiosa información”, afirmó Pellecer.

Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dijo que está anuente a apoyar en la investigación del caso.

Dilema para elegir sucesor

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, que se quedó con 12 magistrados, deberá integrarse hoy nuevamente.

El Consejo de la Carrera Judicial no envió ayer el aviso de la vacante de César Barrientos. Los diputados discurren acerca de a quién apoyarán de una lista de 13 magistrados suplentes. Seis  despiertan dudas.

Los magistrados Gabriel Medrano, Mynor Franco y Héctor Maldonado coinciden en que, según la Ley del Organismo Judicial, debe llamarse a un presidente de sala para suplir la ausencia de Barrientos. Pero no coinciden en quién.

Para Jorge Mario Barrios Falla, jefe del bloque de Todos, hay vacío legal. La elección de los  candidatos Jaqueline España, Elda Nájera Sagastume y Manuel de Jesús Pocasangre Ávila   fue anulada. A su juicio, no tienen impedimento de ser electos, pues son suplentes.   En el caso de Hilda Morales, no era procuradora adjunta cuando fue electa, pero ahora sí lo es. Jorge Mario Valenzuela,  presidente de la Sala Primera de Apelaciones, Jorge Valenzuela y Óscar Sequén Jocop son candidatos al Tribunal Supremo Electoral.

POR HUGO ALVARADO Y JOSé MANUEL PATZáN /