En busca del hilo en el laberinto del genocidio

Por Emiliano Castro Sáenz, 3 05 17, Plaza Publica

Fiscales y querellantes deben probar que José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en el parcelamiento Dos Erres, Petén, en diciembre de 1982. Los denunciantes habían pedido que se le acusara de delitos contra los deberes de humanidad y asesinato, pero la jueza Carol Patricia Flores lo modificó en la primera fase del proceso judicial. El MP tiene pocos elementos para argumentar genocidio. Los denunciantes sospechan ese cambio es parte de la estrategia de defensa del anciano general.

Cuenta la mitología griega que cuando Teseo, rey de Atenas, ingresó al laberinto del Minotauro, el monstro con cuerpo de hombre y cabeza de toro, en la isla de Creta, amarró en la entrada el inicio de un carrete de hilo que desenrollaría a cada paso para encontrar la salida al regresar. Antes de ello, casi 40 personas que habían entrado al laberinto, terminaron como alimento de la bestia al no poder salir. Con ese punto de certeza, Teseo logró encontrar al Minotauro, vencerlo, seguir el estambre y poner fin al maleficio de la isla.

En el nuevo capítulo del juicio de la masacre de las Dos Erres, el delito de genocidio se ha convertido en el laberinto del Minotauro para los fiscales del Ministerio Público (MP) y querellantes adhesivos. Entrar a la cueva para probar que el expresidente golpista José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en ese parcelamiento extinto no es una iniciativa propia, sino una resolución que en mayo de 2012 tomara la jueza Carol Patricia Flores, entonces encargada de la etapa intermedia en el Juzgado A de Mayor Riesgo, y hoy relegada en los juzgados de turno de la planta baja de Tribunales.

Ni fiscales ni querellantes pidieron entonces ni ahora que se le imputara a Ríos Montt ese delito, pues no consideraban contar con todos los elementos para probarlo. Eso les llevó a pensar que esa decisión, más que afectar a Ríos Montt, formaba parte de una estrategia de la defensa que buscaba beneficiarlo con medidas sustitutivas y un alargamiento del proceso.

Era la segunda vez en cuatro meses que al exgolpista se le acusaba de genocida. A finales de enero de ese año, en la sala contigua, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, había resuelto enviarlo a juicio junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de Inteligencia Militar (G-2), por el mismo delito, así como por incumplimiento de deberes de humanidad contra el pueblo ixil entre 1982 y 1983.

Un año después, el 10 de mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión, por el genocidio cometido en contra del pueblo ixil. El fallo fue anulado diez días más tarde por la Corte de Constitucionalidad, por “errores de procedimiento del juzgado” y aún está pendiente de repetirse.

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Las pruebas de la fiscalía y los querellantes en el caso Dos Erres contra Ríos Montt giraban en torno a los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato por la masacre de 201 personas en el poblado de Dos Erres, el 7 de diciembre de 1982, como sucedió con los cuatro kaibiles sentenciados en 2011 a 6,060 años y sucedería con otro más, al año siguiente, por 6,066 años. Pero a la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.

El tiempo durmió el expediente hasta que, en junio del año pasado, uno de los kaibiles que participó en la masacre —Santos López Alonso— fue deportado desde Estados Unidos, a donde había migrado tras retirarse del Ejército. Entonces la jueza que retomó el proceso, Claudette Domínguez, se encontró con un caso pendiente por genocidio, delitos contra los deberes de humanidad y alternativa de asesinato contra Ríos Montt, quien en su calidad de presidente de facto y comandante general del Ejército en el momento en que ocurrieron los hechos, debía conocer las acciones del escuadrón de élite kaibil.

Los querellantes y la Fiscalía consideraron que no tenían suficientes elementos probatorios para acusar a Ríos Montt de genocidio, pero con base en el artículo 333 del Código Procesal Penal lograron reformular la acusación: No tuvieron éxito en eliminar la acusación de genocidio, pero pudieron incluir la alternativa de asesinato.*

A la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.

El pasado 31 de marzo, la jueza Domínguez decretó que el general deberá enfrentar un nuevo juicio por el delito de genocidio a partir del 18 de mayo próximo. Será, según la decisión de la juzgadora, un “juicio especial” en el que el anciano general estará representado por sus abogados —debido a la gravedad de su estado de salud—. Se realizará a puerta cerrada. Domínguez se abstuvo de explicar su resolución.

Ante esa decisión, dice Edgar Pérez, el abogado que dirige la acusación de parte de los querellantes, no hay otra opción más que acatar el fallo: “Si quieren que lo investigamos por genocidio, pues así lo haremos”.

Los años le han dado más herramientas al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), los querellantes del caso, así como a la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, para lograr una sentencia condenatoria. Pero aún está por verse si conseguirán un hilo lo suficientemente largo y resistente para salir del laberinto al que la jueza Flores los orilló a entrar.

Mientras tanto, la salud del general Ríos Montt sigue en deterioro. De aquel diputado saliente que se presentó ante la Fiscalía de Derechos Humanos en diciembre de 2011 para solicitar información sobre posibles investigaciones en su contra; el derrotado el 10 de mayo de 2013 en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, cuando el Tribunal A de Mayor Riesgo lo declaró culpable de genocidio en contra del pueblo ixil, y el declarado interdicto (imposibilitado para ejercer sus derechos por sí mismo) hace dos años, hoy queda poco. Acaso un hombre postrado en una cama sin posibilidad siquiera de defenderse con su propia voz.

Los cuatro kaibiles condenados en agosto de 2011, previo a escuchar el fallo del tribunal.

Su abogado defensor, Jaime Hernández, explica que lo vio por última vez hace tres meses y su estado de salud era delicado. “Fidel Castro aguantó menos que el general”, compara. El fallecido líder de la revolución cubana, agrega, “no estaba siendo procesado por nada y murió”. Ríos Montt cumplió 90 años de edad en junio pasado; la misma edad que tenía Fidel cuando murió en noviembre de 2016. “El general está acostado, postrado. Está afectado. Lo tienen en el primer nivel de su casa; lo sacan cargado las enfermeras. Lo atienden muy bien”, dice el abogado.

Zury Ríos Sosa, hija del general, se presentó en noviembre como su tutora y dejó encargado a los abogados la defensa de su padre. Plaza Pública le pidió su opinión acerca de este nuevo proceso judicial, pero prefirió no hablar. “Es un tema muy amplio para tratarlo a priori”, indicó por la vía telefónica. “No me voy a pronunciar en este momento”.

El hilo más corto

Tras la resolución de la jueza Carol Patricia Flores en mayo de 2012, creció la sospecha en el MP y el equipo de abogados del BDH, de que, por contradictoria que fuese, la decisión de imputar a Ríos Montt por genocidio fue para su propio bien.

El asesinato, delito por el que habían sido señalados los cuatro kaibiles condenados, siempre fue el móvil de la acusación.

“La sorpresa fue que la jueza argumentó que para ella los hechos encuadraban en la figura de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y ligó al general Ríos Montt por esos delitos, con la alternativa de asesinato. Pensamos en que buscó beneficiarlo, pues la figura de genocidio permite medidas sustitutivas, mientras el asesinato, no”, dice el abogado de Famdegua y director del BDH, Édgar Pérez.

Pero según la jueza Carol Patricia Flores, cabía la posibilidad de que Ríos Montt hubiese cometido genocidio (además de los delitos de deberes contra la humanidad y asesinato, propuestos por el MP), pues el artículo 376 del Código Penal establece que lo comete quien, “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso”, haya efectuado cualquiera de los hechos contemplados en los cinco incisos, entre los que destaca –para este caso–, el primero: “Muerte a los miembros del grupo”.

Dos Erres era una comunidad aislada, a una decena de kilómetros de Las Cruces, el poblado más cercano, que contaba con su propio ritmo de desarrollo. Estaba compuesta de campesinos del oriente y sur del país que habían llegado desde finales de los 60, con el apoyo de la agencia gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén (Fydep). En poco más de diez años ya tenían escuela, iglesias y una producción agrícola importante. Todo eso terminó en diciembre de 1982, cuando unidades del Ejército ingresaron a esa pequeña comunidad de agricultores en busca de una célula guerrillera que había robado unos fusiles en la comunidad de San Diego, dos meses atrás. La madrugada del 7 de diciembre, la maquinaria de la patrulla especial kaibil, la más sanguinaria de las Fuerzas Armadas, accionó contra niños, mujeres, campesinos y ancianos y los eliminaron.

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Los abogados querellantes analizaron la resolución de Flores y concluyeron que, si querían que se investigara el genocidio, así lo harían. “Sin embargo, estirando la figura vemos que es muy complejo, pues tiene que haber un reconocimiento nacional de las víctimas distinto al grupo nacional que representa al país. Nos cuesta llegar a concluir que sea genocidio, desde el punto de vista del principio de legalidad, porque doctrinariamente podríamos aspirar a comprobarlo, porque se elimina completamente a un grupo, o por lo menos esa era la intención, pues la comunidad Dos Erres ya no existe”, explica Pérez.

El fiscal encargado de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, Érick de León, confirma la teoría de Édgar Pérez. “El artículo 264 del Código Procesal Penal, que regula el delito de asesinato, excluye el podérsele otorgar una medida sustitutiva al acusado y el artículo 376, de genocidio, sí la permitía. Al final, ignoramos por qué llegó a esa decisión la jueza que llevaba el caso, pero pensamos que lo hizo porque es un tipo penal que nos habilita llevar alternativamente el delito de asesinato”, puntualiza. Es decir, una estrategia para que Ríos Montt fuera beneficiado con arresto domiciliar, sino también para que fuera declarado inocente.

El tipo penal de genocidio ya levantó ampollas, generó polémica y esperanza. Cuando en 2013 se llevó a cabo el debate oral y público del caso, la defensa ideó estrategias dilatorias, descalificó los testimonios de las víctimas y al juzgado y tuvo sus mejores aliados en sectores conservadores de la sociedad, como grupos de militares, políticos y empresarios que desconocieron el proceso y la sentencia con el fin de presionar para retrotraer el juicio.

Mientras tanto, sobrevivientes, familiares de las víctimas y otros grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos lucharon por distintos medios para defender el proceso judicial, que históricamente habían impulsado con el fin de obtener justicia.

Las tijeras sin filo

En la noche del Viernes de Dolores, el abogado Jaime Hernández aún atiende clientes en su churrigueresca oficina, anunciada con enormes letras doradas al final de un oscuro pasillo en una de las torres de un edificio de zona 4. Da la impresión de ser un consultorio médico en el que los pacientes se forman y van pasando de uno en uno.

Previo a un viaje familiar para el cual prepara un playlist y una serie de fotos en su celular, argumenta durante unos minutos que el caso de Dos Erres, para Ríos Montt, “cae por su propio peso”. Las tijeras de la defensa, que podrían cortar el hilo en el laberinto de los perseguidores penales se basan en que el jefe de Estado no podía estar enterado de todo y, si acaso, el delito de asesinato es cosa del pasado.

Mientras cambia su entonación para argumentar su punto, presume que la acusación contra su patrocinado, es una ocurrencia. “Supuestamente José Efraín Ríos Montt tenía que haber sabido que los kaibiles iban a ir a matar, a exterminar al pueblo de Dos Erres. Y eso nunca lo supo. Pero a ellos se les ocurre y, solo por eso, proponen asesinato. Y no puede haber asesinato y mucho menos genocidio, pues la responsabilidad penal es personalísima”.


El que Ríos Montt haya dicho a unos documentalistas norteamericanos en 1982 (Pamela Yates y Thomas Siegel), que él controlaba al Ejército, “no es una prueba”, dice el abogado. El artículo 16 de Constitución, prohíbe declarar en contra de sí mismo, dice, por lo tanto “esa declaración del general es una utopía”.

De vuelta al delito de asesinato, Jaime Hernández apunta que prescribió porque han pasado 34 años y “la prescripción penal es de 20 años y si fuese de pena de muerte, serían 25. Y no lo digo porque sea yo la defensa, sino porque así dice la ley. Una cátedra en derecho les he dado en el juzgado a los fiscales y querellantes”.

Pero, en este caso, el asesinato no puede prescribir, según el fiscal De León, porque el artículo 14 de la Constitución, dicta “imprescriptibilidad si es que el custodio hiciere uso de las armas”. Y hay más agravantes, como el artículo 28 del Código Penal, agrega, que establece la no prescripción de los delitos ordenados por funcionarios públicos. “Los órganos jurisdiccionales en la etapa media vieron eso: la imprescriptibilidad”, por eso mantuvieron el delito.

Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.

Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.

Aún más complicado si, como dice el defensor Jaime Hernández, deben cumplirse “todos los verbos rectores del delito de genocidio y aquí no se dan. Aquí no hay genocidio”.

¿Entonces por qué la jueza Carol Patricia Flores consideró los elementos suficientes para investigar a Ríos Montt por genocidio en Dos Erres? El abogado defensor del general considera que es “porque en ese tiempo estaba en boga ese tipo de sindicación en contra de mi cliente, sin embargo, no hay tal”. A este tipo de decisión, el abogado explica que también influyen “los diferentes cursos que toman los jueces enviados por la Corte, en forma de capacitación; donde abrazan las teorías de tal manera que consideran estar en una resolución correcta, cuando realmente no lo están”.

Según Hernández, a los defensores del general no les “importa” ni les “interesa resolver el tipo penal de genocidio o asesinato”, dado que cliente “no puede ser condenado”.

Sin embargo, con el tiempo en contra y un delito a probar cuesta arriba, aún hay esperanza para las víctimas, quienes no creen que las tijeras tengan el suficiente filo para cortar el hilo conductor de este caso.

La luz al final del laberinto

Debajo de las decenas de miradas que iluminan las paredes de la sala de espera de Famdegua, se encuentra sentada Aura Elena Farfán, directora de dicha organización, pionera en la persecución penal de la masacre ocurrida en Dos Erres.

Son miradas retratadas en cuadros con rostros y nombres de desaparecidos durante la guerra. Farfán escoge sentarse en ese sillón que coincide con la figura de su hermano, Rubén Amílcar, el directivo del sindicato de la Universidad de San Carlos detenido-desaparecido por la G-2 y la Policía Nacional el 15 de mayo de 1984.

Para Farfán el caso de Dos Erres ha sentado un precedente para el país por el hecho de que se señale por genocidio a un exmandatario. “Es simbólico ver sentado en el banquillo al general y más si se le encuentra culpable, pues futuras generaciones lo comprenderán así. Y no se trata de venganza. Queremos sentar precedentes para que nunca se vuelva a repetir la historia negra de Guatemala”.

El genocidio es un delito que se puede probar según Farfán, pues se trata de un grupo de nacionales que fue masacrado. “Hoy las Dos Erres es un campo de guamil, maleza, de pasto para ganado. En Dos Erres hay sobrevivientes de la Costa Sur, Oriente, de la Capital, por lo que no todos tenían rasgos indígenas, sino que se nombraban a sí mismos ladinos. Pero el genocidio no es por rasgos ni apellidos, sino por que se eliminó a un grupo de nacionales”, explica.

Más allá de lo que se suceda a partir del próximo 18 de mayo, cuando los protagonistas se internen en el laberinto para comprobar un genocidio con cuerpo de humano y cabeza de toro, está la reivindicación de la población. “Cuánta gente en el caso de genocidio que no tenía nada qué ver con los ixiles, se sentía reflejado en ese juicio”, acota el abogado Édgar Pérez. “Gente que no se había interesado en estos casos, pero tomó conciencia con ello. Yo siento que ha habido muchos reveses, tropiezos, obstáculos. Pero ese un paso que se avanzó, que jamás se olvidará. Y este caso, el de Dos Erres, también lo tiene”.

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El Ministerio de Ambiente denuncia a expresidente Colom y a su Gabinete por prórroga petrolera

El 30 de octubre de 2015, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales puso una denuncia penal ante el Ministerio Público a Álvaro Colom, Rafael Espada y todos los ministros de Estado en funciones en julio de 2010, por haber firmado la prórroga del contrato petrolero con Perenco.

A finales de 2015, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dirigido por Andreas Lehnhoff, hizo varias averiguaciones sobre los expedientes presentados por Perenco. Los funcionarios descubrieron que el gigante petrolero carecía de Estudio de Impacto Ambiental validado por las autoridades. Descubrieron y denunciaron también otras anomalías como pérdidas de expedientes y retardos inexplicables en su tramitación.  El 30 de octubre de 2015, el MARN presentó ante la fiscalía de delitos administrativos del Ministerio Público (MP), una denuncia penal en contra del Gabinete del expresidente Álvaro Colom por la firma del contrato con Perenco.

“En época de ¡Justicia ya! nos dijimos: vamos a hacer lo que nos corresponde. Ponemos la bandera roja sobre estas anomalías. Ahora le toca al MP y a la PGN hacer las investigaciones de los temas civiles y penales”, explica Andreas Lehnhoff.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN), la semana pasada emitió un dictamen en el que recomendó que Perenco detuviera su proyecto mientras no contara con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado. La petrolera franco-británica ha hecho oídos sordos y sigue operando.

Todo un gobierno en una denuncia

En la denuncia se señalan tres delitos: abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y omisión de denuncia. Los dos primeros delitosvan en contra de Álvaro Colom, Rafael Espada y todos los ministros que integraban el Gobierno en julio de 2010, excepto Luis Ferraté, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Jerónimo Lancerio, de Cultura y Deportes, y Carlos Menocal, de Gobernación. Los tres se opusieron públicamente a la prórroga del contrato con la petrolera. En el acuerdo gubernativo que dio vida a este contrato, ellos emitieron un voto razonado en el que explicaban su oposición. El último delito, omisión de denuncia, los incluye a ellos también, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cualquier posible ilegalidad que conozcan.

Luis Ferraté niega haber incurrido en ese delito: su voto en contra del contrato petrolero cuenta como denuncia, asegura. Sus argumentos tendrían que haber servido de fundamento para que el Ministerio Público actuara de oficio, afirma.

Carlos Menocal indica que, a la hora de votar, él no tenía ni el expertise ambiental, ni el conocimiento detallado del expediente como avanzar argumentos técnicos y legales. Su oposición a la prórroga, explica, fue más como una objeción de conciencia en contra de la explotación petrolera en la selva petenera. ​El ahora asesor en el Congreso asegura no haber recibido aún ninguna comunicación del Ministerio Público relativa al tema.

En la denuncia penal, el MARN indica como motivos de la acción judicial, que “el riesgo al que se expone la fauna, flora y patrimonio cultural (…) en un área protegida es evidente”. Luego, específica los daños:

  • Daños genéticos a peces y especies acuáticas
  • Deforestación
  • Disminución de poblaciones de especies amenazadas
  • Contaminación de suelo, agua y aire
  • Presencia de comunidades humanas que laboran en la actividad minera (realización de actividades agrícolas y ganaderas).

Con lo cual, concluye el MARN, la actividad petrolera “conlleva un deterioro para la salud y vida digna humana no solo de los guatemaltecos sino de todos los habitantes del mundo.”

Queda por ver la reacción del Ministerio Público ante esta denuncia. Plaza Pública intentó conversar con los responsables de la Fiscalía de Delitos Administrativos, pero, según se informó en comunicación social del MP por el trámite que lleva el caso, en este momento no es posible adelantar algún detalle de la investigación. Álvaro Colom aseguró que aún no ha sido llamado a declarar. Esto, más de tres meses después de que la queja llegara al MP.

Historia de Estado pro-petróleo

En 1985, el Estado guatemalteco firmó un contrato con la empresa petrolera Basic Ressources para la explotación del campo Xan, situado en el municipio de San Andrés, Petén.

En aquel tiempo, no existían leyes ambientales en Guatemala. Pero en  1986 fue aprobada la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, y en 1989 fue declarada la Reserva de la Biosfera Maya que abarca toda la mitad norte de Petén. El campo Xan quedó dentro de los límites de esta reserva, en el Parque Nacional de la Laguna del Tigre, área núcleo que, por su importancia ecológica, goza en teoría del mayor nivel de protección ambiental.

La Laguna del Tigre cuenta con humedales que sirven de hábitat a una rica fauna. Además, es un tramo en el viaje de muchas aves migratorias. Por eso, en 1990, fue declarada como sitio Ramsar, una convención suscrita por 169 países, entre estos Guatemala, que obliga a cada Estado a conservar los humedales “de importancia internacional”.

Hoy en día, Álvaro Colom sigue justificando la prórroga del contrato petrolero. “Nadie, ni el ministro de ambiente, ni la Secretaria Ejecutiva de Conap, me pudo demostrar que la prórroga del contrato por 15 años degradaría más a la Laguna del Tigre…

Sin embargo, todos estos cambios no afectaron la producción petrolera: el contrato había sido suscrito antes y, por  tanto, la nueva legislación no se le podía aplicar. Esto, a pesar de la inexorable degradación del Parque Nacional de la Laguna del Tigre. La carretera abierta por Basic Resources permitió la instalación ilegal de varias comunidades y de fincas ganaderas, muchas veces asociadas al narcotráfico, dentro del área protegida. Esto causó deforestación masiva y multiplicación de los incendios forestales.

En 2001, Basic Ressources fue absorbida por Perenco, empresa franco-británica con sede en Bahamas. Esta empresa, fundada en 1975, opera en 13 países de Europa, Asia, África y Latinoamérica. Especializada en campos petrolíferos modestos y de mediana rentabilidad, ha estado envuelta en numerosos escándalos. Por ejemplo, ha sido acusada de contaminación en República Democrática del Congo, y mantiene en este momento un litigio internacional con Ecuador por las ganancias de la explotación petrolera.

En Guatemala, Perenco produce entre 3 y 3,5 millones de barriles de crudo por año según datos  del Ministerio de Energía y Minas. Los ingresos para el Estado por esta actividad han variado con los años: alcanzaron un pico histórico en 2011, con 130 millones de dólares aportados a las arcas nacionales. Pero en 2015, con la caída de los precios del barril, el aporte sólo fue de 23 millones de dólares.

Desde que Perenco asumió el control de Xan, todo siguió su cauce, hasta que la empresa y las autoridades tomaron conciencia de que el contrato terminaba en 2010 y que su renovación no sería fácil con la nueva legislación en vigor. Desde entonces, la empresa ha recibido múltiples favores por parte de las autoridades.

El primer favor estatal a Perenco ocurrió en 2007 y tuvo carácter de delito. Delito juzgado y con sentencia firme desde 2012. Sergio Veliz Rizzo, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), fue condenado a tres años de prisión por modificar ilegalmente el plan maestro del parque nacional de la Laguna del Tigre.

Un plan maestro es un reglamento que dice qué se puede hacer y qué no en cada área protegida. Además, propone una evaluación ambiental del área, y señala cuáles son las principales amenazas en su contra.

En 2005, el CONAP renovó el plan maestro del Parque de la Laguna del Tigre, y, tras un largo trabajo de campo que incluyó al Centro de Estudios para la Conservación de la Universidad de San Carlos, a oenegés como Conservación Internacional y a equipos de arqueólogos, se consensuó un Plan Maestro aprobado por todas las partes, incluido el Consejo director de Conap.

Uno de los puntos clave de este plan era señalar la amenaza de la explotación petrolera. “Se señalaron amenazas directas, como daños a la flora y la fauna. Por ejemplo, la ONG The Nature Conservancy mostró que los peces de las lagunas mostraban daños en su ADN. Y se señalaron amenazas indirectas como la apertura de caminos que fomentaron la colonización del área y la deforestación”, explica Francisco Castañeda Moya, director del Centro de Estudios para la Conservación de la Universidad de San Carlos (Cecon).  El nuevo Plan Maestro prohibía explícitamente el desarrollo de nuevas actividades petroleras en el área de la Laguna del Tigre.

El resultado no fue del agrado de Perenco, y se lo hizo saber, por medio de una carta, al entonces secretario ejecutivo de Conap, pidiéndole que lo dejara sin efecto. En respuesta, Sergio Veliz Rizzo editó el documento y eliminó todos los párrafos que hablaban del petróleo. De esta forma, la petrolera dejó de ser una amenaza para el parque, y ya no se prohibía el desarrollo de la actividad ni la apertura de nuevos caminos. Este documento amañado fue publicado, y se convirtió en la referencia ambiental para el área. Sin estas modificaciones, la prórroga del contrato petrolero hubiera sido aún más difícil de justificar en el plano legal.

Veliz Rizzo, que al menos hasta diciembre de 2015 era asesor del Fondo para la Vivienda, fue condenado en 2012 a tres años de cárcel conmutables. Pero para ese entonces, el favor a Perenco ya había rendido sus frutos.

La segunda ayuda a Perenco vino de Manuel Baldizón en 2008. El entonces diputado petenero, que aún estaba afiliado a la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), quien presentó e hizo votar un proyecto llamado Fonpetrol. El objetivo era la repartición de los ingresos generados por el petróleo, pero, además, la ley contenía un regalo invaluable para Perenco: una reforma a la Ley de Hidrocarburos. Antes, ésta prohibía la renovación de los contratos petroleros. Con la modificación, el Congreso permitió darles vida por 15 años adicionales.

Con esto, el camino parecía despejado para celebrar la firma de un nuevo contrato con la petrolera franco-británica. Pero no les fue tan fácil.

El primer favor estatal a Perenco ocurrió en 2007 y tuvo carácter de delito. Delito juzgado y con sentencia firme desde 2012. Sergio Veliz Rizzo, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), fue condenado a tres años de prisión por modificar ilegalmente el plan maestro del parque nacional de la Laguna del Tigre.

Álvaro Colom tomó partido por la empresa de manera decidida. En declaraciones a la prensa, manifestó: “Sería una locura que en un país que se está muriendo de hambre, el Gobierno deseche una buena inversión”. Agregó que el dinero del contrato permitiría la luchar contra el narcotráfico, dar seguridad a la población de Petén y resguardar la Reserva de la Biosfera Maya.

Pero estos argumentos no convencieron a los escépticos. El Conap, a pesar de ser una secretaría de la Presidencia, presentó dictámenes desfavorables al contrato. La USAC, quien tiene a su cargo la administración del Biotopo de la Laguna del Tigre, también se opuso frontalmente. La Universidad Rafael Landívar y las organizaciones ambientalistas repudiaron a su vez la prórroga del contrato, como también lo hizo una comisión científica internacional enviada por la Convención Ramsar.

Álvaro Colom ni siquiera convenció a todo su gabinete. La decisión de firmar el nuevo contrato, oficializada el 22 de julio de 2010 por un acuerdo gubernativo, se tomó con la oposición de tres ministros: Carlos Menocal, ministro de Gobernación, Jerónimo Lancerio, de Cultura y Deportes, y Luis Ferraté, de Ambiente y Recursos Naturales. Hecho sin precedentes: el acuerdo gubernativo se publicó con tres votos disidentes. Menocal razonó su voto con argumentos de naturaleza ética. En cambio, Lancerio y Ferraté lo hicieron con argumentos jurídicos que muestran la ilegalidad del contrato.


Ferraté manifestó que la prórroga iba en contra de la Ley de Áreas Protegidas, de la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Maya y de la Convención Ramsar.

Perenco y las autoridades se defendieron diciendo que se trataba de la prórroga de un contrato antiguo y, que por lo tanto, las leyes de 1985 debían aplicarse. Pero, según el voto disidente de Ferraté, este argumento caía por su propio peso: según los términos del contrato, este era en realidad una ampliación y modificación del anterior, permitía nuevas actividades como la perforación de nuevos pozos y la construcción de una “minirefinería” de petróleo.

Además, argumentó Ferraté, si se aplicaban las normas de 1985, entonces también se tenía que aplicar la antigua Ley de Hidrocarburos, que prohibía la renovación de los contratos petroleros.

Hoy en día, Álvaro Colom sigue justificando la prórroga del contrato petrolero. “Nadie, ni el ministro de ambiente, ni la Secretaria Ejecutiva de Conap, me pudo demostrar que la prórroga del contrato por 15 años degradaría más a la Laguna del Tigre de lo que ya está. No había efecto adicional. Al contrario, nosotros beneficiamos el área protegida con la recuperación de muchas narcofincas que estaban en el área. Recuperamos 136 mil hectáreas de terreno y logramos que salieran de allí miles de cabezas de ganado”, explicó el exmandatario. En cuanto a la legalidad del contrato, zanja diciendo que fue estudiado muy a fondo para verificar que no fuera ilegal. Recordó además el beneficio social para los municipios de Petén y la Franja Transversal del Norte que reciben buena parte de los fondos petroleros.

La ley Fonpetrol establece que los Consejos Departamentales de Desarrollo de los departamentos donde se realizan las operaciones petroleras deben recibir el 20% de los beneficios que deja la actividad. Este monto, que se reparte a partes iguales entre las municipalidades de estos departamentos, debe ser invertido en infraestructura, desarrollo rural, energías renovables, turismo sostenible e inversión social. El monto que las municipalidades se repartieron gracias a Fonpetrol en 2015 fue de Q170 millones. En 2016, podrán repartirse Q46 millones, según los datos del presupuesto general.

Después de la firma del contrato, la Corte de Constitucionalidad recibió varios amparos y acciones de inconstitucionalidad por parte de algunas instituciones y organizaciones: del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), de la Universidad de San Carlos, de comunidades cercanas al campo petrolero y del propio Conap. Todos fueron denegados. Perenco siguió operando.

La única acción legal con vida en contra del contrato es una denuncia de la USAC ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sigue en trámite. Queda además por ver la reacción del Ministerio de Ambiente ante el dictamen de la PGN, que recomienda un cese de operaciones mientras Perenco no tenga un Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

La petrolera ha optado por el silencio, y rechazado las entrevistas solicitadas por Plaza Pública.

Lee también: Perenco opera sin Estudio de Impacto Ambiental desde 2010 (y ni Ambiente ni MEM dicen nada)

La historia de Perenco en Guatemala, así como los hallazgos recientes realizados por funcionarios del MARN, muestra la tendencia del Estado a romper con sus propias reglas y principios para favorecer determinados intereses.

Pero, sobre todo, muestra que Guatemala no ha sabido decidir hacia qué modelo de desarrollo quiere dirigirse. Como lo explica Andreas Lenhoff: “Guatemala debe determinar sus prioridades. Debe poner en la balanza si quiere privilegiar la explotación petrolera o las áreas protegidas. Si Guatemala determina que la explotación petrolera es más importante, entonces el Congreso debe revertir la declaratoria de áreas protegidas. Lo que no se puede es tener una ley de áreas protegidas y aceptar un contrato que contravenga esta ley”.

 

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Áreas petroleras atraen a empresas

Áreas petroleras atraen a empresas

POR URIAS GAMARRO Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA – Las propuestas fueron  presentadas ayer en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De adjudicarse la totalidad de las áreas, el país elevaría su capacidad de producción de 10 mil barriles a 50 mil barriles diarios de crudo.

El área de Cotzal (Petén) recibió cinco solicitudes; Laguna Blanca (Petén) y El Cedro (Alta Verapaz), tres; San Francisco, dos, y Cancuén (Petén) y Xalbal (Quiché), una, respectivamente.

El área de La Libertad (Petén) no recibió ninguna solicitud, según el Comité.

La mayoría de compañías interesadas tiene sus casas matrices en Canadá, Estados Unidos, Europa, Colombia, Panamá y en la isla San Mauricio.

Según directivos y mandatarios de las compañías, estas tienen experiencia en el manejo del área petrolera a escala mundial.

Luis Ayala, jefe de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, explicó que el próximo lunes se presentarán las ofertas, y en un período de 60 días  se analizará cuáles  son las mejores propuestas para el Estado.

“La zona de explotación es interesante para las empresas, porque se encuentra en el Arco de la Libertad”, añadió.

Se le denomina Arco de la Libertad a la franja donde se cree que existen reservas petroleras.

“Nos interesa continuar con el proyecto que tenemos en Guatemala”, expuso Francois Raux, gerente general de Perenco Guatemala, compañía que opera el campo Xan, en Petén.

Jennifer Yaeggy, de la Empresa Petrolera del Istmo (EPI), expresó que ofertaron en el campo El Cedro, ya que en la actualidad operan el campo de Rubelsalto, en Alta Verapaz.

Proceso

La explotación petrolera genera interés:

Según el MEM, 49 empresas se acercaron para solicitar información y las bases de licitación.

Si se adjudican las siete áreas petroleras,  la inversión sumaría  US$280 millones.

El área de Cotzal despertó más interés a las empresas, debido a que las compañías consideran que en el lugar hay una importante reserva.

Las empresas que ofertaron son Island Oil, Perenco, Empresa Petrolera del Istmo, Galax Garden, Trayectoria Oil Gas, Zacapa Energy, Greenfieds Petroleum, Roy Group y Quattro.

http://www.prensalibre.com/economia/Areas-petroleras-atraen-empresas_0_865113791.html

MEM promueve ronda petrolera

Al menos 40 empresas —la mayoría extranjeras— han adquirido las bases de licitación de siete áreas petroleras, con fines de exploración y explotación, dentro del proceso llamado “Ronda Guatemala 2012”.

Autoridades del Ministerio de Energía y Minas sostuvieron una reunión informativa con representantes de empresas que han manifestado interés en participar en la ronda petrolera. miguel lópez

POR AGUSTÍN ORTIZ

“No significa que las 40 vayan a presentar ofertas, pero sí es una muestra del interés que ha despertado la nueva ronda petrolera entre las compañías”, señaló el ministro de Energía y Minas (MEM), Érick Archila.

El proceso de licitación, lanzado el 13 de agosto último, busca que el país aumente la producción nacional de crudo a 51 mil barriles diarios hacia 2020.

El ministro participó ayer en una reunión informativa con representantes de compañías del sector petrolero, quienes han manifestado algún interés en participar en el proceso para dar a conocer los aspectos legales y resolver dudas sobre formalidades de la ronda.

Luis Ayala, director de Hidrocarburos del MEM, expuso que a finales de noviembre se publicará el acuerdo ministerial con los detalles de los requerimientos técnicos y económicos de la licitación, y se espera que en la tercera semana de enero del 2013 sea la recepción de ofertas.

El MEM promueve la licitación de siete áreas petroleras que en conjunto abarcan una superficie de 795 mil 858.8 hectáreas, entre Petén, Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, con el propósito de mejorar la producción petrolera del país, que de 30 mil barriles diarios hacia la década de 1980 bajó a 10 mil barriles al día en la actualidad.

Douglas Rosales, encargado de Relaciones Gubernamentales de la empresa Perenco —actualmente con operaciones en el país—, expresó el interés de esa firma en presentar ofertas en al menos dos áreas, tras haber reconocido el potencial petrolero de Guatemala.

Entre las compañías, cuyos represetantes asistieron a la reunión, están Pacific Rubiales Energy, Hupecol Operating, Trayectoria Oil & Gas, y Empresa Petrolera del Istmo.

http://www.prensalibre.com/economia/MEM-promueve-ronda-petrolera_0_806319382.html

MP trata de vincular a hombre en masacre de jornaleros en Petén

Edwin Otoniel Sis de León es señalado por un colaborador eficaz.

Jerson Ramos jramos@elperiodico.com.gt

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Ampliar imágen EP Foto:  Walter Peña > elPeriódico Sis de León declarará el martes, debido a que ayer no tenía asignado abogado defensor.

Quién es el colaborador eficaz

 

>Marvin Canahuí Tista fue capturado el 9 de junio de 2011 en Salamá, Baja Verapaz, durante los operativos de las autoridades para desarticular grupos del narcotráfico que operaban en esa región. El MP lo señaló como miembro de Los Zetas.

 

>El 23 de enero, luego de una negociación entre la Fiscalía y Cahanuí, el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo lo calificó como colaborador eficaz.

Otros señalamientos

 

Hechos atribuidos a los Zetas, después de la masacre.

 

> Colocación de mantas con amenazas a las autoridades y a la prensa, en Huehuetenango y Quiché.

 

> Ataque con granada a una radiopatrulla en Jalapa.

Casi 13 meses han pasado desde que los guatemaltecos despertaron con la noticia: 27 campesinos fueron decapitados en La Libertad, Petén. El hecho ocurrió el 15 de mayo de 2011. Las autoridades presentaron ayer, ante el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, a Edwin Otoniel Sis de León, primera persona capturada por la masacre.

 

La captura de Sis ocurrió el domingo en San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. Sis de León es perseguido por los delitos de asesinato en forma continuada, asociación ilícita y plagio o secuestro, según la orden de detención que la jueza Carol Patricia Flores giró el 4 de mayo.

 

Marvin Canahuí Tista, colaborador eficaz en el caso, incriminó a cuatro supuestos participantes en la matanza y miembros de grupo de sicarios los Zetas. Sis de León es una de ellas.

 

Declarará el martes

 

La audiencia de primera declaración del sindicado fue suspendida por Flores debido a que Sis de León no tenía abogado defensor, por lo cual la diligencia fue reprogramada para el próximo martes.

 

“A solicitud de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la audiencia se realizará bajo reserva porque “se espera que el sindicado proporcione información que nos ayude a profundizar en la investigación”, manifestó el fiscal del caso.


Hipótesis de la matanza

 

La hipótesis del Ministerio Público se refiere a que la masacre se debió a una venganza contra el finquero Otto Salguero, un supuesto narcotraficante del lugar quien ordenó el tumbe de un cargamento de cocaína a grupos vinculados con los Zetas.

 

La fiscalía cuenta además con la declaración de un sobreviviente, quien fingió estar muerto y mientras estaba en el suelo vio cómo sus compañeros eran asesinados.

 

Los responsables de la masacre escribieron mensajes en las paredes de un rancho, en los cuales se leía: vamos por tu cabeza Otto Salguero, firmados por el Z200,  presunto líder del grupo.

 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20120613/pais/213564/

PETÉN: Campesinos logran acuerdos con empresas

Miles de campesinos que trabajan en empresas Palmeras del municipio de Sayaxché Petén realizaron bloqueos desde el 8 de mayo y se declararon en paro por casi una semana, para pronunciarse en contra de las violaciones a sus derechos laborales, tras lo cual lograron acuerdos con autoridades, representantes del Ejecutivo y de Palmeras, se conoció aquí.

GUATEMALA Agencia CERIGUA

De acuerdo con una información del Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), el paro de al menos 12 mil campesinos por casi una semana, logró que las autoridades y representantes de empresas Palmeras se sentaran a dialogar y adquirieran compromisos con los líderes.

Entre estos compromisos está que el Ministerio de Trabajo verifique la situación de los trabajadores y que éstos gocen de las prestaciones que la ley otorga; que los trasladen a sus lugares de trabajo en buses y no en camiones destinados para el ganado, que se contrate a los trabajadores locales y que las empresas contribuyan al desarrollo de las comunidades vecinas.

Según la información, en el diálogo con las organizaciones campesinas participaron el Gobernador de Petén, Henry Amézquita, Rodrigo Pop, alcalde de Sayaxché, Julio Rivera Clavería, viceministro de Gobernación y los representantes de las empresas REPSA, NAISA, Tikindustrias y las empresa Palmas de Ixcán y GREPALMA; también estuvo presente Miguel Ángel Balcárcel, asesor presidencial, responsable del Sistema Nacional de Diálogo.

En contraparte, la Gremial de Pamicultores pidió al Presidente promover el diálogo entre los sectores afectados y las Instituciones Públicas del Estado correspondientes, asignar un interlocutor de alto nivel para mediar entre ambas partes, restablecer la gobernabilidad y la seguridad en el municipio de Sayaxché y la presencia de fuerzas combinadas para realizar patrullajes.

Según el CONDEG el próximo 4 de junio se realizará una reunión de seguimiento a estos compromisos en la Casa Presidencial, donde participarán las empresas y las autoridades gubernamentales.

Uno de los compromisos adquiridos por los labriegos fue retornar a sus labores el 15 de mayo, pero pidieron que las empresas no tomen ninguna represalia en contra de los líderes comunitarios ni de los dirigentes de las organizaciones campesinas, así como que les paguen los días laborados en compensación por las violaciones laborales que han sufrido durante años.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/departamental/158567-campesinos-logran-acuerdos-con-empresas-

Segeplan: El futuro del país depende de Petén

 

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, participó hoy en el lanzamiento de los procesos de planificación y ordenamiento territorial de Petén, impulsado por la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

POR LUIS ARÉVALO
larevalo@lahora.com.gt

Fernando Carrera, titular de Segeplan, consultado por La Hora previo a la actividad, dijo que este lanzamiento es parte de retomar la visión que se tuvo para Petén desde los años 70, “que fue pensado estratégicamente, con un plan departamental de desarrollo” que, según indicó, ordenaba el territorio en diferentes secciones, para lo que se consideraban diferentes usos económicos y de poblaciones.

Sin embargo, esa visión prácticamente se perdió entre los 80 y 90, según dijo Carrera, quien agregó que, “lo que estamos pretendiendo es retomar esa visión estratégica, de que Petén es no solo un porcentaje importante del territorio del país, sino probablemente, el departamento con la mayor riqueza de diversidad en términos de patrimonio natural y arqueológico y hoy sabemos, además, que también en términos de subsuelo”.

El Secretario destacó que “el futuro de Guatemala depende del futuro de Petén”, porque en gran medida, lo que sucede en ese departamento, afecta las potencialidades de desarrollo del país.

La perspectiva sobre el departamento de cómo se aprovecha Petén como territorio, amerita de un proceso de planificación y ordenamiento, retomando, en ese sentido, el proyecto de los años70, señaló el funcionario.

LAS RESERVAS

Fernando Carrera, indicó que existen partes del suelo del departamento de Petén que deben ser reservadas, como la Biosfera, mientras existen otras áreas con vocación hidrográfica y de cuencas para desarrollo agrícola, a las que se suman las que se debe conservar por el contenido y patrimonio histórico y cultural.

Otra parte importante para el proceso de planificación y ordenamiento es que Petén constituye “una gran ventana de oportunidades de conexión con México”, por constituir la frontera más larga que Guatemala tiene con el sur de ese país, que tiene potencial de aprovechamiento estratégico.

PETRÓLEO Y SEGURIDAD

“La idea es, por lo menos, empezar a pensar cómo hacemos para aprovechar mejor la riqueza del subsuelo”, destacó Carrera, al referirse a los yacimientos petroleros que se encuentran en el Departamento más grande de Guatemala, estableciendo el balance entre la explotación necesaria y posible de esos yacimientos y la preservación del medio ambiente.

Además de los temas ambientales y económicos y el equilibrio entre ambos, el Secretario agregó que se busca contribuir con las necesidades de seguridad del Estado de Guatemala, cuyo aspecto se sumó al plan inicial de los 70.

El lanzamiento de los procesos de planificación se da en el marco de la ley de los consejos de desarrollo, que abarca el conjunto de los municipios del departamento, por lo que puede considerarse regional, añadió Carrera.

En general, en los 80 y 90, “el país perdió direccionamiento en el tema de planificaciones”, pues se llegó a un punto en el que “políticamente no era importante la planificación en ningún sentido”; sin embargo, “los peteneros y los guatemaltecos, tenemos derechos a que el territorio y los recursos de Petén, sean utilizados de manera estratégica”, finalizó el funcionario.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/157994-segeplan-el-futuro-del-pais-depende-de-peten