ONU felicita a Guatemala por procesamiento de once militares

Ginebra / EFE

19 de Enero de 2016 a las 14:34h

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos felicitó hoy a Guatemala por el procesamiento de once militares acusados de asesinar a al menos 558 indígenas que desaparecieron durante el conflicto interno en el país.

Una jueza de Guatemala resolvió ayer procesar a once de los catorce militares retirados acusados de participar de forma “sistemática”  en delitos y matanzas que se pueden considerar “crímenes de guerra”, así como en violaciones múltiples a mujeres y menores de edad durante la década de los 80.

Este caso es conocido como Creompaz debido a que los restos fueron localizados en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz  (Creompaz), en la antigua Zona Militar 21 de Cobán en Alta Verapaz.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU acogió la decisión de la jueza y la consideró como un “paso importante”  para esclarecer la verdad y garantizar la justicia en Guatemala.

La portavoz del Alto Comisionado Ravina Shamdasani señaló en rueda de prensa la importancia de este enjuiciamiento, puesto que se trata de “la primera vez – en Guatemala – que una cadena de mando envuelta en un crimen como este es identificada, desde los instigadores hasta los perpetradores”.

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/onu-felicita-a-guatemala-por-procesamiento-de-once-militares

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Mujeres están en desventaja

Un elevado índice de discriminación hacia la mujer persiste en el país, se estableció ayer durante la segunda jornada del Congreso Nacional sobre Discriminación y Racismo, la cual giró sobre la condición de las indígenas guatemaltecas.

 

Según María Machicado, representante de la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, es alta la discriminación contra las indígenas.

Indicó que por condición étnica se reducen hasta la mitad los ingresos de una persona, y otro tanto igual por ser mujer. Eso equivale a un 75 por ciento de reducción de ingresos, y con ello, de calidad de vida.

“Al llegar a un empleo se cuestiona su vestimenta. En las universidades no usan su traje para ser integradas y sobrevivir la carrera. Son muestras de que el racismo y la discriminación las están excluyendo aún más”, dijo Machicado.

Rosa Tacán, comisionada contra la Discriminación y el Racismo, señaló que faltan cambios en el Estado para modificar las condiciones.

“Solo hay una reforma al Código Penal, no hay una ley específica. Hay un vacío institucional y para que se atiendan los casos debe haber fiscalía y tribunal contra la discriminación”, refirió.

Exposiciones

También se habló de la conflictividad social y consultas comunitarias, y se coincidió en que el Estado favorece la discriminación al no reconocer el derecho de los pueblos originarios.

“La no consulta es expresión de racismo de Estado”, sostuvo el expositor Ricardo Cajas, en la Mesa sobre Consultas Comunitarias.

El Congreso finaliza hoy en el Conservatorio Nacional de Música, zona 1, con el panel La Construcción del Estado Intercultural.

Costo del racismo

La discriminación le cuesta al Estado más de Q6 mil millones.

El 94 por ciento de la población reconoce haber discriminado a alguien.

El racismo es responsable de la reducción de hasta  50 por ciento de los sueldos.

Las mujeres indígenas tienen una disminución de hasta cinco años de escolaridad.

La mortalidad materna predomina en las comunidades indígenas, por la falta de acceso a salud.

POR ÁLEX ROJAS

ONU pide fortalecer sistema de justicia

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala pidió al actual Gobierno, fortalecer el sistema de justicia y dar continuidad a la lucha contra la impunidad en el país; en casos relacionados al crimen organizado, violencia contra la mujer, corrupción, conflictividad social y otras violaciones a DD.HH.

La Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, en un análisis de su reciente visita a Guatemala; compartió que durante los últimos años se han dado “pasos sin precedentes” en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado en el país a través de múltiples coordinaciones interinstitucionales.

No obstante, señaló que hay temas que se han descuidado como el juzgamiento de casos por femicidio, investigaciones por corrupción de funcionarios e implementación de mecanismos de diálogo por autoridades para resolver la conflictividad social que generan proyectos de minería e hidroeléctricas en territorios con poblaciones indígenas.

De esa cuenta, la Relatora Adjunta de la ONU, instó al Estado de Guatemala, a continuar con los esfuerzos gubernamentales contra la impunidad y a fortalecer el sistema de justicia a través de acciones que permitan esclarecer con prontitud, los casos pendientes de resolver por violaciones a derechos humanos.

“Se debe fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos en el Ministerio Público así como ampliar la cobertura de juzgados especializados y dotarlos de los recursos necesarios. Guatemala tiene un sistema judicial que ha demostrado tener capacidad, solo se necesita de suficiente voluntad política para cambiar las cosas”, dijo.

En otro tema, Pansieri expuso la necesidad de asegurar la valoración académica, idoneidad y honorabilidad en las Comisiones de Postulación de aspirantes a cargos públicos, y evitar la injerencia del poder judicial en el próximo proceso electoral para magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.

“Es importante que las Comisiones tengan en cuenta las competencias de los candidatos y se escoja a los mejores. Se deben tener procesos transparentes basados en principios que aseguren la selección de las mejores personas”, agregó la delegada internacional.

Finalmente, al consultársele su punto de vista al Punto Resolutivo 3-2014 recientemente aprobado en el Congreso y que niega la existencia de genocidio durante el enfrentamiento armado interno, Pansieri opinó que “la reconciliación nacional requiere de justicia, no la sustituye”, mencionando a la vez que el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas.

“Nos preocupa que otros poderes del Estado estén opinando sobre graves violaciones ocurridas en el pasado. Para la reconciliación hay que reconocer lo que pasó y donde hubo violaciones, hay que juzgarlas”, puntualizó.

POR MANUEL RODRÍGUEZ

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/196119-onu-pide-fortalecer-sistema-de-justicia-

 

Delegado de la ONU visita Cobán

Con el objetivo de escuchar de cerca los problemas que sufren los comunitarios de la región de Alta Verapaz, Carlos de la Torre, delegado de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunió con representantes de varios municipios.

Funcionario de la Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos conversa con vecinos.

Se refirió a los problemas que afectan en la comunidad Monte Olivo, Cobán, donde fueron ultimados David Estuardo Pacay Maas, de 11 años, y Ageo Isaac Guitz Maas, 13, en agosto del 2013, supuestamente por un exempleado de una hidroeléctrica que se construye en el lugar.

“Venimos a Cobán, con base en nuestro mandato de observación, que implica visitar varios departamentos del país para entrevistar a autoridades y personas donde han ocurrido problemas, como en la comunidad de Monte Olivo, donde existe un proyecto hidroeléctrico al cual se oponen algunos vecinos”, añadió De la Torre.

“Únicamente venimos a escuchar lo que pasa, para buscar la información más objetiva posible”, resaltó.

El sacerdote Marco Tulio Recinos señaló que los testimonios que se escucharon causaron indignación y tristeza.

POR ÁNGEL M. TAX / Alta Verapaz

Oficina de la ONU critica suspensión a Yassmin Barrios

Se enfatiza la falta de independencia judicial y que se sancione a los jueces que han luchado contra la impunidad y a favor de los casos de derechos humanos 

La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas publicó ayer un comunicado donde externan la “preocupación” por la resolución del viernes pasado emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que suspendió por un año a la presidenta del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, Yassmin Barrios.

El CANG notificó a Barrios sobre la inhabilitación, una multa de Q5 mil 040 y la obligación de publicar una amonestación en los principales medios de comunicación del país, porque obligó al abogado Moisés Galindo a aceptar la defensa del exdictador Efraín Ríos Montt durante el primer día del juicio en su contra por genocidio y deberes contra la humanidad. Esto se dio luego de que la jueza expulsó al abogado Francisco García Gudiel, porque consideró que él asumió la defensa de Ríos Montt con el motivo de separar al tribunal del proceso.

“Nos preocupa que dichas acciones se suman a una larga lista de ataques, amenazas e intimidación sufridas por la jueza Barrios, como resultado de su participación en juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 36 años del conflicto armado interno, y cuando el proceso de selección de las altas autoridades judiciales empezará en los próximos meses”, se lee en el referido texto.

El organismo internacional consideró que la decisión del CANG pone en riesgo “la eficaz labor que los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo realizan en el combate a la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, casos de crimen organizado, narcotráfico y otros de gran envergadura”.

 

Apoyo a Barrios

Las entidades internacionales Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI), entre otras agrupaciones, también manifestaron su inconformidad por la resolución del CANG.

Marcia Aguiluz, de Cejil, dijo que el CANG pone en peligro la independencia judicial, porque en un futuro “a cualquiera que no le guste la decisión de un juez podría sancionarlo por medio de una oficina que no es parte del aparato público, que tiene el riesgo de no ser independiente y de actuar políticamente”.

Moisés Galindo interpuso la queja en contra de Barrios ante el CANG.
Moisés Galindo interpuso la queja en contra de Barrios ante el CANG.

Manifestaron su consternación porque interpretan esta medida como una represalia a Barrios por “conocer los casos de justicia transicional”, en alusión a la condena contra Ríos Montt.

La Fundación Myrna Mack se adhirió a estos pronunciamientos y señaló que “esta sanción es una acción política para obstruir la carrera de Barrios, con el fin de impedir su participación en las siguientes convocatorias para elegir a magistrados de las salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia”.

Galindo, quien demandó a Barrios, cree que todos los abogados saben que la Ley de Colegiación Obligatoria y el Código de Ética son parte de la normativa que rige su profesión, sean jueces o en el ejercicio liberal. “Ella me humilló y debe de tener una consecuencia, es una contradicción que ahora no quieran acatar una sanción del CANG”, señaló.

Jueza presenta amparo y apelación

La jueza Yassmin Barrios confirmó a elPeriódico que el lunes pasado presentó dos recursos que pueden revertir la decisión del CANG. El primero fue un amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentando que con su inhabilitación se viola el derecho a la independencia judicial, por lo que busca que le otorguen el amparo provisional que suspendería la decisión del CANG. El segundo fue una apelación promovida ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, quienes deberán estudiar la resolución que la suspende.

 

Por Álvaro Montenegro

http://www.elperiodico.com.gt/es/20140409/pais/245557/

 

 

El candidato para dirigir la CICIG evidenció lujos de Pablo Escobar

La ONU baraja tres nombres, entre ellos el de Iván Velásquez Gómez, exmagistrado colombiano.

En 1992, Iván Velásquez Gómez desempeñaba el cargo de procurador departamental en Antioquia, Colombia, y se dispuso a documentar las condiciones en las que Pablo Escobar, narcotraficante colombiano, permanecía recluido en la prisión de La Catedral. En esa ocasión, el abogado no solo se encontró con el reconocido capo, también con diez de sus sicarios presos en aquel recinto.

Velásquez tomó una cámara y fotografió los lujos que Escobar y sus sicarios tenían en La Catedral. Las imágenes de las habitaciones independientes con camas de agua, televisores gigantescos, cocineros privados, bibliotecas, canchas deportivas y una capilla de oración fueron enviadas a la Procuraduría General (Bogotá), meses después que los medios de comunicación evidenciaron que esa prisión había sido diseñada a la medida del capo colombiano.

Las fotografías evidenciaron que el gobierno de César Gaviria (presidente 1990-1994) había sido permisivo con Escobar. Sin embargo, no sería el primer funcionario colombiano interpelado por el abogado, pues años más tarde investigó a más de cien diputados vinculados a grupos paramilitares de su país, en un caso llamado Parapolítica. Hoy es uno de los principales aspirantes a dirigir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Desde que iniciaron las investigaciones de Parapolítica, coordinada por Velásquez, los tribunales han emitido 23 condenas y se encuentran más de 19 procesos en juicio. Solo en tres casos se dictaron sentencias absolutorias.

Velásquez Gómez dijo a elPeriódico que prefería no emitir comentarios sobre el proceso de elección del próximo comisionado de la CICIG, quien sustituirá al costarricense Francisco Dall’Anese, cuyo mandato termina el  2 de septiembre.

“Estamos esperando ese proceso y no hay ningún comentario que pueda hacer”, declaró Velásquez Gómez al ser consultado sobre su participación en ese proceso.

Diego Álvarez, portavoz de la CICIG, explicó que la elección del próximo Comisionado se realiza a puerta cerrada en las Naciones Unidas, y que será el secretario general, Ban Ki-moon, el encargado de hacer público el nombre del elegido para ese cargo.

Turbulencia 

La confirmación de que Dall’Anese había abandonado Guatemala generó una serie de turbulencias alrededor de la CICIG. Ayer se hizo público que Héctor Hugo Pérez, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), habría recibido presiones de Thomas Pastor, secretario de esa Comisión, para que autorizara la extradición del expresidente Alfonso Portillo.

El presidente Otto Pérez Molina declaró al respecto: “Hay una denuncia que tendrá que ser aclarada por la CICIG, es un tema que se tendrá que definir si fue una actuación de alguno de los miembros de la institución y qué grado de responsabilidad tiene”.

El sector empresarial, aglutinado en el CACIF, también se pronunció por medio de un comunicado, en el que señalan que Dall’Anese se “extralimitó” en sus funciones “al arremeter contra una sentencia emitida legítimamente por la máxima instancia constitucional de Guatemala”.

Álvarez dijo que la información publicada sobre supuestas presiones a la CC “se trata de un malentendido”. “Es extraño que se hagan señalamientos como ese, en un momento en el que no han elegido Comisionado, es obvio que lo hacen con una doble intención y es dañar a la CICIG”, enfatizó Álvarez.

Escaso avance en inclusión indígena

POR ALEX F. ROJAS

Un avance insuficiente para atender los problemas sociales y superar la discriminación y racismo  a los pueblos indígenas son parte de las conclusiones de la Evaluación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre  los Derechos de los Pueblos Indígenas

Aún falta reconocer la autoridad ancestral y comunal que en las poblaciones indígenas son legítimas y cuentan con el respeto y reconocimiento de la comunidad, para resolver conflictos.

Aún falta reconocer la autoridad ancestral y comunal que en las poblaciones indígenas son legítimas y cuentan con el respeto y reconocimiento de la comunidad, para resolver conflictos.

Se pretende que las consultas comunitarias tengan   valor frente a la decisión del  Estado de conceder tierras  para explotación de riquezas naturales.Se pretende que las consultas comunitarias tengan valor frente a la decisión del  Estado de conceder tierras  para explotación de riquezas naturales.

La modificación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es necesaria para cambiar el modelo de inclusión indígena, que es débil, sin representación legítima y participación en cargos públicos.La modificación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es necesaria para cambiar el modelo de inclusión indígena, que es débil, sin representación legítima y participación en cargos públicos.

Jacobo Bolvito

La evaluación se da a conocer con ocasión del Día  de los Pueblos Indígenas, que se celebra mañana.

El informe fue elaborado por el experto independiente y vicepresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, el guatemalteco Álvaro Pop, luego de ocho meses de trabajo y 300  encuentros con  más de mil participantes.

El documento plantea la necesidad de convocar a una asamblea nacional constituyente  como única vía para que  a través de una reforma a la  Carta Magna  se beneficie la integración de los pueblos originales.

Según Pop, el objetivo del proyecto era evaluar el avance de Guatemala, luego de seis años de haberse firmado la Declaración  sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Resalta en la evaluación que hay una brecha entre el sistema político y social del país con las necesidades de una gran mayoría que pertenece a los pueblos indígenas, y conflictividad motivada por la falta de acceso a la tierra y explotación de recursos naturales.

“Cuando esto sucede en un país donde hay mayoría de población y está vinculada mayormente a la agricultura, ahí tenemos una posibilidad de mantener posiciones encontradas”, explicó Pop.

Mayoría reducida

El principal contraste que destaca el informe es que se reconocen 25 comunidades lingüísticas, todas con el mismo derecho de acceder a los sistemas de salud, educación, justicia y participación política, pero que en la práctica no se cumple.

En 122 de los 334 municipios, la población indígena supera el 80 por ciento, con predominio de idiomas mayas.

Pese a esos datos, la concentración de poder, inversión y  servicios se limita a áreas rurales, señala la evaluación.

El reporte   incorpora la opinión de varios sectores, que coinciden en  que la presencia indígena en la administración pública no tiene relación con el número de población originaria que habita el país.

Agrega que  “los pueblos indígenas son asimilados a partidos políticos tradicionales que tienen la intención de utilizar a indígenas para incorporar una imagen incluyente a sus campañas políticas”.

Pop sustenta esta afirmación en que “hay una vida política ciudadana y una vida cotidiana que  se encuentran solo en el proceso de campaña electoral, y ahí—es donde— los partidos buscan a la gente y después se divorcian”.

Además, según el experto, se necesitan cambios ideológicos antes de hacer las oportunas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Sin embargo, antes se debe impulsar la reforma a la Constitución, subraya el informe, mientras  Pop resaltó que esa idea es alcanzable y  que ya ha sido discutida en las esferas políticas.

“Urge una reforma constitucional, por medio de una asamblea constituyente, que incluya el reconocimiento del derecho a la participación desde una perspectiva propia de los pueblos indígenas”, concluye  la evaluación.

Para Julián Catú, del Fondo de Desarrollo Indígena, ha existido  un intento de cerrar las brechas de exclusión, pero desde una lógica integracionista y no como   nación.

Acceso a servicios

Siete derechos son evaluados en el estudio elaborado para la ONU, donde destaca el acceso a salud, educación  y   justicia.

Estos puntos estarían limitados a áreas urbanas con población ladina, con lo que se incumpliría el compromiso firmado por el país en la ONU, en el 2007.

Según la evaluación, aún no se reconoce el derecho y autoridad indígena y el sistema de justicia no ofrece idiomas mayas.

“Niegan su reconocimiento o plantean su asimilación a métodos alternativos de resolución de conflictos al derecho formal. Otros sectores lo asocian con actos de linchamiento, como estrategias de descalificación para el rechazo generalizado de la sociedad”, apunta el informe.

De acuerdo con Pop, “la pregunta es por qué siendo ciudadanos del propio país se necesita traducción y  el sistema no  habla su propio idioma, que lleva más de mil 200 años hablándose”.

El experto añadió: “La gente, desde hace  más de 700 años tiene mecanismos propios de resolución de conflictos, que le han permitido sobrevivir y les permite tener una vida comunitaria con virtudes y defectos”.

En educación, la cobertura sigue siendo limitada y se mantiene una brecha de hasta tres años de escolaridad respecto de la población ladina, resalta el documento.

Se mantiene una educación patriarcal que no permite espacios a las niñas y mujeres,  y estas “se niegan a asistir a la escuela porque creen que ellas algún día se casarán y serán mantenidas por sus esposos”.

“La mayoría —de maestros— no habla los idiomas ni se exige que se hable, cuando hay 187 municipios con más del 80 por ciento  de población indígena”, señaló Pop.

Catú reconoce que el predominio del idioma español, por sí ya es una barrera para el resto.

“Nos piden que entendamos al otro desde el pensamiento occidental y no desde nuestro idioma y cosmovisión. Nos imponen aprender el idioma castellano”, refirió Catú.

“Si creemos que el empuje al desarrollo es el mismo en todos lados, la conflictividad va a continuar. No solo se trata de poner un hospital, escuela o carretera, sino de mejorar las condiciones de la población”, afirmó Pop.

Minería y territorio

Daños ambientales, pocas regalías y cambio de uso del suelo son problemas que actualmente causan conflictividad.

“Si el Estado mantiene una posición absolutamente vinculada con los intereses mineros, petroleros, y no toma en cuenta un diálogo real, concreto y beneficioso a las comunidades, la conflictividad continuará”, aseguró Pop.

Además, entidades dedicadas a facilitar acceso a la tierra cuentan con poco presupuesto y no existe un proceso coercitivo de venta de tierras ociosas.

Inversión  

Actitud empresarial

Para Jacobo Bolvito, comisionado presidencial contra la Discriminación y el Racismo, el Estado aún necesita ofrecer incentivos y subsidios a áreas rurales con potencial para negocios y generación de empleo.

Marginación

Problema histórico

Las condiciones desiguales tienen su origen en   la época de la  Colonia y de ahí  hasta la fundación del Estado el sistema no ha cambiado, porque no se pretende una integración como nación, según Julián Catú, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.

Desigualdad

Privatizan servicios

Según Álvaro Pop, el desarrollo está ligado al acceso a servicios básicos que en el país están privatizados y en abandono en el área rural, donde aunque se ofrezcan no se hace en el idioma local, lo que  limita  el acceso a ellos.

Convenio

2007 cuando se   firmó el pacto sobre indígenas.

Revisión

7 ejes se evaluaron en el estudio.

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Escaso-avance-inclusion-indigena_0_970702942.html