PDH documenta más de 12 mil denuncias por abusos

En los últimos cuatro años la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha documentado más de 12 mil denuncias por violaciones a los derechos de la niñez y adolescencia, lo cual debe ser motivo de reflexión para todos los guatemaltecos, afirmó Gloria Castro, Defensora de la Niñez y Adolescencia.

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Castro señaló que durante el 2010 la Magistratura de Conciencia recibió 3 mil 580 denuncias, en 2012 fueron 3 mil 796 y durante el pasado año fueron más de 3 mil 500; la mayoría de estas se realizaron de forma anónima, expresó.

La profesional señaló que todas las denuncias que reciben son investigadas, con el objetivo de confirmar los hechos, para luego enmarcarlas dentro de las acciones delictivas y se notifica tanto al Ministerio Público (MP) y a la Procuraduría General de la Nación (PGN), para que realicen las acciones pertinentes.

Cualquier abuso en contra de una niña o niño constituye una violación de los derechos humanos y debe ser denunciada, los menores tienen derecho a vivir bien, libres de humillación y contar con un plan de desarrollo que cubra sus necesidades básicas, afirmó Castro.

La Defensora de la Niñez y Adolescencia recordó que el Artículo 29 de la Ley Contra la Violencia, Explotación y Trata de Persona señal que la persona que provoque daño físico, sicológico o una enfermedad a un menor de edad, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Según datos de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), en 2013 fueron asesinados 387 niños y niñas, de los cuales 365 casos fueron cometidos con arma de fuego.

La ODHAG señaló que ante esta problemática no se están realizando los esfuerzos suficientes para prevenirla desde sus causas estructurales, las que tienen relación con la desproporción en la distribución de la riqueza, la explotación, la falta de acceso a servicios básico, el racismo y cualquier tipo de discriminación.

El 13 de marzo se conmemora el Día Nacional de No Violencia contra la Niñez, el cual fue instituido mediante Decreto 37-2005 del Congreso de la República.

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Focos de tensión crecen en el país, según la PDH

En el país existen 57 focos de conflictividad, según el mapa diseñado por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Solamente en el norte de Huehuetenango hay 17 y siete se encuentran en el departamento de Guatemala.

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“No toda la conflictividad aparece en el mapa. Queremos identificar la que detona una serie de situaciones que generan ingobernabilidad en el país”, explicó Mario Minera, director de mediación de la PDH.

El mapa no refleja el número de veces que se repite un conflicto, “solo el de aquellos cuya detonación produce situaciones de ingobernabilidad”, agregó Minera.

En esencia, se trata de conflictos por licencias de exploración y explotación, extracción minera y construcción de hidroeléctricas, o de transporte.

Según Minera, el proyecto en sí no es el que origina el conflicto. Es la falta de información su primera causa.

Un segundo factor es la falta de elementos de las consultas previas y la sola probabilidad de una negativa a la autorización de nuevas consultas es capaz de causar un enfrentamiento.

La ausencia de diálogos que se dirijan a la atención de los efectos de proyectos de este tipo se sitúa como la tercera de las razones.

Un cuarto ingrediente en este coctel de conflictividad es la falta de percepción de los beneficios.

“Uno de los mayores reclamos al Estado, en especial al Organismo Ejecutivo, es la limitada información”, según el Informe Anual Circunstanciado de la Situación de Derechos Humanos del 2013, de la PDH.

En el departamento de Guatemala se encuentran siete puntos conflictivos.

Además, el informe cita como ejemplos los focos de tensión desatados por la política extractiva en el norte de Huehuetenango y en el centro y norte de Quiché; la exploración de oro y plata en la franja montañosa del occidente al centro del país, y la explotación del petróleo en el sur de Petén y en Ixcán, Quiché.

El documento destaca la importancia de avanzar en la discusión de una ley nueva de minería.

Chispa de energía

Por si fuera poco, la generación de energía eléctrica es otro gran foco de conflictividad.

Según el mapa diseñado por la PDH, esos puntos neurálgicos están en las hidroeléctricas Renace 1 y 2, en Alta Verapaz y Santa Rita; y Sulín, en Baja Verapaz.

Xalalá ha provocado disputas en las comunidades de Quiché y Alta Verapaz. La hidroeléctrica Cambalam 1 y 2, en Huehuetenango, y Chixoy, entre las Verapaces y Quiché.

En el caso de Xalalá, el gigantesco embalse desplazará a más de 50 comunidades y se desconoce en dónde serían reasentadas.

La región de las Verapaces, en palabras simples, es un catálogo de esas situaciones que pueden desatar un conflicto. Allí existen licencias de exploración y explotación a granel; hay hidroeléctricas o proyectos autorizados para construirlas. Se tienen 17 focos de tensión identificados.

En huehuetenango

Solo en la región norte de Huehuetenango se encuentran otros 17 puntos de conflicto. Además de las dificultades que afrontan con la explotación de recursos naturales, existen de otra naturaleza y lleva mucho tiempo resolverlos.

Cuando el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Julio López Villatoro fue gobernador de Huehuetenango, expuso que a los vecinos de dos aldeas de Todos Santos Cuchumatán y Chiantla les tomó 129 años ponerse de acuerdo acerca de sus límites territoriales.

La región, dijo, está aquejada por conflictos políticos, étnicos, agrarios y territoriales originados por la falta de catastro, y lidia todavía con los resabios del conflicto armado interno.

Pero la conflictividad generada por el narcotráfico es sin duda la más seria, afirmó. “En La Democracia —Huehuetenango— hay muchos asesinatos en donde no participa el Ministerio Público porque se llevan los cadáveres. La tensión está latente”, agregó.

Los limitados espacios de interlocución institucionales, el estigma y rechazo a las demandas sociales y la criminalización de las protestas también son detonantes, destaca el informe.

Los ejemplos abundan en el documento, entre ellos, la resistencia pacífica de La Puya, como se le conoce a la oposición a la mina El Tambor, entre San José del Golfo, Guatemala, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa, cuyas protestas han sido respondidas con uso de la fuerza, al igual que en Barillas, Huehuetenango.

Empresarios

Hay maniobras

“Existe  falta de información y una gran dosis de desinformación”, opina Javier Zepeda, de la Cámara de Industria.

Hay algunos intentos de empresas de abrir el diálogo, pero algunos “han convertido el tema en algo político o en una bandera para hacer de la conflictividad una forma de vida”, agregó.

Gobierno

Existen coincidencias

“Tenemos coincidencias en varios de los puntos de conflictividad”, afirmó Miguel Ángel Balcárcel, coordinador de la Comisión Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo. Hay  desinformación, expresó. Otro punto difícil  son las consultas; el país no cuenta con ese mecanismo. El  Gobierno debe ser más activo  al otorgar  licencias.

Campesinos

Sin respeto por visión

“El Estado coloca a las empresas extractivas como el foco de desarrollo”, dice Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina. “No han tomado en cuenta la  cosmovisión de los pueblos indígenas, centrados en  el respeto a las fuentes de vida”, además del uso reducido de convenios internacionales.

POR CLAUDIA PALMA

PDH pide apoyo para periodistas

La Auxiliatura Departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de  Suchitepéquez, en  Mazatenango,  condenó los ataques perpetrados durante los últimos meses contra  comunicadores sociales en ese departamento y  solicitó la intervención de las autoridades para detener las intimidaciones.

Sepelio dEl periodista Carlos  Orellana Chávez, quien   fue   baleado en  San Bernardino, en el 2013.

Francisco García, auxiliar de la PDH, informó que  la preocupación parte  de los crímenes e intimidaciones contra comunicadores que le costaron la vida a Carlos Orellana en agosto del 2013, además de  los ataques contra otros periodistas  que sobrevivieron  en el último cuatrimestre del 2013 y el primer bimestre del  2014.

Intolerancia

“Lamentamos los hechos que tratan de silenciar a la Prensa y violan   el derecho a la libre expresión y   a la vida. Estas situaciones  son muestras de prepotencia e intolerancia a la labor informativa”, expresó García.

Agregó que de agosto del 2013 a la  fecha se han reportado   tres ataques con arma de fuego y otra serie de intimidaciones a  reporteros.

Hay vía legal

García expuso que las personas o funcionarios  que se sientan perjudicados por publicaciones o notas en las emisiones de los noticieros tienen una vía legal establecida para defender su reputación dentro del marco jurídico, y  detalló que recurrir a la violencia solo alimenta la anarquía.

Añadió que las autoridades deben investigar los hechos de violencia y encontrar a los culpables para fomentar la justicia.  Según García, hay denuncias de hostigamiento contra otros reporteros, y la seguridad de los comunicadores y sus familiares  corren alto riesgo.

Casos recientes

Nery Morales, del programa  Noticias y Más, canal Óptimo 23, de Mazatenango, resultó ileso de un ataque  a balazos el 13 de febrero último.

Fredy Rodas, corresponsal de varios medios, fue herido de bala en un atentado,   el 12 de agosto del 2013.

Por Omar Méndez

http://www.prensalibre.com/suchitepequez/PDH-pide-apoyo-periodistas_0_1091290894.html

 

 

 

Piden investigar muerte de un menor; señalan a policía

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) pidió al Ministerio Público (MP) fortalecer la investigación para localizar a los responsables de la muerte de un niño, ocurrida en Jutiapa en 2012, quien aparentemente fue asesinado por una banda liderada por un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según un expediente de la PDH, la víctima era Lidmar Israel Ramírez Jiménez, menor de edad, quien se dirigía junto a su padre a vender artículos de primera necesidad, en la aldea el Pataxte, en el Cantón Amayo Sitio, en Jutiapa.
En la denuncia de la PDH se indica que tres hombres les interceptaron el paso a las víctimas y les dispararon con armas de fuego. El menor de edad recibió un impacto en la cabeza y murió.
Información de la Policía Nacional Civil (PNC) indica que el suceso se habría registrado en abril de 2012.
El comunicado refiere que el padre del menor de edad –un exigente de la institución policial–, explicó que una de tres órdenes de captura se hizo efectiva en 2012, pero la Jueza de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jutiapa, resolvió falta de mérito a favor del sindicado.
Los supuestos asesinos, según el denunciante, son parte de una estructura criminal que opera en Jutiapa, la cual es liderada por un elemento de la institución policial quien hasta hoy sigue sin ser capturado, “por influencias políticas en varias instituciones”.
Fuentes consultadas indican que el policía aparentemente pertenece a una banda de delincuentes denominada “Los Ramírez” y dirige la estructura desde 1990, cuando murió un inspector policial, quien también delinquía.

DEMANDAN INVESTIGAR

La PDH demandó a la jefa del MP, Claudia Paz y Paz, realizar las diligencias necesarias a fin de fortalecer la investigación para encontrar a los responsables de la muerte del niño asesinado, así como lograr una acusación con la debida diligencia.
Al Mingob pidió, implementar políticas necesarias para crear un ambiente que garantice a los ciudadanos la vida y la seguridad.
En tanto a la Inspectoría General (IG) de la PNC, exigió proceder a investigar la conducta del policía por su supuesta participación en el ilícito.
La Hora buscó a Diego Cabrera, jefe de la IG, quien argumentó que han colaborado con el MP para que realice las diligencias necesarias e informó que el policía sindicado ya no pertenece a la institución.
“Tuvimos conocimiento de la muerte de un menor de edad, hijo de un compañero expolicía, e inmediatamente procedimos a apoyar al MP a realizar las diligencias de investigación y de ello dependió la orden de captura de muchas personas”, reiteró.
Según Cabrera, el agente sindicado era miembro de las fuerzas policiales y es el MP quien lleva las diligencias sobre la detención de esta persona.
Este vespertino buscó una declaración del MP, quien al cierre de La Hora aún no se había pronunciado.

POR MARIELA CASTAÑÓN
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/190596-piden-investigar-muerte-de-un-menor-senalan-a-policia

PDH resalta calma en elecciones en Nebaj

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) valoró la calma y tranquilidad con que se desarrollaron las elecciones municipales en Nebaj, Quiché, en las que la mayoría de vecinos empadronados, sobre todos mujeres, emitieron su sufragio.

Carlos Barquín, director nacional de auxiliaturas de la PDH, resaltó que durante el proceso del domingo se conservó la paz, el respeto y la tolerancia; la magistratura de conciencia estuvo atenta todo el fin de semana ante cualquier denuncia de anomalías, sin embargo no se presentó ninguna.

Treinta trabajadores de la Procuraduría, de la sede central y auxiliaturas departamentales, fueron enviados como apoyo a los distintos centros de votación y contaron con la ayuda de 10 intérpretes, de la red de jóvenes de Santa María Nebaj.

Las elecciones municipales en Nebaj se repitieron el domingo 12 de enero, luego que fuera ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en octubre pasado; la decisión se dio debido a que el candidato del partido oficial Virgilio Bernal, no fue inscrito, al haber sido señalado de ser contratista del Estado.

Tanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como la PDH coincidieron en que más del 70 por ciento de los ciudadanos empadronados asistieron a las urnas; Pedro Cobo, del Partido Todos, que en 2011 participó con la coalición UNE-GANA, resultó vencedor de los comicios con más de 11 mil votos.

María Eugenia Villagrán, titular del TSE, señaló de histórico este proceso, por la gran cantidad de pobladores que emitieron su voto, a la vez resaltó la madurez de las organizaciones políticas.

GUATEMALA Agencia CERIGUA

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/departamental/189763-pdh-resalta-calma-en-elecciones-en-nebaj


PDH sancionó a jueces

La Procuraduría de Derechos Humanos condenó moralmente a cuatro jueces por su actuación en el caso Santa Cruz Barrillas, que inició por los disturbios en dicho municipio en el 2012.

La resolución fue emitida por el incumplimiento del debido proceso de que fueron víctimas nueve personas. La PDH señaló como responsables a Anthony Giovanni Pivaral, Juez de Paz de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; Erick García Alvarado, Juez de Paz Penal de Turno de la ciudad de Guatemala; Hugo Leonel Tun, Juez Penal de Santa Eulalia, Huehuetenango y Adrián Rodríguez, Juez Séptimo Penal de Guatemala.

POR JODY GARCÍA 

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Reconocen a activistas pro derechos humanos

Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) reconocieron la labor de las organizaciones que velan por el cumplimiento de eso derechos.

La ODHAG reconoció la labor en pro de los derechos humanos con ocasión de celebrarse el “Día Internacional de Los Derechos Humanos” e impuso la orden “Juan José Gerardi Conedera a Los Derechos Humanos” a monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño (Post Mortem) y las activistas Yolanda Oquelí y Ana Laynez Herrera.

El Arzobispo de Guatemala Julio Vian, fue quien impuso la Orden Juan José Gerardi a las dos activistas así como a Quezada Toruño (Post Mortem).

La PDH también realizó un reconocimiento a varias organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos entre los que destacan, Refugio de la Niñez, Colectivo Madre Selva, Organización OASIS, Liga de Higiene Mental y la Pastoral de Movilidad Humana.

Estos reconocimientos se dieron el día de hoy en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/188037-reconocen-a-activistas-pro-derechos-humanos