Pobladores protestan por Ley de Vegetales

Más de 500 personas participaron en una protesta en Totonicapán contra la Ley de Obtención de Vegetales, ya que consideran que afectara  a  todos los agricultores  del departamento.

En la actividad estuvieron presentes integrantes del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, así como representantes de todos los municipios de Totonicapán, quienes catalogaron esa  ley como “de muerte”, porque podría impactar en campesinos que solo siembran para subsistir.

“Vienen a patentar las semillas originarias de nuestros pueblos y a  tocar la esencia de nuestras vidas, que es el sagrado maíz. Significa la muerte de un pueblo y la dependencia de un pueblo a transnacionales”, explicó Abraham García, líder de las comunidades de Momostenango.

Los participantes redactaron un documento, en el que solicitan la derogación de esa Ley.  Además, otros líderes comunitarios solicitaron a través de un comunicado que  la Corte de Constitucionalidad resuelva la ilegalidad del decreto 19-2014 —Ley de Obtención de Vegetales—.  “Nos sumamos a la exigencia para que el amparo presentado  por el Consejo del Pueblo Maya de Occidente  sea resuelta favorablemente”, manifiestan.

Ley

Crece rechazo

El  10 de junio último, el Congreso de la República  aprobó la Ley   que permite patentar semillas mejoradas.  Diversos sectores objetaron la Ley, aduciendo que privará a pequeños agricultores. Expertos han advertido de la conflictos sociales que derivarán de la aprobación de la misma.

POR ÉDGAR DOMíNGUEZ
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Protestas obstruyen ruta Interamericana

Retrasos y colas de hasta cinco kilómetros en ambos sentidos de la vía  tuvieron que soportar miles de personas, durante 10 horas, debido a los bloqueos que en varios puntos de la ruta Interamericana  causaron vecinos de  Totonicapán, en rechazo al incremento a la tarifa en el servicio de electricidad, autorización  de licencias para minería y el alto costo de las certificaciones extendidas por el Registro Nacional de las Personas (Renap).

La acción fue promovida por la junta directiva de alcaldes comunales de los 48 cantones, en los kilómetros 187.5, Cuatro Caminos; 190, ingreso a San Francisco el Alto; 170, Cumbre de Alaska, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, y en 201 de la ruta entre Totonicapán y  Quiché.  Además  se obligó el cierre de todos los comercios  en la cabecera. Los bloqueos empezaron a las 5 horas y finalizaron a las 15.

El alcalde comunal del cantón Juchanep,  Miguel Tzul,  comentó que la Junta Directiva  viajó a la capital para dialogar con el presidente Otto Pérez Molina y exponerle  los problemas  que aquejan a la población.

Dijo que desde hace meses han intentado  hablar con el directorio  del Renap, a fin de que sea anulado el acuerdo 21-2014, que viola  los establecidos con los 48 cantones. Este se refiere al incremento en el  precio de certificaciones,  que anteriormente costaban Q2  y ahora, Q15.

Los descontentos exigen que se retomen las tarifas anteriores, que el Ministerio de Energía  y Minas no otorgue más permisos para explotación   minera y que se suspenda la licencia de instalación de geotérmicas otorgada a una  empresa.

Tzul también se refirió a la autorización del paso de servidumbre a la empresa Trecsa, para cableado de energía eléctrica, lo cual, afirmó,  afecta los intereses de la población, por lo que piden la suspensión de ese permiso. “Depondremos la medida hasta que se tenga respuesta de las autoridades”, advirtió.

Molestias

El piloto Marco González manifestó  que este tipo de acciones  perjudican a  la población, violan la  libre locomoción y causan pérdidas, porque muchos productos que transportan son perecederos.

El comerciante Carlos García se mostró molesto porque se obligó a los negocios a cerrar, lo cual calificó de injusto.

Sebastián Morales, comerciante, dijo que aunque  los residentes tienen razón al protestar, desafortunadamente el más afectado es el resto de la población, porque no pudo llegar a su destino y se perdió el día.

“Ojalá las autoridades  tomaran en serio estos problemas, para solucionarlos antes de llegar a este extremo”, explicó.

 

POR CORRESPONSALES / TOTONICAPÁN

Papel decisivo

La autoridad comunitaria en Totonicapán data de casi dos siglos, desde que Atanasio Tzul y Lucas Aguilar encabezaron un levantamiento indígena, en julio de 1820, en rechazo al  pago de tributos impuestos por el rey Fernando VII de España.

El papel de los alcaldes comunales es fundamental  porque son convocados y se les informa sobre cualquier problema.  Ellos, a su vez, son los encargados de reunir y convocar a su comunidad para manifestarse.

Una de las fechas decisivas de esa organización  fue el 9 de septiembre del 2005, durante el gobierno de Óscar Berger, cuando logró frenar en el Congreso una iniciativa de ley de aguas.

El 11 de agosto del 2006, miles de vecinos bloquearon durante 12 horas la ruta Interamericana. Entre las demandas figuraba la derogación del decreto 581-2006, del Ministerio de Educación, que extendía por cuatro años la carrera de magisterio.

En abril de este año, unos 300 líderes comunitarios  pidieron al  Renap que dejara sin efecto el incremento a  la tarifa de certificaciones.
PDH vigila

Karin Linares, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), lamentó que la población tenga que recurrir a los bloqueos para ser escuchada.  Dijo que vigilan  para que no haya  desalojo, ya que hay antecedentes en la manifestación del 4 de octubre de  2012, cuando   seis manifestantes murieron en forma violenta.

 

http://www.prensalibre.com/totonicapan/habitantes-toman-ruta-Cuatro_Caminos_0_1183081718.html

Piden respeto a consulta minera

La junta directiva de los 48 Cantones, en la culminación de un diplomado efectuado sobre derechos y defensa del territorio, mostró su preocupación ante el informe sobre la autorización de cinco licencias para exploración minera, otorgadas a empresas transnacionales por parte del Ministerio de Energía y Minas.

 

Miembros de la junta directiva de los 48 Cantones, durante diplomado en Totonicapán.

 

Según la información, los permisos fueron autorizados para la exploración de plantas biotérmicas en la producción de energía eléctrica, lo cual fue tomado con desconfianza por las autoridades, ya que, según ellos, no han sido consultadas por parte del Gobierno, lo cual viola el artículo 169 sobre el derecho indígena.

El presidente de la junta directiva de los 48 Cantones, Joaquín Ordóñez, explicó que en el lugar conocido como Pala, Momostenango, se ha comprobado que las detonaciones causan daños al medioambiente.

Ordóñez resaltó: “Ya realizamos gestiones para que Érick Archila, ministro de Energía y Minas, venga a explicarnos sobre las licencias de exploración y explotación minera que han sido concedidas”

 

ÉDGAR DOMÍNGUEZ

http://www.prensalibre.com/totonicapan/Piden-respeto-consulta-minera_0_1105089515.html

Madereros protestan

Propietarios y trabajadores de aserraderos y ventas de madera de Totonicapán, Chimaltenango y Sololá protestaron frente a instalaciones del Instituto Nacional de Bosques (Inab), ya que se oponen a la nueva ley del Sistema Electrónico de Información de Empresas Forestales (Seinef), que contempla que las compañías forestales deben enviar, vía electrónica, un informe del corte de árboles y madera.
Miembros de industria forestal de Chimaltenango protestan por medida del Inab.
Cortadores de madera de Sololá.

Tomás Ajú, delegado de los inconformes de Sololá, indicó que la mayoría de cortadores de madera son personas de escasos recursos, quienes no han tenido escolaridad, y por ello desconocen cómo funciona este sistema.

Sergio Aguilar, director regional del Inab de este departamento, señaló que el reglamento de empresas forestales entró en vigor el 18 de febrero recién pasado, y con este se pretende tener mejor control de las compañías que se dedican a la compra y venta de madera.

Elio López, vicepresidente de la Asociación de Industrias Forestales de Chimaltenango, expuso que el gremio de trabajadores que se dedican a la madera en este departamento no están de acuerdo con este nuevo reglamento del Inab, debido a que lo consideran un negocio porque ahora se tendrá que pagar cierta cantidad por cada orden de envío.

Medidas más severas

El representante de la directiva de la asociación forestal de Totonicapán, Luis Macario, resaltó que esta situación les afecta porque la mayoría de empleados no cuentan con estudios. “Producto de ello no tienen acceso a una computadora. Se espera que el Inab resuelva este problema, ya que de lo contrario se tomarán medidas más severas”, aseguró.

POR A. JULAJUJ, E. SÁENZ, J. ROSALESY E. DOMíNGUEZ

Juzgado acepta demanda contra el Estado

La Junta Directiva de Los 48 Cantones de Totonicapán exigen el resarcimiento a las familias de las seis víctima mortales del enfrentamiento del 4 de octubre.

El Estado de Guatemala será demandado civilmente por la muerte de seis campesinos en el enfrentamiento del 4 de octubre recién pasado, en el kilómetro 170 de la Ruta Interamericana. Carol Patricia Flores, jueza Primera A de Mayor Riesgo, decidió dar trámite a la solicitud hecha por la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán.
Jorge Santos Sapón, presidente de la Junta Directiva, explicó a la juzgadora que “después del enfrentamiento entre campesinos y militares, las autoridades se comprometieron a resarcir a las familias de las víctimas mortales”. Agregó que al momento no se ha hecho ningún pago o reunión para definir el tema.
Flores determinó que se notificará a “la entidad competente” para que se inicie el proceso de compensación. “Es una responsabilidad que las autoridades asumieron”, dijo.
Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia, dijo que ya se tramita una indemnización. “Respetamos los procesos ya iniciados, ahora vamos a analizar lo que se pide para ver si es lo mismo que ya se planteó de parte de las familias”, aseguró.

Jerson Ramos
http://www.elperiodico.com.gt/es//pais/225061

Un año sin resolver masacre de campesinos

POR JODY GARCIA
jgarcia@lahora.com.gt

Hoy hace un año que la jueza Carol Patricia Flores resolvió enviar a juicio al coronel Juan Chiroy Sal y nueve soldados más, acusados por el Ministerio Público (MP) de tener responsabilidad en la muerte de seis personas que se encontraban manifestando en la Cumbre de Alaska, el 4 de octubre del 2012.

La Fiscalía había solicitado que los militares enfrentaran debate oral y público por el delito de ejecución extrajudicial, pero la jueza resolvió que irán a juicio por homicidio en grado de emoción violenta.

Las impugnaciones de esa decisión aún no han sido resueltas y desde hace un año mantienen en espera el proceso penal por la muerte de los pobladores de Totonicapán.

La fiscal a cargo del caso, Isabel Granillo, explicó que la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha resuelto una apelación presentada por el cambio de delitos, y que aún no ha quedado en firme su intención de separar a la jueza Flores del caso.

Por los hechos ocurridos en la Cumbre de Alaska, se encuentran sujetos a proceso el coronel Juan Chiroy Sal, y los militares Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Felipe Chuc Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez.

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/191305-un-ano-sin-resolver-masacre-de-campesinos-

Piden que caso contra militares no sea conocido por jueza Flores

POR JODY GARCÍA
jgarcia@lahora.com.gt

En la Cámara de Amparos y Antejuicios, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP) pidió que el caso contra nueve militares procesados por los hechos ocurridos en la Cumbre de Alaska, el 4 de octubre del 2012, donde 6 personas fallecieron, ya no sea conocido por la jueza Carol Patricia Flores.

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La fiscal Aída Granillo, explicó que buscan separar a la jueza Flores del caso por considerar que desacreditó las declaraciones testimoniales de las víctimas sobrevivientes de lo ocurrido en la Cumbre de Alaska.

Por su parte, José Santos Sapón, alcalde de los 48 cantones de Totonicapán, dijo considerar que Flores se ha parcializado a favor de los militares, al enviarlos a juicio por delitos menores a los imputados por el MP.

En tanto, Mario Cano, abogado de los sindicados, manifestó que no existen suficientes elementos ni argumentos para separar a la jueza del proceso, ya que todas sus resoluciones han estado apegadas a la Ley.