El principal comprador en Centroamérica

POR S. MENCHÚ / M.SILVA
Los guatemaltecos han gastado más de US$96 millones en armas en los últimos 15 años, según informe de Iepades.
 EP
Foto: ElPerIódico. La mayoría de armas y municiones que ingresan de forma ilegal está en manos de la delincuencia y el narcotráfico, indica informe.
Guatemala no es un país productor de armas de fuego, pero es el sexto comprador de armas y municiones en Latinoamérica, y el número uno en Centroamérica. En los últimos 15 años, los guatemaltecos han gastado más de US$96 millones, así lo indica el estudio elaborado por Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que muchas personas dan cifras de armas que circulan en el país y no explican de dónde sacaron los datos. “Lo que sí es cierto es que el país está inundado de armas ilegales que pueden estar en manos de cualquiera y no tienen ni control ni huella balística”, explicó.

De León compartió el informe, del  que se eligió algunos párrafos, que explican el tráfico de armas en el país. “En algunos casos, las armas son importadas por intermediarios privados (empresas) y vendidas a particulares e instituciónes públicas”.

El documento enumera las principales formas en que ingresan las armas al mercado negro: transacciones legales, compra al menudeo en países vecinos, cargamentos vía marítima y terrestre, transferencias entre grupos criminales, desvíos de arsenales y por pérdida o robo a los portadores.

El estudio revela que al trasladar “grandes” cantidades por mar o tierra, regularmente interviene una empresa legalmente reconocida que contacta al proveedor en otro país, quien a veces participa a sabiendas del operativo. Luego, el cargamento se oculta mediante una declaración falsa del contenido o se esconde en compartimientos especiales en diferentes tipos de vehículos.

Gobernación busca que el Congreso modifique el Código Procesal Penal, para que las personas capturadas por portación ilegal de arma de fuego no tengan medida sustitutiva y se queden en la cárcel. De León criticó que no exista una acción específica de las autoridades para detener el tráfico ilícito de armas. “Se debe investigar el manejo de armamento de las empresas de seguridad privada. Las armas son el tercer articulo más robado”.

Armas registradas

La Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) reporta 460 mil armas registradas para uso civil (pistolas, revólveres y escopetas), deportivas o de colección, y otros tipos (fuerzas de seguridad del Estado).

El departamento de Guatemala tiene la mayor cantidad de armas, seguido por Jutiapa y Escuintla.

 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20130704/pais/230579

“El tráfico de armas de EE. UU. hacia Guatemala es mayor del que pensábamos”: Colby Goodman

POR REDACCIÓN EL PAÍS Y AGENCIAS

El diario español  EL PAÍS publicó un reportaje sobre la cantidad de armas que se trasiega en Guatemala, y explica el escenario nacional.

Un informe reciente del centro Woodrow Wilson alerta de la trascendencia de tránsito de armas desde Estados Unidos hacia el denominado Triángulo de la Muerte –Honduras, El Salvador y Guatemala–, una de las zonas con la mayor tasa de homicidios por armas del planeta, fortalecida por el narcotráfico y la corrupción.

“El tráfico de armas de EE. UU. hacia Guatemala es mayor del que pensábamos”, señala en conversación telefónica Colby Goodman, autor del estudio del Wilson Center. En general, la mayor parte de esas armas acaba en manos de los narcotraficantes, que las emplean para proteger los alijos de droga con destino a EE. UU., un círculo vicioso que incrementa la espiral de violencia de una de las regiones con mayor criminalidad del hemisferio. El cartel de los Zetas se ha establecido en los últimos años en Guatemala, para asegurar sus rutas de narcotráfico. Tras asesinar a 11 miembros de un cartel guatemalteco en Zacapa en 2008, las autoridades estadounidenses rastrearon dos de las pistolas empleadas en la matanza, hasta una armería de Texas. Este es solo uno de los abundantes ejemplos del tránsito ilegal de armamento entre el norte y el sur de la región.

El Salvador y Guatemala tienen arsenal suficiente para surtir a cada uno de sus soldados con siete armas, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas publicado en 2012. El documento ha calculado en más de un millón las armas que circulan en Guatemala, de las que solo 450 mil están registradas. En este país, ocho de cada diez homicidios se producen por heridas de bala, y de ellos, entre cuatro y 22 pueden vincularse a una misma arma, generalmente ilegal, de acuerdo con el Ministerio del Interior guatemalteco.

En 2009, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) concluyó que 2 mil 687 de las 6 mil armas halladas en un búnker en Guatemala –el 40 por ciento–, habían sido fabricadas o compradas en EE. UU. En los últimos cinco años, la fiscalía de este país ha llevado a cabo 34 investigaciónes relaciónadas con el tráfico de armas de EE. UU. hacia Guatemala, en las que estaban implicadas más de medio millar de armas de origen estadounidense. Estos hechos evidencian cómo la circulación ilícita de armamento se está abriendo paso hacia Centroamérica. Este acuerdo permitió establecer que, entre 2006 y 2009, el 34 por ciento de las armas decomisadas a la delincuencia y el crimen organizado guatemalteco fueron ingresadas ilegalmente desde EE. UU.

La Fiscal General de Guatemala también señaló a Honduras como una de las principales vías de acceso de armas hacia este país. “En Guatemala, en particular, y en Centroamérica, en general, hay muchas armas porque el sistema legal es bastante más laxo”, señala Goodman, quien llama la atención, no obstante, sobre la necesidad de revisar, igualmente, la legislación de EE. UU.

La Administración Obama aprobó una disposición que obliga a los proveedores de armas de los Estados de la frontera a informar de las ventas de armas voluminosas, una medida de seguridad para prevenir la circulación ilícita .

La ATF documenta que se han rastreado transacciónes en Georgia, Kansas, Missouri y Washington.

“La forma de contrabando respecto de México, aunque es similar en muchas cosas, también mantiene diferencias. En el caso de Guatemala, muchos supuestos involucran a ciudadanos guatemaltecos que viven en EE. UU., que compran el arma aquí y se la envían a un familiar allí a través de terceros que viajan a ese país o de  guatemaltecos que trabajan en la agricultura estadounidense”, explica Goodman.

En su estudio expone las dos principales vías por las que los traficantes hacen llegar las armas a Guatemala: escondidas entre otros objetos en paquetes enviados a través de México o facturadas en vuelos directos.

Gobernación comprará 33 mil armas sin licitar

El Ministerio de Gobernación comprará en las próximas semanas 33 mil armas por excepción (sin licitar) para la Policía Nacional Civil (PNC). Carmen Rosa de León ve con preocupación que exista un intermediario en el proceso, porque se pueden “privilegiar” intereses particulares. “Lo importante es qué va a pasar con las armas que tienen actualmente, porque ahí podría estar la fuga”, dijo.

“Nuestra posición geográfica  es envidiable para el crimen organizado, porque finaliza el puente hacia el norte de drogas y al sur en dólares y armas”.

Mauricio Lopez Bonilla,  ministro de Gobernación.

8/10 

Homicidios se registran en el país por heridas de bala.

1

Millón las armas que circulan en Guatemala.

450 

Mil armas están registradas en el país.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20130704/pais/230580

Diferencias en torno a estado de Sitio

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, acudió ayer ante los jefes de bloques del Congreso para justificar el estado de Sitio en municipios de Jalapa y Santa Rosa, pero fue criticado por los representantes de los partidos de oposición.

POR JESSICA GRAMAJO

La medida del Gobierno fue discutida durante una convocatoria que hizo el presidente del Congreso, Pedro Muadi, a los jefes de bloques, a la que acudieron nueve representantes de las 14 bancadas.

López Bonilla enfatizó que el estado de Sitio se decretó debido a que, después del supuesto secuestro de 23 policías, concluyeron que era necesaria la presencia del Ejército.

“Me siento satisfecho con los resultados del estado de Sitio. Se han logrado 14 detenciones y 86 allanamientos. También se ha recuperado una pistola y algún armamento menor”, dijo.

Sin embargo, el ministro reconoció que falta recuperar armamento, incluidas cuatro mil 500 candelas de dinamita, las cuales “es más que seguro que ya no se encuentran en ninguno de los lugares donde está el estado de Sitio”.

Rechazo

Para justificar la decisión, López Bonilla presentó un video para evidenciar que ha habido uso de armas de fuego por parte de “la delincuencia organizada en esos lugares”.

La diputada de Encuentro por Guatemala Nineth Montenegro consideró innecesario declarar estado de Sitio.

“Se evidencia que hubo flagrancia, y usted —el ministro— dice que tienen identificadas a las personas. Entonces solo debieron emitirse las órdenes de captura”, manifestó.

Amílcar Pop, diputado de Winaq, solicitó la lista de delitos por los que se capturó a varias personas y desde cuándo se había emitido la orden de captura, pero López Bonilla indicó desconocer esos detalles.

http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Diferencias-torno-Sitio_0_916108402.html

Defienden al Parlamento Xinca de acusaciones por conflictividad

POR PAOLINA ALBANI

Representantes de la marcha campesina popular se pronunciaron ante los sucesos protagonizados por los pobladores de San Rafael Las Flores, Santa Rosa y Santa María Xalapán, Jalapa, en donde resultaron heridos seis comunitarios el pasado sábado 27 de abril, en horas de la noche.


La marcha campesina expresó su repudio ante la “represión” que el gobierno de Otto Pérez Molina está programado a cabo contra la población, asimismo se solidarizaron con las víctimas que luchan contra el proyecto minero en la defensa de sus tierras y territorio.

Daniel Pascual, del Comité Unidad Campesina (CUC), aclaró a los presentes que el Parlamento Xinca no está involucrado en las acciones de ese sábado por lo que pidió que el Ministerio Público  investigue qué fue lo que realmente pasó.

El activista también indicó que la Policía detuvo anteriormente a comunitarios sin fundamento alguno, cosa que quedó demostrada ya que pudieron conseguir su libertad. Actualmente se sabe de un policía murió en uno de los cuatro enfrentamientos que dio inicio a finales de año pasado.

ESTADO DE EXCEPCIÓN
Acerca del estado de Excepción que podría imponer el Presidente a la región, el colectivo dijo que esto no es posible sin que se socialice la propuesta. Para Pascual la única salida a este conflicto por medio de políticas que protejan y garanticen la protección de los pobladores y sus territorios.

El activista hizo un llamado al gobierno a que cese la violencia en contra de los habitantes y pidió el retiro inmediato de la mina, que aseguran afectará a la tierra y enfermará a los pobladores, como ha pasado en otros proyectos mineros en Perú y Brasil.

ESTUDIOS IGNORADOS
Acerca de los estudios que el colectivo ha realizado sobre el impacto ambiental del megaproyecto, aseguran que fueron presentados informes sobre la futura situación del territorio donde se construye la mina, al Ministerio de Energía y Minas, pero que no fueron tomados en cuenta.

Según información proporcionada se han realizado ocho consultas populares y todas han dado como resultado el rechazo de la población por la instauración de la nueva planta que servirá a la mina de San Rafael Las Flores, aun así ayer se firmó el convenio que permitirá a la mina explotar alrededor de 280 hectáreas en busca de oro y otros minerales.

Pascual dijo también que la presencia policial en Santa Rosa es una pantalla ya que se sabe que llegaron a la comunidad para combatir los índices de criminalidad, pero  se les ha visto guardar los alrededores de la mina.

ANTECEDENTES
Fue el 3 de abril, según Andrés Dávila, encargado de Comunicación de la mina aludida, quien dijo que el proyecto se encuentra actualmente en fase de construcción, al finalizar esta etapa la mina empezara con su contrato de 25 años de explotación mineral.

VERSIONES
Hasta el momento se manejan dos versiones. La del gobierno es que los seis líderes que se oponen al proyecto minero ingresaron a la mina a la fuerza y fueron repelidos por los agentes de seguridad privada del lugar, con armamento no letal, según declaraciones del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

La otra versión, la de los campesinos en resistencia, un grupo de seguridad, de quien no se sabe su origen, atacaron a los líderes en la calle. Ambas partes esperan que el Ministerio Público esclarezca la situación.

 

http://lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/177053-defienden-al-parlamento-xinca-de-acusaciones-por-conflictividad

Pobladores de Xalapán retienen a 23 policías, Ministo los acusa de plagio

POR SOFÍA MENCHÚ

El problema  se registró horas después de que el Presidente firmara un convenio con representantes de la mina San Rafael y varios alcaldes de Santa Rosa y Jalapa.

Anoche, al cierre de la edición, 23 agentes de la Dirección de Fuerzas Especiales Policiales (Difep),  permanecían retenidos por un grupo de pobladores de Santa María Xalapán, Jalapa. Los agentes fueron interceptados  cuando retornaban de la cabecera departamental hacia la ciudad capital.  El viceministro de Gobernación, Edy Juárez, responsabilizó a Roberto González Ucelo, uno de los líderes xincas del lugar, “del plagio de los agentes”, ya que aseguró que los policias no realizaban ninguna acción en contra de los pobladores, solo pasaban por el lugar.

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que la comunidad se percató de que el contingente iba desalojar a un grupo de campesinos que permanecen en resistencia pacífica frente a la mina San Rafael, por lo que interceptaron la caravana.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que giró instrucciones al Director de la Policía para interponer una exhibición personal de los agentes y una denuncia ante el Ministerio Público en Jalapa, en contra de los líderes, ya que considera que se trata de un secuestro.

Firman convenio

Horas antes de este hecho, el Ejecutivo, los alcaldes de Jalapa, Santa Rosa y representantes de la Minera San Rafael firmaron un convenio de regalías voluntarias por Q5.5 millones. “Los alcaldes no están solos, están autorizados por los  concejos municipales, por eso están aquí”, dijo el mandatario.

Los datos de los ingresos que percibirá el Estado por la instalación de la mina fueron explicados uno a uno por el Presidente, quien no mencionó, durante su discurso, el ataque del 27 de abril contra seis pobladores de San Rafael Las Flores. Hasta que fue cuestionado. “El sábado se dio un incidente y pueden ver eran muy pocas personas, pero los grupos que se oponen son cada vez más pequeños. La actividad minera va a cuidar el ambiente con responsabilidad y generarán 2 mil 800 empleos. En esa área no hay otra forma en que se puedan dar esa cantidad de empleos”, indicó.

Por este hecho, cuatro de los seis heridos llegaron a la unidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) del Ministerio Público, para ser evaluados por el médico forense. Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), acompañó a las personas y advirtió que denunciará a la Minera San Rafael.

 

“Que no se nos olvide el incidente donde murieron guardias de seguridad de la mina, hay antecedentes violentos en esa zona“. 

Mauricio López Bonilla,  Ministro de Gobernación.

 

La Mina San Rafael en números

US$0.35 centavos que reciba por ventas serán para impuestos y contribuciones.

Q625 millones anuales en impuestos y regalías

Q27 millones a cada municipio (seis municipios)

Q352 millones en Impuesto Sobre la Renta

Q72 millones de IVA

2,800 empleos generará Inversión:

Q3.2 millardos en construcción

Q856 millones en equipo y maquinaría

Q200 millones en compras y servicios de operación

Q65 millones se quedan en San Rafael Las Flores (esto es 11 veces más de lo que recibe del Estado)

 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20130430/pais/227625

Pobladores de San Rafael ofrecen versión de ataque y exigen justicia

POR MARIELA CASTAÑON

Seis pobladores que se oponen a la operatividad de la mina San Rafael, fueron heridos aparentemente por guardias privados que trabajan para este lugar; dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Roosevelt por la gravedad de las heridas. Los comunitarios exigen al Ministerio de Gobernación (Mingob) que deduzca responsabilidad sobre quienes dispararon injustificadamente.


Según los pobladores, la tensión se originó cuando un grupo de vecinos empezó a instalarse en el espacio donde realizan la manifestación pacífica –cerca de la mina-.  El área es custodiada por guardias privados que trabajan en ese lugar y por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Rudy Pivaral, uno de los comunitarios, relató que un extranjero contratado por la mina, fue quien ordenó a los agentes privados que dispararan contra la “basura”, en alusión a los manifestantes.

Información recopilada por la prensa comunitaria indica que ese “extranjero”, podría estar involucrado en otras amenazas contra las personas que se oponen a la mina.

“La orden de disparar la dio un extranjero de aparente nacionalidad chilena, al personal de la mina.  El mismo personero de esta empresa, durante una manifestación pacífica del pueblo de San Rafael Las Flores, amenazó a la gente de pasarles los camiones encima si no se quitaban del camino”, refiere la publicación.
Los guardias atendieron la orden de este hombre que aún no han logrado conocer exactamente su identidad, dispararon con escopetas y con pistolas de Gotcha.
Los vecinos dicen que tanto los guardias privados como los elementos policíacos habrían tenido participación en los incidentes donde resultaron heridos los comunitarios.

Los manifestantes exigieron a la Cartera del Interior que investigue lo sucedido y deduzca responsabilidades, pues no hubo justificación para dispararles.

“Tienen que detener a los que dispararon, aunque ya sabemos que el gobierno no va a hacer nada porque ellos están en complicidad con la mina”, dijo Pivaral.

El pasado 12 de abril, fueron detenidos más de 25 pobladores de este lugar, tras disturbios suscitados.  Las autoridades trasladaron a los vecinos a la cárcel El Boquerón, donde en su mayoría, están recluidos miembros de la Mara Salvatrucha.

HERIDOS

Derivado de la situación seis personas resultaron heridas, dos fueron trasladados a la capital y el resto fue recluido en el centro asistencial de la localidad.

Los más afectados fueron Luis Fernando García Monroy, de 18 años, quien aún se recupera en el Hospital Roosevelt, tras ser atendido en el área de cirugía de dicho nosocomio, pues sufrió una herida de arma de fuego en el rostro.

Adolfo Agustín García, de 42, fue egresado ayer de dicho centro asistencial, según la portavoz Berania López.

Los otros son Wuilmer Pérez, de 17 años; Antonio Humberto Castillo, 48; Noé Aguilar Castillo y Erick Fernando Castillo, ambos de 27 años.

 

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/176989-pobladores-de-san-rafael-ofrecen-version-de-ataque-y-exigen-justicia

López Bonilla afirma que seguridad de minera no utilizó armas letales

POR PAOLINA ALBANI

En el día de la firma del convenio entre la Mina San Rafael y diferentes alcaldías de Santa Rosa y Jalapa, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ofreció una explicación sobre el ataque hacia seis pobladores que se oponían al proyecto de la mina y que fueron heridos el pasado sábado 27 de abril.


Según López Bonilla, debido a un intento anterior por penetrar la misma mina -en enero pasado, cuando fueron asesinados dos agentes de seguridad privada- la seguridad de la empresa tomó como precaución utilizar armamento no letal -balas de caucho- y reforzar la seguridad en horas de la noche.

López Bonilla explicó, al salir del Gabinete de Gobierno, que por  el momento el Ministerio Público analiza la escena donde se suscitaron los hechos y también dijo que  ayer pidió un informe de la Inspectoría General para establecer cuál fue la actuación.

“En este caso, no se tiene evidencia de qué tipo de arma se utilizó. Aunque generalmente se usa el machete, pero no hay evidencia de que esa haya sido el arma utilizada”, dijo el funcionario, al referirse a las supuestas provocaciones de los pobladores hacia la seguridad de la mina.

“Cuando sucede una situación de estas tenemos que reaccionar lo más pronto posible y documentar bien las comunicaciones”, agregó.

REPORTE DE HOSPITALES

Por aparte, fuentes del hospital de Cuilapa y del Roosevelt, donde se encuentran los heridos, reportaron que estas personas fueron heridas con armas de fuego. Uno fue herido en el cráneo y otro en la región lumbar.

Al comentarle esto al Ministro, indicó que prefería expresar su opinión hasta que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses proporcionara los resultados finales.
Cuatro de los seis hombres heridos fueron trasladados al Hospital Nacional de Cuilapa, en Santa Rosa, mientras que los otros dos fueron llevados a la emergencia del Hospital Roosevelt por encontrarse en estado de gravedad.

En este mismo tema, Andrés Dávila, Coordinador de Comunicación Corporativa de Mina San Rafael, manifestó: “Estamos preocupados por la situación y ya estamos colaborando con las autoridades, estamos en la total disposición para que se realicen las investigaciones”.

Dávila prefirió no opinar acerca de la  posibilidad de que el ataque fuera perpetrado por los agentes de seguridad de la mina, al igual que López Bonilla, hasta que las investigaciones del MP demuestren lo que verdaderamente ocurrió.

 

http://lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/176992-lopez-bonilla-afirma-que-seguridad-de-minera-no-utilizo-armas-letales