POR PAULO ESTRADA VELÁZQUEZ
2 de Marzo 2016
Durante el mes de febrero se terminó de conocer, la verdad de los hechos ocurridos en la aldea de Sepur Zarco en Guatemala, durante los años de la guerra interna. En esta región, el interés de las élites terratenientes por expandir sus territorios provocó que se llevara a cabo un genocidio parcial, el Tribunal A de Mayor Riesgo tuvo la tarea de aplicar la justicia luego de las acusaciones emitidas por las 15 mujeres víctimas contra el comandante del destacamento militar y un comisionado militar.
Las audiencias del debate oral y público se desarrollaron sin contratiempos en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia, los asistentes fueron escuchando, uno por uno, los testimonios que las víctimas relataron de manera continua, es decir, los delitos cometidos en su contra por soldados del ejército de Guatemala, quienes se encontraban bajo las órdenes del entonces subteniente de artillería Esteelmer Francisco Reyes Girón.
Las voces de las víctimas
Los testimonios fueron presentados en la Sala de Vistas por sobrevivientes, de igual forma, varios testimonios fueron presentados en calidad de anticipo de prueba. Esto último fue cuestionado por la defensa de los acusados, en especial la del señor Esteelmer Reyes, alegando que querían realizar un careo entre la víctima y él, demostrando una estrategia maliciosa de la defensa, en la cual se pretendía volver a victimizar a las mujeres. Dichas peticiones no fueron aceptadas por el Tribunal.
En su mayoría los testimonios coincidieron en varias partes del relato: un buen número de mujeres coinciden en la fecha en que los soldados llegaron a capturar a sus esposos y la manera en que fueron amarrados y trasladados en carretones hacia distintos destacamentos, pero en especial al de Tinajas y al de Sepur Zarco.
Los relatos por sí mismos, transmiten un evidente sentimiento de angustia y dolor, fueron comprobando poco a poco algo más macabro, la manera en cómo la violación sexual fue sistemática y dirigida hacia el cuerpo de las mujeres, quienes eran esposas de hombres que buscaban legalizar su tierra para poder cultivar, tal es el caso del testimonio de Feliciana Cuc: «Siempre éramos abusadas, no había forma de decir que no, si lo hacíamos éramos amenazadas. A veces en la fosa donde tiraban a personas ahí, ahí me violaban. Mis hijas me dijeron que si seguía ahí me iban a matar, por lo que nos fuimos. Los soldados le decían a mi hija, no te preocupes aquí le vamos a dar de comer a tu papa. Una noche estuvo ahí, al amanecer se lo llevaron, se los llevaron a Tinajas, no sabemos cuál fue su final. Mi esposo estaba buscando legalizar su tierra, de eso lo estaban acusando, por eso se lo llevaron».
Fueron varios los testimonios que identificaron como encargado de los soldados del destacamento de Sepur Zarco al subteniente Esteelmer Francisco Reyes Girón. En el testimonio de un ex comisionado militar, es identificado como la persona que da la orden a 10 soldados de violar sexualmente a doña Ana Canaá a quien mantuvieron detenida por varias noches en el destacamento militar.
Asimismo varios testimonios coinciden en que el comisionado Heriberto Valdez Asij, conocido como «don Canche Asij» fue quien llevó a los soldados a capturar a los esposos de las víctimas, los cuales aún se continúa sin conocer su paradero. Es lógico que él cumpliera esa función, ya que como policía municipal debía atender a las personas que querían tramitar sus tierras, por lo que él conocía quiénes eran y dónde vivían.
Entre los testimonios que el Tribunal escuchó, se encuentra el de Santiago Itzep quien fuera esposo de Dominga Coc, así como padre de Anita y Herlinda quienes fueron asesinadas a la orilla del río Roquepur. Con llanto, él relato la manera en que fueron capturados y como lo separaron de su familia y lo trasladaron a la hacienda San Miguelito.
En su relato afirmó: «ahí me di cuenta que la estaban violando, ahí destruyeron mi matrimonio. Aproximadamente 10 soldado, yo no podía hacer nada, porque había un soldado vigilándome, las dos niñas estaban con ella, me decían ‘papa venite para acá con nosotros’. Pude hablar con ella, ella me dijo que pasaron con ella, ella trató la manera de defender a sus niñas, ellas no fueron abusadas. Al siguiente día me abrazó y me preguntó cuando íbamos a regresar, hay que cuidarnos porque saber que va a pasar. Los soldados se dieron cuenta que hablé con ella y me amarraron y a las 2 pm me llevaron a Santiaguito cerca de San Miguelito».
Los nombres de los terratenientes empezaron a salir a la luz, sus fincas y haciendas fueron prestadas al ejército, fue ahí donde los soldados mantenían prisioneros a los hombres que capturaban, las fincas Santiaguito, San Miguelito, Pataxté, Sehú entre otras fueron utilizadas como centros de capturas. Entre la información que mencionaron los testigos se encuentra el nombre de la familia Milla, así como el nombre de sus empleados quienes colaboraban dando los nombres a los comisionados militares.
Sin embargo no todas las palabras fueron tristes y sombrías, las testigos pidieron al Tribunal en varias ocasiones justicia por lo que se les había hecho, como es el caso de doña Demecia Yat quien afirmó: «Yo vine a contar lo que sufrí, para que haya justicia y que se sepa lo que sufrí y que no se vuelva a repetir».
Las voces de los expertos
Debido a la gravedad de los crímenes juzgados y aunado al tiempo transcurrido desde que se cometieron, se contó con más de 20 peritajes de expertos, quienes ampliaron temas relacionados con las hipótesis planteadas por el Ministerio Público y la querella, asimismo, aportaron al entendimiento de los fenómenos juzgados. Todos ellos demostraron al tribunal, que estos actos eran parte de una estrategia sistemática en el marco de una represión contrainsurgente, así como su impacto en toda la comunidad.
El primer peritaje fue el histórico registral, el cual demostró el origen fraudulento de la Finca Sepur Zarco durante la época Liberal (1884-1903) por parte de la familia Milla, evidenciando el despojo histórico de las tierras ancestrales del pueblo maya q’eqchi’.
Entre los peritajes se presentaron otros dos, los cuales son de suma importancia para entender los patrones de comportamiento de las fuerzas castrenses. El primero acerca del contexto sociológico militar a cargo del dr. Héctor Rosada Granados, quien confirmó la utilización de la línea de mando, la cual se encontraba bajo las órdenes del Estado, para esa época presidido por el general José Efraín Ríos Montt. Este mismo asegura que durante los años de 1982 y 1983 se desarrollaba en el país, una política contrainsurgente.
El perito Rosada Granados amplió sobre el significado para la institución, de los planes de campaña «Firmeza 83» y «Reencuentro Institucional 84». Confirma la catalogación del enemigo interno, el cual era aplicado indiscriminadamente. El perito concluye que los destacamentos fueron colocados a petición y con el apoyo de los finqueros y que las mujeres fueron un objetivo de guerra. Se utilizó la violación sexual como un arma y la esclavitud sexual fue un efecto secundario.
El segundo peritaje fue el militar, este estuvo a cargo del dr. Prudencio Martínez de Muguía quien concluyó que ningún militar está obligado a realizar ordenes criminales, mencionando que existe una moral militar, la cual se nutre con las convicciones humanas básicas, las cuales son infundidas por los líderes militares, en el caso guatemalteco éstas eran miserables. En el ejército guatemalteco se denota una obediencia ciega y robotizada por lo que se cometieron muchos excesos. Asimismo se refirió al comisionado Asij, como alguien que actuó sin orden alguna.
Fueron presentándose distintos peritos especializados, los peritos en balística lograron identificar las muestras analizadas, lográndose determinar que las evidencias localizadas en las osamentas pertenecen a un calibre grande, el cual es un calibre de uso del ejército. Asimismo se presentaron los peritos en antropología y arqueología forense, quienes fueron los encargados de realizar las exhumaciones por parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
En este caso y debido a la estrategia de los abogados de la defensa del señor Reyes Girón –quienes se dedicaron a cuestionar la cadena de custodia que emplea la institución FAFG– el Ministerio Público solicito al Tribunal que fueran exhibidas las osamentas, siendo los peritos quienes explicaran evidencias de posibles traumas causados al momento de la muerte, así como de las osamentas a las que les fue tomada la muestra ósea para el análisis de ADN.
Por medio de varios peritajes antropológicos y psicológicos se expuso ante el Tribunal, los daños individuales y colectivos que causaron estos hechos. Demostrándose frente a la mirada de muchas personas que se estuvieron solidarizando con las «Abuelas de Sepur Zarco», la destrucción de su tejido social, de su dinámica y estructura familiar. Esto fue creando un ambiente de temor colectivo, fueron lastimados sentimientos, la dignidad y esperanzas propias de la cultura q’eqchi.
La perito en antropología lingüística, confirmó que la comunidad de Sepur Zarco había sufrido la profanación de sus mujeres por parte del ejército, confirmando el término muxuc como profanación del cuerpo de las mujeres; «ahora se encuentra ensuciada, traspasada» fueron las palabras de las víctimas que entrevistoó la perito. De esta manera, ella se refirió al término muxuc chaq’rab como el conjunto de hechos que ocurrieron durante la guerra interna.
En el peritaje antropológico de genero presentado por la dra. Rita Laura Cegato, se demostró que el ejército, al violar a las mujeres viudas, impuso un castigo ejemplar, porque sus esposos intentaron recuperar sus tierras, confirmándose que el cuerpo de las mujeres fue un objetivo y la profanación de estos un arma de guerra. Así mismo plantea que la comunidad de Sepur Zarco y la región alrededor de ella, sufre la muerte social siendo esto un «femigenocidio».
La dra. Irma Alicia Velásquez Nimatuj fue la encargada de realizar el peritaje cultural, llegando a demostrar que las mujeres son campesinas, analfabetas y de escasos recursos. Ella entrevistó a las victimas llegando a la conclusión que ellas no se sentían seres humanos con valor alguno, algunas perdieron el interés de trasladar conocimiento ancestral, tal es el caso de unas de las víctimas que, al perderlo todo, no fue capaz de enseñar a tejer a sus hijas, ya que ella perdió la ilusión de tejer. La experta considera que se efectuó un genocidio parcial sobre la región.
Entre los otros peritajes realizados, se encuentran los fotográficos que como su nombre lo dice, consiste en álbumes fotográficos del área del Sepur Zarco y el río Roquepur, así como de la Finca Tinajas. Se presentó, además, el peritaje de arquitectura forense, el cual por medio de reconstrucciones en 3D, logra explicar las dimensiones del destacamento y por medio de los testimonios de las mujeres, ubicar los lugares donde fueron violadas sexualmente, dejando claro que estas violaciones por el lugar donde fueron realizadas, fueron de conocimiento de todas las personas del destacamento.
Así fueron pasando todos los expertos propuestos por el Ministerio Público y las asociaciones querellantes, dejando claro que los acusados tienen un grado de responsabilidad en los delitos que se les imputan, aclarando que es una estrategia para mantener el despojo de territorios, llevada a cabo por el ejército en solicitud de los finqueros de la región.
Testigos de la defensa
La defensa –quien en un momento dijo que llevaría por lo menos 25 testigos– terminó llevando solamente 8 testigos, quienes fueron referenciales o en el caso de los presentados por el Sr. Reyes Girón son militares de rangos medios retirados. Efectivamente estos fueron a demostrar que conocían a los acusados, que eran personas buenas desde su punto de vista y que nunca estuvieron en esa región.
Parecía interesante que en el caso de los testigos propuestos por Reyes Girón, ninguno pudo recordar en donde estuvo asignado durante los años 1982 y 1983, parecía que tenían órdenes de los abogados de la defensa de sufrir amnesia en este tipo de preguntas. Sin embargo, en el caso de los testigos propuestos por la defensa de Heriberto Valdez Asij, posiblemente como consecuencia de las prácticas represivas generalizadas por el ejército, les fue imposible no confirmar que fueron obligados a patrullar, que fueron entrenados por las tropas para cualquier incidente con una guerrilla que nunca vieron y que todo se originó por problemas de legalizar tierra.
En varios actos a los que se les puede atribuir la desesperación e impotencia de tratar de defender lo indefendible, la defensa renunció a sus 16 testigos pendientes y como estrategia maliciosa, solicitó al Tribunal que fuesen citados como testigos nuevos, varios personajes, que según esa representación, tienen alguna relación con el debate efectuado. Estas personas que pretendían ser propuestas como testigos fueron: desde el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson hasta varios defensores de derechos humanos pertenecientes a las organizaciones que se encontraron involucradas en algún momento en el proceso.
Los actos maliciosos desesperados, eran evidencia de una estrategia de litigio inexistente por parte de la defensa de Reyes Girón, quienes simplemente se dedicaron atacar a los expertos, desvirtuar los hechos testimoniados por las víctimas y a tratar de impedir llegar a una sentencia condenatoria por parte del Tribunal, ya que parecía no se necesitaba nada más para comprobar la culpabilidad de los acusados.
La potestad de administrar justicia
En los momentos finales del debate oral y público se presentaron las conclusiones de los sujetos procesales. El Ministerio Público fue el primero en presentar sus conclusiones, quien al final de estas, solicitó al Tribunal que el acusado Esteelmer Francisco Reyes Girón fuera condenado por los crímenes de guerra, delitos contra los deberes de la humanidad, esclavitud sexual, así como el asesinato y tratos humillantes contra Dominga Coc y sus hijas Anita y Herlinda quienes fueron encontradas en la fosa común a la orilla del río Roquepur, solicitando un total de 1,290 años de prisión inconmutables.
Asimismo, en el caso del acusado Heriberto Valdez Asij, la fiscalía solicitó su condena por la desaparición de 7 comunitarios, quienes se encontraban legalizando sus tierras, por lo cual pidió una pena de 40 años por cada uno, así como que sea condenado por delitos de crímenes contra los deberes de la humanidad la cual tiene una condena de 30 años de prisión, por lo que solicitan un total de 340 años de prisión inconmutables. Las demás representaciones de la parte acusatoria se adhirieron a esta petición.
Las conclusiones de la defensa fueron enfocadas en desprestigiar a los expertos y señalar que si la sentencia era condenatoria iba a tener muchas inconsistencias, debido a muchos errores se habían cometido en el proceso y que las pruebas presentadas fueron alteradas. En una muestra de misoginia de parte del abogado defensor del ex militar Esteelmer Reyes Girón, propone que las mujeres de Sepur Zarco no fueron esclavizadas sexualmente, si no que ellas se decidieron prostituir con los soldados destacados en la comunidad.
Como parte del proceso del debate oral y público se les cedió la palabra a los acusados, notándose diferencias entre ambos, siendo estas de carácter de formación y estatus social, las cuales se reflejaron en sus argumentos presentados a los juzgadores. El primero en hablar frente al Tribunal fue Esteelmer Francisco Reyes Girón, quien evidenció su racismo y misoginia al confrontar a los juzgadores, emitió varias burlas a las víctimas y al proceso que denomino «Sepur Circo».
En sus palabras dejo evidenciado su relación con el condenado por genocidio, José Efraín Ríos Montt a quien se refirió como «mi general», asimismo acusó a la fiscal del caso, quien –supuestamente– al momento de su captura robó de su casa la suma de 14 mil quetzales, notándosele sumamente enojado al hablar.
Finalizó su intervención con palabras amenazantes y viendo al tribunal dijo: «Yo creo más mediática esta situación, que jurídica. Los jueces están haciéndole el juego al Ministerio Público y querellantes. Estamos al borde que estalle algo grande e irremediable. Yo lo que quiero indicar es lo siguiente, me encuentro aquí ante un tribunal que no tiene la solvencia moral para conocer este caso, y sobretodo usted (refiriéndose a la jueza Jazmín Barrios) no era de la competencia de conocer este juicio».
El otro acusado, Heriberto Valdez Asij, en sus palabras confirmó sus actividades en la municipalidad de Panzós como policía municipal, sin embargo continuó negando su participación en los hechos de los que se le acusan, así como de su cargo de comisionado militar.
Las mujeres dignas y valientes, tuvieron que alargar su espera por un día más, ya que fue hasta el viernes 26 de febrero, que en horas de la tarde, el tribunal dio a conocer la sentencia de forma sintética. Desde la hora que fueron citadas las partes interesadas y el público en general, se fue llenando la Sala de Vistas hasta alcanzar un lleno total. «Las abuelas de Sepur Zarco» fueron recibidas a la sala con varios minutos de aplausos en señal de admiración y respeto por su lucha.
Como palabras sanadoras, la jueza Jazmín Barrios fue dándole lectura a la sentencia, presentándola al pueblo de Guatemala, empezó dando a conocer, los argumentos que llevaron a resolver por unanimidad la sentencia condenatoria, confirmando la culpabilidad de los acusados y evidenciando que ellos tuvieron conocimiento de lo que estaba sucediendo, sin tratar de impedirlo de alguna manera.
El veredicto final en cuanto al delito de deberes contra la humanidad fue el siguiente: «Primero que los acusados Esteelmer Francisco Reyes Girón y HeribertoValdezAsij son responsables como autores de delitos contra los deberes de la humanidad, cometido de la vida e integridad de la población de Sepur Zarco. Especialmente de las señoras Rosa Tiul, Candelaria Mas Tiul, MariaBáCaal, Manuela Bá, FelisaCuc, VicentaCoc Pop, Margarita ChubChoc, CeciliaCaal, Magdalena Pop, Carmen XolIcal, DemesiaYat, DomingaCoc y sus hijas, las niñas AnitaItzepCoc y HermalindaItzepCoc. Por tal delito se debe imponérseles a cada acusado la pena de 30 años de prisión inconmutables».
En cuanto al asesinato de Dominga Coc y sus hijas, el Tribunal resolvió: «El acusado Esteelmer Francisco Reyes Giron, es responsable como autor del delito de asesinato cometido en contra de Dominga Coc y sus hijas, por tal delito debe imponérsele la pena de 30 años de prisión inconmutables por cada asesinato, haciendo un total de 90 años de prisión inconmutables».
En cuanto a la responsabilidad del acusado Heriberto Valdez Asij, el tribunal determino su «responsabilidad como autor del delito de desaparición forzada cometido del contra de la integridad física de Antonio Sub Coc, Manuel Cac, Santiago Cac Bal, Pedro Cac Bal, Abelardo Coc, Heriberto Coc Tzí y Juan Choc, por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión por cada una de las desapariciones forzadas, haciendo un total de 210 años de prisión inconmutables».
La jueza Jazmín Barrios recalcó que estos actos no se deben volver a repetir, ya que el daño causado por estos hechos es irreparable en el tejido social de la comunidad de Sepur Zarco. Agregó que: «Los juzgadores expresamos que creemos firmemente que el reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el estado de derecho en nuestro país, haciendo conciencia que este tipo de hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas».
Al terminar de leer la sentencia un lluvia de aplausos inundo la Sala de Vistas, muchas consignas en solidaridad con las abuelas fueron exclamadas a todo pulmón por las personas presentes, las mujeres poco a poco fueron soltando sus brazos hasta alzarlos en señal de felicidad, sus rostros fueron emergiendo por debajo de sus perrajes, dejando entrever rasgos de felicidad transformada en sonrisas y sus semblantes llenos de dignidad.
Pareciera que se cierra un pasaje oscuro en la historia de estas mujeres que no callaron lo que les ocurrió y que con su valentía –la cual es digna de imitar– no permitieron que los crímenes cometidos en su contra siguieran impunes, durante 20 días estuvieron presentes bajo sus perrajes observando a sus victimarios, incluso siendo revictimizadas por los comentarios de burla de los acusados. Ahora podemos decir que gracias a su ejemplo más víctimas, empiezan a romper el silencio impuesto por el terror dejado por las dictaduras militares.
El pueblo guatemalteco espera que esta pequeña victoria histórica, se convierta en un gran avance para esclarecer los más de 1,500 casos de violencia sexual contra la mujer por parte de las fuerzas represivas del ejército, los cuales fueron recolectados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico y que aún continúan en la impunidad.
Fuentes consultadas: Observatorio Internacional de Justicia. Juicio Sepur Zarco. Jo-Marie Burt y Paulo Estrada.
La victoria de las mujeres dignas y valientes del pueblo q’eqchi
De acuerdo con la Liga de Higiene Mental, la espiral de violencia alcanzó a las mujeres, un sector que antes no era afectado por esta situación, y los crímenes podrían estar vinculados a femicidios, a cuestiones de género e involucramiento con grupos delictivos que las colocan en mayor riesgo.
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