Se invierten Q108 millones en los escuadrones de seguridad; ¿Más Ejército, menos violencia?

POR MARIELA CASTAÑÓN 

Más de 1 mil 500 elementos de las fuerzas castrenses se incorporaron a las labores de seguridad ciudadana el pasado 14 de junio, según las autoridades, para fortalecer las acciones de la Policía Nacional Civil (PNC) en materia de seguridad ciudadana.


Sin embargo, expertos consultados creen que la presencia del Ejército no reducirá ni prevendrá los hechos de violencia, como ya ha ocurrido con estrategias similares de gobiernos anteriores. Así surge la pregunta: ¿Por qué no se invierte y fortalece a la Policía?

En un acto conmemorativo realizado la semana pasada, del que participó el presidente Otto Pérez Molina y funcionarios de los ministerios de Gobernación (Mingob) y de la Defensa, se incorporaron más de 1 mil 500 elementos de las fuerzas castrenses en las labores  de seguridad ciudadana.

El mandatario dijo que el despliegue militar permitiría colaborar con las acciones que realizan los miembros de la institución policial, al menos hasta que se concluya con el proceso de reforma policial.

Pérez Molina agregó que esta acción es parte de la promesa a la población, de brindar protección, aumentando la presencia de las fuerzas de seguridad en nueve localidades con altos índices de criminalidad.

Según el anuncio realizado por el jefe de Estado, los efectivos del Ejército serán ubicados en tres departamentos, pero tendrán presencia en nueve.

El despliegue de occidente se instalará en Huehuetenango y también cubrirá Quiché y Alta Verapaz. Las operaciones del área sur serán dirigidas desde Escuintla, y tendrán cobertura en Suchitepéquez y Santa Rosa. Por otro lado, las actividades de oriente se centralizarán en Zacapa, con despliegues en Izabal y Chiquimula.

La inversión para desplegar esta fuerza de seguridad sobrepasó los Q100 millones, según Erick Escobedo, portavoz del Ministerio de la Defensa.

“Para la implementación de estos tres nuevos escuadrones reservistas de seguridad ciudadana se están empleando Q108 millones, para entrenarlos, uniformarlos, equiparlos y adiestrarlos; esto también incluye las instalaciones donde estarán habitando y todos los vehículos que se les están asignando para efectuar los patrullajes vehiculares y a pie”, indicó Escobedo.

El portavoz refirió que estos grupos prestaron servicio militar con anterioridad y fueron capacitados durante dos meses por el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el equipo de la Cruz Roja Internacional de México, que impartió una capacitación sobre derecho humano internacional.

FUNCIONES Y FACULTADES

Escobedo explicó que con los tres “escuadrones” instalados la semana pasada suman en total nueve los grupos que están capacitados para colaborar con la seguridad ciudadana, aunque asegura que los 21 mil elementos que hoy integran el Ejército están al servicio de la población para apoyar a la fuerza de seguridad civil.
El portavoz dijo que las funciones del Ejército son de apoyo a la PNC y por eso no pueden actuar individualmente, pero indica que, como cualquier ciudadano, podrían capturar a un delincuente si fuera necesario.

“Los que tienen la facultad para capturar y hacer la prevención es la PNC y por eso se requiere del acompañamiento de un policía como mínimo en cada uno de estos equipos de trabajo, pero de acuerdo con la Constitución Política de la República, cualquier ciudadano puede efectuar una captura –y poner al detenido a disposición de la Policía– cuando  en presencia de otra persona esté efectuando un hecho ilícito, fuera del orden o fuera de la ley, esto no es facultad solo del Ejército o de la PNC, esto es facultad de cualquier ciudadano”, indicó.

Entre las funciones específicas de los miembros del Ejército están coadyuvar con el mantenimiento del orden público, proteger a los ciudadanos y sus bienes, mantener puestos de control y registro, realizar patrullajes a pie y motorizados, y prestar seguridad en puntos de incidencia delictiva; éstos pueden ser en paradas de buses, mercados y escuelas.

Según Escobedo, los elementos castrenses portan armas cortas –pistolas–, aunque al menos uno de los integrantes del equipo de seguridad ciudadana debe usar un arma larga para prevenir un ataque y tener capacidad de respuesta.

COMPETENCIA DE PNC

Diego Montenegro, experto en Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), opina que la seguridad ciudadana es competencia de la PNC y por otro lado, el Ejército debe reforzar las fronteras y no involucrarse en estas actividades.

“No es al Ejército a quien le compete la seguridad ciudadana, sino a la PNC. El Ejército está encargado de cuidar las fronteras, de cuidar la soberanía del país y en casos extremos, de intervenir para la solución de problemas cuando sea necesario, pero de forma extraordinaria y no ordinaria como sí lo es la PNC. Insistimos en que se debe fortalecer a la Policía y que cada ente cumpla con su función”, dijo Montenegro.

El profesional explicó que el problema de la contradicción legal sobre las funciones de las fuerzas castrenses, no es el Ejército, sino de quien decide sobre la institución, quien tergiversa sus funciones.

“Si usted analiza el Artículo 244 de la Constitución, en su parte conducente establece que una de las características del Ejército es único, indivisible, esencialmente profesional, apolítico y, lo más importante al final, obediente y no deliberante, es decir, el Ejército acata instrucciones de su superior.  También el Artículo 182 en su segundo párrafo establece que es el Presidente de la República el Comandante General del Ejército. No es el Ejército el problema”, reiteró el entrevistado.

Por aparte, Helen Mack, excomisionada para la Reforma Policial, indicó que la respuesta a la seguridad ciudadana debe ser de la Policía y en ella se debe invertir tiempo, recursos, y por eso considera que es importante implementar cambios para fortalecer la institución.

“Es la PNC la respuesta a la seguridad ciudadana y por eso era la importancia de la Reforma Policial; cualquier cuerpo de seguridad que va a lidiar con delincuentes está vulnerable a la corrupción, no necesariamente el Ejército es menos corrupto que la Policía, pero por otro lado las soluciones militares no son sostenibles en materia de seguridad ciudadana”, indicó.

La profesional dijo que las “Fuerzas de Tarea” como la Kaminal, la Maya y otras, no son sostenibles y no son la solución para enfrentar la violencia, porque la formación del Ejército es presencial y ocupacional, pero no realiza un trabajo preventivo y si lo hace es a través de la perspectiva militar. “El Ejército está llamado para la defensa no para la seguridad ciudadana y ahí es donde hay una confusión de conceptos”, dijo.

La excomisionada lamentó que la Reforma Policial “se cayó” a un año y medio de la administración de Otto Pérez Molina. “Desafortunadamente en año y medio que lleva el Gobierno yo diría que se cayó, yo no veo cambios sustanciales. El plan que se supone que fue aceptado y que se iba a implementar no se ha visto, empezando porque quienes están llevando a cabo la Reforma Policial no son policías y los que se tienen que reformar son los policías”, manifestó la directora de la Fundación Myrna Mack.

Los entrevistados fueron consultados para conocer sus opiniones sobre las razones del porqué las fuerzas castrenses tienen más credibilidad que la fuerza policial y concluyeron en que esto se debe a la desesperación por la inseguridad y porque la Policía no llena las expectativas de la ciudadanía.

“Es una esperanza –el Ejército–, igual lo harían si les decimos que podemos traer al FBI, a la Guardia Suiza, llegamos a un punto de desesperación donde lo que queremos es que alguien nos brinde seguridad, se ve en el Ejército una esperanza porque dicen ‘como la Policía no está funcionando como esperamos, entonces busquemos a otro ente que posiblemente nos la pueda dar’ ”, explicó Montenegro.

DECISIONES PRESIDENCIALES ANTECEDENTES
El analista Sandino Asturias realizó un análisis sobre decisiones presidenciales que involucraron al Ejército en tareas de seguridad ciudadana durante gobiernos anteriores.
El Acuerdo Legislativo 40-2000, “Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil”, de junio 2000, elaborado durante el gobierno de Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se publicó cuando la situación de  violencia e inseguridad estaba en un nivel mucho menor. El acuerdo establece una serie de atribuciones: “Sin carácter limitativo, la asistencia y cooperación, incluye de manera especial el control y combate de la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes, psicotrópicos y demás drogas relacionadas con la narcoactividad; los delitos de plagio o secuestro; el contrabando y la defraudación; la depredación de los bosques; la conservación del patrimonio cultural; el trasiego de armas y demás hechos en los que se considere conveniente el apoyo del Ejército de Guatemala. Además del apoyo para la seguridad perimetral de los centros de detención penal”.
En el gobierno de Óscar Berger, de la Gana, después de reducir el Ejército, bajo la dirección del entonces Comisionado Presidencial de Seguridad, general Otto Pérez Molina, actual presidente de la República, se publicó el Acuerdo Gubernativo 83-2006 que reformó el 178-2004, estableciendo que: “El Plan de Movilización consistirá en la captación de efectivos de la reserva disponible, que sean llamados a conformar cuerpos especiales cuya función será de carácter temporal para apoyar las tareas de restablecimiento o mantenimiento de la seguridad interna, en contra de las amenazas de la delincuencia y el crimen organizado, así como la ayuda humanitaria”.
El gobierno de Álvaro Colom de la UNE apoyó también la intervención militar en la Seguridad Ciudadana, además de incrementar el personal militar y la reinstalación de antiguos destacamentos militares, decretó reformas al Acuerdo Gubernativo 178-2004, mediante el Acuerdo 216-2011, que establece que:  “Para que el Ejército de Guatemala pueda cumplir con el objeto (incremento del personal militar), debe contemplarse, dentro del presupuesto, una asignación a favor del Ministerio de la Defensa Nacional, de conformidad con la disponibilidad financiera, la que en ningún caso, podrá ser menor al 0.33% del PIB”.
COMUNIDADES “PIDEN AL EJÉRCITO”
La mayoría de comunidades azotadas por la inseguridad y la violencia exigen la presencia del Ejército y no de la PNC, a la que usualmente califican de “corrupta”; sin embargo, es en estas áreas donde la respuesta no siempre es la esperada.
El 6 de abril fue instalado un Destacamento Militar en Ciudad Quetzal, por la solicitud de conductores de mototaxis que eran víctimas de crímenes y extorsiones.  Sin embargo, el pasado 22 de mayo, cuando ya estaba instalada esa fuerza militar, fue descuartizado uno de los pilotos identificado como Jorge Aurelio Maldonado Flores, de 27 años.
El 3 de abril en el kilómetro 14 de la Calzada Roosevelt fueron asesinados el piloto de un bus extraurbano identificado como César Augusto Guerra Ordón, de 33 años, y su ayudante.     Las víctimas se parquearon en la parada que se ubica en ese sector, cuando delincuentes los atacaron frente a dos elementos del Ejército que no pudieron actuar.
La zona 18 continúa en el mapa policial como una de las más peligrosas en la capital, derivado del repunte y recurrencia de crímenes, esto a pesar de que el 22 de septiembre del año pasado se instaló la Fuerza de Tarea Maya con un amplio despliegue de fuerzas castrenses.
Ante estos sucesos fue consultado el viceministro de Prevención del Delito y la Violencia de la Cartera del Interior, Árkel Benítez, quien dijo que con la instalación de un Gabinete Específico del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz se articularán esfuerzos, no solo de las fuerzas castrenses, sino de varios ministerios.
“Dimos un paso importante con la instalación del Gabinete Específico del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz; es un Acuerdo Gubernativo al que se le da una formalización a lo que nosotros le hemos llamado poner el gabinete al Consejo de Ministros para la seguridad ciudadana porque todos los que convergen son tareas directas o indirectas que inciden en niveles diferentes, pero con mucha importancia en la reducción de violencia y prevención del delito, aquí no es solo el Ejército quien participa, sino el concurso de todas las instituciones que generan un esquema integral”, refirió.
Según el funcionario, con esta disposición se pretende la prevención primaria, secundaria y terciaria.
ACUERDOS DE PAZ
Función del Ejército
Los Acuerdos de Paz suscritos en 1996 por Otto Pérez Molina –entonces General de Brigada–, que incluyen el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, delinearon nuevas funciones para las fuerzas castrenses:
“La misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio; no tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de  cooperación. Las medidas concretadas en el presente Acuerdo adecúan su doctrina, medios,  recursos y despliegue a sus funciones y a las prioridades de desarrollo del país”.
“Para la implementación de estos tres nuevos escuadrones reservistas de seguridad ciudadana se están empleando Q108 millones, para entrenarlos, uniformarlos, equiparlos y adiestrarlos; esto también incluye las instalaciones donde estarán habitando y todos los vehículos que se les están asignando para efectuar los patrullajes vehiculares y a pie”. Erick Escobedo Ministerio de la Defensa

 

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/179382-se-invierten-q108-millones-en-los-escuadrones-de-seguridad-imas-ejercito-menos-violencia

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Gobernación reforzará la seguridad en Jalapa

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se comprometió la semana última a reforzar la seguridad en la cabecera de Jalapa, debido a la zozobra que ha generado la invasión de tierras en este lugar por parte de campesinos de Montaña Santa María Xalapán, quienes han causado enfrentamientos entre los propietarios de inmuebles, los cuales han cobrado la vida de varias personas en los últimos días.

El ministro López Bonilla da declaraciones en la bancada de la UCN,  en el Congreso de la República. Hugo Oliva

El ministro López Bonilla da declaraciones en la bancada de la UCN, en el Congreso de la República.Familias que invadieron terrenos en la aldea El Terrero, cabecera de Jalapa, son desalojadas. Hugo OlivaFamilias que invadieron terrenos en la aldea El Terrero, cabecera de Jalapa, son desalojadas

POR HUGO OLIVA

“Hoy hago un compromiso con ustedes, y lo primero es integrar una mesa de trabajo, pero no para dialogar, sino para entrar en acción, como corresponde. Además, se reforzará a la Policía Nacional Civil con equipo especial”, afirmó el funcionario.

Ejército

López Bonilla indicó que aparte se tendrá que pedir el apoyo de miembros del Ejército, aunque el tema es polémico cuando se menciona a esta institución, debido a lo ocurrido recientemente en Totonicapán.

El ministro habló de la posibilidad de un estado de Sitio, pero dijo que es un asunto que hay que consultar con el presidente Otto Pérez Molina.

Mario Cantoral, gobernador departamental de Jalapa, expresó: “Espero obtener el apoyo del Gobierno, pues se pretende que ya no existan más pleitos y pérdida de vidas humanas”.

En la reunión, en la bancada de Unión del Cambio Nacional (UCN), en el Congreso de la República, Cantoral hizo públicas las amenazas de muerte de las que ha sido objeto desde que se comenzó a buscar una solución a este problema de tierras, y no descartó que estas acciones provengan de los grupos invasores.

http://www.prensalibre.com/jalapa/Gobernacion-reforzara-seguridad-Jalapa_0_792520779.html

Policía enfrenta tres desafíos de seguridad

La Policía Nacional Civil (PNC) se enfrenta a los desafíos de aumentar el número de agentes, homogeneizar sus armas y mejorar su infraestructura, aspectos que deberán cumplirse en tres años para tener la capacidad de atender las demandas de seguridad de la población.

15/10/12 – 00:00 Política

Policía enfrenta tres desafíos de seguridad

La Policía Nacional Civil (PNC) se enfrenta a los desafíos de aumentar el número de agentes, homogeneizar sus armas y mejorar su infraestructura, aspectos que deberán cumplirse en tres años para tener la capacidad de atender las demandas de seguridad de la población.

Con la graduación de la próxima promoción de  la Policía Nacional Civil se contará con  25 mil agentes, con la que se inicia el camino para fortalecer esa institución. archivo

Con la graduación de la próxima promoción de la Policía Nacional Civil se contará con 25 mil agentes, con la que se inicia el camino para fortalecer esa institución.

POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, expuso que la PNC ha acumulado una serie de situaciones que no se han manejado con criterio estratégico, como que, en teoría, la fuerza policial debería ser de 25 mil agentes.

Entre las carencias de la institución policial, el funcionario indicó que al asumir el cargo encontró un déficit de dos mil 500 agentes, cuyas plazas estaban vacantes, así como 300 jubilados y dos mil 100 destinados a cuidar edificios de embajadas e instituciones públicas, proteger a diputados y gobernadores, y cumplir con medidas cautelares.

Además, 500 policías apoyan cada día el traslado de reclusos a los juzgados, a lo que se suman los cerca de 200 policías consignados por faltas graves y por vinculaciones con el crimen organizado durante los nueve meses de la gestión de López Bonilla.

Nueva promoción

El ministro afirmó que ya se empezó a revertir ese panorama con la graduación de mil 533 agentes, en agosto último, y con la siguiente promoción se tiene previsto graduar a mil 600, en enero, con lo cual se pretende contar con los 25 mil agentes.

“Nuestra oferta es subir 10 mil policías más para llegar a 35 mil, y que en la medida que aumenten los agentes se disminuya la participación del Ejército, y cuando terminemos, el Ejército debería estar fuera de cualquier actividad de seguridad civil”, expresó López Bonilla.

No es lo ideal

Cecilio Leiva, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, considera que el camino no es fácil, pero la meta es alcanzable.

“No es una situación que fuera ideal pero sí necesaria, pero al menos se debe llegar a los 35 mil agentes en las calles”, dijo.

Leiva exhortó a las instituciones que cuentan con seguridad de la PNC a que prescindan de sus servicios, de manera que esa cantidad de policías se involucren en tareas de persecución del delito.

Cynthia Fernández, de la Asociación de Investigación y Estudios Económicos y Sociales, opina que se debe fortalecer a la Policía porque su debilidad viene desde hace 15 años.

Armas diferentes

Otra de las penurias de la Policía es el déficit de seis mil armas, por lo que ahora los agentes entregan su arma cuando concluye su turno. Además, el armamento no es homogéneo, lo que López Bonilla califica de inconveniente, porque se utilizan diferentes marcas —Jericho, CZ y Beretta—.

Infraestructura

Según Adela de Torrebiarte, comisionada para la Reforma Policial, un estudio efecutado en las 750 sedes policiales reveló que en 135 es prioritaria la remodelación.

La funcionaria resaltó que se han instalado 750 módems, con el propósito de que haya mayor comunicación entre la Dirección de la PNC y las sedes.

Dijo que con esa tecnología pueden transmitir con más agilidad la información de los actos ilícitos que ocurren en su jurisdicción.

Metas

Para los próximos tres años, el ministro de Gobernación  tiene previsto fortalecer la PNC.

Agentes: se pretende sumar seis mil policías en el 2013, y para el 2014, otros cinco  mil, para llegar a  35 mil.

Armamento: serán  homogeneizadas  las armas que utilizan los 25 mil policías actuales, para lo cual se publicará  una licitación.

Infraestructura: el plan es remodelar todas las sedes. En Guatecompras ya se encuentran 35 de las 135 prioritarias.

Descentralización: la Academia de la PNC tendrá sedes  en Huehuetenango y Jalapa.

http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Policia-enfrenta-desafios-seguridad_0_792520818.html

El Ejército continuará apoyando a la PNC con labores de seguridad

El Ejército de Guatemala continuará en labores de seguridad interna mientras la Policía Nacional Civil (PNC) no aumente en número ni en calidad, dijo el presidente Otto Pérez Molina, luego de su reunión semanal de gabinete.

POR LUIS ARÉVALO
larevalo@lahora.com.gt
La semana pasada, varios sectores de la sociedad pidieron al Gobierno de Otto Pérez Molina excluir al Ejército de labores de seguridad interior, que corresponden a la Policía Nacional Civil, que está bajo el mando del Ministerio de Gobernación. Aunque no es la primera vez que se hace ese tipo de peticiones, estas tuvieron mayor eco debido al desenlace fatal del jueves 4 de octubre en la Cumbre de Alaska.  Incluso, a nivel internacional, hubo foros donde se daba ese tipo de discusión.

El presidente Pérez Molina dijo recientemente que respeta la postura de las diferentes entidades que hicieron la petición y sobre todo el curso de la investigación que realiza el Ministerio Público, que tiene como resultado la captura de nueve militares sindicados de muerte extrajudicial y muerte extrajudicial en grado de tentativa, supuestamente por los resultados mortales en la ruta Interamericana en incidentes a causa de bloqueos en esa carretera.

Ayer, luego de su reunión semanal de Gabinete, en la que se discute varios temas de interés nacional para el gobierno del país, el mandatario informó que se hizo una revisión del Decreto 40-2000 del Congreso de la República, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil. Sin embargo, debido a la profundidad y extensión del tema, Pérez Molina comentó que integró una comisión en la que participarán el Secretario General de la Presidencia, el Ministro de Defensa, el Ministro de Gobernación, el Secretario de Inteligencia Estrategia y el Secretario de la Paz para hacer la propuesta de modificación que se pretende presentar al Organismo Legislativo, y que permita que solo las fuerzas civiles se encarguen de la seguridad interna.

“No estamos quitando al Ejército”, afirmó el mandatario, mientras recordaba parte de su propuesta electoral y el cumplimiento de la misma desde su perspectiva. “Yo lo dije en campaña y estamos cumpliendo con lo que estamos diciendo”, aseguró.

Es decir, que  “aquí, mientras no seamos capaces de aumentar, de profesionalizar y hacer las reformas en la Policía Nacional Civil, no podemos permitir que se nos vuelva una anarquía y que se vuelva un irrespeto al Estado de Derecho”, agregó el Presidente.

CONSCIENTE DE PROBLEMÁTICA
Pérez Molina aseguró conocer “las grandes desigualdades, los graves problemas, de los grandes rezagos que existen en el interior y tenemos que trabajar sobre eso” y que por ello nombró a varios funcionarios para que se encarguen de esos temas, como el Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural Integral y el apoyo a la iniciativa de ley sobre el mismo tema.

Por ello, el jefe del Ejecutivo afirmó que “lo que tenemos que ver como guatemaltecos, es cómo hacemos de Guatemala un país viable, donde todos respetemos la ley y los derechos de los demás guatemaltecos”.

Advirtió que los ciudadanos deben ser conscientes de que en Guatemala, “si seguimos en la línea de la confrontación, de que tenemos que tomar medidas de hecho para solucionar nuestros problemas, vamos entrar en un círculo vicioso del que va ser imposible que salgamos”.

JUZGADO SEXTO
Dan trámite a antejuicio

El Juzgado Sexto del Ramo Penal dio trámite al antejuicio promovido por el Ministerio Público, en contra del presidente Otto Pérez Molina y el Ministro de la Defensa, Ulises Anzueto, para que se establezca si hay motivo de ser despojados de su inmunidad y sean investigados por los hechos ocurridos en la Cumbre Alaska. Según la jueza Silvia de León, ambos son señalados de la posible comisión de los delitos de ejecución extrajudicial en grado de tentativa, ejecución extrajudicial, lesiones, violación a la Constitución, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.

BANCADA
Cuestionan hechos

Diputados de Encuentro por Guatemala cuestionaron a autoridades del Ministerio de la Defensa sobre los hechos registrados la semana pasada en la Ruta Interamericana, donde seis personas murieron en los disturbios.

Los diputados señalaron que para manifestaciones o bloqueos de población civil no se debe utilizar la fuerza militar, por naturaleza el soldado es entrenado a repeler ataques incondicionalmente, es parte de su entrenamiento, señalaron.

Ven pocos avances en seguridad y justicia

El Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad presentó esta mañana el tercer informe de monitoreo del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (ANASJ), el cual señala que no han existido avances significativos en estos temas.

POR ÉDER JUÁREZ 

Según este informe únicamente se ha avanzado en un 20 por ciento, ya que se ha tenido un estancamiento de la agenda legislativa de seguridad. FOSS señala que la aplicación de las Fuerzas de Tarea no es congruente con el espíritu del Acuerdo para el Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una sociedad democrática.

Además indican que en el 2009 se registraron algunos avances de dicho acuerdo, pero que en el balance general a finales del 2011, los resultados eran desfavorables, señalan que ante el proceso electoral de 2011 hubo una ausencia del ANASJ, como parámetro del debate político y desarrollo de ofertas electorales y planes de gobierno por parte de la mayoría de partidos que participaron en la contienda.

Según Enrique Álvarez, Director Incidencia Democrática, la valoración que como organizaciones sociales es que respecto del acuerdo a pesar de la enorme trascendencia que tiene que haya sido firmado por los tres presidentes de los organismos de estado y la fiscalía general, nunca tuvo la relevancia que debía tener.

Sin embargo, indica que esto pudo estar afectado por el número de los compromisos adquiridos al firmar el acuerdo, pues se contaba con más de 101 compromisos, sin ningún nivel de priorización, dificultando el abordaje de una temática tan amplia como lo es la seguridad y la justicia.

Sandino Asturias indica que se ven algunos avances de este acuerdo, pero que no son significativos, pero lo que sí se puede ver  es el poco interés de las autoridades del gobierno anterior de poder desarrollar adecuadamente el impulso de las políticas.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/166192-ven-pocos-avances-en-seguridad-y-justicia


Intentan aprobar de urgencia ley anticorrupción

Propuesta contempla tipificar nuevas figuras penales contra el enriquecimiento ilícito y sus diferentes formas; Lider no avalará las próximas sesiones.

Enrique García egarcia@elperiódico.com.gt

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Foto:  Alex Cruz > elPeriódico César Duarte y Leonardo Camey, al momento en que planteaban una de las demandas ante el Ministerio Público.
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EP

Dos de las 23 figuras incluidas en la ley:

 

> Enriquecimiento Ilícito: comete este delito el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas, y hasta dos años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública.

 

> Testaferrato: comete este delito la persona individual o jurídica que prestare su nombre o razón social, para colaborar en la comisión de delitos estipulados en la ley.

Inconformes

 

> Los diputados de Lider pretenden que continúe la interpelación de Pavel Centeno.

Después de cuatro años de haber permanecido engavetada la iniciativa de ley de Enriquecimiento Ilícito, los jefes de bloque, con excepción de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), pactaron ayer su aprobación de urgencia nacional, aunque en agenda el proyecto está listo para conocerse en primer debate.

 

La normativa, que incluye cinco propuestas planteadas en el Congreso, contempla penas severas contra funcionarios, personas jurídicas y particulares que se beneficien del Estado. Además, le otorga herramientas al Organismo Judicial (OJ), al Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) para actuar contra quienes cometan las 23 figuras delictivas, adheridas al proyecto de Enriquecimiento Ilícito.

 

Mientras que las 14 bancadas discutían la orden del día que, además, incluye la aprobación de 5 préstamos entre otros temas, el bloque de oposición presentaba acciones legales ante el MP y la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el presidente del Congreso, Gudy Rivera, la Directiva y los 105 diputados por limitar el tiempo en la fase del debate de la interpelación contra el titular de Finanzas, Pavel Centeno.

 

“No hay por qué entrampar la agenda”, fue la primera respuesta del jefe de bancada del Partido Patriota (PP), Valentín Gramajo, al conocer las acciones legales que presentó Lider en contra del Congreso.

 

Análisis

 

José Alejandro Arévalo, diputado unionista, explicó que la iniciativa debe ser aprobada lo más pronto posible, ya que esta sería un complemento de la Reforma Tributaria. El diputado ponente de una de las leyes explica que, de esta forma, el Estado obtendrá más impuestos y que es necesaria una ley para equilibrar la rendición de cuentas.

 

Conocer la iniciativa dependerá de la voluntad de 105 diputados y que alguien  presente la moción en el pleno. Según el diputado Leonel Lira, representante de Encuentro por Guatemala, el dictamen que emitió la Sala de Legislación y Puntos Constitucionales es bastante completo y no amerita que encuentre obstáculos en su debate.

 

Mientras, fuentes del bloque oficialista aseguraron que el martes se presentarán varias enmiendas al proyecto.

Juez descarta demanda contra autoridades estadounidenses por infectar guatemaltecos

Un juez desechó una demanda contra autoridades estadounidenses interpuesta por guatemaltecos a los que investigadores de Estados Unidos infectaron con enfermedades de transmisión sexual en la década de 1940.

AP

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La demanda fue presentada a nombre de las víctimas y sus herederos tras de que se revelara que presidiarios, pacientes mentales, soldados y huérfanos guatemaltecos fueron infectados deliberadamente sin su consentimiento. Los investigadores dijeron que estudiaban los efectos de la penicilina.

 

El juez federal Reggie Walton reconoció que el estudio era “un capítulo profundamente perturbador” en la historia de Estados Unidos. Pero dictaminó que la ley federal no considera procedentes las demandas contra el gobierno federal por perjuicios que los afectados hayan sufrido en un país extranjero.

 

Las autoridades guatemaltecas dijeron el año pasado que determinaron que 2.082 personas fueron involucradas en los experimentos en los que se infectó a los sujetos con sífilis, gonorrea y chancro. Las autoridades estadounidenses establecieron la cifra en 1.308 sujetos.

 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20120613/pais/213596/