Los xincas sí existen: CSJ suspende operaciones de la mina San Rafael

Alberto Pradilla, Plaza Pública, 5 07 17

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender de forma provisional la licencia de exploración y explotación de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael, filial de la empresa canadiense Tahoe Resources, que opera en el departamento de Santa Rosa. El fallo implica la suspensión inmediata de las operaciones, las cuales se encuentran detenidas desde el pasado 8 de junio debido a las protestas de los pobladores del municipio de Casillas, que responsabilizan a la mina de los daños que han sufrido sus viviendas.

La justicia le concedió la razón al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas): los municipios de Mataquescuintla en Jalapa, y de Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores en Santa Rosa, están habitados por indígenas xincas, y no fueron consultados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la instalación en esos territorios de los proyectos extractivos de la mina San Rafael, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Pueblos Indígenas y Tribales.

En mayo pasado, Calas presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo en contra del MEM, por la supuesta violación de los derechos de los xincas, no solo por no consultarlos sobre la instalación del proyecto minero, sino por haberlos discriminado al negar su existencia en las comunidades donde opera San Rafael. El amparo fue concedido a Calas de manera provisional el pasado 22 de junio, pero hasta el miércoles 5 de julio fue notificado a las partes. El fallo concede un plazo de 48 horas al MEM para suspender las licencias de explotación y exploración de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, mientras se realizan las audiencias respectivas para conocer los argumentos de los involucrados previo a resolver en definitiva. Ese proceso podría prolongarse por meses.

En dos ocasiones el MEM le respondió por escrito a Rafael Maldonado, abogado de Calas, que no había realizado las consultas comunitarias, porque que en los territorios donde se instalaron los proyectos de El Escobal y San Juan Bosco no hay presencia del pueblo xinca. “No se identifican pueblos indígenas, motivo por el cual no se consideró pertinente el proceso”, indicó el MEM en referencia a la autorización del proyecto San Juan Bosco. En relación a El Escobal, que es donde ya opera la mina San Rafael, argumentó que “los pobladores de San Rafael Las Flores no se identifican como indígenas”, por lo que tampoco se celebró consulta alguna. Pero, aseguró, se celebró un “proceso previo de carácter participativo e informativo”.

En la respuesta no se hacía mención a la consulta de buena fe realizada por los pobladores de las comunidades, en la que la mayoría de los vecinos rechazó los proyectos mineros.

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado,

“El MEM discriminó al pueblo xinca de Jalapa y Santa Rosa. Negaron la existencia de un pueblo, eso es discriminación”, explica Maldonado, quien pone como ejemplo el caso de San Juan Bosco, donde “existen tierras comunales xincas”, lo que contradice la versión del Ministerio de Energía y Minas.

Por el momento la mina no se ha pronunciado sobre la suspensión de las licencias. Semanas atrás, consultado por la posibilidad de que los jueces paralizasen la actividad, Andrés Dávila, jefe de comunicación de San Rafael, reclamaba “seguridad jurídica” para las inversiones y alertaba de los daños económicos que podría provocar una revisión de su licencia. El lunes 3 de julio, los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financias (Cacif) exigían al Estado acciones para garantizar las operaciones de las industrias del país, principalmente las de minería e hidroeléctricas.

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Horas antes de que la resolución de la CSJ fuera dada a conocer, decenas de personas que dijeron ser pobladores de San Rafael Las Flores, se manifestaron en las afueras de la Corte, para exigir a los magistrados que no otorgaran el amparo a Calas, bajo el argumento de que esa decisión dejaría sin empleo a miles de vecinos de la zona.

A partir de esta resolución, la mina debe detener toda actividad. Según Maldonado, el principal precedente es el de La Puya, suspendida definitivamente en 2016. El abogado de Calas recordó que los responsables de la empresa siguieron desarrollando los trabajos de extracción de oro y plata después de que los jueces decretasen la suspensión, lo que les motivó la apertura de una investigación penal.

En el caso de San Rafael, la empresa lleva sin trabajar desde el 8 de junio, cuando residentes de Casillas, municipio ubicado a 11 kilómetros, comenzaron un bloqueo para protestas por los daños que habían sufrido sus domicilios después de varios temblores. Los manifestantes denunciaban que la cercanía de la empresa había provocado grietas en sus viviendas. Ponían como ejemplo lo ocurrido en la vecina aldea de La Cuchilla, actualmente convertido en un pueblo fantasma después de que la mayoría de sus 300 habitantes abandonaron la zona. La mina se apoya en informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para negar cualquier responsabilidad en los desperfectos, pero ha comprado los terrenos a casi todos los antiguos pobladores.

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Un informe del Insivumeh, que instaló un sismógrafo en la zona, negó que las grietas de Casillas fuesen causadas por los trabajos en la mina. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los residentes, que siguieron impidiendo el paso de vehículos hacia la mina tras la presentación del informe, el pasado 21 de junio.

La tensión se incrementó un día después, cuando los antimotines de la Policía Nacional Civil lanzaron gases lacrimógenos contra las personas concentradas junto a la gasolinera de Casillas. No existía orden judicial, según confirmo Juan Herrera, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Rosa. Los policías trataron de permitir el paso de camiones que se dirigían a la mina, lo que causó choques con los vecinos. Según reportes de prensa, al menos once personas resultaron intoxicadas y cuatro fueron capturadas.

El enfrentamiento no disolvió la protesta, pero sí que la modificó. Al retén que se mantenía en la entrada de Casillas se le sumó otro en la aldea Amberes del municipio de Santa Rosa de Lima.

La mina no trabaja desde el comienzo de la protesta, según confirmaba Andrés Dávila. En los últimos días, sin embargo, la empresa ha realizado acopio de combustible. Lo hizo por vía aérea, mediante un helicóptero con el que eludió los bloqueos que impedían cruzar a los vehículos. Preguntado por la peligrosidad de la operación, Dávila argumentó que la empresa encargada del transporte contaba con todos los permisos para realizar este tipo de labores. No obstante, según esta versión, el combustible era únicamente para los generadores del interior, que permiten trabajar a las máquinas dedicadas a evitar que la mina se inunde.

La suspensión de las licencias de operaciones de los proyectos mineros se acogió con alegría en Casillas, donde decenas de personas continuaban con el bloqueo que impide el paso a los vehículos que se dirigen a la empresa. “Vamos a seguir con la protesta y la resistencia pacífica, con mucha más fuerza y más unidos”, aseguraba Marina Toledo, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo del municipio. Según señaló, tienen previsto mantener el bloqueo “hasta que se produzca el fallo definitivo y el cierre”.

El giro en los acontecimientos no ha puesto fin a un conflicto que se alarga desde 2013 y cuya principal batalla se dirime ahora en los tribunales.

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EL ESCOBAL: CC definirá futuro de proyecto minero

La Corte de Constitucionalidad tendrá en sus manos la suspensión de la licencia al proyecto “El Escobal” de Minera San Rafael.

Sin embargo, el director de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castellanos, asegura que la resolución de la sala de apelaciones no menciona en ningún momento la suspensión de la licencia minera y estima que solamente está ordenando conocer nuevamente la oposición a dicha licencia.

Según Castellanos el Ministerio hizo caso omiso de lo resuelto por la Corte de Apelaciones y se apeló ante la CC el rechazo a la oposición, ya que no se ha violado el debido proceso.

Por su lado, Rafael Maldonado, representante legal del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), expresa que la sala primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgó un amparo definitivo para suspender la licencia minera, esto porque el director de Minería deberá conocer la oposición antes de entregar la licencia minera, porque se violentó el debido proceso  al rechazar la oposición presentada por Kelvin Jiménez.

Maldonado dice que, ilegalmente, el director general de Minería otorgó la licencia minera, porque cuando recibió las oposiciones de la población, decidió rechazar la oposición y autorizar inmediatamente la licencia minera, violando el derecho de Jiménez al oponerse a la licencia minera de explotación, que ilegalmente fue otorgada el 3 de abril.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/186285-cc-definira-futuro-de-proyecto-minero

 

Corte Suprema rechaza amparar a exjefe de seguridad de mina

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó amparar de forma provisional a Alberto Rotondo, exjefe de seguridad de la Minera San Rafael, señalado de ordenar la agresión contra un grupo de comunitarios que protestaban contra la actividad minera.
La Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ rechazó el amparo provisional identificado bajo el número 937-2013, presentado por Rotondo en contra de la resolución que ordenaba que debiera guardar prisión preventiva.

El exjefe de seguridad de la minera, buscaba dejar sin efecto la resolución de la Sala de Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, que le revocó la medida sustitutiva y ordenó que fuera enviado a la cárcel inmediatamente, por considerar que existe peligro de fuga.

DEBE IR A PRISIÓN

Actualmente el exjefe de seguridad de la minera San Rafael se encuentra bajo arresto domiciliario con custodia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y con la obligación de firmar el libro de procesados cada 15 días.

Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), señaló luego que la CSJ rechazará la intención de Rotondo, este debe ir a la cárcel.

“El juez de Barberena debe acatar lo ordenado por la Sala de Jalapa y enviarlo a la prisión”, acotó el abogado. También señaló que el juzgado debe programar la audiencia de apertura a juicio contra el sindicado.

Rotondo fue acusado por el MP, pero la audiencia donde se discutiría si enfrentaría debate oral y público fue suspendida el 5 de agosto en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Barberena, Santa Rosa.

La Fiscalía y Calas señalan al exjefe de seguridad de haber dado la orden de agredir con armas de fuego a un grupo de comunitarios que el pasado 27 de abril protestaba contra la actividad de la Mina San Rafael.

PUEDEN APELAR

Por su parte, Claudia López, fiscal a cargo de la investigación, explicó que la negativa de amparar provisionalmente a Rotondo, podría desentrampar el caso; sin embargo, la defensa tiene el derecho de apelar el fallo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

La reactivación del caso dependerá del criterio del juez, indicó López, ya que este decidirá si el proceso estará detenido hasta que se resuelvan todas las acciones o si continuará el trámite mientras tanto.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/184446-corte-suprema-rechaza-amparar-a-exjefe-de-seguridad-de-mina

“Mina”, palabra prohibida en San Rafael Las Flores

http://www.elperiodico.com.gt/es/20130407/pais/226681/

8 de abril 2013 por Caudia Méndez Villaseñor

A favor o en contra, hablar de minería en este municipio genera conflictos, tanto o más que la política y la religión.

Camilo Zuleta González, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la aldea El Volcancito, de San Rafael Las Flores, resume el estado mental de los aldeanos, “solo pensamos en la mina, a favor o en contra, no tenemos otra conversación. Psicológicamente estamos dañados”, asegura.

La aldea está ubicada en una montaña a 12 kilómetros de la minera San Rafael. “El tejido social del municipio se ha roto. En algunas familias está prohibido el tema para no pelear. Pasa como cuando se debate sobre religión o política, cada quien tiene sus puntos a favor o en contra”, dice Óscar Morales, presidente del Cocode de San Rafael Las Flores.

¿Cómo llegaron a este punto de antagonismo? Representantes de los consejos explicaron ayer algunas de las razones en una conferencia de prensa.

“Han disparado a grupos de estudiantes cuando regresan de la escuela nocturna”, cuenta Sergio Pivaral, del Cocode de la aldea La Cuchilla, limítrofe con el proyecto minero. “Un cerco divide la minera de la carretera vecinal y por ahí tienen que pasar los muchachos todos los días. Los guardias han creído que se trata de una turba”, explica.

El ruido y el polvo también afecta a los pobladores, “dormir ya no es posible en la aldea a causa del zumbido y el deterioro ambiental”, señala Pivaral.

En El Fucío, otra comunidad de San Rafael Las Flores, localizada a dos kilómetros de la mina, el estruendo de las hélices de los helicópteros mantiene a los vecinos con los nervios a flor de piel, menciona Waldemar Mazariegos, vicepresidente del Cocode de esa aldea.En un día, este profesor de la escuela local ha contado hasta 84 sobrevuelos.

Especulación

Solo el asentamiento de la minera San Rafael en el municipio ocasionó también la caída de precios de vegetales y granos básicos. Pese a que la compañía aún no ha iniciado operaciones ni extraído un solo gramo de plata, en la aldea Los Planes, a 20 metros de la mina, los intermediarios pagan precios bajos a los productores de cebolla, chile pimiento, jalapeño, tomate y fríjol.

“Dicen que el producto está contaminado, que proviene de una zona minera, que no vale y lo rechazan”, menciona Vicente García, presidente del Cocode de este poblado. Eso les ha ocurrido en mercados como la Central de Mayoreo (Cenma) y La Terminal, asegura.

Andrés Dávila, coordinador de Comunicación de la mina, asegura que las quejas de los pobladores pueden resolverse a través del diálogo. Para ello crearon una oficina de Relaciones Comunitarias para resolver sus inquietudes.

Más consultas

  • Óscar Morales, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de San Rafael Las Flores, señala que durante 2013 continuarán las Consultas de Buena Fe en las aldeas del municipio, con el propósito de continuar el proceso que inició en enero. A la fecha, se han realizado cuatro sondeos de esta naturaleza en: San Juan Bosco, Los Planes, La Cuchilla y El Fucío. Los resultados serán tabulados y dados conocer a la opinión pública a finales del año.

 

Operaciones

  • Andrés Dávila, coordinador de Comunicación Corporativa de Minera San Rafael, menciona que la compañía cumplió con los requisitos que exige la ley y por ello obtuvo una licencia de explotación. “El Ministerio de Energía y Minas, el de Ambiente y el Gobierno nos autorizan a operar”, añade.
  • En junio próximo, la empresa concluirá la construcción de la planta y arrancarán las pruebas. Se prevé que comience a operar en los últimos meses de 2013.
  • Líderes comunitarios presentarán recursos legales esta semana, en contra de este permiso.

23.79%
de territorio, equivalente a 19.99 kilómetros cuadrados, ocupa la mina San Rafael, en el municipio de San Rafael La Flores, Santa Rosa.

Minerias obtienen licencias per aún no logran el consenso social

http://lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/175905-mineras-obtienen-licencias-pero-aun-no-logran-el-consenso-social-

6 de abril de 2013 por Regina Pérez

La aprobación de una licencia de explotación para la minera San Rafael S.A. en el municipio de San Rafael Las Flores, cumplió con los requisitos que exige la legislación ambiental minera y vigente en el país, según la empresa extractiva; sin embargo, activistas indican que la aprobación del contrato tuvo muchas irregularidades y que no se obtuvo la “licencia social”.

Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), señala que aunque la legislación vigente no garantiza una consulta previa a la población sí hubo 178 oposiciones a la minera que conoció la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y que debieron ser resueltas, pero a las que el Ministerio no dio trámite.

Las oposiciones fueron presentadas por miembros de comunidades que plantearon que no tenían información sobre el proyecto y que no estaban de acuerdo con la minera por temor  a riesgos ambientales.

Por otro lado, se realizó una serie de reuniones con la participación de un pequeño grupo de personas que escucharon “las bondades” de la mina y eso lo consideraron la licencia social, indicó Samayoa.

No hubo consulta comunitaria, ya que la misma no está contemplada en la legislación guatemalteca y no se ha logrado ningún avance en el Congreso de la República para legislar sobre ello.

SÍ HAY INFORMACIÓN
Sobre las 178 oposiciones a la minera, Andrés Dávila, coordinador de comunicación de la Minera San Rafael, señaló que todas las oposiciones fueron evacuadas y declaradas sin lugar. Las razones de las oposiciones no se conocieron, indicó.

Sobre si las mineras están de acuerdo en que se realicen consultas previas e informadas a las poblaciones donde operarán las empresas, Dávila señaló que la minera cuenta con una Oficina de Relaciones Comunitarias en el municipio, cuyo trabajo es el acercamiento a las comunidades.

El entrevistado afirmó que más de tres mil personas han conocido las instalaciones en donde se llevará a cabo el proyecto, que se encuentra dentro del casco urbano del municipio de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa.

Sobre la oposición social que tiene la minera en el municipio, Dávila indicó que, tal como lo afirma el Ministro de Gobernación, la oposición no es de pobladores del lugar; el 95 por ciento de los empleados de nuestra mina son guatemaltecos y más del 45 por ciento son de San Rafael Las Flores, justificó.

SIN LEGISLACIÓN
Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), manifestó que el tema de consultas comunitarias como mecanismo para obtener la licencia social de las comunidades es un tema contundente que no ha querido ser abordado por el MEM, el Ejecutivo  y el Congreso.

No se trata solo de voluntad para regularlo sino que no quieren reconocer que son vinculantes, dado que están reguladas en el Código Municipal; no se ha querido legislar sobre eso ya que saben que la población en su gran mayoría rechaza la actividad minera, esto se ha demostrado con encuestas y con las consultas comunitarias que se han realizado en el país dijo Maldonado.

CALAS accionará legalmente por la aprobación de una licencia minera

http://lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/175795-calas-accionara-legalmente-por-la-aprobacion-de-una-licencia-minera

4/4/2013 por EDER JUÁREZ

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) presentará acciones legales por la aprobación de la licencia minera de explotación de Minera San Rafael. Las denuncias penales se plantearon contra la Secretaria General del Ministerio de Energía Minas (MEM), el Director General de Minería y una asesora del despacho del Ministro.

Las denuncias serán en contra de la secretaria general del MEM, María Mercedes Bonilla, de la asesora del despacho Justina Solís, así como del director general de minería Fernando Castellanos Barquín.

Las acciones se presentarán por la manera ilegal y arbitraria en la que se entregó la licencia de explotación, según informó CALAS; por eso se desarrollaran todas las acciones legales en materia constitucional administrativa y penal para invalidar la licencia otorgada.

Además de solicitar de inmediato la investigación criminal de oficio al Ministerio Publico, a fin de sancionar a los funcionarios responsables de esta “violación del ordenamiento jurídico nacional”.

La Hora buscó una reacción del MEM al respecto, pero al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.

RECHAZO
CALAS rechazo profundamente el otorgamiento de la licencia de explotación a la empresa minera San Rafael S.A. contra la cual pesa una denuncia penal por contaminación industrial de las aguas de la quebrada El Escobal, afluente directo del río los Esclavos, situación que hacia totalmente inviable la aprobación de la licencia otorgada, informó la organización ambientalista en una conferencia de prensa.

Yuri Mellini, director de CALAS señaló que “el gobierno de manera irresponsable autoriza una licencia que está plagada de vicios legales y por lo tanto es nula de pleno derecho” por lo que desde ayer iniciaron las acciones legales que correspondan.

Rafael Maldonado de CALAS, índico que se encuentran sumamente preocupados por la forma “ilegal, arbitraria y oscura” en la que el  MEM otorga la licencia de explotación a la empresa minera San Rafael por lo que rechaza esta situación.

VIOLACIÓN
CALAS indicó que la actitud asumida por el MEM viola la prevalencia del bien común por ignorar las consultas de vecinos celebradas en los municipios del Casillas, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima, así como las asambleas comunitarias de consulta de San Rafael las Flores.

En las asambleas, el 98 por ciento de los pobladores rechazaron el desarrollo del proyecto minero, por lo que se manifiestan notorias ilegalidades al otorgamiento de la licencia a la minera San Rafael.  Además de la seria violación al Estado de Derecho por parte del MEM, al rechazar tramitar al menos 250 oposiciones administrativas presentadas por pobladores de los municipios afectados por la licencia minera otorgada.

Según CALAS esta decisión administrativa, aparte de ilegal, representa una seria violación a los derechos fundamentales de los interponentes, toda vez que de acuerdo a los artículos 46, 47, 48, 49 que regula lo relativo a las oposiciones administrativas, no exista fundamento legal para rechazar dicho proceso.

MEM ortorga dos licencias de explotación

4 de abril de 2013

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/MEM-otorga-licencias-explotacion_0_895110500.html

En medio del rechazo de grupos ecologistas, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Minera San Rafael obtuvieron ayer licencias de explotación minera que les permitirán operar por 25 años.

El anuncio fue efectuado ayer por Érick Archila, ministro de Energía y Minas.

“Se llevó a cabo un trabajo técnico y ambiental. Las empresas cumplieron con todos los procesos. Es una buena noticia, pues se generará más empleo en el país”, refirió el funcionario.

Archila expresó que cuando las compañías produzcan y exporten, el Estado percibirá en regalías un promedio anual de Q500 millones.

El monto incluye el pago de impuestos y 3% de regalías por CGN y 5% de San Rafael.

Archila recordó que en febrero del 2012 se firmó un acuerdo de regalías voluntarias en el que se establecía que las mineras pasarían de pagar 1% hasta 5%, según el mineral explotado. El acuerdo gubernativo 105-2012 entró en vigencia el 1 de junio de ese año.

Proyectos

La CGN operará el proyecto Niquegua Montúfar, que está ubicado en Los Amates, Izabal, en un área de 31.46 kilómetros cuadrados.

Esa empresa pretende extraer níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio, explicó el presidente de la empresa de capital ruso, Dmitriy Kudryakov.

La compañía tiene prevista una inversión de US$400 millones en la primera etapa, que concluye en junio próximo; US$750 millones en la segunda, y US$1.5 millones más en la tercera, que terminaría en el 2015.

Kudryakov afirmó que cuando la mina esté en su tercera fase se generarán dos mil empleos directos.

En el caso del proyecto El Escobal, que pertenece a la mina San Rafael, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, la extracción será principalmente de plata.

Juan José Cabrera, director general de la minera, expuso que se han invertido hasta ahora US$400 millones. “Pero cuando produzcamos y exportemos podría llegar a Q800 millones anuales”, aseguró.

Cabrera refirió que por cada dólar que la compañía reciba se le darán al Estado US$0.35.