Tres mil demandas de vivienda para las víctimas del conflicto armado no serán atendidas por falta de presupuesto.
Louisa Reynolds
Carlos Chen Osorio es el único sobreviviente de una familia maya achí de Río Negro, Baja Verapaz, que fue diezmada durante las cinco masacres que ocurrieron en esa comunidad durante el conflicto armado interno.
Chen, quien perdió a 40 familiares y preside la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí (Adivima), afirma que los actos en los cuales el Estado pide perdón por las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto son importantes, pero se quedan en lo retórico si no van acompañados de un resarcimiento material adecuado.
“Se ha pedido perdón, pero con eso no se compran tierras ni se construyen casas”, dice Chen.
Este gobierno se ha caracterizado por realizar acciones simbólicas en las cuales se busca reconocer el pasado –como la petición de perdón por el asesinato del poeta Otto René Castillo–, pero el resarcimiento material de miles de víctimas avanza con lentitud por falta de recursos.
El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) opera con un presupuesto de Q100 millones, de los cuales Q30 millones cubren gastos de funcionamiento y los Q70 millones restantes se destinan a las medidas de resarcimiento, que incluyen actos de dignificación de las víctimas, la construcción de casas y el impulso de proyectos productivos.
César Dávila, director de PNR, dice que el monto asignado era de Q220 millones, pero el Congreso lo redujo.
Esa cantidad representa una tercera parte del presupuesto asignado al PNR por la Ley de la Política Nacional de Resarcimiento, aprobada durante la gestión de Alfonso Portillo. Dávila, admite que, debido a la falta de recursos, 3 mil demandas de vivienda no podrán ser atendidas durante este gobierno.
En cuanto a los proyectos productivos cuyo objetivo es mejorar la autosostenibilidad de las comunidades resarcidas, se han hecho 130 diagnósticos para identificar proyectos que pueden ser de mayor beneficio para cada comunidad, pero los recursos disponibles solo alcanzarán para poner en marcha 20 de los proyectos propuestos.
GuatePrensa 