El procurador bendecido

26 07 17, Plaza Publica, por Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa

Jordán Rodas Andrade logró la bendición de políticos, empresarios, religiosos, líderes sociales y de la comunidad internacional para ser elegido como nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Esta es la historia de cómo obtuvo la venia de grupos opuestos entre sí para alcanzar su objetivo.

A los cinco minutos de concluida la votación en la que fue electo con 131 votos de los 133 legisladores que participaron en la sesión plenaria del 19 de julio, el abogado quetzalteco Augusto Jordán Rodas Andrade ingresó al Palacio Legislativo de la mano de su esposa Adriana de Rodas y su hija Aroa Valeria de 4 años. Sabía que él sería el elegido como el nuevo Magistrado de Conciencia y quería que estuvieran a su lado durante su juramentación. Desde al menos 24 horas antes de la elección en el Congreso, y después de un intenso proceso de visitas, presentaciones y convencimientos, Rodas había logrado la venia de los grupos, partidos y poderes facticos del país —por otras causas, intereses y luchas enfrentados entre sí— para ser el nuevo Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

Obtener la bendición de los 15 partidos políticos del Congreso y del bloque independiente para ser electo por unanimidad como el sucesor de Jorge de León Duque no ocurrió de la noche a la mañana ni por la buena voluntad de los diputados. Su elección fue el resultado de una laboriosa estrategia de cabildeo y negociación concebida por su amigo Edgar Gutiérrez Girón, el hábil excanciller de Alfonso Portillo (2000-2004) y destacado analista político, y apoyada por su también amigo, Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana. Esta incluyó, desde su nominación como aspirante, hasta la negociación y convencimiento de actores tan disímiles en el escenario político del país como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el poderoso sector empresarial, la Iglesia Católica, la embajada de los Estados Unidos, los jefes de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN), hasta el presidente Jimmy Morales.

Rodas Andrade es un tipo bonachón que a todo mundo cae bien, con poca experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, pero con una trayectoria política y profesional intachable. Hasta hace un par de meses, antes de iniciar la carrera por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se desempañaba en las tardes como docente de derecho en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) de la Universidad de San Carlos —de donde se graduó como Abogado y Notario—, y en las mañanas en su bufete privado en Quezaltenango en donde diligenciaba casos de derecho constitucional, contencioso administrativo y civil. “Nada de penal, porque eso no es mi fuerte”, aclara. En 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados de Guatemala, cargo que finalizó el pasado 20 de marzo. En la municipalidad de su natal Quetzaltenango fue elegido sindico segundo (1996-2000) y concejal noveno (2004-2008). En las elecciones de 2007 se presentó como candidato a alcalde, pero fue derrotado por Jorge Barrientos.

Su experiencia en el campo de los derechos humanos se centra en su lucha y la de su familia por buscar justicia en el caso de la desaparición de su hermano Joaquín Rodas Andrade, el 2 de marzo de 1985, a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Su experiencia en el campo de los derechos humanos se centra en su lucha y la de su familia por buscar justicia en el caso de la desaparición de su hermano Joaquín Rodas Andrade, el 2 de marzo de 1985, a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El nombre de su hermano apareció junto al de 182 más en el Diario Militar, el dosier que documenta el registro de las personas desaparecidas por el Ejército entre agosto de 1983 y marzo de 1985. Rodas Andrade es uno de los peticionarios en el proceso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por este caso.

“Fue muy duro que en este proceso de elección me recordaran a mi hermano y que algunas personas lo quisieran usar en mí contra o a mí favor”, lamenta.

Al momento de su secuestro, Joaquín Rodas era dirigente de la Asociación de Estudiantes del CUNOC y militante de la Juventud Patriótica del Trabajo, ala del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). “Esto es algo muy duro que vivimos como familia y sí, deseo que se establezca la verdad sin ánimo de venganza, solo de justicia”, señala. Su nuevo cargo no le impedirá continuar buscando justicia por este caso. Su lucha seguirá, asegura, hasta encontrar los restos de su hermano para darles sepultura. “Sería muy saludable que encararan su responsabilidad aquellos que cometieron excesos. Mi mamá sigue creyendo que él podría estar vivo”, agrega.

Rodas Andrade también fue dirigente estudiantil en el CUNOC, pero no militó en ni ninguna organización revolucionaria. En su familia, explica, hay diversidad de posiciones y pensamientos políticos e ideológicos. Con orgullo habla de sus primos Hugo Rodas Martini, director de Obras de la Municipalidad capitalina y fiel colaborador del alcalde Álvaro Arzú, y de Úrsula Roldán Andrade, académica e investigadora de la Universidad Rafael Landívar.

Fue Edgar Gutiérrez quien lo invitó a evaluar la posibilidad de participar como candidato para Procurador de los Derechos Humanos. Junto a Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, organización de la cual Rodas Andrade fue miembro de la Junta Directiva desde 2007 hasta antes de postular su candidatura, lo animaron para que elaborara su expediente y lo entregara a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Rodas guarda distancia respecto al papel desempeñado por Gutiérrez y Marroquín en su carrera por la oficina del PDH. Asegura que “todo el trabajo” lo realizó solo, “sin ayudas”; atribuye a sus habilidades de ajedrecista profesional la estrategia que puso en práctica para lograr la bendición de tirios y troyanos, y repite hasta el cansancio que no ofreció “nada a nadie”, que “no hubo pactos ni acuerdos”, que “no sabía” que, por ejemplo, la embajada de los Estados Unidos y la CICIG, cada cual por su lado y con sus propios métodos, presionó en el Congreso para sumar votos a su favor. Todo fue, explica, “por mi plan de trabajo”.

Al ser consultado sobre su apoyo a Rodas Andrade, Gutiérrez lo reconoce: “lo animé a trabajar su postulación”, aunque matiza que se trató solo de “un apoyo moral”. “Me parece integro, profesional y sensible de las necesidades de la población más vulnerable, en especial pueblos indígenas, niñez y mujeres” comenta.

Por su parte, Manfredo Marroquín admite que “se le ayudó al hablar bien de él”, además asegura que lo conoce desde hace más de 30 años y cree que es “un tipo limpio, que sabe escuchar y no es radical en nada”. El apoyo de ambos se mantuvo “de bajo perfil” para evitar que diputados que no simpatizan con ellos se negaran a otorgar sus votos.

Los hilos de Todd e Iván

Al menos cinco diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso admiten haber recibido “presiones” o “sugerencias” de nombres de candidatos para que fueran incluidos en la terna que presentaron al pleno para la elección definitiva del nuevo Procurador, por parte de otros diputados que no estaban en la Comisión, la embajada de los Estados Unidos y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Joe Relk, hasta hace unas semanas asesor político-económico de la embajada estadounidense, fue delegado por el embajador Todd Robinson para ese fin. Durante los abrazos en las despedidas oficiales previo dejar su cargo, Relk abogó para que fueran incluidos en la terna los abogados Claudia María López David, Nery Rodenas y Rodas Andrade.

“Por supuesto que había presiones; por eso era tan complicado lograr acuerdos. Se interpusieron juicios, se amenazó con buscar a otros candidatos y repetir la terna”, dice en voz baja un integrante de la comisión. “Como hay varios diputados con la cola machucada, con información por la que se les puede presionar si no colaboran, y eso se hizo”, agrega. “Se les recordó algunas cosas para que votaran a favor de los candidatos de la embajada y la CICIG”.

El interés de la embajada estadounidense en esta elección, según diputados de diversos bloques consultados, era asegurarse que el próximo Procurador de los Derechos Humanos sea un personaje afín a la alianza MP-CICIG-Embajada-Sociedad Civil en la lucha contra la corrupción e impunidad y por las reformas a la Constitución, como lo ha sido De León Duque.

Los diputados Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, Sandra Morán de Convergencia, y Raúl Romero de Fuerza, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, aseguran que cumplieron con los requisitos que establece la Ley de Comisiones de Postulaciones y que los tres candidatos incluidos en la terna reunían todas las cualidades académicas y morales para ocupar el cargo.

Varios legisladores también admitieron haber escuchado como “sugerencias” de parte de otros diputados, miembros de la Sociedad Civil y de la CICIG, los nombres de cinco candidatos que “serían bien vistos” por esa comisión para ser incluidos en la terna. “El argumento de la CICIG era que no tenían procesos ni investigaciones”, dice un diputado que integró la comisión postuladora. Entre los cinco se encontraban López David y Rodas Andrade, los dos que junto a Ricardo Efraín Alvarado Ortigoza finalmente fueron elegidos para integrar la terna. “No es bueno pelearse con la CICIG ni con la embajada”, dijo otro legislador que reconoció su temor por perder la visa.

La presión de la Embajada y la CICIG en la comisión postuladora, según diversas fuentes, habría sido tal que incluso los diputados Patricia Sandoval de FCN, Carlos Fión de CREO, Álvaro Arzú Escobar del partido Unionista y Eduardo Zachrisson del PAN, cedieron en sus intentos de incluir en la terna a los abogados Jorge Luis Borrayo Reyes y José Alejandro Córdova, a quienes consideraban más adecuados a sus intereses políticos.

—No sé si tengo la bendición de todas las entidades. Si me ven con beneplácito, en hora buena. Una razón más para no fallarle al pueblo de Guatemala, que es al que me debo —responde el PDH electo.

—¿Cómo logró la bendición de la Embajada de EE.UU. y de la CICIG?

—No sé si tengo la bendición de todas las entidades. Si me ven con beneplácito, en hora buena. Una razón más para no fallarle al pueblo de Guatemala, que es al que me debo —responde el PDH electo.

Asegura que “nunca” ha hablado con el embajador Robinson, y que con Iván Velásquez, jefe de la CICIG, apenas ha coincidido en un par de ocasiones, pero en ninguna hablaron sobre su candidatura.

—Yo desconozco esos extremos —responde sobre el papel que Embajada y CICIG desempeñaron en la elección—. Y si fue así, si en algo ayudó, agradecido con los esfuerzos nacionales e internacionales. Al final fue el soberano Congreso quien tomó la decisión abrumadora. Eso me legitima —sonríe satisfecho.

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Reconoce, eso sí, haberse reunido “para presentarles mi plan de trabajo”, con el arzobispo metropolitano Óscar Julio Vian; con los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); con líderes de los pueblos indígenas, migrantes, de mujeres y de diversos grupos de la Sociedad Civil. También lo hizo con los diferentes bloques de diputados a los que pidió su voto: “A cambio de nada”, asegura. “Si votaron por mí fue por mi plan de trabajo; por mis propuestas”.

Propuestas que se resumen en fortalecer la presencia de la institución del PDH en el interior del país, coordinar sus acciones con el Congreso —del cual el Procurador es comisionado—, fiscalizar la gestión pública, y dar apoyo a los migrantes.

Aunque asegura que ningún partido o diputado pidió nada a cambio de votarle, algunos legisladores reconocen haberle dado algunos consejos: “No me vayas a resultar comunista, es todo”, le dijo un legislador. “No vayas a meterte en las naguas de Thelma (Aldana)”, la Fiscal General; “Ni a ponerte a las órdenes de los gringos y la CICIG porque nos tienen muy jodidos”, le dijeron otros.

Rodas asegura que durante su gestión, en lo que le corresponda, apoyará el trabajo del Ministerio Público y de la CICIG. También mantendrá la participación de la PDH en el G4, la instancia de coordinación política en la que convergen con la Universidad de San Carlos, y las cúpulas de las iglesias católica y evangélica, así como en la Secretaría Técnica de las reformas constitucionales. Apoyará esta instancia, dice, “porque las reformas al sistema de justicia son importantes”, pero, aclara, “personalmente creo que las reformas a la Constitución deben ser integrales”.

Samy Morales y una reunión incómoda

La estrategia para llegar a la PDH llevó a Jordán Rodas hasta el presidente Jimmy Morales. Por su propia iniciativa, asegura él; por consejo de sus amigos y asesores, dicen otras fuentes. Hablar de cómo ocurrió el encuentro con el mandatario, quiénes fueron los enlaces para realizar el encuentro, quiénes estuvieron presentes en la reunión y qué trataron en ella, incomoda al PDH electo.

Sobre ese encuentro hay al menos dos versiones encontradas. La suya, llena de contradicciones, silencios incómodos y nerviosismo, sostiene que se trató de una reunión informal en la que no discutió nada en particular. “Solo creí necesario que me conociera. Le compartí la visión que yo tengo para la institución”, porque como parte del Estado, “el Presidente es un actor importante”. “Obviamente él me escuchó, que ya es bastante”.

La otra versión, repetida a Plaza Pública por tres fuentes diferentes, sostiene que el enlace para el encuentro fueron el asesor presidencial en temas legislativos y políticos, Giovanni Estrada Zaparolli, y el hermano del mandatario, Sammy Morales, quien enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero en el caso Registro de la Propiedad. “El apoyo del PDH es importante para el Presidente en el caso de su hijo (José Manuel Morales) y su hermano”, explica una fuente que conoció de la reunión. “El FCN aceptó apoyar a Jordán después de la reunión con Jimmy”, asegura la otra fuente. No está claro si Estrada Zaparolli y Sammy Morales solo fueron intermediaron del encuentro o también participaron en él. Rodas Andrade lo niega todo.

—Usted reconoce al Congreso como el Soberano, pero para conseguir el apoyo para su elección se reunió con el presidente Morales. ¿No es eso contradictorio? —se le pregunta.

—El Ejecutivo hace administración pública, y el Procurador de los Derechos Humanos vela porque se cumpla ese mandato —responde nervioso—.

—¿Por qué no buscar ese acercamiento después de la elección, ya como Procurador electo? ¿Por qué ir antes?

—Yo tenía buena vibra que iba a ganar —ríe—. Sino ¿qué sentido tenía también ir hablar con el arzobispo? —concluye con carcajada—.

—Si no se hubiera reunido con el Presidente, no hubiera logrado los votos de una fracción del FCN. Había un retraso en la elección porque no se lograban acuerdos…

—Había retraso, pero no era por parte de FCN. Ellos no fueron los que se demarcaron en el pleno.

—¿No cree que fue contraproducente que Sammy Morales, el hermano del Presidente, participara en la reunión?

—Eeeehhh —su rostro amable y sonriente se transforma en seriedad y nerviosismo; suda, toma el vaso, lo pega a sus labios sin beber, piensa—. Es falso, él no estuvo en la reunión —dice evadiendo la mirada—.

—¿Pero fue a través de Sammy Morales que usted llegó al Presidente? Al menos dos fuentes así lo aseguran…

—Mmmmmmm —de nuevo silencio, nerviosismo—. No —dice como única respuesta—.

—¿Habló con el Presidente de la situación jurídica de su hijo y hermano?

—No, como yo no tengo competencia en ese proceso penal —dice recuperando el aliento—. Yo manifiesto mi intención por velar por el respeto al debido proceso y eso pasa porque yo no me inmiscuya en competencias de otra institución y eso espero que pase conmigo también.

Plaza Pública pidió la versión de la Presidencia sobre la reunión entre Jimmy Morales y Jordán Rodas, pero no obtuvo respuesta.

Cabildeo intenso

Rodas Andrade solicitó dos meses de licencia en la Universidad de San Carlos para dedicarlos a su campaña para la PDH. Y el esfuerzo le rindió frutos. De los 133 diputados que participaron en la sesión, 131 votaron a su favor. Ricardo Alvarado Ortigoza apenas obtuvo 54 y Claudia López 38. “Votamos por Jordán porque tiene una habilidad muy grande para generar puentes. Tiene buena relación con todos los sectores y estamos seguros que haber nacido en Quetzaltenango le da una mirada diferente a la realidad para que los pueblos indígenas y los más vulnerables sean su prioridad”, comentó Carlos Barreda, diputado de la UNE después de que se llevara acabo la elección en el pleno.

El Procurador electo aún no revela el nombre de sus procuradores adjuntos. Le gustaría, dice, que una profesional indígena lo acompañara en el cargo, y niega pactos o compromisos al respecto con ningún partido. “Como abogado estoy consciente que seré un comisionado del Congreso, eso no significa que voy a ser subordinado, pero no puedo olvidar vínculos. (…) Yo les propuse salir de la capital y hacer fiscalizaciones en conjunto. (…) Yo estoy libre de compromisos”, asegura. Se siente libre de presiones, insiste para contratar a recomendados de diputados de cualquiera de las bancadas que votaron por él.

Su período al frente de la oficina del PDH iniciará el próximo 20 de agosto. Hasta ese día, dice, hará públicos los nombres de los integrantes de su equipo. Las “bendiciones” obtenidas para su elección le conceden cuando menos, el beneficio de la duda.

https://plazapublica.com.gt/content/el-procurador-bendecido

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PDH: “No hay nada que celebrar” sobre derechos humanos

POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, dijo en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que la situación de incumplimiento e irrespeto a estas garantías no ha mejorado en el último año, por lo que “no hay nada que celebrar”, y que la única diferencia positiva es la lucha contra la corrupción que motivó a los guatemaltecos a salir a las calles y mostrar su rechazo a este flagelo.

No obstante, el Magistrado de Conciencia indicó que los temas de fondo siguen siendo de gran preocupación, como el colapso en el sistema de salud, la poca cobertura educativa y la crisis alimentaria que ha afectado principalmente a los habitantes del denominado Corredor Seco.

Ante ello, el funcionario informó que la próxima semana se reunirá con el Presidente electo, Jimmy Morales, para trasladarle sus inquietudes, entre ellas, la transparencia, la rendición de cuentas, la conformación de su gabinete con personas honestas y el mayor impulso desde el Ejecutivo a los cambios del sistema “perverso” de corrupción.

http://lahora.gt/pdh-no-hay-nada-que-celebrar-sobre-derechos-humanos/

Mujeres están en desventaja

Un elevado índice de discriminación hacia la mujer persiste en el país, se estableció ayer durante la segunda jornada del Congreso Nacional sobre Discriminación y Racismo, la cual giró sobre la condición de las indígenas guatemaltecas.

 

Según María Machicado, representante de la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, es alta la discriminación contra las indígenas.

Indicó que por condición étnica se reducen hasta la mitad los ingresos de una persona, y otro tanto igual por ser mujer. Eso equivale a un 75 por ciento de reducción de ingresos, y con ello, de calidad de vida.

“Al llegar a un empleo se cuestiona su vestimenta. En las universidades no usan su traje para ser integradas y sobrevivir la carrera. Son muestras de que el racismo y la discriminación las están excluyendo aún más”, dijo Machicado.

Rosa Tacán, comisionada contra la Discriminación y el Racismo, señaló que faltan cambios en el Estado para modificar las condiciones.

“Solo hay una reforma al Código Penal, no hay una ley específica. Hay un vacío institucional y para que se atiendan los casos debe haber fiscalía y tribunal contra la discriminación”, refirió.

Exposiciones

También se habló de la conflictividad social y consultas comunitarias, y se coincidió en que el Estado favorece la discriminación al no reconocer el derecho de los pueblos originarios.

“La no consulta es expresión de racismo de Estado”, sostuvo el expositor Ricardo Cajas, en la Mesa sobre Consultas Comunitarias.

El Congreso finaliza hoy en el Conservatorio Nacional de Música, zona 1, con el panel La Construcción del Estado Intercultural.

Costo del racismo

La discriminación le cuesta al Estado más de Q6 mil millones.

El 94 por ciento de la población reconoce haber discriminado a alguien.

El racismo es responsable de la reducción de hasta  50 por ciento de los sueldos.

Las mujeres indígenas tienen una disminución de hasta cinco años de escolaridad.

La mortalidad materna predomina en las comunidades indígenas, por la falta de acceso a salud.

POR ÁLEX ROJAS

OACNUDH: Se debe separar funciones en el sector justicia

El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, dijo que es necesario hacer reformas a la carrera judicial para evitar sobreposiciones en las tareas de los funcionarios del Organismo Judicial.

Brunori opinó que es necesario realizar reformas a la carrera judicial, encaminadas a separar la función administrativa  de la jurisdiccional, las cuales deben complementarse mediante una enmienda constitucional.

Brunori explicó que es recomendable que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) únicamente vele por las funciones jurisdiccionales, y que otra entidad “autónoma” se ocupe del área administrativa, ya que en la actualidad los tribunales de sentencia desempeñan ambas labores y esto crea sobreposiciones.

En este sentido, el diputado Oliverio García, de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, indicó que esa sala de trabajo estará trabajando en las reformas a la carrera judicial y la modificación de algunos delitos en la ley, así como en otras normas.

Por otro lado, Leonel Lira, presidente de la Comisión del Sector Justicia, explicó que la delegación a la que representa, recientemente emitió un dictamen favorable a las reformas hechas por la CSJ (el que contiene 8 de 10 firmas), las cuales van enfocadas a los juzgados de paz y de instancias.

El parlamentario detalló que la resolución realizada por el Sector Justicia podría presentarse la próxima semana –pendiente de lugar– y que a esa sala le gustaría trabajar en conjunto con la Comisión de Legislación para obtener mejores resultados.

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Después de un año sin actividad, la mesa Seguridad y Justicia, a cargo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quedó instalada ayer, donde se utilizará como guía el documento del Congreso de Justicia de Iberoamérica, el cual será el marco normativo para llevar propuestas adecuadas para Guatemala.

La sala de trabajo se encuentra conformada por el Ministerio Público (MP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Instituto de la Defensa Publica Penal (IDPP) y organizaciones internacionales.

POR SAIRA RAMOS

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/194708-oacnudh-se-debe-separar-funciones-en-el-sector-justicia

CICIG presenta informe de aspirantes a Fiscal

Este miércoles la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó ante la Comisión de Postulación para elección de Fiscal General, un informe sobre los aspirantes al cargo.

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En dicho documento la Comisión expone información de los candidatos sobre si existen o no denuncias penales, administrativas, disciplinarias, así como sanciones emitidas por el Procurador de los Derechos Humanos y multas pendientes de pago ante la Corte de Constitucionalidad.

“Se espera asimismo que los integrantes de la Comisión de Postulación expresen en forma razonada su voto al momento de la elección, tomando en consideración, entre otros elementos, los antecedentes de los aspirantes, los planes de trabajo y el análisis de los señalamientos realizados junto con sus respectivas pruebas de descargo”, refiere el ente internacional en un comunicado de prensa.

¿HONORABILIDAD?

Luis Arturo Reyes, en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, manifestó que en la reunión que la Comisión realizará mañana se buscará establecer un criterio para la evaluación de la reconocida honorabilidad.

No obstante, adelantó que para el efecto tomarán en cuenta la carencia de antecedentes, denuncias, tachas e informes que se requirieron a la Contraloría General de Cuentas y a la CICIG.

 

POR JODY GARCÍA

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/194125-cicig-presenta-informe-de-aspirantes-a-fiscal-

 

Conocerán apelación de la jueza Yassmin Barrios

ASAMBLEA DE PROFESIONALES REVISARÁ EL CASO

La Asamblea de Presidentes de los Colegios de Profesionales conocerá el próximo viernes la apelación presentada por la jueza Yassmin Barrios respecto a la sanción emitida en su contra por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

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Los argumentos con los que Barrios, jueza presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, impugnó la sanción emitida en su contra de inhabilitarla profesionalmente y ordenarle el pago de Q5 mil 40, serán conocidos este viernes.

Luis Arturo Reyes, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), informó que la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales se reunirá para tratar el tema y resolver si se le dará trámite a la apelación.

En una entrevista con La Hora, la jueza Barrios dijo que la resolución emitida por esa entidad viola la independencia judicial, ya que el Organismo Judicial cuenta con una Junta de Disciplina Judicial encargada de juzgar las actuaciones de los juzgadores.

“No tiene el Colegio de Abogados que venir a juzgarnos inclusive cuando ya hay fallos al respecto”, subrayó en esa oportunidad.

Por otro lado, Reyes indicó que la Junta Directiva del CANG rechazará esta tarde una apelación que Barrios presentó, puesto que afirma que el órgano adecuado para impugnar es la Asamblea de Presidentes.

CSJ NO CONOCE AMPARO

En el Pleno de la Corte Suprema de Justicia realizado esta mañana los magistrados no entraron a analizar el amparo presentado por Barrios, donde busca que se deje sin efecto la inhabilitación en su trabajo profesional.

Manfredo Maldonado, presidente de la Cámara Penal, dio a conocer que el punto no estaba en la agenda, por lo que se desconoce cuál será la postura del Poder Judicial respecto a la sanción contra un juez.

PDH SE PRONUNCIA

Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos, publicó en su cuenta de Twitter: “La resolución del Tribunal de Honor del CANG atenta contra la Independencia Judicial”.

Su pronunciamiento se suma a las reacciones que ha despertado la sanción del Tribunal de Honor contra Barrios. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó su preocupación ante este hecho, así como la Fundación Myrna Mack calificó la decisión como un golpe nefasto a la lucha contra la impunidad.

Además, organizaciones de la sociedad civil y pro derechos humanos publicaron hoy un comunicado donde manifiestan su respaldo a la juzgadora sancionada.

 

Por Jody García

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/194112-conoceran-apelacion-de-la-jueza-yassmin-barrios-

 

PDH denunciará por incumplir ley de acceso a la información

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, informó que esa institución abrirá expedientes y presentará denuncias en el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas contra funcionarios de 693 instituciones públicas y privadas, de mil 243, por no entregar el informe sobre acceso a la información pública que están obligadas a presentar cada 31 de enero.

A pesar de que hubo un incremento en la entrega de estos reportes en comparación del 2012 con el 2013, el 55.76 por ciento de las instituciones incumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que denota la poca cultura de transparentar los actos de la administración pública, indicó.

De las 693 instituciones que incumplieron, la mayoría son municipalidades, ya que 111 no entregaron el informe. Las más reincidentes en este tema son las de Palencia, San José del Golfo y Chinautla. Los jefes ediles de estas dos últimas comunas tienen denuncias por supuestos malos manejos de los fondos públicos.

A ello se suman los consejos departamentales de Desarrollo, las federaciones deportivas, hidroeléctricas, minas y oenegés.

Deben entregar un informe que contenga el número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de información requerida, el resultado de cada una de las solicitudes de información, los tiempos de respuesta, la cantidad de solicitudes pendientes, la cantidad de solicitudes con ampliación de plazos, el número de solicitudes desechadas, la cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información reservada o confidencial y número de impugnaciones.

“Me preocupa que haya muchos funcionarios que no quieren dar a conocer cuánto se paga en salarios, en qué invierten el dinero de los guatemaltecos, y por primera vez en la historia de la institución —PDH— abrimos expedientes en contra de todos los que han incumplido. Vamos a remitir los expedientes al MP y la Contraloría”, explicó.

De León manifestó que los expedientes de todos estos funcionarios serán trasladados al MP, ente que deberá establecer si hay comisión de “delitos”, ya que muchas alcaldías y entidades privadas no entregaron el informe.

“El mensaje que damos es que no se debe tolerar la falta de transparencia y falta de información”, afirmó el procurador.

FALTA MUCHO

El presidente de la Comisión de Transparencia, del Congreso, Jairo Flores, refirió que en el país no hay una cultura de transparencia, pero resalta que falta trabajo por hacer, porque es un proceso que se inició con la Ley de Acceso a la Información Pública, pero se debe mejorar la aplicación de la ley.

“Hay instituciones que deben mejorar su acceso a la información. Un ejemplo son las municipalidades y los consejos de Desarrollo, dos instituciones donde hay que enfocarse precisamente para que se abran más en cuanto a la ejecución de sus presupuestos y sus obras”, explicó Flores.

El parlamentario aseguró que se debe mejorar el acceso a la información, no solo por el informe que deben presentar, sino “porque parte del trabajo que vamos a realizar en la comisión es viabilizar más el acceso a la información en cada una de las instituciones”.

“Un informe que tenemos resalta que no están funcionando las oficinas de acceso como lo establece la Ley, por lo que es necesario hacer un llamado de atención a las entidades descentralizadas y del gobierno central para que se agilice y se facilite el acceso a todos los sectores que la requieran”, dijo el diputado.

Gerson López, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), indicó que el tema de acceso a la información es importante para la nueva gestión, por lo que se impartirán talleres a los jefes ediles para que el 85 por ciento de las comunas cumplan con esta obligación legal.

“Los primeros pasos que se dieron es la contratación de un experto en informática, para que desde la página de la Anam podamos dar seguimiento a las páginas de las municipalidades y cumplan con la normativa”, refirió.

Afirmó: “Elaboramos un calendario jurídico con las obligaciones y atribuciones que los municipios tienen que cumplir mes a mes, donde resaltamos entregar estos informes que demanda la Ley de Acceso a la Información Pública”.

El directivo señaló que estos 53 municipios que se incorporaron al cumplimiento legal son una muestra de la “voluntad” de los gobiernos locales de “cumplir” con una de las materias que han tenido pendientes, que es el cumplimiento del acceso a la información.

“En este año esperamos que unas 70 comunas de las 111 que aún no cumplen con esta obligación se sumen y cumplan con la Ley”, expresó López.

RESERVA
Accionan

La PDH  presentó recursos de revisión y de inconstitucionalidad contra cuatro comunas, luego de que  reservaron información, en  contravención con la Ley de Acceso a la Información Pública.

La primera fue contra la comuna de La Unión, Zacapa, que reservó información personal de funcionarios, empleados y asesores municipales, actas de empresas y otros documentos. Luego de la acción se revocó esa disposición.

La PDH también accionó contra la Municipalidad de Flores, Petén, que restringió a la población el acceso a los videos que captan las cámaras de seguridad.

Otro recurso fue presentado contra la comuna de San Miguel Petapa, que declaró reservada  la información sobre los bienes de las personas de ese municipio.

La comuna solo cambió de  confidencial a reservada la información.

Otra inconstitucionalidad fue presentada contra la Municipalidad de San Luis Jilotepeque, Jalapa, que  reservó  información de  bienes inmuebles con el argumento de robo de propiedades. A esa acción ya se le dio  trámite en la CC. Según la PDH, la reserva   limita el acceso a la información de registros públicos. Sin embargo, aclaró que esa no es la forma de contrarrestar el robo o usurpación de terrenos.

POR MANUEL HERNáNDEZ MAYéN