Congreso aprueba reformas a la Ley Orgánica del MP

Plaza Publica

La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez, llegaron este martes 23 de febrero al Congreso de la República, para presenciar la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Pese a los intentos de los diputados de la bancada oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), de enmendar los artículos que disponía que el Presidente podría remover al fiscal de su cargo y de que el MP debía ser autorizado por un juez para realizar investigaciones penales, el Parlamento aprobó las reformas con 140 votos a favor, dos en contra y 16 ausentes.

Además de la fiscal y el comisionado de la CICIG, en la jornada legislativa también se hicieron presentes decenas de ciudadanos que exigían frente al Palacio Legislativo la aprobación de las reformas. Las modificaciones a Ley Orgánica del MP entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial.

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Instancia buscaría condicionar a Cicig

El futuro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estaría sobre un campo minado en la Instancia Coordinadora del Sector Justicia (ICSJ), que evalúa su labor y que es la encargada de recomendar su continuidad en el país.

Por Byron Rolando Vásquez

5 de Abril de 2015 a las 22:56h

Esa instancia está integrada por Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación; Remberto Ruiz, director interino del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP); Thelma Aldana, fiscal general, y Felipe Baquiax, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes tienen en común que han tenido diferencias con la Cicig.

Por Byron Rolando Vásquez

Debido a la fuerte presión internacional sobre el presidente Otto Pérez Molina para que confirme la prórroga de la Cicig por dos años más, se habría creado la ICSJ para darle apariencia de legalidad a una decisión que ya ha tomado el Ejecutivo, afirman fuentes cercanas a esa instancia. Sin embargo, si la presión externa es tanta podrían recomendar que se prolongue el mandato de la Cicig, pero imponiendo otras condiciones.

Las mismas fuentes afirman que buscarían dos opciones para que se quede la Comisión, pero atada de manos.

Modificar el mandato

El plan A de la ICSJ, según las fuentes consultadas, sería aceptar la prórroga de la permanencia de la Comisión, pero modificando su mandato. Esta opción significaría que se tendría que someter la modificación en el Congreso, que estaría sujeta a impugnaciones de todo tipo. Esta sería una medida dilatoria, ya que mientras el Ejecutivo no apruebe la reforma del mandato, la Cicig cumpliría funciones mínimas.

Se tendría que esperar hasta septiembre, cuando concluye el período actual, para negociar con las Naciones Unidas un texto con nuevos contenidos y que sería sometido a la aprobación del Legislativo.

Esta opción dejaría en receso la labor de la Cicig y bloquearía su trabajo en el país.

Vida de la Cicig

  • En junio del 2002 nació el proyecto en el seno de la ONU.
  • En 2003 la PDH tomó el proyecto y comenzó su institucionalización.
  • En 2004 el Estado firmó con la ONU el convenio de creación de la Cicig con el nombre de Ciciacs.
  • En 2007 finalmente cobra vida la Cicig.

Controlar su trabajo

El plan B sería ponerle ataduras a la Cicig, con el propósito de mantener el control sobre su trabajo, señala otra fuente consultada. Le atribuye al ministro de Gobernación que insista en preguntar cuál sería el cronograma de trabajo de la Cicig si se amplía el mandato.

Con ello se buscaría prorrogar el período de la Cicig por dos años más, pero con las manos atadas, para evitar que lleve a cabo investigaciones sobre algunos casos de corrupción, afirma la fuente.

Sin embargo, esta opción, que ya fue ensayada por Pérez Molina cuando planteó que la Cicig solo debe transmitir conocimientos, entraría en conflicto con el actual mandato de la Comisión.

Otro de los consultados y que ha participado en el proceso dice que también la ICSJ buscaría quitarle “dientes” a la Comisión.

Subraya que es como decirle a la Cicig: “Miren, esta es su camisa de fuerza para los próximos dos años”. Esa situación supondría, por ejemplo, limitar su ámbito de acción para que no pueda investigar casos que le crean conflicto al poder.

Terreno minado

Uno de los entrevistados refiere que el ambiente en la ICSJ es hostil hacia la Cicig porque los miembros de la instancia evaluadora tienen en común que las investigaciones de la Comisión afectaron sus labores.

¿Por qué en el Ministerio de Gobernación estarían distanciados de la Cicig? La Comisión le desmanteló toda la estructura delictiva que funcionaba en Presidios y el ministro no estaba enterado de la investigación.

Entonces, eso le dejó un mal sabor de boca porque no se le informó sobre las pesquisas que se llevaron a cabo y que involucraron hasta al director de Presidios, Édgar Camargo.

Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público, fue objetada por la Cicig cuando se postuló para magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el comisionado Carlos Castresana también la vetó en el 2009.

El actual comisionado, Iván Velásquez, cuestionó la elección de Aldana como fiscal general, y eso le habría causado molestias.

En el caso de Baquiax, la Comisión respaldó a la exmagistrada Claudia Escobar, quien denunció corrupción en la elección en la cual él fue ungido como magistrado y afirmó que había sido un proceso “perverso” y “viciado”.

En cuanto a Remberto Ruiz, director interino del IDPP, en febrero del 2010 la Cicig presentó una objeción contra él y no logró tomar posesión de ese cargo cuando ya había sido electo por el Congreso.

El Legislativo emitió el acuerdo 8-2010 cuando eligieron a Ruiz y una semana después promulgó el 9-2010, en el que declaró nula su elección.

De esa manera, según una de las fuentes, esta instancia habría sido formada a la medida de los intereses de Pérez Molina, con el fin de buscar formas “elegantes” para deshacerse de la Cicig.

“Siete añoslleva la Comisión en Guatemala”

A la medida del ejecutivo

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, confirma la versión de los entrevistados y señala que la ICSJ lo único que están haciendo es quedar bien con el mandatario Pérez Molina, porque él les pidió buscar el mecanismo para decirle no a la Cicig.

“Hemos escuchado de todo, pero lo único que están buscando es tratar de justificar cómo decir sí, pero no a la prórroga de la Cicig. Es inaceptable que pretendan ponerle una hoja de ruta como que fuera su sirviente, porque tiene autonomía, y eso es lo que no les gusta”, dijo Mack.

Agregó que cambiarle el mandato a la Comisión significaría que tendría que ir al Congreso en un año electoral, por lo cual sería imposible que se aprobara el cambio.

“Buscarían renovar el período de la Cicig bajo las condiciones que quiere el presidente y lógicamente la ONU le diría que de esa forma no sería posible”, refirió la entrevistada.

Por Byron Rolando Vásquez

 

Diputados y jueces exigen a Cicig presentar pruebas

Confrontación, beneplácito, malestar y rechazo provocaron ayer en el sector político y de justicia las declaraciones que emitió Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en el programa Diálogo Libre que se transmite por http://www.prensalibre.com, en el cual afirmó que se investiga el enriquecimiento “dudoso” de juzgadores y que avanzan las pesquisas del financiamiento por parte del narcotráfico a campañas políticas.

Algunos diputados y la Asociación de Jueces y Magistrados mostraron su inconformidad por los señalamientos de Velásquez.

Para Arístides Crespo, presidente del Legislativo, la Cicig debería señalar y acusar cuando tenga pruebas; de lo contrario, son “cortinas de humo” que solo sirven para desprestigiar.

Anabella Cardona, de la asociación de jueces del Organismo Judicial, coincidió con Crespo en que se deben presentar pruebas para evitar la generalización y que no se quede solo en rumores.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, expuso que es sano que la Cicig efectúe la investigación, y se debe extender a todos los funcionarios.

Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público, explicó que los funcionarios gozan del derecho de antejuicio, pero que si hay indicios se seguirá el trámite.

Tanto Sierra como Aldana coincidieron en que ayudarían en la investigación, en caso el órgano internacional lo solicite, pero se deben respetar los pasos que marca la ley.

Organismo Judicial

Es sana la investigación

José Arturo Sierra, presidente de la Corte Suprema de Justicia,  ve con buenos ojos la investigación por parte de la Cicig. Comentó que es sana la investigación, al punto de que se debe ampliar a todo el sector público.  “Me parece bien que se tengan esas actividades de control, de vigilancia, y son correctas”, dijo Sierra. Mencionó que si en caso la Cicig requiere colaboración  de la CSJ, la darán con la intención de que se desvanezca cualquier señalamiento que pudiera tener algún juez.

MP

“Podríamos colaborar”

Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público, expuso que en caso la Cicig requiera apoyo en la investigación contra jueces y fiscales, “podrían colaborar”. “Lo importante es que no se debe generalizar, para no provocar incertidumbre en el sector justicia. Lo primero es que los funcionarios gozan del derecho de antejuicio”, agregó. Sin embargo, si hay indicios de ese posible enriquecimiento ilícito, se solicitará al Organismo Judicial que se  levante el beneficio —antejuicio— al funcionario judicial señalado.

CANG

Debe aportar las pruebas

Luis Reyes, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), refirió que Iván Velásquez, jefe de la Cicig, debe presentar las pruebas y que no se quede solo en señalamientos.

Velásquez expresó que se derrocha dinero para elegir a representantes para las comisiones de postulación, a lo que Reyes afirmó que “los procesos electorales en el Cang son una fiesta cívica y transparente. Cada candidato invierte unos Q5 por voto, por los 16 mil abogados”, durante los procesos electorales que se celebran.

Asociación de jueces

Que se limite a su mandato

La Asociación de Jueces y Magistrados rechazó los señalamientos de la Cicig y le exige que presente pruebas contra los juzgadores.

“Hemos visto  desde el inicio de Cicig en el país  la intención de desprestigiar a los jueces, pasa el tiempo y todo se queda en rumores y no se concreta ningún señalamiento”, dijo Anabella Cardona, presidenta de esa agrupación.

”Lo que pedimos es respeto y que si tiene pruebas que dé a conocer los nombres y apellidos, y que deje de señalar”, manifestó.

Crítica

Evitar cortinas de humo

El presidente del Congreso Arístides Crespo, cuestionó al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, sobre hasta dónde está permitida, de acuerdo con el mandato de ese organismo internacional, la investigación. También señaló que hasta que no se presenten pruebas, las acusaciones no deberían trascender a los medios.

“Si tiene las pruebas, que lo haga; de lo contrario, no debería tirar cortinas de humo, que a lo único que nos lleva es a desprestigiar a las instituciones, a las personas”, agregó.

Beneplácito

Evidencias serían un éxito

De acuerdo con el presidente de la sala legislativa de Probidad, Amílcar Pop, se conoce de “grupos paralelos” que operan incluso dentro de corporaciones privadas que afectan o influyen en el Estado, y de obtener pruebas de esto, representaría un éxito para la Cigic y  el país.

“Sería maravilloso, un gran paso para erradicar ese mal que todos conocemos pero no deja huella para perseguirlos penalmente. Sería una punta del iceberg, porque el Estado se ha construido sobre una base de corrupción”, dijo Pop.

Expectativa   

Ojalá se pueda comprobar

El presidente de la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, Leonel Lira, aplaudió que la Cicig trabaje en una investigación dedicada a comprobar lo que hasta la fecha solo han sido acusaciones sin  fundamento.

“Ha sido un secreto a voces. Siempre se ha hablado de que hay alcaldes de municipios  estratégicos para el narcotráfico. Ojalá que se logre probar, al igual que los partidos políticos que han utilizado este tipo de fondos y sirva para limpiar  el tema del origen de los fondos”, afirmó.

DEMANDA

Es necesario esclarecer

El segundo vicepresidente del Congreso y diputado de Libertad Democrática Renovada, Jorge Mario Barrios, criticó que la Cicig propicie una mala relación entre la población y sus funcionarios, al generalizar las acusaciones.

“Si hay algo qué esclarecer, que lo haga y no tire una nube de humo para hacer más complicada la credibilidad del sector justicia, político y gubernamental entre la población. Ya es mucho desgaste el que uno sufre; unos pagamos por otros, y no debe ser así”, afirmó.

 

POR HUGO ALVARADO Y AXEL ROJAS

Reelección Presidencial: Fiscal dice que no accionará de oficio

Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), dijo que no actuará de oficio en torno al tema de ampliación del mandato presidencial que se está discutiendo por iniciativa el Ejecutivo.


Aldana dio a conocer que el ente investigador no tiene “injerencia” en el tema de la extensión del mandato presidencial o de una reelección, y de momento no se tiene contemplada una investigación al respecto.

“Yo el único conocimiento que tengo al respecto es lo que he escuchado de ustedes –periodistas– y he leído en la prensa”, dijo la funcionaria.

Se intentó conocer más detalles, pero la Fiscal evadió a la prensa diciendo que se dirigía a una reunión con los diputados que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en un salón del Partido Patriota (PP), donde se analizan las reformas a la Ley Orgánica del MP.

NO EXISTE INICIATIVA

Arístides Crespo, presidente del Congreso, afirmó que dentro de ese organismo no se analiza ninguna iniciativa que tenga relación con la ampliación del mandato presidencial, tal y como lo afirmó días atrás el presidente Otto Pérez Molina.

“Es un tema mediático que no se está discutiendo aquí en el Congreso. Es un tema que se está discutiendo en las páginas de los medios, pero aquí en el Legislativo no he visto una página escrita que pretenda plantear una modificación a la Carta Magna”, acotó Crespo.

Ayer algunos jefes de bloque dijeron que dicha propuesta se debe a una estrategia del oficialismo, debido a que en varias ocasiones se ha mencionado sobre la reelección y ampliación de mandato, incluyendo a Crespo, quien en palabras “eufóricas” lo expresó durante un mitin en Escuintla.

ROBERTO ALEJOS

Roberto Alejos, dirigente de la bancada TODOS, opinó que el período presidencial debe ser de cinco años o debe haber reelección inmediata si se mantiene en 4 años.

Sin embargo, aclaró que este no es el momento adecuado para plantear una reforma de ese tipo, ya que “esto puede profundizar la crisis que ya vivimos, sin contar que la decisión sería hecha por un Congreso que no puede prorrogar su período, pues fueron electos para cuatro años y los estarían metiendo en una trampa”.

CACIF SE PRONUNCIA

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se manifestó sobre la discusión de la ampliación del mandato presidencial y la reelección.

En un breve comunicado de prensa, los empresarios indicaron: “El Sector Empresarial Organizado en observancia de lo que la Constitución Política de  la República claramente prescribe en su artículo 187, manifiesta que se debe acatar y respetar el período constitucional para el cual fueron electos los funcionarios públicos. Cualquier intento de prolongar ese período es violatorio de la Constitución y es  constitutivo de delito”.

En el comunicado, el CACIF hace eco del artículo 187 de la Constitución, que indica: “Prohibición de reelección. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien  la haya ejercido por más de dos años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del período presidencial por cualquier medio, son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo”.

DEBATE

El presidente Otto Pérez Molina dijo que la ampliación del mandato se debe debatir, y por ello la “lanzó” para que sea discutida.

“Es algo parecido al debate de las drogas, esto no quiere decir que se haga mañana o en seis meses, es algo que lleva tiempo, como todos esos cambios que van al fondo de lo que realmente estamos haciendo en el país”, enfatizó.

Según Pérez Molina, el debate debe ir a “fondo” con los diferentes sectores de la sociedad civil y no solo buscar a expertos que emitan su opinión, esto por las diversas críticas que ha generado el tema en los últimos días.

 

POR SAIRA RAMOS 

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/196355-reeleccion-presidencial-fiscal-dice-que-no-accionara-de-oficio

Thelma Aldana asume como nueva Fiscal General y Jefa del MP

La jurista, quien dirigirá el Ministerio Público (MP) en los siguientes cuatro años, reiteró la política criminal como bandera de su gestión. 

Thelma Aldana al momento de tomar juramento como nueva Fiscal General, a su lado Gustavo Martínez, Secretario General. (Presidencia)

 

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Thelma Esperanza Aldana Hernández, fue juramentada ayer como Fiscal General y Jefa del MP, en sustitución de Claudia Paz y Paz.

 

Aldana afirmó que llega al cargo con intenciones de mejorar los resultados obtenidos durante la administración de su antecesora, que el viernes fue despedida a la salida del MP por organizaciones sociales, con una alfombra de pino y gritos de “Claudia Paz y Paz, fiscal de la dignidad”.

 

En un acto protocolario en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, Aldana asumió el cargo a las 11:30 horas, en un día, según el presidente de la República, Otto Pérez Molina: “importantísimo para la institucionalidad del país”.

 

La ceremonia fue encabezada por Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, los acompañaban en la mesa presidencial Aldana, Paz y Paz, José Arturo Sierra, presidente del Organismo Judicial y Roberto Molina Barreto, su homólogo de la Corte de Constitucionalidad.

 

Pérez Molina reiteró los motivos para decidirse por Aldana Hernández, se basaron en la experiencia de la jurista, y aseguró que fue electa en un proceso transparente. Además afirmó que no hubo injerencia del Ejecutivo en las decisiones de la Comisión Postuladora, ello, para desvirtuar rumores que declaraban a la exmagistrada como la futura Fiscal General, antes de iniciado el proceso.

 

En su discurso, Aldana Hernández confirmó su propuesta de una política criminal del Estado para combatir la delincuencia, aunque no profundizó en los aspectos que desarrollará y aseguró que llevará a cabo su labor “con transparencia”.

 

Asimismo, hizo referencia a las decisiones de Paz y Paz mientras ocupó el cargo, “que merecen todo mi apoyo”, y comentó que apreciará el acompañamiento de la comunidad internacional y de la CICIG, las universidades, el sector privado y la sociedad civil.

 

Luego de la ceremonia, y en el camino de regreso a su lugar en la mesa presidencial, Aldana se detuvo solo una vez, para abrazar acaloradamente a la vicepresidenta Baldetti, que la recibió con una sonrisa.

 

La administración que llega

 

La nueva Jefa del MP aseguró que existen muchas prioridades en la institución: revisar el modelo de gestión penal para que los fiscales litiguen apropiadamente en los tribunales, impulsar la cobertura geográfica a nivel nacional, capacitar al personal, mejorar el método de investigación especial, y por último, atender los casos.

 

Al igual que comentó en las entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación, en la semana que transcurrió desde que fue nombrada por Pérez Molina, Aldana consideró que debe estudiar los expedientes para proporcionar información sobre el avance de los casos que atenderá en su período.

 

Sobre el proceso abierto por genocidio, la Fiscal General volvió a repetir el discurso ya memorizado: “Tengo conocimiento del caso a raíz de lo que he visto y escuchado en los medios de comunicación. Lo revisaré y plantearé la postura del Ministerio Público”.

 

Preguntada sobre el tiempo que tardará en revisarlo, Aldana demandó “paciencia”. “El expediente está planteado ante los órganos jurisdiccionales y sería inapropiado opinar. Solo quiero que el país logre una paz firme y duradera”, aseguró.

 

Los asistentes al acto

A la ceremonia llegaron ayer magistrados de la CSJ y del TSE, rectores, alcaldes, gobernadores, jueces y personalidades como Iván Velásquez, comisionado de la CICIG; el Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar y el de Derechos Humanos, Jorge de León Duque; el expresidente Marco Vinicio Cerezo y la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Blanca Stalling.

 

Casos relevantes
El Ministerio Público (MP) investiga una serie de casos de relevancia nacional pendientes de juicio. Por ejemplo, destacan aquellos contra jefes ediles, presuntos asesinos y narcontraficantes. También otros que involucran crímenes contra mujeres.

 

 

Eduardo Villatoro Cano fue capturado en México en octubre de 2013, lo sindican de matar a ocho policías.

 

 

Roberto Barreda es el principal sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina Siekavizza.

 

 

Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, fue detenido y acusado de  lavado de dinero.

 

 

El exmilitar retirado, Efraín Ríos Montt debe regresar a tribunales en enero de 2015 por el delito de genocidio.

 

Las incógnitas del equipo que rodeará a Aldana

La Fiscal General solo ha confirmado a cuatro de las “seis o siete” personas que afirmó desempeñarán cargos de confianza en el MP. Estos son sus perfiles:

 

JOSÉ AQUILES LINARES MORALES
Secretario de Asuntos Internacionales

Magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fue asesor de la Vocalía VII del Organismo Judicial, Cámara Civil. Primer Viceministro de Trabajo y Previsión Social y exmiembro del Tribunal de Honor del CANG.

 

ROTTMAN PÉREZ
Secretario de Política Criminal
Subdirector de Defensorías del Procurador de Derechos Humanos (PDH), anteriormente trabajó en la Fundación Sobrevivientes y como abogado y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 

CARLOS RUIZ PRADO

Secretario General

Ruiz Prado fue director de presupuesto del Organismo Judicial y Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

 

Carmen Quintela

 

http://elperiodico.com.gt/es/20140518/pais/247606/

 

OFELIA DEL CARMEN GONZÁLEZ JÁCOME

Secretaria Privada

Fue asesora de la Vocalía VII de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Thelma Aldana. En la Gerencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial.

Casos pendientes de investigar en el Ministerio Público

 

En distintas agencias del Ministerio Público (MP) destacan algunas investigaciones abiertas en Fiscalías como la de Delitos Contra la Vida, Lavado de Dinero y Narcotráfico, Derechos Humanos y Contra la Corrupción que involucran a alcaldes, actuales ministros y a presuntos asesinos de policías.

Asimismo están pendientes pesquisas para esclarecer la desaparición de Cristina Siekavizza y la muerte de la abogada penalista, Lea de León.

 

Entre los casos de corrupción se puede mencionar el del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, separado del partido oficial, quien junto a su colega de San José del Golfo, Fidelino Palencia, están acusados de prestarse dinero entre sí de manera irregular.

 

Así como una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) contra el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, y 11 funcionarios de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), quienes están señalados de haber incurrido en anomalías al no licitar un contrato, de Q44 millones, que se adjudicó a una empresa brasileña para realizar dos estudios de factibilidad relacionados a la construcción de la hidroeléctrica Xalalá.

 

Otro caso de Alto Impacto es la desaparición de Cristina Siekavizza, ocurrida el 7 de julio de 2011, en el cual, los acusadores solicitaron que se juzgue en un tribunal de femicidio.

 

Además está abierta una causa penal contra Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, quien junto a 17 personas, está sindicado de asesinar a ocho policías en la Subestación de Salcajá, Quetzaltenango y de realizar secuestros y sicariatos en Huehuetenango.

 

Por la muerte de la abogada penalista Lea de León se encuentra detenido Jairo Hernández, quien enfrentará juicio. Sin embargo, no se ha encontrado al autor intelectual del crimen.

 

Las de narcotráfico y lavado

 

En el MP quedan pendientes investigaciones contra cabecillas de estructuras de narcotráfico y lavado de dinero.

 

Por ejemplo, la abierta contra Jairo Orellana capturado, el 15 de mayo, en un operativo en Zacapa donde murieron dos personas. Investigaciones estadounidenses lo colocan como uno de los principales narcotraficantes del país, por lo que lo solicitan para que sea juzgado en ese país.

 

Así como el proceso para extinguir diez fincas, ubicadas en San Marcos, a Juan Ortiz Chamalé, requerido por Estados Unidos por tráfico de cocaína y otro que busca confiscar al expresidente, Alfonso Portillo, €2 millones 833 mil y varios inmuebles de su propiedad.

 

El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, además anunció que este organismo internacional y el MP tendrían que investigar el financiamiento de las campañas políticas con miras a la próxima contienda electoral y el contrabando que existe en las aduanas.

 

Otro proceso relevante es el que el MP sigue contra Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, que se encuentra estancado luego de que más de 50 magistrados de las Salas de Apelaciones no han querido resolver sobre una posible amnistía que pretenden los abogados defensores.

 

El MP deberá decidir entre continuar con este caso o plegarse a los defensores y optar por un “perdón judicial”. El Tribunal B de Mayor Riesgo fijó para el 5 de enero del próximo año el reinicio del juicio, aunque según los defensores el proceso debe regresarse a noviembre de 2011 por errores de procedimiento.

 

Otto Pérez Molina fue mencionado en el juicio contra Ríos Montt como supuesto perpetrador de torturas durante esa época.

 

El otro caso destacado vincula al exdirigente policial, Pedro García Arredondo, acusado de dirigir y planear la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980 donde murieron 37 personas, entre campesinos y trabajadores españoles de esa sede diplomática.

 

Más procesos
Estos también son casos relevantes en el MP:

 

1) El de la diputada de Lider, Julia Maldonado, acusada de malversar Q3.9 millones cuando fue directora de Conjuve en el gobierno pasado.

 

2) Contra Gustavo Herrera, supuesto negociador del gobierno, quien tiene tres procesos abiertos por lavado de dinero en el IGSS.

 

3) Por la construcción de Hidroeléctricas en San Marcos, Huehuetenango y San José del Golfo. En este proceso ha habido capturas de líderes comunitarios.

 

4) El relacionado con Alberto Rotondo, ex jefe de seguridad de la Mina San Rafael, quien es sindicado de ordenarle a sus subalternos que dispararan contra pobladores descontentos con el proyecto.

 

5) La extinción de bienes del supuesto narcotraficante Mauro Salomón, quien está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos.

 

Clausurados
>Abogados defensores de Pedro García Arredondo esperan que se aplique una amnistía a este caso y otros relacionados con el conflicto armado y que estos sean clausurados. García Arredondo fue condenado a 70 años por la desaparición de Edgar Enrique Sáenz Calito.

 

Álvaro Montenegro  

 

http://elperiodico.com.gt/es/20140518/pais/247606/

Revelan cambios en cúpula de Fiscalía

En el marco de la primera reunión de transición, la nueva fiscal general, Thelma Aldana, anunció al menos seis cambios que se harán efectivos en la cúpula del órgano investigador.

Aldana llegó ayer, a las 11 horas, a la sede del MP en Gerona, zona 1, para reunirse con la fiscal general, Claudia Paz y Paz. Descendió de su vehículo e ingresó por la puerta principal, y de allí se dirigió al ascensor privado para llegar a donde será su despacho a partir del próximo sábado.

Le acompañaron los abogados Aquiles Linares y Rothman Pérez. El primero será secretario de Asuntos Internacionales, en sustitución de Gabriela Mundo, y el segundo, secretario de Política Criminal, en sustitución de Alejandro Rodríguez.

De manera extraoficial se conoció que como secretario privado de Aldana llegaría el exfiscal de la Unidad de Conflicto Armado Interno y de la de Delitos Patrimoniales de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, quien presentó su renuncia ante un eventual traslado que ejecutaría Paz y Paz después de haber conocido varias quejas en su contra.

Paz y Paz hace lo suyo

Una fuente confió a Prensa Libre que Paz y Paz hizo tres cambios, incluidos los de personal de su confianza.

Rolando Rodenas, jefe de la Fiscalía de Lavado de Dinero, que pasó a la de Delitos Patrimoniales de Antigua Guatemala; Wendy Ordóñez cambió de la Unidad de Métodos Especiales a la Especializada contra Organizaciones Criminales Dedicadas a la Narcoactividad y/o Lavado de Dinero y Delitos contra el Orden Tributario; y Óscar Dávila Mejicanos también fue trasladado a la misma unidad.

Después de una hora, Aldana y Paz y Paz ofrecieron una conferencia de prensa en la que acordaron crear una comisión de transición.

Paz y Paz expresó que ese proceso es vital, porque facilitará la continuidad del plan estratégico que se desarrolla.

Aldana indicó que la comisión será presidida por Aquiles Linares.

Entre los asuntos que se tratarán en esa instancia destacan los planes operativo y estratégico, y el presupuesto.

CC rechaza amparo

La Corte de Constitucionalidad  (CC) denegó un amparo presentado por el abogado Alfonso Carrillo contra  la comisión de postulación para la nómina de los candidatos a fiscal general, y el presidente Otto Pérez Molina, por mal procedimiento.

Martín Guzmán, secretario general de la CC, indicó que los magistrados consideraron que Carrillo no cumplió con el procedimiento de impugnar  en la postuladora antes de presentar el amparo.

Por tal razón la acción fue rechazada en forma liminar —no fue conocida por el pleno— y se ordenó su archivo. Detalló que el sábado último recibieron un documento en que  Carrillo señala que no está  obligado a impugnar en la postuladora.

“La Corte recibió un escrito por medio del cual el promotor de la acción indicó que no estaba en la obligación de hacer uso de la impugnación, por no haber sido parte dentro del proceso en la Comisión”, refirió.

Carrillo expone en la acción que la postuladora incurrió en  irregularidades al no haber ceñido su actuar al procedimiento para la formación de la nómina de los seis candidatos a la jefatura del Ministerio Público.

POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ

Se inicia la transición en el MP; Aldana nombra funcionarios

Thelma Aldana, electa jefa del Ministerio Público (MP), y Claudia Paz y Paz, aún Fiscal General, se reunieron esta mañana y dieron principio al proceso de transición en el ente investigador; nombres del equipo de la exmagistrada comienzan a figurar.

Un proceso que Aldana calificó como fundamental arrancó hoy. A cinco días de ser juramentada como titular del MP, la exmagistrada sostuvo una reunión con Paz y Paz para conocer la situación de las diferentes dependencias institucionales, así como para comprender el Plan Estratégico 2011-2014.

En breves declaraciones rendidas antes de partir a la reunión Aldana señaló que este proceso duraría toda la semana, y que de ser necesario se reunirá con Paz y Paz después de asumir el cargo.

CRONOGRAMA CONJUNTO

En una conferencia de prensa ambas funcionarias dieron a conocer lo acordado en esta primera reunión.

Paz y Paz señaló que se acordó un cronograma común para que los equipos  de trabajo conozcan el Plan Estratégico de la Fiscalía, así como los lineamientos operativos, y  la ejecución del presupuesto actual.

“Estaremos los próximos tres días con reuniones muy intensas en ambos equipos. Hay que señalar también que hay muchísima transparencia y las puertas del Ministerio Público están abiertas”, concluyó Paz y Paz.

En tanto Aldana dio a conocer que el siguiente punto a tratar, luego de los Planes y el presupuesto, será la situación de las Secretarías, donde le serán entregados informes sobre los avances de los diferentes proyectos.

PRIMEROS NOMBRAMIENTOS

Por su parte Aldana manifestó el jefe del proceso de transición será Aquiles Linares, quién también será nombrado como como Secretario de Asuntos Internacionales de la Fiscalía.

De acuerdo con la información, Rothman Pérez, quien laboraba subjefe de Procuración de la Procuraduría de Derechos Humanos, y anteriormente en Fundación Sobrevivientes,  fungirá como Secretario de Política Criminal en la gestión de Aldana.

CRIMEN ORGANIZADO

Por otro lado, la nueva Fiscal General subrayó que desarticular estructuras del crimen organizado será prioridad durante su gestión.

“Estoy consciente que debemos de continuar con el trabajo que se ha realizado hasta ahora, y fortalecer la Unidad de Métodos Especiales, y en este caso, como está incluido dentro del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, habrá que coordinar adecuadamente con esta institución”, afirmó.

En una entrevista publicada ayer en Diario La Hora, Paz y Paz recomendó a su sucesor que la lucha contra el crimen organizado no podía descuidarse.

POR JODY GARCÍA

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/195633-se-inicia-la-transicion-en-el-mp-aldana-nombra-funcionarios