Representantes de organizaciones sociales y campesinas demandaron a la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas su mediación para cumplir con un compromiso firmado por nueve bancadas en el 2012 y aprobar la ley de desarrollo rural integral.
Dalila Vásquez, de la Alianza de Mujeres Rurales, señaló que las políticas gubernamentales se han enfocado en “programas asistenciales” que no resuelven la problemática agrícola.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), afirmó que no existe voluntad en el Congreso para legislar sobre temas sociales, sino se priorizan leyes en favor de otros sectores.
Expresó: “Este tema es una deuda histórica que no viene a compensar una serie de leyes aprobadas que no benefician al pueblo, pero sí a corregir el rumbo hacia un Estado igualitario”, dijo Pascual.
El diputado oficialista y vicepresidente del Congreso, Manuel Barquín, se comprometió a trasladar la solicitud a la Comisión Permanente para que gestione con los jefes de bloques, y de existir voluntad política, “buscarle espacio en la agenda”.
El acuerdo sería durante las sesiones extraordinarias o en el segundo período de plenarias, indicó.
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